Cuernavaca, Morelos, 1o de diciembre. Esta tarde a un costado del palacio de gobierno de Morelos y frente a la Catedral de Cuernavaca unas 300 mujeres, jóvenes en su gran mayoría, escenificaron en un Cacerolazo feminista, el performance «Un violador en tu camino», creado por el grupo feminista chileno Lastesis, pero adaptado al contexto local.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la violencia Contra la Mujer, en un mensaje al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco y diversos funcionarios, manifestaron su «hartazgo» de que su gobierno, el Instituto de la mujer estatal, el Fiscal General y la Fiscalia Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio «no estén generando medidas que garanticen, eliminen y erradiquen» la violencia que viven en lo cotidiano las mujeres.
«Estamos cansadas de ver que sus eventos sólo quedan en firmar acuerdos, discursos alejados de nuestras realidades» sin que se vean resultados verdaderos a 4 años de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que hay en 8 de los municipios del estado, que ocupa el séptimo lugar de los estados con más feminicidio.
Mencionaron que del año 2000 al 31 de julio del 2019 se han registrado feminicidios en 32 de los 33 municipios de la entidad, incluyendo los 8 donde se decretó la AVG, violencia que les deja ver que en Morelos «no estamos seguras en ningún sitio».
Los 10 municipios con mayor número de feminicidios son Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlan con 32 casos.
Para evidenciar esto se organizó este Cacerolazo Feminista, señalaron, manifestando también su rechazo a que la Comisión de Igualdad de género del Congreso estatal sea presidida por el diputado Marcos Zapotitlán del Partido Encuentro Social, «quien ha hecho comentarios misoginos y no ha respetado el estado laico en sus discursos».
Reclamaron que deje de existir impunidad, poder acceder a la justicia digna y una verdadera reparación de daños «tanto para nosotras como las hijas, hijos y familias de las mujeres que ya no están».
«Ahora que estamos juntas, organizadas y que sí nos ven, sabemos que vamos a tirar al patriarcado, a este gobierno feminicida y a la sociedad indiferente», afirmaron.
Rodeado de empresarios AMLO anuncia que licitará “todos” los parques industriales del Istmo
16 octubre 2019
Al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ya se le olvidó que las consultas para autorizar obras en territorios indígenas deben ser libres, previas, informadas y realizarse en forma adecuada en las comunidades, en su propio idioma, no mediante encuestitas amañadas que incluyen a habitantes de colonias, pueblos o ciudades cercanos habitados por mestizos que nada tienen que decidir sobre tierras y recursos naturales que no les pertenecen, que es lo que ha estado haciendo últimamente su gobierno, como con la consulta que hizo en Morelos sobre la termoeléctrica en Huexca y los gasoductos que la abastecerían (Rosa Rojas)
Foto: Emilio Morales Pacheco / NVI Noticias
Como si las consultas indígenas fueran parte del pasado, durante su arribo a Aguascalientes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la licitación de “todos” los parques industriales que conformarán el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), está por arrancar.
Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, acudió a recibir al aeropuerto al presidente junto con Lorenzo Manuel Berho Corona, co-fundador de la empresa que ayer inauguró el parque Vesta Park Aguascalientes con una inversión de 150 millones de dólares.
Durante el breve encuentro que Berho tuvo con el mandatario, le hizo saber que será él quien asuma la presidencia de la Asociación Mexicana de Parques Industriales a partir de enero de 2020.
Cabe destacar que la empresa Vesta, mantiene una lista de 24 parques ubicados en Querétaro, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Tijuana, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, en su portafolio de inversiones. Mientras que en Oaxaca, una empresa parecida en nombre (la danesa Vestas), ya opera pese a que pobladores zapotecos han librado una larga batalla de vicios procesales y violaciones graves a los derechos humanos a causa del parque industrial de Eólica del Sur (antes Mareña Renovables) que se instaló en tierras ilegalmente privatizadas sobre los Bienes Comunales de Juchitán.
Cabe mencionar que ante la nueva ofensiva de megaproyectos el presidente municipal de la Villa de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, y Fredy Ayala González, edil de Sayula de Alemán Veracruz, suscribieron una alianza estratégica para luchar por causas comunes y que el proyecto del Corredor Transístmico sea en beneficio de los que menos tienen.
Este material se comparte con autorización de La Minuta
Cuernavaca, Mor., 25 de febrero., Después
de la consulta “amañada e impuesta” sin respetar los derechos de los pueblos
indígenas que resultarán afectados, se abre una nueva etapa de lucha en contra de
la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su conjunto,
misma que fue inaugurada con el
asesinato de Samir Flores Soberanes; “esto apenas empieza” afirmaron integrantes
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
(FPDTA-MPT).
Juan Carlos Flores, uno de los
dirigentes en esta lucha que estuvo preso en Puebla durante varios meses bajo
cargos falsos por oponerse al PIM, subrayó que falta que se resuelvan por lo
menos cinco amparos, que logren retirar el plantón de zapatistas en Apatlaco que
se oponen a que se entregue a la termoeléctrica el agua que utilizan para riego,
además que se presentarán denuncias ante
instancias internacionales “contra esta consulta ilegal e ilegítima”.
Flores afirmó: “Falta que callen a
los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala que históricamente no se
han callado cuando el gobierno los traiciona, falta la respuesta de los pueblos
indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia
que se está cometiendo en el PIM se puede cometer en sus pueblos y que están
indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas
comienza”, reiteró.
Aseveró que anoche, al iniciarse el
conteo de votos, los resultados que iban recibiendo de las casillas eran que
iba ganando el “no”, pero sin supervisión externa el gobierno que organizó la
consulta y el conteo dice que ganó el “si”.
Jaime Domínguez, quien también fue
detenido y torturado por su oposición al PIM, mencionó que además de la
intimidación el día de la consulta, previamente él y otros integrantes del
Frente recibieron llamadas intimidatorias. “Samir pagó la insensibilidad de
Andrés Manuel López Obrador”, quien, dijo, en ningún momento ha mencionado el
nombre de su compañero asesinado, “un día antes lo critica y un día después
aparece asesinado”. Junto con Flores mencionó que han recibido amenazas en las
redes, y dado que el fiscal de Morelos insiste en su versión de que a Samir lo asesinó
el crimen organizado, demandaron que atraiga la investigación del caso la
Fiscalía nacional.
Al respecto, mencionó que la consulta
fue impuesta, llena de intimidación, con presencia de ejército, policía estatal
y federal y sobrevuelo de helicópteros, ello obviamente inhibe la participación
de la gente que está en desacuerdo con el proyecto. Además que existió coacción
del voto desde los ofrecimientos de bajar los costos de luz si se votaba por el
sí, hasta instruir a trabajadores del gobierno para votar a favor de la termo o
usar funcionarios y presidentes municipales para convencer a la gente de votar
sí a la termo.
Sin embargo, en la región Oriente de
Morelos, con una población total de 405 mil habitantes, donde están los pueblos
que serán afectados por el PIM, ganó el “no” a la termoeléctrica con 11 mil 295
votos contra 4 mil 975 que votó por el “si”. Detalló: en Yecapixtla, mil 541
votos “no” contra 595 “si”; en Ocuituco 271 contra 173; Tetela 592 contra 30;
Hueyapan mil 114 contra 5; Ayala 3 mil 834 contra 384; Cuautla 3 mil 943 contra
3 mil 888. En Hueyapan, Zacualpan, Temoac y Jantetelco o se destruyeron urnas y
boletas o se retiraron.
Martín Ortiz Salazar, presidente del
Comisariado Ejidal de Tenextepango, manifestó por su parte que los campesinos
no van a retirar el plantón que mantienen en Apatlaco para evitar que se
concluya el acueducto y que se lleven el agua del río Cuautla para la
termoeléctrica, porque se llevarían 245 litros por segundo y les devolverían 60
litros por segundo, pero además contaminada. Informó que se sumarán cuatro
ejidos más al plantón. Y a pregunta expresó que “es muy posible que haya
represión” porque este gobierno –el de AMLO- “camaleónico”, no cumple sus
compromisos –esto en alusión a la afirmación de AMLO de que su gobierno no va a
reprimir-.
En un comunicado del Frente, se
afirma: “Luchamos contra Felipe Calderón contra el proyecto, contra Peña Nieto
y ahora lucharemos contra López Obrador, para nosotros el nombre no es lo que
importa, sino la estrategia del Estado de imponer los intereses del capital
sobre los pueblos indígenas”. Apuntaron que la consulta de López Obrador “fue
un fracaso para su gobierno, pues pretendía legitimar un proyecto que terminó
siendo más repudiado y que, a pesar de según haber ganado el “sí”, mucha gente
no está de acuerdo con el proyecto y los pueblos afectados que votaron, votaron
en su mayoría por el “no” al PIM”.
En conferencia de prensa frente al
palacio de gobierno, indicaron que como lo habían anunciado, sería la población
externa al megaproyecto la que sustituiría la decisión de las comunidades, “lo
sucedido fue una burla a las comunidades afectadas que votaron por el no. No
fue un mandar obedeciendo, como dice Obrador, fue mandar a la chingada los
derechos de los pueblos indígenas”.
“Fueron diversas las formas de los
pueblos de decir no al PIM, protestar contra la instalación de casillas bañadas
de sangre, realización de asambleas por usos y costumbres de los pueblos, votar
por el no, levantar actas de asamblea y actas locales del resultado de las
votaciones en cada comunidad para que se respete la decisión del pueblo,
volantear, perifonear, informar, etc. Son varios datos y acciones que en
próximos días daremos a conocer porque ahora por la premura de los tiempos aún
estamos recibiendo y procesando”, agregaron.
“Los resultados de la consulta sobre
la termoeléctrica fueron los esperados, los anunciados cuando una consulta se
realiza de manera amañada, con los dados cargados y resultados poco confiables,
pues es el gobierno quien tenía interés en el sí, el que organizó la consulta,
la vigiló, la contó y emitió los resultados, sin que hubiera un órgano autónomo
que se encargara de ello”.
“Reiteramos que las manifestaciones
realizadas en la consulta impuesta por el Presidente Obrador, fueron protestas
legítimas que obedecen al desacuerdo de los pueblos de no ser tomados en
cuenta, de que, a pesar de ser violentados e ignorados, a pesar de contar con
la razón en sus justas demandas y con el respaldo de la CNDH, la ONU y diversas
organizaciones, académicos, artistas y pueblos en general que señalan que esta
consulta viola el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a
pesar de todo ello la consulta se impuso sin escucharnos”.
A la par que Obrador anuncia los
resultados de su consulta, acepta que en México “hay mucho racismo todavía”, y
en eso le damos la razón: para realizar esta consulta nunca se sentó a
platicarla con los pueblos indígenas afectados, ni mucho menos planearla junto
con ellos y que fuera conforme a los derechos de los pueblos indígenas y los
estándares nacionales e internacionales sobre el proceso de consulta. Sigue
existiendo racismo porque un Presidente de la República que se hincó ante los
pueblos indígenas después de su toma de protesta, nos sigue tratando como niños
chiquitos que no pueden decidir o peor, como objetos. Hay racismo porque en
esta consulta no se le permitió a los pueblos indígenas decidir sobre su
territorio, ni siquiera se les preguntó previamente, solo se les reprimió,
amenazó, persiguió, torturo, encarceló y ahora, hasta asesinó.
Hay racismo porque se prefiere
cumplir contratos favorables a las empresas y que afectan la economía del
Estado, que cumplir Obrador la palabra empeñada a los pueblos que creyeron en
él. Porque se prefiere contaminar el medio ambiente, la salud de los pueblos
indígenas, poner en doble riesgo a las comunidades cercanas al volcán
Popocatépetl y despojar a los pueblos del uso y disfrute preferente de sus
recursos naturales. Hay racismo porque la gente que votó a favor del sí a la
termo, lo hizo por las razones que manifestó en las redes sociales y las urnas:
“porque apoyó a mi Presidente”, “ya déjenlo trabajar”, “todo contamina, no sean
ignorantes”, “quiero que me bajen la luz, aunque se ponga en riesgo a los
pueblos”, “tengo derecho a decidir sobre los pueblos”, “son una minoría (los
pueblos)” y una serie de descalificativos más que no vale la pena decir”.
En el marco de una jornada nacional de movilización para
protestar por el asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los líderes del
movimiento contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la
termoeléctrica de Huexca, se realizaron una marcha y mitin en la capital
morelense en la que se responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) de este crimen y se exigió que se cancelen tanto ese proyecto
como la consulta que respecto al funcionamiento de dicha planta está organizando
la federación para este fin de semana.
Por otra parte, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca,
Tomás Toral Nájera, pidió, en conferencia de prensa, que ya no se efectúe la
citada consulta “porque no hay condiciones de seguridad” para efectuarla
después del asesinato de Flores Soberanes. En días pasados el Comité del
Comisariado Ejidal de Tenextepango, Morelos, había solicitado en escrito
enviado al obispo Ramón Castro Castro, su apoyo para difundir la negativa de
los campesinos a que funcione la termoeléctrica porque afectará la disposición
de agua de 7 mil ejidatarios, 32 comunidades 35 mil familias y 17 mil 991
hectáreas de riego al reducir la cantidad de agua destinada a cada ejido.
Unas 300 personas, integrantes de diversas organizaciones, marcharon
desde El Calvario hasta la plaza de Armas coreando consignas como “Samir no
murió, el gobierno lo mató”, “Con dados cargados la consulta es ilegal”, “justicia
para Samir, castigo a los asesinos”, “No a la consulta amañada”, “Vida si,
termo no”, “La vida no se negocia, la muerte no se consulta”. Una pancarta
reclamaba: «Hemos apoyado en todo a AMLO pero en lo de la termoeléctrica
no es justo”.
En el mitin frente al palacio de gobierno manifestaron su demanda
de justicia para Samir y el rechazo a la termoeléctrica, al PIM y a la consulta
“amañada” de AMLO, Gilberto López y Rivas, investigador, Gabriel Rivas de la
Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado, Omar Cota del Partido Comunista, Rafael
Murua del Consejo de Pueblos, José Martínez de la Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos, Estrella López de Conciencia Alternativa de
Morelos, Susana Díaz Pineda del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quienes
subrayaron la necesidad de movilización popular frente a la imposición de
megaproyectos.
Unos llamaron a boicotear la consulta convocada por AMLO no
permitiendo la instalación de las urnas y otros a que si se decide acudir
a votar se vote por el “no” al
funcionamiento de la termoeléctrica. Rivas informó que posteriormente las
organizaciones discutirían que acciones se llevarán a cabo durante la consulta,
siempre en forma pacífica. Hubo coincidencia en condenar la criminalización que
de Samir hizo el fiscal morelense apenas unas horas después de su asesinato al
afirmar que el crimen había sido obra de la delincuencia organizada y no tuvo
relación con la oposición a la termoeléctrica. Se demandó que el fuero federal
atraiga la investigación del asesinato de Flores Soberanes pero también que se
lleve a las instancias internacionales, como en el caso de Atenco.
López y
Rivas sostuvo que en los últimos 10 días, desde que AMLO apoyó el PIM, “se ha
caído la cuarta transformación” porque además de la termoeléctrica están en
marcha megaproyectos como éste, el Tren Maya, el proyecto transístmico, la
siembra de miles de hectáreas de árboles maderables. Con el asesinato de Samir
se confirma que estos proyectos “van acompañados de la represión y la muerte”.
Esta traición de AMLO –quien durante su campaña había sostenido que debía
frenarse el PIM- “es una traición como
la de Guajardo a Zapata”, afirmó.
Coincidió con otros de los oradores en que además de que la
consulta es “una gran simulación, no tiene ningún asidero legal, violenta los
protocolos del Convenio 169 de la OIT
firmado por México, “es un capricho presidencial para poner en marcha el PIM”,
además de que el gobierno está gastando el dinero del pueblo en la propaganda a
favor de la termoeléctrica en los medios de comunicación de Morelos y de una
consulta que está cargada por el peso de la decisión de AMLO a favor del PIM.
Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista «no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder, sino para construir una sociedad más justa», acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.
Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, «son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final».
Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.
Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una «política oligárquica». Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.
En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.
Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos
Amenazas de muerte contra el responsable de la comisión de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM), Oaxaca, Alejandro López; amenazas de desalojo del palacio municipal de San Dionisio -tomado desde 2012 por los opositores al parque eólico que Mareña Renovables pretendía construir en ese pueblo- y la llegada de equipo de dragado sin que ninguna autoridad explique para qué, hacen temer a los integrantes de esta organización indígena huave que se pretenda revivir el citado proyecto que en 2014 se había «dado por muerto».
Así lo informaron miembros de la APSDM -quienes pidieron reserva de sus nombres pues «se están tomando precauciones porque se presume que pudieran empezar a detener gente»- dados los sucesos de los últimos días, luego de que desconocidos quemaron parte del equipo de dragado que se detectó en Playa Copalito los primero días de julio, consistentes en tubos forrados de gran tamaño, vehículos con maquinaria pesada consistente en grúas, retroexcavadoras gigantes con oruga y una draga flotante, así como cinco camionetas blancas que andaban circulando por la comunidad.
Un comunicado de la APSDM señaló que se solicitó información respecto a ese equipo infructuosamente; el 6 julio se habló con el responsable de la maquinaria, un francés de nombre Jean Pearl, quien dijo desconocer el nombre del proyecto, el monto, la existencia del estudio de impacto ambiental para realizar el dragado; al no obtener ninguna respuesta la organización manifestó su indignación por la forma de entrar sin aviso sin información y sin la autorización de la comunidad.
Agregó que se solicitó información a la autoridad municipal, Teresita Luis Ojeda, quien manifestó desconocer el proyecto por lo que se pidió al responsable de la empresa suspender la obra en tanto no se obtenga información al respecto «pero el empresario hizo caso omiso al requerimiento».
Asimismo, que entre el 6 y 8 julio se solicitó información respecto a dicho proyecto a la presidenta municipal, al secretario general de gobierno, a los responsables de Fonden y Conapesca del Estado de Oaxaca y al no obtener respuesta se realizó una asamblea de pueblos el 11 julio con participación de los representantes de las Asambleas de Pueblos de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar, agencia municipal de Laguna Santa Cruz municipio de San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, Colectivo en Defensa del Territorio de Unión Hidalgo, APIITT, para evaluar esta situación luego de la cual se realizó una marcha hacia la playa Copalito.
La APSDM se deslindó expresamente de las acciones de violencia registradas «que tienen la clara intención de criminalizar» a la organización que actúa en defensa de su territorio y responsabilizó a la citada presidenta municipal y al gobernador del estado, Alejandro Murat, de cualquier represión que quieran emprender en contra de sus pueblos.
Agregó que el 12 julio, 15 camionetas de la policía preventiva pretendieron ingresar en los patios del palacio municipal ocupado actualmente por la resistencia al proyecto eólico mencionado, las cuales fueron rechazadas por la asamblea que se encuentra instalada de manera permanente, pero se vivieron momentos de tensión ante un posible enfrentamiento.
La organización exigió a la presidenta municipal de San Dionisio del mar que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos de los integrantes de la APSDM entre los cuales destacó el derecho a la seguridad e integridad personal de los miembros de la misma.
Los miembros de la APSDM entrevistados, aseveraron que el ex comisariado de San Dionisio del Mar, Genaro García López, «está aglutinando personas en su domicilio, la mayoría son del PRI, que están al frente de las cooperativas Playa Copalita y Playa Robles, ellos siempre estuvieron apoyando a los eólicos, los pescadores que estaban al frente, se convirtieron después en golpeadores de la empresa Mareña Renovables, y han enviado amenazas de muerte contra el compañero Alejandro López. Hace tres días que empezaron a llegar los mensajes a través de terceros, en contra de los comisionados de la asamblea ´si no dejan de estar chingando a la orilla del mar».
Al señalárseles que se había anunciado la cancelación definitiva del proyecto de Mareña Renovables desde 2014 (http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc.), manifestaron que «ahora se entiende que pretende instalarse en Juchitán, pero sabemos que ellos pueden cambiar de piel en cualquier momento porque Mareña obtuvo la concesión por 50 años y pueden vender la concesión a otra empresa, esa es la sospecha que ahora tenemos».
Explicaron que en la ciudad de Oaxaca se habla de que con recursos del Fonden se van a dragar 200 metros en la playa de San Dionisio y otro tanto en San Francisco, y que eso tiene que ver con la protección de las embarcaciones, pero eso «nos tiene preocupados porque en el proyecto eólico hicieron mención de embarcaderos para trasladar maquinaria y equipo hacia la barra y de la barra a San Dionisio, y nos preocupa que ninguna dependencia oficial ha hecho ninguna declaración. Hay maquinas que están paradas en Guamúchil, agencia principal de San Dionisio del Mar, y empezaron a hacer el dragado, toda la semana estuvieron dragando pero sigue la incógnita de cuál es el objetivo principal».
Eso porque «la mayoría de los pescadores usan lanchas fuera de borda con motor de bajo calado y por lo tanto no necesitan profundidad para trabajar y la Laguna Superior tiene sus propias covachas de protección naturales. Para las embarcaciones que se utilizan ahora no se necesita dragado, son lanchas muchas de 29 pies y motores fuera de borda de 40 a 50 caballos que no requieren mayor profundidad para trabajar, nadie explica cómo se llama el proyecto ni la inversión total, por eso hablan los compas diciendo que de repente quieren empezar con obras más pequeñas y luego empatar con una obra mayor. Eso es lo que nos preocupa» y por ello exigen que se detengan los trabajos de dragado en Guamúchil y se informe detalladamente al pueblo sobre la obra.
Un nuevo triunfo en la lucha para evitar que las aguas con las que cultivan sus alimentos sea desviada a la termoeléctrica de Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos, lograron campesinos, ahora del ejido de Tenextepango, municipio de Villa de Ayala, al ganar un amparo para que no se desvíen ni modifiquen las aguas del río Cuautla hacia el Proyecto Integral Morelos (PIM), como quiere autorizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Así lo informaron ejidatarios de Tenextepango, quienes detallaron que el Juez Sexto de Distrito de Morelos decretó, el pasado 18 de febrero, la suspensión de plano a efecto de que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”.
En rueda de prensa en la plaza de armas de Cuernavaca, recordaron que esa agua le fue dotada al ejido por resolución presidencial del 7 de diciembre de 1922, dotación que actualmente es reconocida por ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla), organización que según el superdelegado (sic) del gobierno de AMLO en Morelos, Hugo Erick Flores, ya habría negociado, indebidamente, un convenio para llevarse el líquido a la termoeléctrica, pero sin tener autoridad para eso porque ASURCO “es la asociación de ejidos, no su directiva y cada ejido tiene a salvo sus derechos del agua en la asociación” porque el gobierno no ha convenido con los ejidos dueños del agua, subrayaron.
Acompañados por el activista poblano Juan Carlos Flores, quien ya estuvo varios meses encarcelado por su participación en defensa de las tierras de pueblos y comunidades indígenas contra el PIM, los y las campesinas Sergio Ortiz, del ejido de Tenextepango; Mara Franco del ejido de Anenecuilco; Aída Galicia del de Ahuehueyo; Emeterio Raymundo e Inocencio Pérez, del de Moyotepec, informaron que son más de cinco mil los ejidatarios de 13 ejidos de Villa de Ayala que resultarían afectados en sus siembras de caña de azúcar, maíz, elotes, frijol, calabazas, cebollas… lamentaron que “arroz ya no sembramos –sólo algunos- porque el agua no alcanza, aunque el arroz de Morelos está considerado de los mejores del mundo”.
Pérez manifestó su indignación señalando que están llamando a los jueces a que administren la justicia porque muchos “no respetan nuestro derecho que se ganó después de la revolución de 1910, tenemos la razón”.
En un comunicado afirmaron: “el Presidente de la República quiere quitarnos nuestra agua, argumentando que somos de los pocos estados que no producimos luz, pero nosotros le decimos que somos de los pocos estados campesinos de nuestro país que producimos hortalizas, caña y diversos cultivos que dan alimento a nuestra nación, por lo que la protección de nuestros derechos agrarios debe ser respetada y priorizada por la 4T”.
Indicaron asimismo que en un primer momento su amparo fue desechado “de manera injusta” por el Juez Quinto de Distrito el 19 de julio de 2019 y el 4 de febrero de 2020 ordenó su admisión el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa. “Este es un nuevo revés legal contra el PIM que combate de fondo a quien pertenecen los derechos del agua del río Cuautla y qué volúmenes deben ser garantizados a cada ejido”.
Subrayaron: “No estamos dispuestos a ceder el agua de los ejidos para la termoeléctrica e invitamos al Presidente de la República a que sea congruente con la cartilla moral que él mismo emitió, donde en el punto 11 habla del derecho y obligación de defender los recursos naturales y cuidar la naturaleza y que comprenda que, para que el agua del río Cuautla pueda ser llevada a la termoeléctrica, no basta con un trato con cualquier directiva de ASURCO, pasada, presente o futura, sino que tiene que pasar por el consentimiento de todos los ejidos a los cuales pertenece este distrito de riego y eso implica que esté convencido cada ejidatario de cada ejido, pues son sus derechos del agua los que se verían afectados. Sin agua ya no somos campesinos y no queremos dejar de ser campesinos”.
Para ilustrar la sequía que se padece en la región, informaron que tan solo el ejido Tenextepango tiene derecho a mil 158 litros por segundo, pero según los registros de aforo del río Cuautla de la Comisión Nacional del Agua, en mayo de 2019 fue en promedio de mil 119 litros por segundo, es decir, aún menos de la cantidad a la que tiene derecho su ejido. En tiempo de lluvias según datos de Conagua de octubre de 2018, el aforo del citado río fue de 2 mil 660 litros por segundo, de los cuales, si le entregaran a Tenextepango los que les corresponde, sólo quedarían mil 502 litros por segundo para los más de 20 ejidos asociados a ASURCO y que también tiene a salvo sus derechos de agua, de acuerdo a sus respectivas resoluciones presidenciales.
En una carta enviada a AMLO el pasado 30 de enero por 8 ejidos, le solicitan audiencia para informarle la realidad del problema del agua de sus ejidos porque, le informan, se han entrevistado o han ido a realizar recorridos por la región –infructuosamente para su causa- subsecretarias, diputados/as, senadoras, funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, incluso con el secretario de la SEMARNAT, Víctor Toledo, en octubre de 2019, quien les aseguró que entablaría contacto con ellos, y aún están esperándolo.
“Los empresarios no comprenden nuestro modo de vida, no les interesan los derechos de los campesinos, en cuanto se contamine nuestro entorno lo abandonarán y seguirán su camino si importarles dejar muerte y desolación…”, le indican al presidente de la república y le recuerdan que cuando estuvo en campaña visitando sus comunidades, cuando le expusieron el problema del PIM él les pidió “paciencia, esperen a que llegue y aún estamos en la lucha ¡no claudicaremos!.
Faltan muchos ex funcionarios en la investigación sobre la «estafa maestra», de arriba para abajo y no hay «perdón presidencial» que valga o tendremos que pensar que todo quedará en una venganza de AMLO contra Rosario Robles, su ex compañera de partido en el PRD, como chiva expiatoria del «combate a la corrupción». Y por supuesto, es necesario saber dónde están los más 8 mil millones de pesos que se van sumando en lo de la «estafa maestra» y anexas.
Las declaraciones del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el asunto de que México sea el tercer país seguro, que reciba de regreso a los/las migrantes que hayan solicitado asilo en Estados Unidos y permanecerán aquí hasta que allá se decida su caso, resultan ser un «No pero si» porque finalmente eso es lo que las autoridades mexicanas han estado haciendo en los últimos tiempos. Para el presidente estadunidense, Donald Trump el acuerdo tiene «cosas secretas» que revelará a su tiempo, el tipo se burla, hace que llueva sobre mojado y si Ebrard dice que no hay nada secreto ¿quién miente distorsionando la verdad? ¿ambos? El presidente Andrés Manuel Lópz Obrador necesita ser más firme con Trump, que ya hace rato agarró a México de saco de boxeo con vistas a lograr su reelección y aunque Ebrard dice que ya se separaron comercio y migración en estas negociaciones, lo que dice Trump lo desmiente: para él sigue la bola rodando, habrá evaluaciones y si no le gustan los resultados habrá aranceles sobre productos exportados por México. O sea…
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), informó que el ejido de Amilcingo, Morelos, obtuvo la suspensión de plano otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos sobre la operación del Gasoducto Morelos.
“Este es un
triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra
este megaproyecto y que impulso nuestro hermano Samir (Flores) desde el inicio
en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha, comienza a tener resultados legales
para proteger a la comunidad”, afirmó la organización en un comunicado, exigiendo
se haga justicia en el caso del asesinato de Samir.
Subrayó que con esta suspensión no solo se protege a la
comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto
Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo,
el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la
central termoeléctrica en Huexca.
Aseveró que hasta ahora no existía una suspensión de la operación
del Gasoducto Morelos. Ya con la presente suspensión, que durará lo que dure el
amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades
afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), pueden tener un nuevo respiro
de que no serán despojados en sus bienes naturales, salud y seguridad, “al
menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar,
como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del PIM”,
advirtió el Frente.
Afirmó que la
suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que
realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló
con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando
baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del Gasoducto
Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se
pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica,
a las suspensiones de plano de por lo menos tres ejidos de Ayala contra el
funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por cuatro
comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no
consultadas.
Añadió que a pesar de que en enero de 2019 el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para cuatro
comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, a pesar de que
existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del FPDTAMPT,
en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos
nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional
de Derechos humanos (CNDH), donde se documenta la violación al derecho a la
consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl, ninguno
de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la
fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos
que, según el Estado, es de interés social,” aun cuando existan inminentes
deficiencias de seguridad en su instalación.
Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo,
han tenido la suficiente fuerza legal de parar este proyecto, porque aún los
derechos del ejido, cuentan con cierta protección constitucional ante el
peligro de despojo de sus derechos. “Es por ello que en 2014 los Comisariados
Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron
perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en
Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San
Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años”, informó.
Sostuvo que esto demuestra “la falta de garantías que tiene la
protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta
es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay
forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al
yugo del patrón, del mal llamado progreso”.
El FPDTAMPT aseveró que “aun cuando el presidente de la república
diga que está pendiente echar a andar e imponer el PIM, nosotros decimos que
está pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir (Flores),
castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y
perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozcan y
respeten nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Está
pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía
y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos
indígenas de México”.
“Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país, exigimos a la CFE, al presidente de la república y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el PIM en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole”, concluyó el Frente.
Integrantes del Frente Feminista de Morelos (FFM) denunciaron
que pese a que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en el estado,
el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha incumplido en los cuatro meses que
lleva en el cargo, todos los compromisos firmados con las organizaciones de la
sociedad civil durante su campaña para enfrentar este grave problema y “no se
aprecia el interés por hacerlo”.
En cambio “desde la oficialidad se niega que tales problemas
tengan que ver con razones de género”, las desapariciones de mujeres continúan,
el fiscal Uriel Carmona “minimiza la desaparición y se niega a trabajar de la mano de la sociedad civil, pese a que se
lo hemos solicitado formalmente” él habla “como si las mujeres solitas se
murieran”; el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, descalificó
ante la prensa los testimonio de mujeres que han sufrido
intentos de privación ilegal de la libertad, llamando a “no compartir esos testimonios
para no crear pánico”, y no se ha nombrado titular a la Comisión para Personas
Desaparecidas.
En conferencia de prensa denunciaron también que se perdió
el recurso de cinco millones de pesos para acciones de la Alerta de Violencia
de Género (AVG) y no se ha presentado el cuarto informe de avances, “si es que
los hay”, de la misma.
María Trinidad Gutiérrez, de la organización Género 33,
integrante del FFM, subrayó que en éste hay preocupación porque “no vemos
voluntad de trabajar en los compromisos” firmados por Blanco, como una mesa
bimestral para presentar los informes sobre las acciones realizadas. El Sistema
Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las
mujeres (SEPASE) debería estar comprometido en un programa de trabajo para que
todas las dependencias que lo integran cumplan con la Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Morelos pero “no vemos acciones, sólo
declaraciones”.
Tampoco se ha cumplido con reforzar el presupuesto del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
ni de los Centros de Justicia para las Mujeres, o el de instruir a la Fiscalía General
para que revise todas y cada una de las averiguaciones y carpetas de
investigación sobre casos de feminicidios y entregue un estado de avance de
cada una.
Subrayó que les preocupa que el Comisionado Estatal
de Seguridad Pública, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, “que
se atrevió a decir que los feminicidios podrían estar relacionados con la
supuesta honorabilidad de las mujeres, volviendo al viejo discurso que
responsabiliza a las víctimas y justifica la violencia”, (al decir que las
víctimas estaban realizando labores “impropias de una dama”), y aunque el
funcionario ofreció una disculpa, “no queremos sus disculpas, queremos trabajo
efectivo para salvaguardar la vida y la libertad de las mujeres”. “No
necesitamos ser damas, necesitamos seguridad y justicia”, enfatizó.
Ante este panorama, el FFM está convocando a organizar una
fuerza estatal amplia que combata la violencia contra las mujeres, pero además,
dijo, la Fiscalía y las y los funcionarios del gobierno deben capacitarse en
materia de AVG, se necesita no sólo presupuesto sino capacidad para enfrentar
el problema.
Mencionó también que el Frente ha buscado reunirse con las 14
diputadas de diversos partidos que hay en la Cámara de Diputados local, pero de
ellas sólo dos las han recibido y no se conoce que tengan algún programa de
trabajo para legislar para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
Por otra parte las participantes en la rueda de prensa
lamentaron y condenaron el asesinato de Samir Amin Flores Soberanes en
Amilcingo, luchador por los derechos de los pueblos indígenas y opositor a la
termoeléctrica de Huexca. Este clima de violencia y el asunto de la termoeléctrica
va a trascender más allá de las fronteras de México, se tiene que respetar la
decisión de los pueblos, señaló Gutiérrez.
Estuvieron presentes en la conferencia, del Consejo de
Defensoras de Morelos Micaela Bocanegra y Alicia Arines; del Observatrio
Ciudadano Nacional contra el Feminicidio Violeta Luna y Patricia Bedolla, del
propio Frente Angélica Sánchez.
24 de octubre de 2018., Después de una lucha que por casi 20 años libró la comunidad agraria de Tepoztlán, Morelos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó se le restituyan las 280 hectáreas que la empresa Pirámides y Convento quería utilizar para un club de golf. La institución determinó que los pobladores de la comunidad son los beneficiados del título de bienes comunales de 1929, y no la empresa, que alegaba su propiedad a partir de oficios emitidos por la autoridad agraria en la década de los 60s.
En la resolución presidencial de 1929 se determina que las tierras se otorgaban a la comunidad para que las explotara de manera agrícola para su subsistencia, además de que en la misma se les impuso a los comuneros una serie de obligaciones para conservar y acrecentar las áreas forestales de la zona.
Por esta razón, informó la SCJN en un comunicado, las tierras no podrán destinarse, en ningún otro caso, para un uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado, bajo su entera responsabilidad, por la autoridad administrativa correspondiente.
Con la resolución la Suprema Corte, 2 mil 449 integrantes de la comunidad de Tepoztlán se beneficiarán al recuperar sus tierras, ya que el supremo tribunal consideró que los oficios presentados por la empresa no demostraron que ésta fuera propietaria de los terrenos en disputa, pues de su contenido no se advertía con toda certeza que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen accedido a excluir del régimen agrario ciertas porciones de sus tierras.
La SCJN precisa asimismo que en el supuesto de que la comunidad inicie en el futuro juicios agrarios en contra de otras personas que tengan propiedades en la zona, los tribunales tendrán que valorar los títulos con que tales habitantes se ostenten como propietarios, en específico, señala, la manifestación de voluntad de los integrantes de la comunidad en el sentido de transmitir la titularidad de los predios, así como la formalización de las transmisiones correspondientes.
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