Un Policia Comunitario esposa a un homicida confeso -Genaro Ramírez- en la Oficina central del Sistema de Impartición de Justicia y de Seguridad Comunitaria (SIJSC) de la Costa-Montaña de Guerrero en San Luis Acatlán.
Rosa Rojas
La Policía Comunitaria (PC), que ya opera dando seguridad y justicia para 76 pueblos, de la Montaña de Guerrero, coadyuva difundiendo los daños que producen esas empresas
En el 16 aniversario de la fundación de la PC denuncian que el gobierno les ha concesionado 25 por ciento del territorio
Paraje Montero, Malinaltepec, Gro. 15 de octubre. La defensa de los territorios indígenas, de sus recursos
naturales y de su cultura, frente al embate de megaproyectos mineros y de
infraestructura, se sumó hoy a las tareas que desde hace 16 años realizan la
Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC-PC) para garantizar, de forma autónoma, la seguridad y justicia en 76
pueblos indígenas de 10 municipios de esta entidad federativa.
Ni la lluvia ni el mal estado de
la carretera impidieron que se dieran cita aquí, durante dos días, unas mil 200
personas para los festejos por el 16 aniversario de la CRAC-PC, que fue ocasión
para revisar los principales problemas que afectan a la región y proponer, en
reflexión colectiva, formas para enfrentarlos.
La convocatoria al acto, signada
también por la regional Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena
(CNI-RCP), puso en el centro de la discusión la defensa de los territorios de
los pueblos originarios ante el embate de casi 800 transnacionales,
principalmente mineras, a las que el gobierno mexicano ha entregado concesiones
sobre 25 por ciento del territorio nacional.
El pueblo se llenó de
delegaciones, tanto de los propios policías comunitarios de cada municipio
integrante del sistema de justicia comunitario CRAC-PC, como de organizaciones
que coinciden en la lucha contra el desarrollo de la minería trasnacional
–altamente contaminante– en suelo mexicano y que apoyan además este proyecto
autónomo, como jóvenes en resistencia, Consejo Autónomo Regional de la Costa de
Chiapas, Frente Popular Francisco Villa, los campesinos de Atenco y otras, que
fletaron autobuses para trasladarse desde el Distrito Federal.
En el acto inaugural, José Cruz,
de la delegación Milpa Alta, a nombre de la CNI-RCP, mencionó que los pueblos
indígenas ratifican su lucha para ejercer su autonomía dado que el gobierno
traicionó los Acuerdos de San Andrés firmados con el EZLN, y los partidos
únicamente los dividen.
Por la Policía Comunitaria, el
comandante Leobardo Álvarez subrayó que ahora deben hacerle frente no sólo a la
delincuencia que roba, que secuestra, que mata, sino a la delincuencia
trasnacional que les quiere robar sus territorios o que mañosamente pretende
imponerles la siembra de semillas transgénicas que afectan a las criollas y su
soberanía alimentaria.
“Tenemos que enfrentar todos
juntos las amenazas en contra de nuestros territorios que afectan nuestros los
naturales, como las empresas mineras, carreteras y proyectos hidroeléctricos;
ese es el contexto para sumarse a la lucha por los derechos humanos, a la
defensa que el pueblo wirrarika (huichol) hace de Wiricuta, uno de sus lugares
sagrados; contra el asesinato de 27 comuneros de Ostula, a la tala de los
bosques y asesinato y desaparición de comuneros de Cherán, ambas comunidades de
Michoacán; a la lucha de Inés Fernández y Valentina Rosendo –indígenas
guerrerenses violadas por militares– para que se les haga justicia, así como a
la lucha de los indígenas amazónicos de Bolivia, que se oponen a una carretera
que su gobierno pretende construir en su territorio y parque nacional TIPNIS.
Sendas mesas de trabajo se
instalaron para discutir los temas de defensa del territorio; radios
comunitarias y medios alternativos; organización y participación de las mujeres,
y modelos alternativos de educación.
En la mesa de defensa del
territorio, Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería,
subrayó que el hecho de que una empresa obtenga una concesión minera, no quiere
decir que ya puedan operar, sino que requieren la licencia social de la
comunidad así como la ambiental. Indicó que la mayoría de las 260 mineras
extranjeras en México, con la complicidad del gobierno, carecen de dichas
licencias, por lo que sólo la decisión o la estrategia que adopte una comunidad
puede frenar la explotación y contaminación de su territorio por el
neocolonialismo de las empresas.
Por otra parte, la sesión del
CNI-RCP que debía realizarse en el contexto del aniversario de la CRAC-PC, se
suspendió en desacuerdo por la presencia del secretario de Seguridad del
gobierno estatal en el acto
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