Cacerolazo feminista en Cuernavaca

Rosa Rojas

1 diciembre 2019 0

Fotos: Rosa Rojas

Cuernavaca, Morelos, 1o de diciembre. Esta tarde a un costado del palacio de gobierno de Morelos y frente a la Catedral de Cuernavaca unas 300 mujeres, jóvenes en su gran mayoría, escenificaron en un Cacerolazo feminista, el performance «Un violador en tu camino», creado por el grupo feminista chileno Lastesis, pero adaptado al contexto local.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la violencia Contra la Mujer, en un mensaje al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco y diversos funcionarios, manifestaron su «hartazgo» de que su gobierno, el Instituto de la mujer estatal, el Fiscal General y la Fiscalia Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio «no estén generando medidas que garanticen, eliminen y erradiquen» la violencia que viven en lo cotidiano las mujeres.

«Estamos cansadas de ver que sus eventos sólo quedan en firmar acuerdos, discursos alejados de nuestras realidades» sin que se vean resultados verdaderos a 4 años de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que hay en 8 de los municipios del estado, que ocupa el séptimo lugar de los estados con más feminicidio.

Mencionaron que del año 2000 al 31 de julio del 2019 se han registrado feminicidios en 32 de los 33 municipios de la entidad, incluyendo los 8 donde se decretó la AVG, violencia que les deja ver que en Morelos «no estamos seguras en ningún sitio».

Los 10 municipios con mayor número de feminicidios son Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlan con 32 casos.

Para evidenciar esto se organizó este Cacerolazo Feminista, señalaron, manifestando también su rechazo a que la Comisión de Igualdad de género del Congreso estatal sea presidida por el diputado Marcos Zapotitlán del Partido Encuentro Social, «quien ha hecho comentarios misoginos y no ha respetado el estado laico en sus discursos».

Reclamaron que deje de existir impunidad, poder acceder a la justicia digna y una verdadera reparación de daños «tanto para nosotras como las hijas, hijos y familias de las mujeres que ya no están».

«Ahora que estamos juntas, organizadas y que sí nos ven, sabemos que vamos a tirar al patriarcado, a este gobierno feminicida y a la sociedad indiferente», afirmaron.

Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llama a feministas a unirse a la lucha de familiares de desaparecidos

Yan María y Norma Andrade Foto: Rosa Rojas

Rosa Rojas

Un feminismo radical “no es la práctica de pedir derechos ni de empoderarse en la casa del amo”, es una historia y un cuerpo de conocimientos para un proyecto civilizatorio completamente distinto al actual sistema patriarcal y su absolutismo masculinista que ha construido el “des-orden civilizatorio de injusticia, violencia y depredación recurrente que marca la realidad” actual.

Por contra, el feminismo institucional, cuya tarea fue incorporar a las mujeres a las organizaciones sociales preexistentes y partidos políticos, definió desde 1983 la política de las mujeres como lo que “concierne fundamentalmente a la distribución del poder en la sociedad patriarcal” y a medida que desarrolló sus proyectos en estrecha relación con las instancias de poder –Estados, agencias para el desarrollo, organismos internacionales- recibiendo sus beneficios, generó una corriente hegemónica que subsume a muchos sectores del feminismo en sus estrategias, manejos de recursos y metodologías de trabajo, imponiendo “mesura y buen comportamiento”, desmontando los mecanismos autónomos de articulación y fragmentando y destruyendo las prácticas de resistencia y gran parte de la capacidad subversiva del feminismo.

Así lo planteó la feminista radical Ximena Bedregal, durante el homenaje post mortem que el Archivo e Interpretación Histórica del Movimiento de Lesbianas Feministas (AIHMLF) en México 1976-2018 Yan María Yaoyólotl, organizó en honor de Marcela Olavarrieta, fundadora del grupo Acratas, de lesbianas feministas, en 1976.

En este acto también participaron, entre otras ponentes, Norma Andrade, luchadora contra el feminicidio, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la desaparición de su hija Lilia Alejandra, quien fuera asesinada en 2001 e integrante del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC y la propia Yan María Yaoyólotl.

Andrade, en su exposición, explicó que está apoyando la huelga de hambre iniciada el 16 de enero frente a la Secretaría de Gobernación por un grupo de madres de desaparecidos que exigen que dicha dependencia cumpla una serie de demandas, entre ellas el rescate de los cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas en diferentes estados, atención a familiares de las víctimas y la operación de una de las madres que padece miomas.

Mencionó que ahora incluso hay una Comisión para buscar a las víctimas “ya tenemos infraestructura, ya tenemos las leyes pero no hay voluntad política” para atender a familiares y encontrar a los 33 mil desaparecidos que hay en el país. Subrayó que el movimiento lésbico feminista en el que participa Yan María ha apoyado a las madres de desaparecidos y les ha enseñado muchas cosas, entre ellas la importancia de hacer expedientes sobre los casos de desaparecidos.

Llamó además a las feministas a apoyar el movimiento de las y los familiares de desaparecidos ante la falta de atención de las autoridades. Subrayó que en 2017 hubo 798 ejecutados en Ciudad Juárez, Chihuahua de los que 98 eran mujeres, y que hay un gran número de huérfanos por esa violencia, no hay un censo de ellos, por lo que debe haber quienes, como sociedad, se preocupen por ver qué pasa con esos niños. “Así como con su lucha consiguieron el aborto yo les pido que como feministas se unan a nuestra lucha”, añadió Andrade.

Al respecto, Yan María apuntó que las lesbianas feministas “somos mujeres y nos interesan los asuntos de las mujeres”, criticando que los movimientos de la diversidad sexual han dejado estos asuntos por fuera.

En su exposición Bedregal Sáez mencionó que la corriente feminista radical implica una visión y una postura crítica de la macrocultura patriarcal que no omite el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones, las ciudades, las patrias, las herramientas del sistema patriarcal.

Sin embargo, dijo, esta posición crítica podría constituirse en un acto sólo intelectual o hasta doloroso si no se funda y sostiene en la práctica política de relación entre mujeres, “única relación donde nuestros cuerpos se integran, donde encontramos las palabras para nombrar nuestras experiencias, donde nuestra crítica radical a la cultura vigente se ve cobijada y sostenida y donde nuestras experiencias cobran sentido, potenciando así imaginación en libertad, posibilidad de mundo propio, de mundo para sí”.

Para un feminismo radical la práctica política de las mujeres implica la relación entre mujeres para construir libertad femenina desde la cual se haga posible crear lo no creado, fundar lo no fundado en relación con otras, indicó.

Relató que este feminismo radical nació de la práctica de los grupos de autoconciencia, donde las experiencias de vida de las participantes, la mayoría de las veces dolorosas, dejaban de ser un desquicio femenino para, en el diálogo y el compartir con sus hermanas mujeres, pasar a ser, apenas, una marca de la apropiación patriarcal de sus cuerpos y sus vidas; descubrimiento de suyo liberador.

Sin embargo hay quienes buscaron incorporar a las mujeres a las organizaciones de lucha preexistentes “sin visualizar el carácter profundamente misógino, patriarcal y jerárquico de esas instancias”. “Ahora se trata de que la feminidad patriarcal tenga una buena cotización en la bolsa de valores masculinos, devolviendo así a las mujeres a la sombra de una historia iluminada por los proyectos e instrumentos de los hombres y haciendo circular a las mujeres en un mercado que no es nuestro y donde nuestra corporalidad sigue sin tener significado ni valor propio”, subrayó.

Mencionó que todo esto se configuró paralelamente a lo que en América Latina se llama “las aperturas democráticas (el fin de las dictaduras militares) que no es otra cosa que la reordenación político económica y espacial del patriarcado capitalista para entrar en su fase mundialista.  Esta reordenación no sólo requiere de la recuperación del espacio económico y físico con sus invasiones y guerras de extramuros, sino además, y en igual importancia, en la recuperación y disciplinamiento de los terrenos de la resistencia”.

Así la década de los 90 estuvo marcada por una apuesta central, impulsada desde espacios de poder y, agazapada tras un aparente ejercicio de diversidad, pluralidad y democracia para desmantelar toda apuesta político/filosófica que le permita al feminismo tanto avanzar en transformaciones radicales que afecten la macrocultura como inventar nuevos caminos para el ser mujer en el mundo, para la construcción de la libertad femenina.

Bedregal mencionó que de manera consciente o inconsciente,  feministas de las corrientes hegemónicas fueron –y siguen siendo- constructoras activas de esta nueva política. La Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijíng (1995) “fue el punto de inflexión definitivo así como la negación del concepto de patriarcado junto al reemplazo del feminismo por el concepto de perspectiva de género y a la adopción de esta palabreja por las instancias de poder terminaron por abrirle nuevamente y de par en par las puertas a lo más rancio, violento y brutal del patriarcado”.

Recordó que incluso alguna feminista no radical como la costarricense Alda Facio escribió: “La incorporación de los discursos de género en las instituciones de la oligarquía internacional como el BM o el BID y el FMI, ha permitido que puedan seguir con sus planes de ajuste estructural sin la oposición del movimiento feminista porque lo está haciendo con perspectiva de género”.

Afirmó Bedregal que “hoy incluso prima una suerte de antifeminismo con perspectiva de género” y que al amparo del postmoderno feminismo de la igualdad, el género y el empoderamiento, “hoy la masculinidad se enseñorea por doquier usando su fuerza para negar ya sin tapujos el cuerpo de las mujeres”. Véase, dijo, el transfeminismo que niega a las mujeres para erguir a cuerpos de varón como las “verdaderas” mujeres porque, dicen, “lo son por voluntad y no por nacimiento; la maternidad subrogada que hace del cuerpo de las mujeres sólo el receptáculo de la voluntad del varón; la feminidad como performance desligada del cuerpo biológico; la prostitución como supuesto acto de ejercicio libre y voluntario del cuerpo, el hostigamiento sexual como una simple torpeza de la emotividad masculina que no tiene nada que ver con cómo se concibe la corporalidad femenina, el feminicidio como un conjunto, en el mejor de los casos, de locos sueltos y agresivos, etc”.

Añadió que la crisis que hoy vivimos es de una gravedad enorme y tiene dimensiones planetarias y civilizatorias, de ahí la creciente necesidad de profundizar la reflexión crítica de la macrocultura patriarcal; la necesidad de recobrar la autogestión de nuestros saberes por encima del saber académico que ya es incapaz de leer la realidad y menos aún de plantear alternativas. De allí la necesidad de recuperar el cuerpo, y antes de que terminen de robárnoslo recobrar su sentido de instrumento indispensable para tocar la vida, repensar su sentido y su valor en la creación de un sentido libre de ser mujeres.  De allí la necesidad imperiosa de crear lo no creado, pensar lo no pensado, fundar lo no fundado, de traer el mundo al mundo y esto para las mujeres sólo es posible en la práctica de relación con otras, en y desde la creación de espacios de construcción colectiva de libertad femenina.

Yan María en su intervención en el homenaje, efectuado el pasado sábado- recordó que Marcela Olavarrieta fue “quien estableció las bases teóricas y prácticas del Movimiento Feminista Radical Anarquista Separatista y la trascendencia del amor político entre mujeres como principio fundamental para edificar al feminismo” y que el Movimiento de Lesbianas Feministas en México (MLF) cuenta con 42 años de lucha ininterrumpida basado en el principio de autonomía política.

Aclaró que el amor político entre mujeres “no es sexo; el sexo entre mujeres es el homosexualismo femenino y el feminismo lésbico es amor político entre mujeres” y comentó que Olavarrieta planteó en su tiempo la abolición de la familia, la creación de comunas y cooperativas y ya en 1976 “previó que el patriarcado iba a coptar el feminismo y lo iba a utilizar en contra de las propias mujeres”.

Yan María aseveró que el generismo académico incluso ha eliminado el concepto de patriarcado. Llamo a las feministas lesbianas a crear organizaciones para resistir los embates del sistema patriarcal, conjuntamente con los movimientos obreros, campesinos e indígenas, como el zapatista. Ella es integrante del Comité de Lesbianas Feministas Zapatistas que  apoya la candidatura a la presidencia de la República de María de Jesús Patricio, propuesta por el Congreso Nacional Indígena.

Ximena Bedregal Foto: Rosa Rojas

«Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación» la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que «gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa», Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, «fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación».

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato «negligente y discriminatorio», afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, «máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que «fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre».

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- «quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres». 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y «ser sujetos de derechos y no sujetos de atención»

Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas «no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas» y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría «mujeres indígenas» debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que «falta mucho» para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades «las estructuras genéricas son más rígidas», las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado «no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas» desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir «ser sujetos de derechos y no sujetos de atención», buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen «es lamentable» y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando «las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados» por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

Frente al feminicidio, urge que el gobierno de Morelos y las autoridades municipales garanticen la vida y derechos humanos de las mujeres

Rosa Rojas

El gobierno del Estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 10 de agosto de 2015 han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), organización que lleva 16 años documentado el feminicidio en esta entidad, por lo que  hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo.

De acuerdo con la CIDHM, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios.

Al presentar un Informe «sombra» sobre la aplicación de la AVG a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz,  detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios, de los 33 que integran el Estado, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.

Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la entidad. Subrayó la activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la Alerta como por  falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.

Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, es el dato que dio Estrada, en el sentido de que  a las sesiones de trabajo sobre la AVG sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.

Además, el hecho de que la Fiscalía General morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.

Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.

Ya desde fines de mayo pasado la CIDHM había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la AVG y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y personal de la CONAVIM,  que la organización considera que las medidas mencionadas por dicho funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG.

Sobre la creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten la capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuantos elementos -hombres y mujeres-  habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo.

Respecto al Semáforo de Violencia, la CIDHM vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida; tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. Apuntó sin embargo que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Es muy preocupante que a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, sea tan deficiente la aplicación de las medidas que pueden coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la meritoria labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos, por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como ésta, hay que hacer una llamada de atención al Gobernador Graco Ramírez y a las autoridades municipales no sólo de esos ocho municipios, sino de todo el Estado de Morelos, para que cumplan con su deber y apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres que viven en esta entidad.

 

La Constitución de la Ciudad de México deberá ser sometida a referéndum o carecerá de legitimidad: Las Constituyentes CDMX

Rosa Rojas

El proceso Constituyente de la Ciudad de México, resultado de la Reforma Política aprobada el pasado 26 de enero de este año, se distingue por ser  «antidemocrático» y adolece de «un grave déficit de legitimidad» ya que está «diseñado para que la derecha se  apropie de espacios que la ciudadanía no le otorgó» afirma el grupo feminista Las Constituyentes CDMX quienes exigen que la Constitución que salga de ese proceso deberá ser sometida a referéndum de las y los ciudadanos capitalinos, a fin de garantizar una constitución democrática, ciudadana, incluyente y popular.

En un documento dirigido al Jefe de Gobierno de la CDMX, al Consejo Redactor de la Constitución y a la Asamblea Constituyente (una vez instalada), reforzado por la apertura de una petición vía internet: https://www.change.org/p/jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-la-constituci%C3%B3n-cdmx-debe-ser-sometida-a-refer%C3%A9ndum?recruiter=10684695&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink que el cual convocan a la ciudadanía para que la firme, argumentan que  la votación del pasado 5 de junio se destacó por el alto abstencionismo (71 por ciento) «signo de apatía y hartazgo de las y los ciudadanos frente al sistema político».

Asimismo, que a la ciudadanía solo se le permitió elegir a través del voto a 60 de los 100 asambleístas que conformarían la Asamblea Constituyente por lo cual «quienes no obtuvieron el mayor número de votos (PRI, PAN, PANAL, PV y aliados) son mayoría en la Asamblea Constituyente por los 40 que designaron de forma directa y no consultada el Gobierno Federal (Peña Nieto), el Jefe de Gobierno (Mancera) y el Congreso».

Señalan que las y los representantes independientes no contaron con las mismas condiciones de participación, «siendo la partidocracia quienes secuestraron en su totalidad el proceso electoral, político, jurídico y ahora constitucional».

Subrayan que aunque el Consejo redactor de la Constitución designando por el jefe de gobierno, «se conformó por personas notables en distintos ámbitos no provienen de ningún proceso democrático». 

Advierten además que la elección se llevó a cabo bajo la vía de representación proporcional, haciendo de toda la ciudad una sola circunscripción «lo que no garantiza la representación de todos los territorios de las 16 delegaciones en la conformación de la Asamblea Constituyente (más de cinco de las y los integrantes de esta Asamblea por la vía de designación no son habitantes de la CDMX aunque cumplan con el requisito de ser legislador@s)».

«La ciudadanía desconoce la trascendencia del proceso Constituyente y sus implicaciones en la vida, derechos y forma de gobierno que éste representaría. Por ello consideramos, que una vez que esté lista la propuesta de Ley que configuraría un nuevo pacto social, económico y político, debe someterse a conocimiento y Referéndum de las y los ciudadanos capitalinos, a fin de garantizar una constitución democrática, ciudadana, incluyente y popular» manifiestan Las Constituyentes CDMX subrayando que el referéndum es la herramienta necesaria y adecuada para subsanar parte de la debilidad respecto a legitimidad y representatividad del proceso constituyente.

Por ello insisten en que se firme esta petición en https://www.change.org/p/jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-la-constituci%C3%B3n-cdmx-debe-ser-sometida-a-refer%C3%A9ndum?recruiter=10684695&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink y se comparta en todas las redes a que se tenga acceso.

En la página https://lasconstituyentescdmx.wordpress.com/2016/05/29/irrenunciables/ esta organización informa sus objetivos y principios irrenunciables y se pronuncia «por una Asamblea Constituyente Feminista, incluyente, laica, pacifista y paritaria que garantice la igualdad, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos humanos. Que represente la multiculturalidad de nuestra Ciudad, la diversidad sexo–genérica, étnica, de condiciones físicas, de ideas y creencias que en ella existen. Una constituyente con una visión intergeneracional, sustentable, de universalidad y accesibilidad, bajo una ética de transparencia y rendición de cuentas que privilegie en todo momento la participación ciudadana. Por una Ciudad que incorpore una visión integral de lo que somos las personas, sus diversas identidades y las diversas formas de ser mujer».

Reclaman que la Constitución de la CDMX debe recoger los logros de las mujeres que en esta metrópoli «hemos sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión, al plantear con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para nosotras, hasta hace muy poco negados: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo, el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción. Revindicando nuestro derecho a la ciudad como actoras políticas».

Denuncian, entre otras cuestiones, «el riesgo que implica la sobre representación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la Constituyente oficialista, contra los logros y avances de nuestros derechos humanos, imponiendo su visión misógina, patriarcal, heteronormada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual. Juicio y castigo a los culpables» y llaman a incorporarse a un proceso para construir una Ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

 

Candidatas a la Constituyente de la CDMX recogen la agenda de feministas: incluye aborto legal, matrimonios entre personas del mismo sexo y una vida libre de violencia

Rosa Rojas

«La sobrerrepresentación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la constituyente oficialista representa un riesgo contra los logros y avances de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México imponiendo su visión misógina, patriarcal, hetero normada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual» advierte el documento que la red de mujeres que aglutina a diversas corrientes feministas, denominada «Las Constituyentes CDMX (LCCDMX)» entregó a una docena de candidatas de diversos partidos a la Asamblea Constituyente (AC).

En dicho documento la citada red afirma que la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México y la conformación de una asamblea constituyente con 40 de los asambleístas por asignación directa y el resto por la vía de los partidos políticos y candidaturas independientes, «obedece a un reacomodo de los poderes fácticos y antidemocráticos, alejada de la construcción social que en su momento movilizó al movimiento urbano popular como respuesta al pasmo gubernamental federal y local ante las devastadoras consecuencias del terremoto de 1985».

Es, agregan, «una visión apartada de la vocación democrática de las fuerzas políticas y sociales… que impulsaron la democratización de la jefatura de gobierno y por supuesto, lejos de los planteamientos ciudadanos, progresistas y feministas que se han construido y consolidado en las últimas dos décadas».

Subrayan que las mujeres de la Ciudad de México como parte de los movimientos y organizaciones urbano -populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jovenas organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión, y en sus hogares, han sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión al plantear, con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para las mujeres hasta hace muy poco negados, los cuales deberán ser garantizados en la primera Constitución de la Ciudad de México.

Mencionan entre ellos “el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, reivindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas”.

Señalan que acompañarán sororalmente, desde una posición autónoma, independiente y crítica a las candidatas por cualquiera de las vías hacia la AC, ya sea por designación, vía partidos políticos o independientes «siempre y cuando cuenten con una visión feminista de género y tengan un compromiso claro, probado y público con los derechos humanos de todas las mujeres».

Exigen como piso mínimo irrenunciable de cara al proceso constituyente el principio de progresividad en derechos conquistados -ni un paso atrás en la interrupción legal del embarazo, matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho a adoptar, por mencionar algunos -; ampliación de derechos en función de los desafíos de próximas generaciones e innovación en aquellas áreas en donde todavía no hay avances sustantivos, como el derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidado con base en el criterio de sostenibilidad de la vida; garantías de una ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

Asimismo prevención, atención y seguimiento que garantiza todas las mujeres una vida libre de violencias; garantía de una educación laica, gratuita, incluyente igualitaria en todo el sistema educativo de la CDMX. Educación sexual a todos los niveles eliminando estereotipos culturales discriminatorios; derecho a una vida digna a través de garantizar el trabajo decente y de calidad, vivienda digna y seguridad social universal, el apoderamiento económico de las mujeres.

Reclaman reconocimiento del respaldo económico; trabajo doméstico y de cuidados remunerado con reconocimiento de derechos laborales; salud integral que respete el derecho a ser informadas para decidir con libertad y autodeterminación de los cuerpos y vidas de las mujeres; a la voluntad anticipada, cuidados paliativos, no ser sometida a experimentos médicos y científicos sin conocimiento; garantizar la prevención y atención de las enfermedades típicas de las mujeres como el cáncer; atender con calidad los embarazos y partos para combatir la violencia obstétrica y en su caso sancionarla.

Además, mecanismos institucionales y ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas respecto al presupuesto etiquetado con perspectiva de género; presupuestos transversales etiquetados para hacer efectivos los derechos de las mujeres; creación del Observatorio Ciudadano de Mujeres como órgano de Contraloría social; justicia redistributiva que acorte la brecha de desigualdad entre la población; políticas públicas basadas en los principios de igualdad sustantiva.

También, garantía del derecho a un medio ambiente limpio y saludable y con una perspectiva metropolitana; la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a la auto adscripción y autoidentificación; paridad sustantiva horizontal y vertical con igualdad de oportunidades en la representación popular, órganos administrativos y jurisdiccionales, así como otros mecanismos de potenciación de las mujeres; derecho a la cultura y a la libertad de expresión; respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres; seguridad pública basada en un paradigma de seguridad ciudadana y combate frontal contra la corrupción entre otros.

En el documento informan que se acordó en la red LCCDMX dar continuidad en el seguimiento de armonización en la política pública, leyes reglamentarias y observación de su cumplimiento; conformar un equipo de observación; demandar un plebiscito o referéndum que legitime la constitución redactada y desplegar en territorio el trabajo deliberativo hacia una Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la ciudad de México; promoción de una ética y cultura feminista; avanzar en un diagnóstico participativo feminista regional y vincularse con diversos grupos y organizaciones de mujeres para el cumplimiento de su propósito central sobre la constitución y su seguimiento.

En la reunión participaron las candidatas a la AC,  Irma Lara postulada por Morena; Marcela Lagarde, Lol Kin Castañeda, Tohyanene Ledesma, candidatas por el PRD; Orfe Castillo y su suplente Elsa Conde, candidatas independientes, Gabriela Delgado y Gloria Careaga  candidatas externas de Movimiento Ciudadano entre otras, quienes se comprometieron a hacer suya y promover la adopción de la agenda feminista de llegar a ser electas como asambleístas para la redacción de la nueva Constitución de la ciudad de México.

 

Frente al proceso Constituyente en la Ciudad de México «cooptado por la partidocracia» se convocará a una Constituyente Feminista, «democrática, ciudadana, diversa y popular»

Rosa Rojas

El proceso hacia la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México (ACCDMX) ha sido «cerrado, cooptado, pactado» entre los partidos políticos de izquierda, centro y derecha «a puertas cerradas, no representa a la ciudadanía», por lo que mujeres feministas de la capital mexicana están llevando a cabo un proceso abierto «rumbo a la constituyente paritaria: por una Constitución democrática, popular, ciudadana, diversa y feminista” que vaya más allá de la emisión de un voto el 5 de junio. «No estamos ligadas a ningún partido ni al gobierno de la ciudad», precisaron integrantes de la comisión organizadora del colectivo Las Constituyentes CDMX.

En conferencia de prensa informaron que el Segundo encuentro de Mujeres hacia la constituyente feminista y de mujeres de la CDMX – con la participación los días 13 y 14 de mayo de cerca de un centenar de mujeres y algunos hombres en 10 mesas de trabajo- culminará con la convocatoria para efectuar la citada asamblea durante el mes de julio, cuyas conclusiones definan «qué instituciones, qué gobierno y qué ciudad queremos» así como los mecanismos de participación ciudadana que deben ampliarse, que se entregarán a las y los asambleístas para que las tomen en cuenta en la elaboración de la Constitución local.

La ACCDMX sesionará a partir del próximo 15 de septiembre y deberá concluir a más tardar el 31 de marzo de 2017, a partir de la discusión del proyecto que envíe el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. La premisa del encuentro hacia la Constituyente Feminista es «ni un paso atrás en los derechos ya conquistados», subrayaron Mar Cruz, Esther Tovar, Adriana Luna Parra, Yndira Sandoval, Chantal Lecona y Yazmín Pérez Haro, algunas de las participantes en la rueda de prensa.

Plantearon que como se ha dado el proceso hacia la Constituyente se corre el riesgo de que haya mayoría de personas de la derecha y la ultraderecha, sean del partido que sean, entre las y los asambleístas, por lo que llamaron a organizarse y movilizarse para evitar retrocesos como el que se pretende imponer en Veracruz, donde con la iniciativa de la arquidiócesis católica de Xalapa se está tratando de dar marcha atrás al derecho de las veracruzanas de interrumpir un embarazo producto de una violación. «Condenamos la intervención de la arquidiócesis», afirmaron. Ellas son parte de quienes organizaron un mitin de protesta ante la delegación de Veracruz en demanda de parar esa violación a derechos ya conquistados.

Enfatizaron que «la partidocracia tiene secuestrado el proceso hacia la Asamblea Constituyente» si bien hicieron un reconocimiento a las mujeres feministas y progresistas que defienden los logros de las capitalinas y coadyuvan para tratar de impedir que se imponga una agenda «conservadora, patriarcal y machista».

La Constituyente Feminista hará una evaluación de las prácticas políticas partidistas porque los partidos sólo están llamando a la emisión del voto el 5 de junio pero de lo que se trata es de hacer una profunda reflexión política para construir una ciudadanía participativa porque este es un proceso que no se agota con la emisión del voto el 5 de junio. Después habrá que decidir qué pasa con las alcaldías, con los pueblos, los barrios…

«somos una respuesta rebelde ante la falta de democracia que ha habido en este proceso», afirmaron.

Indicaron que la Constituyente Feminista no es un coto cerrado sino que está abierto a todos los feminismos para su participación, lo que no ha ocurrido en las consultas organizadas por el gobierno local y algunos partidos, incluso uno en el Senado, que han sido cerradas -como ocurrió con un foro de Inmujeres-CDMX que fue para expertas y por invitación-, si bien reconocieron que ha habido otros foros, éstos, dijeron «han sido insuficientes, con poca participación, la ciudadanía no sabe para qué están llamando a votar el 5 de junio, la base no está interviniendo», afirmaron.

Informaron que en este proceso han realizado foros delegacionales y regionales que se continuarán en el proceso hacia la Constituyente Feminista.

En su convocatoria para este encuentro, afirman que la primera Constitución de la Ciudad de México debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos conquistados por las mujeres en la CDMX, hasta hace muy poco tiempo negados, como «el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo, el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción. Revindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas».

«Como parte de los movimientos y organizaciones urbano-populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jóvenas y mayores organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión y en nuestros hogares, hemos sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión, al plantear con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para nosotras», y el proceso de la Constituyente Feminista es «un esfuerzo por continuar y consolidar el trabajo emprendido».

Ello para definir un piso mínimo de consensos en torno a ejes estratégicos (contenidos) que deben recogerse en la nueva Constitución y en los proyectos de Ciudad que se debaten y construir la ruta de incidencia  y reforzar el proceso organizativo del movimiento necesario para influir en los contenidos de la Constitución y los procesos constituyentes en curso.

Para enfrentar a la derecha el gobierno de la Ciudad de México debe propiciar la participación popular en la elaboración de la Constitución local: Foro de Inmujeres

Rosa Rojas

La ciudadanía de la Ciudad de México (CDMX) debe estar preparada para defender los irrenunciables derechos ya conquistados en largos años de lucha, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que éstos sean incluidos en la Constitución que será elaborada por la Asamblea Constituyente (AC), se planteó durante el foro Democracia e igualdad de género en las constituciones latinoamericanas.

En el evento -realizado los días 28 y 29 de abril, organizado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres de la CDMX y ONU Mujeres- se hicieron serios cuestionamientos por parte de algunas participantes a la forma en que se constituirá la AC, señalando que «más que  una asamblea constituyente es una asamblea constituida» pues de 100 diputados/as sólo 60 serán electos por el principio de representación proporcional y 40 serán designados: 14 por la Cámara de Diputados y 14 por la de Senadores; seis por el presidente de la república y seis por el jefe de gobierno de la CDMX. «Eso es violatorio de nuestro derecho al voto», se dijo e incluso se cuestionó la legalidad del proceso constituyente en marcha, además de si es oportuno que se lleve a cabo en este momento.

A estos cuestionamientos, la Secretaria del Trabajo de la CDMX, Amalia García, contestó señalando que «la composición de la Constituyente no es la deseable sino la posible», que había una resistencia para que se hiciera una Constitución que se requiere para la CDMX, porque, ejemplificó, los avances de política pública que se lograron en Zacatecas siendo ella gobernadora «no se plasmaron en una Constitución y en el momento que cambió el gobierno, desaparecieron… los avances ganados en el DF pueden desaparecer porque están en leyes secundarias», apuntó.

Durante el primer día hubo un «conversatorio nacional» en el que participaron especialistas mexicanas: la ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero; Marta Lamas, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Ana Laura Magaloni de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Elsa Conde, de Ciudad Feminista.

Hubo también un «conversatorio internacional» con participación de la abogada feminista y ex asambleísta de Ecuador, María Paula Romo; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Verónica Uriona; la Coordinadora de Análisis Estratégico del PNUD -guatemalteca- Catalina Soberania y la Jefa de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU Mujeres, Catalina Soberanis.

El segundo día cerca de un centenar de asistentes al foro participaron en discusiones en 10 mesas sobre derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las mujeres, haciendo análisis y propuestas para la Constitución de la CDMX.

La participación en este foro fue sólo por invitación, por lo que una de las conclusiones de las mesas que tuvieron lugar el segundo día fue que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realice una serie de foros abiertos, con amplia participación de personas y organizaciones sociales para informar del proceso constituyente, recoger las propuestas ciudadanas sobre qué tipo de Constitución se quiere y los derechos y obligaciones tanto del Estado como de la ciudadanía, que, se afirmó, debe tener una participación vinculante, mediante la creación de consejos y cabildos, en la toma de decisiones de las autoridades para la elaboración y ejecución de políticas públicas y el ejercicio de los derechos.

Asimismo se exigió que a todo derecho consagrado en la Constitución de la CDMX deberá corresponder un presupuesto que permita garantizar su ejercicio para que no quede en letra muerta.

Debe haber, se subrayó, una movilización social desde abajo, abrir el debate sobre los derechos ya ganados para que haya una amplia participación en este proceso porque «la derecha se está preparando para dar marcha atrás a conquistas de las mujeres como la ILE o el matrimonio igualitario», el estado laico, para anular derechos como a la salud, a la educación o al agua mediante la privatización.

Se planteó que la Constitución deberá tener perspectiva de  género, que debe haber progresividad en los derechos, que se debe avanzar en la paridad y combatir y castigar la discriminación económica, social, laboral, cultural, de las mujeres. Se debe exigir que todos los funcionarios públicos tengan perspectiva de género, que sea el Estado el que se haga cargo del cuidado de las personas, niños/as, personas mayores, discapacitadas, que ahora está bajo la responsabilidad de las mujeres.

Debe plasmarse el derecho a la vivienda tomando medidas para evitar la expulsión de las personas de bajos ingresos de sus colonias y barrios por la especulación de las inmobiliarias; derecho a los espacios públicos a un medio ambiente sustentable y a políticas públicas  para la atención a las personas mayores, a las mujeres en reclusión, a una educación integral con perspectiva de género y educación sexual , a una vida libre de violencia.

Se planteó asimismo que debe remarcar el derecho a la autonomía y a la autodeterminación; respeto a los usos, costumbres y cultura de los pueblos indígenas que no contravengan los derechos de las mujeres; retomar en la Constitución de la CDMX los tratados internacionales y las obligaciones y recomendaciones que de ellos emanan, entre otras muchas propuestas.