Cacerolazo feminista en Cuernavaca

Rosa Rojas

1 diciembre 2019 0

Fotos: Rosa Rojas

Cuernavaca, Morelos, 1o de diciembre. Esta tarde a un costado del palacio de gobierno de Morelos y frente a la Catedral de Cuernavaca unas 300 mujeres, jóvenes en su gran mayoría, escenificaron en un Cacerolazo feminista, el performance «Un violador en tu camino», creado por el grupo feminista chileno Lastesis, pero adaptado al contexto local.

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la violencia Contra la Mujer, en un mensaje al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco y diversos funcionarios, manifestaron su «hartazgo» de que su gobierno, el Instituto de la mujer estatal, el Fiscal General y la Fiscalia Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio «no estén generando medidas que garanticen, eliminen y erradiquen» la violencia que viven en lo cotidiano las mujeres.

«Estamos cansadas de ver que sus eventos sólo quedan en firmar acuerdos, discursos alejados de nuestras realidades» sin que se vean resultados verdaderos a 4 años de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que hay en 8 de los municipios del estado, que ocupa el séptimo lugar de los estados con más feminicidio.

Mencionaron que del año 2000 al 31 de julio del 2019 se han registrado feminicidios en 32 de los 33 municipios de la entidad, incluyendo los 8 donde se decretó la AVG, violencia que les deja ver que en Morelos «no estamos seguras en ningún sitio».

Los 10 municipios con mayor número de feminicidios son Cuernavaca con 197, Jiutepec con 90, Temixco con 74, Yautepec con 59, Cuautla con 58, Xochitepec con 46, Puente de Ixtla y Emiliano Zapata con 41 cada uno, Jojutla con 36 y Tepoztlan con 32 casos.

Para evidenciar esto se organizó este Cacerolazo Feminista, señalaron, manifestando también su rechazo a que la Comisión de Igualdad de género del Congreso estatal sea presidida por el diputado Marcos Zapotitlán del Partido Encuentro Social, «quien ha hecho comentarios misoginos y no ha respetado el estado laico en sus discursos».

Reclamaron que deje de existir impunidad, poder acceder a la justicia digna y una verdadera reparación de daños «tanto para nosotras como las hijas, hijos y familias de las mujeres que ya no están».

«Ahora que estamos juntas, organizadas y que sí nos ven, sabemos que vamos a tirar al patriarcado, a este gobierno feminicida y a la sociedad indiferente», afirmaron.

Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llama a feministas a unirse a la lucha de familiares de desaparecidos

Yan María y Norma Andrade Foto: Rosa Rojas

Rosa Rojas

Un feminismo radical “no es la práctica de pedir derechos ni de empoderarse en la casa del amo”, es una historia y un cuerpo de conocimientos para un proyecto civilizatorio completamente distinto al actual sistema patriarcal y su absolutismo masculinista que ha construido el “des-orden civilizatorio de injusticia, violencia y depredación recurrente que marca la realidad” actual.

Por contra, el feminismo institucional, cuya tarea fue incorporar a las mujeres a las organizaciones sociales preexistentes y partidos políticos, definió desde 1983 la política de las mujeres como lo que “concierne fundamentalmente a la distribución del poder en la sociedad patriarcal” y a medida que desarrolló sus proyectos en estrecha relación con las instancias de poder –Estados, agencias para el desarrollo, organismos internacionales- recibiendo sus beneficios, generó una corriente hegemónica que subsume a muchos sectores del feminismo en sus estrategias, manejos de recursos y metodologías de trabajo, imponiendo “mesura y buen comportamiento”, desmontando los mecanismos autónomos de articulación y fragmentando y destruyendo las prácticas de resistencia y gran parte de la capacidad subversiva del feminismo.

Así lo planteó la feminista radical Ximena Bedregal, durante el homenaje post mortem que el Archivo e Interpretación Histórica del Movimiento de Lesbianas Feministas (AIHMLF) en México 1976-2018 Yan María Yaoyólotl, organizó en honor de Marcela Olavarrieta, fundadora del grupo Acratas, de lesbianas feministas, en 1976.

En este acto también participaron, entre otras ponentes, Norma Andrade, luchadora contra el feminicidio, fundadora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la desaparición de su hija Lilia Alejandra, quien fuera asesinada en 2001 e integrante del Grupo de Acción Por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC y la propia Yan María Yaoyólotl.

Andrade, en su exposición, explicó que está apoyando la huelga de hambre iniciada el 16 de enero frente a la Secretaría de Gobernación por un grupo de madres de desaparecidos que exigen que dicha dependencia cumpla una serie de demandas, entre ellas el rescate de los cuerpos que se han localizado en fosas clandestinas en diferentes estados, atención a familiares de las víctimas y la operación de una de las madres que padece miomas.

Mencionó que ahora incluso hay una Comisión para buscar a las víctimas “ya tenemos infraestructura, ya tenemos las leyes pero no hay voluntad política” para atender a familiares y encontrar a los 33 mil desaparecidos que hay en el país. Subrayó que el movimiento lésbico feminista en el que participa Yan María ha apoyado a las madres de desaparecidos y les ha enseñado muchas cosas, entre ellas la importancia de hacer expedientes sobre los casos de desaparecidos.

Llamó además a las feministas a apoyar el movimiento de las y los familiares de desaparecidos ante la falta de atención de las autoridades. Subrayó que en 2017 hubo 798 ejecutados en Ciudad Juárez, Chihuahua de los que 98 eran mujeres, y que hay un gran número de huérfanos por esa violencia, no hay un censo de ellos, por lo que debe haber quienes, como sociedad, se preocupen por ver qué pasa con esos niños. “Así como con su lucha consiguieron el aborto yo les pido que como feministas se unan a nuestra lucha”, añadió Andrade.

Al respecto, Yan María apuntó que las lesbianas feministas “somos mujeres y nos interesan los asuntos de las mujeres”, criticando que los movimientos de la diversidad sexual han dejado estos asuntos por fuera.

En su exposición Bedregal Sáez mencionó que la corriente feminista radical implica una visión y una postura crítica de la macrocultura patriarcal que no omite el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones, las ciudades, las patrias, las herramientas del sistema patriarcal.

Sin embargo, dijo, esta posición crítica podría constituirse en un acto sólo intelectual o hasta doloroso si no se funda y sostiene en la práctica política de relación entre mujeres, “única relación donde nuestros cuerpos se integran, donde encontramos las palabras para nombrar nuestras experiencias, donde nuestra crítica radical a la cultura vigente se ve cobijada y sostenida y donde nuestras experiencias cobran sentido, potenciando así imaginación en libertad, posibilidad de mundo propio, de mundo para sí”.

Para un feminismo radical la práctica política de las mujeres implica la relación entre mujeres para construir libertad femenina desde la cual se haga posible crear lo no creado, fundar lo no fundado en relación con otras, indicó.

Relató que este feminismo radical nació de la práctica de los grupos de autoconciencia, donde las experiencias de vida de las participantes, la mayoría de las veces dolorosas, dejaban de ser un desquicio femenino para, en el diálogo y el compartir con sus hermanas mujeres, pasar a ser, apenas, una marca de la apropiación patriarcal de sus cuerpos y sus vidas; descubrimiento de suyo liberador.

Sin embargo hay quienes buscaron incorporar a las mujeres a las organizaciones de lucha preexistentes “sin visualizar el carácter profundamente misógino, patriarcal y jerárquico de esas instancias”. “Ahora se trata de que la feminidad patriarcal tenga una buena cotización en la bolsa de valores masculinos, devolviendo así a las mujeres a la sombra de una historia iluminada por los proyectos e instrumentos de los hombres y haciendo circular a las mujeres en un mercado que no es nuestro y donde nuestra corporalidad sigue sin tener significado ni valor propio”, subrayó.

Mencionó que todo esto se configuró paralelamente a lo que en América Latina se llama “las aperturas democráticas (el fin de las dictaduras militares) que no es otra cosa que la reordenación político económica y espacial del patriarcado capitalista para entrar en su fase mundialista.  Esta reordenación no sólo requiere de la recuperación del espacio económico y físico con sus invasiones y guerras de extramuros, sino además, y en igual importancia, en la recuperación y disciplinamiento de los terrenos de la resistencia”.

Así la década de los 90 estuvo marcada por una apuesta central, impulsada desde espacios de poder y, agazapada tras un aparente ejercicio de diversidad, pluralidad y democracia para desmantelar toda apuesta político/filosófica que le permita al feminismo tanto avanzar en transformaciones radicales que afecten la macrocultura como inventar nuevos caminos para el ser mujer en el mundo, para la construcción de la libertad femenina.

Bedregal mencionó que de manera consciente o inconsciente,  feministas de las corrientes hegemónicas fueron –y siguen siendo- constructoras activas de esta nueva política. La Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijíng (1995) “fue el punto de inflexión definitivo así como la negación del concepto de patriarcado junto al reemplazo del feminismo por el concepto de perspectiva de género y a la adopción de esta palabreja por las instancias de poder terminaron por abrirle nuevamente y de par en par las puertas a lo más rancio, violento y brutal del patriarcado”.

Recordó que incluso alguna feminista no radical como la costarricense Alda Facio escribió: “La incorporación de los discursos de género en las instituciones de la oligarquía internacional como el BM o el BID y el FMI, ha permitido que puedan seguir con sus planes de ajuste estructural sin la oposición del movimiento feminista porque lo está haciendo con perspectiva de género”.

Afirmó Bedregal que “hoy incluso prima una suerte de antifeminismo con perspectiva de género” y que al amparo del postmoderno feminismo de la igualdad, el género y el empoderamiento, “hoy la masculinidad se enseñorea por doquier usando su fuerza para negar ya sin tapujos el cuerpo de las mujeres”. Véase, dijo, el transfeminismo que niega a las mujeres para erguir a cuerpos de varón como las “verdaderas” mujeres porque, dicen, “lo son por voluntad y no por nacimiento; la maternidad subrogada que hace del cuerpo de las mujeres sólo el receptáculo de la voluntad del varón; la feminidad como performance desligada del cuerpo biológico; la prostitución como supuesto acto de ejercicio libre y voluntario del cuerpo, el hostigamiento sexual como una simple torpeza de la emotividad masculina que no tiene nada que ver con cómo se concibe la corporalidad femenina, el feminicidio como un conjunto, en el mejor de los casos, de locos sueltos y agresivos, etc”.

Añadió que la crisis que hoy vivimos es de una gravedad enorme y tiene dimensiones planetarias y civilizatorias, de ahí la creciente necesidad de profundizar la reflexión crítica de la macrocultura patriarcal; la necesidad de recobrar la autogestión de nuestros saberes por encima del saber académico que ya es incapaz de leer la realidad y menos aún de plantear alternativas. De allí la necesidad de recuperar el cuerpo, y antes de que terminen de robárnoslo recobrar su sentido de instrumento indispensable para tocar la vida, repensar su sentido y su valor en la creación de un sentido libre de ser mujeres.  De allí la necesidad imperiosa de crear lo no creado, pensar lo no pensado, fundar lo no fundado, de traer el mundo al mundo y esto para las mujeres sólo es posible en la práctica de relación con otras, en y desde la creación de espacios de construcción colectiva de libertad femenina.

Yan María en su intervención en el homenaje, efectuado el pasado sábado- recordó que Marcela Olavarrieta fue “quien estableció las bases teóricas y prácticas del Movimiento Feminista Radical Anarquista Separatista y la trascendencia del amor político entre mujeres como principio fundamental para edificar al feminismo” y que el Movimiento de Lesbianas Feministas en México (MLF) cuenta con 42 años de lucha ininterrumpida basado en el principio de autonomía política.

Aclaró que el amor político entre mujeres “no es sexo; el sexo entre mujeres es el homosexualismo femenino y el feminismo lésbico es amor político entre mujeres” y comentó que Olavarrieta planteó en su tiempo la abolición de la familia, la creación de comunas y cooperativas y ya en 1976 “previó que el patriarcado iba a coptar el feminismo y lo iba a utilizar en contra de las propias mujeres”.

Yan María aseveró que el generismo académico incluso ha eliminado el concepto de patriarcado. Llamo a las feministas lesbianas a crear organizaciones para resistir los embates del sistema patriarcal, conjuntamente con los movimientos obreros, campesinos e indígenas, como el zapatista. Ella es integrante del Comité de Lesbianas Feministas Zapatistas que  apoya la candidatura a la presidencia de la República de María de Jesús Patricio, propuesta por el Congreso Nacional Indígena.

Ximena Bedregal Foto: Rosa Rojas

El Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denuncia que se prepara una orden de aprehensión en su contra

  Foto: La Jornada

Rosa Rojas

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, aseveró hoy que se está preparando una orden de aprehensión en su contra que promovería la Fiscalía Anticorrupción acusándolo de malversar mil 800 millones de pesos del presupuesto universitario durante 2014.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Segunda Feria del Libro UAEM «Sembrando futuro», que se realiza en el campus principal de la institución en la ciudad de Cuernavaca,  indicó que la presunta orden de aprehensión se derivaría de que «justo cuando estábamos en la exhumación de los cuerpos de Tetelcingo (a mediados de 2016 labores en las que la institución apoyó a familiares de desaparecidos para la exhumación de cadáveres de una fosa clandestina gubernamental N. de la R.) coordinaron de manera facciosa una auditoría donde no me dieron a conocer las observaciones de la misma, y me llamaron a una audiencia de solventación sin que conociera yo de las observaciones».

Añadió que se le está queriendo aplicar  «una ley como servidor público que no me aplica, donde me quieren aplicar una ley de deuda pública que tampoco me aplica, y donde no han podido demostrar ningún faltante, ningún desvío de recursos en donde yo haya malversado los fondos de la Universidad con fines de un enriquecimiento ilícito; todo indica que es algo que está orquestado; seguramente en su momento estaremos ya dando nosotros los pormenores de estas actuaciones facciosas».

Cuestionado sobre cómo cree que se podría concretar esa orden de aprehensión, Vera Jiménez comentó que podría ser como «lo que hicieron con el alcalde de Cuautla, llevarme ante una audiencia de un juez de consigna que me va a declarar la prisión preventiva, no porque me condene sino porque me están imputando mil 800 millones de pesos; quiere decir que me robé más del presupuesto de la Universidad y los trabajadores están tranquilos porque no les pague su salario» durante todo ese año.

Esa acusación es «un absurdo, nuestro presupuesto no llega a mil 800 millones de pesos y me imponen mil 800 millones de pesos, lo cual habla, además de la torpeza, así como no saben contar muertos, porque está claro, decían que en las fosas de Jojutla habían 35 (cadáveres) y ya van 60 y pico, restos humanos de cuerpos diferentes y sigue habiendo más, pues tampoco saben contar pesos y centavos porque siempre les sobran a su favor».

Se le preguntó si solicitará amparo contra esa presunta orden de aprehensión y contestó que él está siguiendo una estrategia de defensa legal y utilizaría ese recurso si sus abogados lo recomiendan «pero cuando se corrompe todo en un estado, ya no tenemos garantías de contar realmente con un derecho que nos asista ¿no? Entonces estamos buscando la manera de enfrentar y de que este asunto realmente lo atraiga la Federación y que la Federación, así como se llevó lo de Sedesol (un caso donde hubo también acusación de malos manejos ) donde se llevó a la PGR  y entregamos la información, nosotros solventamos todo lo que teníamos que solventar y no se ha determinado ninguna orden de aprehensión en mi contra».

Respecto a la situación de violencia e inseguridad que ha repuntado, a pregunta expresa sobre si considera viable que el ejército intervenga para combatirlas, el Rector de la UAEM comentó que «sí tenemos que articularnos con la Federación, sí tenemos que buscar el apoyo por parte de la Federación pero no del ejército».

Durante la inauguración  de la Segunda Feria del Libro UAEM el escritor Paco Ignacio Taibo II dio una charla sobre cómo la lectura influenció su vida desde la infancia. En la feria participan más de 50 editoriales y se llevarán a cabo una treintena de presentaciones de libros, talleres y actividades culturales y musicales, tanto en el campus norte como en el Museo de Arte Indígena y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. En éstos últimos se realizarán los días 29 y 30 de este mes actividades con motivo de la Feria del Libro Infantil y Juvenil «lectores del Futuro» de la UAEM.

 

Paramilitares atacan Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca; hay cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos: CNDCCHIM

Rosa Rojas

La congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María Chimalapa, fue atacada el viernes 24 enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes del estado de Chiapas, con un saldo -hasta el momento- de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y seis comuneros desaparecidos denunció el Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM).

Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de nuevo San Andrés, sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado «el ejército Chamula».

El CNDCCHIM agregó, que de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Cintalapa, Chiapas.

La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, «llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, pero quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la asamblea de Santa María».

Recordó que desde 2014 el CNDCCHIM en un comunicado público emitido el 12 octubre, día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció «tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha bio-región».

En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite este del territorio comunal de Santa María Chimalapa, «de un grupo de corte paramilitar denominado ´el ejército Chamula´ al parecer bajo las órdenes de un pseudo ecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado ´Los Ocotes´, donde con apoyo de autoridades ambientales (CONANP-CONAFOR) y del gobierno de Chiapas, ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo».

Asimismo se consignaba que la denuncia pública «emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa».

El comunicado del CNDCCHIM, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante, y el coordinador regional Miguel Angel García, demanda difundir estos hechos correr la voz y estar alertas y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el subsecretario de la Secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz; así como a las comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

 

 

«Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación» la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que «gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa», Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, «fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación».

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato «negligente y discriminatorio», afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, «máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que «fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre».

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- «quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres». 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

Pese a la AVG, en Morelos aumentan los feminicidios por «omisión, negligencia y simulación» del Estado: CIDHM

Rosa Rojas

De izquierda a derecha: Emma Villalba de Servicio, Paz y Justicia de Tabasco; Alfonso Leija del Movimiento LGTB; Paloma Estrada Muñoz de CIDHM; Ligia Flores, de la Confederación de Jubilados. Foto: Rosa Rojas.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), denunció que a prácticamente un año y medio de haberse decretado la alerta de violencia de género (AVG) en ocho municipios de la entidad -el 10 agosto de 2015- se ha incrementado la violencia feminicida e incluso 2016 fue el año más violento para las mujeres, con 97 feminicidios, desde que se lleva el seguimiento de estos crímenes a partir del año 2000.

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de investigación de dicha asociación civil subrayó que hay un balance negativo de las medidas concretas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno de acuerdo al decreto de AVG, denunciando que por parte de las autoridades morelenses ha habido «omisión, negligencia, simulación, en las medidas de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación del feminicidio».

Aseveró que casi el 100% de los 775 feminicidios registrados tanto por las autoridades como por la CIDHM del 2000 a diciembre de 2016, permanecen impunes. De esos casos sólo 271 son referidos por el gobierno del Estado y 530 habían sido registrados por la organización hasta el momento de solicitar la AVG. Algunos casos fueron registrados por ambas instancias.

En conferencia de prensa, Estrada mencionó que mientras no se reconozca el número total de feminicidios en Morelos se estará lejos de la verdad como derecho humano y lejos también de la justicia. En cuanto a la reparación integral, el reporte de la organización menciona que las autoridades informaron el 9 de marzo de 2016 que «la Comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos realizó la primera reparación económica por compensación subsidiaria de un homicidio cometido en el año 2010, el cual reúne las características de un feminicidios».

Subraya que este es sólo un caso de los 530 feminicidios registrados por la CIDHM hasta junio del 2013 y de los 271 registrados por la Fiscalía General del Estado, lo que representa el 0.18 y 0.36% respectivamente, «pero mientras la reparación integral o restitución integral del daño sea vista únicamente como una compensación económica, lejos estaremos de su objetivo y de garantizar los derechos humanos a las mujeres, a sus familias y a la sociedad».  Anota que además de los 530 casos que se tenían registrados del 2000 a junio del 2013 ahora hay que agregar 156 feminicidios más ocurridos de julio del 2013 al 10 febrero 2016, los que aunados a los 89 registros de la base de datos de la fiscalía da el total de 775 feminicidios.

Estrada mencionó que si bien las causas estructurales de la violencia feminicida están asociadas al sistema patriarcal y capitalista de injusticia social y desigualdad que estamos padeciendo no implica que haya que esperar hasta su modificación para ver un cambio en cuanto al respeto a los derechos que como mujeres se debe tener por parte del Estado. El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de gobierno, agregó.

Algo que es real y contundente apuntó, es que la violencia feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los derechos humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus derechos humanos. La violencia feminicida cuando no se detiene, se expande hacia otros sectores y termina incrementando los niveles y las formas, como es el número creciente de mujeres desaparecidas con fines se trata de personas que debe ser atendido por la discriminación y la explotación sexual.

Apuntó simismo que la violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ido presentando lo largo de los años. Son dijo, 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio. Los únicos municipios que no figuran en el registro de la organización son Mazatepec y Zacualpan; los 10 municipios con mayor número de feminicidios son: Cuernavaca con 152, Jiutepec con 75, Temixco con 51, Cuautla con 48, Yautepec con 42, Xochitepec con 36, Puente de Ixtla con 31, Emiliano Zapata con 30, Tepoztlán con 28 y Jojutla con 26.

El informe de la Comisión subraya  que cada muerte violenta de mujeres en Morelos debe ser investigada de acuerdo al protocolo de feminicidios y de la revisión de los casos se concluye que no ocurre así; por el contrario, se revictimiza y se estigmatiza a quienes pierden la vida.

«Por eso es que resulta indignante que en plena AVG se sigan reproduciendo mensajes equivocados de las autoridades. Hemos realizado una investigación que es pública sobre el feminicidio en Morelos durante casi 16 años y observamos cómo las autoridades siguen sin valorar los alcances de esta violencia feminicida».

Concluye afirmando «de manera contundente que no puede haber una sociedad de derechos cuando se desconoce por parte de autoridades y funcionarios sus obligaciones, tareas y responsabilidades, cuando no se asumen medidas para elaborar un diagnóstico integral de los tipos y modalidades de violencia que existen y disponer de los instrumentos necesarios para enfrentarlas».

Añade que la sociedad en Morelos ha dado muestras de sensibilidad y preocupación por las graves consecuencias de la violencia feminicida «por lo que podemos asegurar que la conciencia social ha crecido y ese es un indicador de que la AVG tiene sentido y razón, por lo que de la capacidad de transformar la indignación en conciencia organizada desde abajo, dependerá que se obligue al gobierno a tomar todas las medidas urgentes y necesarias para que ninguna mujer sufra la violencia feminicida que deberá ser erradicada desde la raíz si queremos construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos».

 

 

85 mujeres jóvenes han desaparecido en Morelos desde 2012; el gobierno estatal niega que haya un problema de trata de personas: CDHDO

 

Cuernavaca, Mor., 15 de noviembre., En lo que va del gobierno de Graco Ramírez -que inició en octubre de 2012- han desaparecido en Morelos 85 jovencitas, de ellas seis en el último mes; en el estado hay un problema de trata de mujeres que el gobierno estatal niega, «la Fiscalía dice que estamos inventando y el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dice que se van con el novio» denunció  Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO).

Entrevistada en el marco del Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales, comentó que hay un corredor de trata, con lo que se denomina «giros rojos», en las zonas sur y en  el oriente de la entidad, hacia los estados de Puebla y Veracruz. A la cabeza de este problema van los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, precisó.

«Aunque la Fiscalía dice que estamos inventando, los datos se extraen de las mismas fichas de la dependencia», agregó Díaz Pineda, explicando que de los casos que manejan sólo hay dos en los que las familias subieron directamente las fotografías de las jóvenes desaparecidas a internet. Apuntó que si fuera el caso de que las jóvenes desaparecidas se haya ido con el novio «la situación es más grave, hay que ver por qué tantos novios están llevándose a las chicas, dado que hay no sólo comercio sexual sino trabajo esclavo en la agricultura o en casas, tráfico de órganos…».

Indicó que la Fiscalía afirmó haber encontrado a dos de las chicas que se fueron en octubre, una dicen que se fue con el novio y otra huyendo de la violencia en su casa, pero no proporciona más datos de qué fue lo que ocurrió con ellas. Y hablan de dos niños que fueron sustraídos por el papá, pero nosotras sólo hablamos de niñas, comentó.

Mencionó que el CDHDO está de acuerdo con el pedido de Javier Sicilia -dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)- en que «deben investigarse los giros rojos para ver si no hay entre las mujeres enfermedades de transmisión sexual y en que se haga un banco de datos de ADN para que cuando la familia de una desaparecida vaya a denunciar se haga una fiscalización pronta, porque las 72 horas que da la Fiscalía son tremendas, en ese tiempo no sólo pueden sacarla del estado sino del país».

Informó Díaz Pineda que el CDHDO empezó a hacer investigación sobre las desaparecidas a raíz de la investigación de la UAEM sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, bajando información de internet de desaparecidas de hasta 29 años -el grueso de las desaparecidas tiene entre 13 y 17 años- y hay una niña de 6 años.

Detalló que las fosas de Tetelcingo empezaron a abrirse a principios de este año, por orden de un juez, ya que la Fiscalía se negaba a ello, y encontraron además del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, a quien buscaba su familia, los de 117 personas más, entre ellos el de una niña de 10 años quien «se presume estaba en situación de trata porque tenía las uñas pintadas con esmalte permanente» y cuyo cuerpo no ha sido reclamado.

Añadió que con el ADN de los cuerpos encontrados en Tetelcingo la UAEM hizo un primer banco de datos, junto con la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría General de la República. Ahora falta que cada que una familia vaya a denunciar una desaparición se pueda hacer el cruce de los datos, eso es algo que se tiene que hacer a nivel nacional; comentó que existe un banco de ese tipo, la Plataforma México a nivel federal, «pero no se alimenta continuamente».

 

 

 

 

Urge fincar responsabilidades a autoridades morelenses por la inhumación clandestina de 117 cuerpos en las fosas de Tetelcingo y esclarecer las causas de esas muertes

• La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador Graco Ramírez información sobre esos hechos

Rosa Rojas

En un episodio que ejemplifica la descomposición institucional que impera en el Estado de Morelos, el pasado 3 de junio concluyeron los trabajos de exhumación de cuerpos en las fosas del panteón de Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde habían sido inhumados en forma clandestina por la Fiscalía General de la entidad.

De esa fosa fueron rescatados 117 cuerpos, tras 12 días de trabajos ininterrumpidos. «El Fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón, informó que entre los restos hallados hay un feto, un bebé y un menor y extremidades que podrían aumentar la cifra, por lo que se harán pruebas a los 117 cuerpos para obtener una respuesta certera», según informó el sitio web 24 horas mx.

El horror de lo que significa el contenido del párrafo anterior ejemplifica dos cosas: la primera, que en esa nota el fiscal, que es parte de los responsables de la inhumación clandestina, sin reportes forenses, sin pruebas de ADN de los cuerpos sin identificar, no habla de fincar responsabilidades ante tantas irregularidades que conforman delitos; no menciona que se hará una investigación, que se castigará a los responsables de esos hechos monstruosos, quizá porque el fiscal tendría que investigar a su propia dependencia. Pero tampoco se ha tenido noticia -espero estar equivocada- de que el gobernador, Graco Ramírez, haya declarado que se investigará y castigará ejemplarmente esos delitos para evitar su repetición.

La segunda cuestión es que existe una enorme insensibilidad por parte de autoridades nacionales que prácticamente se han mantenido al margen de esa investigación, quizá porque México está convertido en una enorme fosa clandestina, donde ocurre que cuando un grupo de familiares, porque eso normalmente no lo hacen las autoridades responsables, emprende la búsqueda de sus desaparecidos, que se calcula son más de 27 mil y contando- encuentra fosas con restos humanos.

Entonces hay una especie de «normalización», por decirlo de alguna forma, de la mirada sobre estos descubrimientos. Se toma nota por parte de las autoridades, si es que lo hacen, los familiares hacen gestiones para que se analicen los restos y a lo que sigue. ¿En qué momento perdimos el país, en qué momento acabo el horror siendo parte de nuestra cotidianeidad, cuándo ocurrió que sea «lo normal» que se encuentren restos humanos esparcidos en tantas fosas y la impunidad campee por sus fueros y muchos ciudadanos y ciudadanas prefieran no enterarse de esa información quizá para no preocuparse, hasta que la desaparición de alguien de su familia o conocido toque a su puerta?

Se abre sin embargo un pequeño resquicio en el caso de las fosas de Tetelcingo: de acuerdo a una información de la agencia oficial Notimex del 8 de junio, la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez y a la Fiscalía General de la entidad, información sobre el avance de las investigaciones de los hechos relacionados con dichas fosas.
El citado acuerdo también solicita a las autoridades competentes garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se resalta la necesidad de que, tras la exhumación de los cadáveres sepultados de forma irregular, se determine la identidad de los mismos y la responsabilidad por acciones u omisiones de los servidores públicos.

Falta entonces ver qué ocurre con ese acuerdo de los legisladores y qué clase de compromiso con la verdad y la justicia asume el gobernador Graco Ramírez, a quien la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, múltiples colegios de profesionales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos -que ha acompañado a los familiares de desaparecidos en el logro de abrir las fosas y rescatar los restos humanos- consideran el principal responsable de tan lamentables hechos.

Al respecto, el rector de esta casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez afirmó, según informó La Jornada, que estas fosas y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, » confirman que las autoridades estatales y municipales están coludidas con el crimen organizado, por lo menos desde Iguala, Guerrero, hasta Cuautla, Morelos».

El predictamen senatorial de la ley general sobre desaparición forzada no cumple los estándares internacionales de derechos humanos ni las exigencias de las víctimas

Rosa Rojas

El predictamen sobre el proyecto de «Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y cometida por particulares» elaborado por cuatro comisiones senatoriales, sigue sin reconocer «que la desaparición forzada en México es una política sistemática y generalizada del Estado Mexicano» pues desde el título «parte del supuesto de que la mayoría de las personas que han sido desaparecidas en México han sido desaparecidas por particulares y no por agentes del Estado».

Dicho documento «no corresponde a las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni a los estándares internacionales en materia de derechos humanos», denunciaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (CNCDF), quienes advirtieron que la integración superficial de algunas de las observaciones que le entregaron a las comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios legislativos del Senado «es un intento por legitimar el borrador de predictamen de ley para posteriormente poder argumentar que esta ley se hizo con el consentimiento y participación de las víctimas».

Entre dichas observaciones están que se agregue un artículo que especifique que los presuntos responsables de cometer los delitos de desaparición forzada sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles, quedando excluida toda jurisdicción especial, en particular, la correspondiente a las fuerzas armadas.

También se tendrá que sancionar penalmente a toda la cadena de mando sin importar fueros ni jerarquías; que se separe de manera definitiva a los agentes del Estado involucrados en la comisión de este delito y sean inhabilitados de por vida para el desempeño de cualquier empleo o comisión pública, además de la pena de privación de la libertad que les sea impuesta.

Nadir Reyes del Comité Hasta Encontrarlos; Zita Loyo del Comité Cerezo México; Adrian Ciriaco del Comité de solidaridad y derechos humanos Monseñor Romero; Carlos Ramírez del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y Pascual de Jesús González del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, advirtieron que el discurso del Estado va dirigido a hacer creer que quienes cometen las desapariciones son, en su generalidad, particulares, «lo cual es sumamente preocupante y peligroso ya que con ello elude su responsabilidad en las desapariciones forzadas».

Ramírez por su parte afirmó que e l FNLS ha constatado dolorosamente, en el caso de su compañero Fidencio Gómez Santis, desaparecido el pasado 5 de marzo,  cómo «se escamotea la justicia»  cuando las autoridades están tratando de encuadrar esta desaparición como si hubiera sido cometida por particulares y fuera un caso aislado, cuando por lo contrario, la desaparición forzada es parte de una «política generalizada de violación de derechos humanos que se convierte en política de Estado».

Al dar a conocer su posicionamiento respecto a dicho predictamen, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, los integrantes de la CNCDF indicaron que en el contexto actual de “supuesta guerra contra el narcotráfico”, desafortunadamente, las desapariciones forzadas han proliferado, y el Estado «ha intentado, por todos los medios», de deslindarse de su responsabilidad de buscar, investigar, prevenir y sancionar la desaparición forzada Subrayaron que los expertos en derechos humanos indican que «la desaparición forzada es siempre un crimen de Estado», sea por comisión o por omisión.

«Un aspecto sumamente importante y preocupante es que en el borrador del predictamen de Ley no se considere a la víctima directa como víctima. Solamente hace referencia a la víctima como aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de la desaparición de un familiar o allegado, más no se reconoce como víctima a la persona directamente afectada por la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares», por lo que se debe  definir que «se entiende por víctimas, a las personas que individual o colectivamente, hayan padecido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos y libertades fundamentales, que afecten su dignidad, incluidas todas las acciones que proscriben el abuso de poder».
Informaron que los legisladores que integran dichas comisiones han incumplido sus compromisos con las organizaciones sociales que presentaron sus proyectos para la elaboración de la ley,  no han compartido de manera formal y oficial el borrador del dictamen ni han cumplido con las fechas de reunión para analizar dicho borrador. Demandaron que no se les haga a un lado en la discusión y elaboración del dictamen y advirtieron que, si se aprueba esta ley sin incorporar sus observaciones para corregir los errores que contiene, se promoverán acciones de inconstitucionalidad y amparos para rechazarla.

Entre las observaciones de la CNCDF al predictamen citado señalan que la redacción del título “Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y la cometida por particulares”, hace alusión a que la desaparición forzada también es cometida por particulares, por lo que de inicio se plantea modificarlo para que quede como: «Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares», tal como propuso la Campaña en su iniciativa entregada al Senado.

Insistieron en que no se utilice, como se hace ahora en el predictamen, el término de «persona no localizada», a fin de no confundir ni restar responsabilidades ya que una persona no localizada no entra dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y por sí mismo no considera un delito o una violación a los derechos humanos. Se deben establecer sólo dos términos: las personas víctimas de desaparición forzada y las personas víctimas de desaparición cometida por particulares, así como la debida definición de cada una.

Exigieron que se retome para tipificar el delito de desaparición forzada la definición del Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas que establece que las desapariciones forzadas son cometidas por Agentes del estado, o por grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, ya sea que oficialmente se encuentren en funciones o no.

Además se considera necesario que en la ley se cuente con un apartado específico en el cual se establezca la obligación del Ministerio público de reclasificar el delito por el de desaparición forzada cuando se tenga la evidencia de participación directa o indirecta de agentes del Estado o desaparición cometida por particulares cuando haya elementos que así lo indiquen.

Sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas del que habla el predictamen, consideran que es sumamente complejo y burocrático, hace énfasis en los casos de desaparición cometida por particulares y no servirá para la búsqueda e investigación de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en tanto no las reconoce como tal y mucho menos las que se vienen sucediendo desde los años 60.

En el predictamen se habla de desarrollar unidades de análisis de contexto para poder determinar, zonas, lugares y patrones de cómo operan los presuntos responsables, pero éstos se centran sólo en el crimen organizado, es decir, en estudiar el contexto de cómo se dan las desapariciones cometidas por particulares, por lo que propone la CNCDF crear dos unidades: una específica para desaparición forzada y otra para desaparición por particulares.

Asimismo señalan que en el borrador de predictamen se deja en segundo término la investigación y sanción de los responsables. «Se avala y respalda la búsqueda a cargo de los familiares con el objeto de que el Estado no asuma su responsabilidad en la obligación de la búsqueda para dar el paradero real de las víctimas, en la investigación y sanción de los responsables».

Afirman que esta ley no garantizará el derecho que tienen los familiares y las victimas a acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, ya que se busca sobreponer un derecho por otro al poner mayor centralidad en el acceso sólo a la verdad, relevando el derecho a la Justicia y se sigue equiparando la reparación integral del daño a la indemnización monetaria y a la asistencia que otorga el Estado, lo cual no es reparación integral del daño, ya que para que esta se pueda dar, es necesario que las victimas tengan acceso de manera integral a los derechos de verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición.