Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista «no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa», acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, «son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final».

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una «política oligárquica». Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

Marchas este 26 de julio en 12 estados por la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Rosa Rojas

Impulsar la creación de un Frente Nacional Anticapitalista «no solo para sacar a (Enrique) Peña Nieto del poder,  sino para construir una sociedad más justa», acordaron diversas organizaciones sociales y sindicales durante una reunión realizada en Cuernavaca, durante la cual se aprobó también participar en la movilización que se llevará a cabo en 12 estados del país este 26 de julio, por el tercer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo informaron Jorge Velázquez, del pueblo indígena de Amilcingo, Morelos, y el vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez, señalando que en dicha reunión participaron también integrantes de la Asamblea Nacional Popular, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y el Colectivo Zurdo, indicando que en la marcha de este día 26 en Cuernavaca, participarán además de los miembros de dichas organizaciones, integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43.

Subrayaron que la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, no ha sido inútil, «son un ejemplo que despertó la indignación nacional e internacional por lo que ratificamos nuestra solidaridad hasta el final».

Mencionaron que las citadas organizaciones acordaron sumarse a la propuesta que surja de la decisión colectiva para construir la ruta para la “Jornada Global por Ayotzinapa y México” del 15 al 26 de septiembre próximos, retomando como demanda central las cuatro líneas de investigación propuestas por el equipo argentino forense, para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, anexando sus demandas locales. Asimismo, asistir a la Asamblea Nacional Popular el 29 de julio de 2017 en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Velázquez recordó que un joven morelense, José Luis Luna Torres, es uno de los 43 desaparecidos y la madre de éste, Macedonia Torres, sigue acompañando la lucha de maestros y alumnos de Amilcingo contra la privatización de la educación.

Martínez Cruz a su vez manifestó que otra de las demandas de los marchistas es la lucha contra el feminicidio, delito que es cada vez más frecuente en Morelos, hoy se informó, por ejemplo que otra mujer fue asesinada en el municipio de Emiliano Zapata y ayer fue ultimada una niña; este delito es parte de la desestructuración social, porque los gobiernos mantienen una «política oligárquica». Mencionó que aunque hay una creciente inconformidad de la sociedad frente a esto, si esa inconformidad no tiene una expresión organizada, se diluye; de ahí la propuesta de crear el Frente Nacional Anticapitalista, apuntó.

En Cuernavaca, la marcha del 26 de julio se llevará a cabo a las 17 horas, del Calvario al zócalo.

Profesor Jorge Velázquez, de la Normal Rural de Amilcingo, Morelos

Urge abrogar la reforma energética peñanietista que sólo favorece a las petroleras transnacionales

Rosa Rojas

La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad, habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector que incidirían en disminución de precios de esos productos para los mexicanos, está resultando en todo lo contrario: iniciando agosto el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo  y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento -el primero fue en julio- a  las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el doméstico de alto consumo.

Así, el precio de la gasolina Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la Premium de 14.81 pesos por libro y el del diesel de 13.98 pesos por litro, es decir, aumentos de 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente; en julio las gasolinas Magna y Premium subieron  24 y 34 centavos respectivamente y en junio ocho centavos.

Por lo que toca a la electricidad, el sector industrial pagará a lo largo de agosto incrementos de entre 5.2 y 7.5 por ciento respecto al precio de agosto de 2015; el comercio de 7.8 a 9 por ciento y los usuarios domésticos de alto consumo 8.9 por ciento. La CFE dijo que en agosto se mantendrán los precios a los usuarios de bajo consumo que incluso, dijo, han bajado 2 por ciento respecto a las de agosto de 2015. Lo que no dijo el gobierno es que los precios que se aplicarán a la industria y al comercio repercutirán en los precios de todos los productos, sin que se haya referido en ningún momento a un aumento a los ya de por si alicaídos salarios.

Según el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, México está pagando una gasolina 23 por ciento más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65 por ciento de la gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos  exportando crudo barato para importar subproductos del petróleo caros, luego de que una sistemática política de desmantelamiento de PEMEX logró desembocar en la reforma energética privatizadora.

Y el PAN, que votó a favor de esa reforma, ahora califica el gasolinazo como «el robo del siglo», según lo calificaron  sus senadores Mariana Gómez del Campo y Francisco Búrquez, así como el diputado Federico Doring. Este último dijo que es un escándalo que con el gasolinazo el gobierno mexicano recaudará 300 mil millones de pesos adicionales, «que deberían estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y la del país». Ahora los panistas tratan de deslindarse del atraco que, conjuntamente con el PRI y sus partidos títeres asestaron al pueblo de México con esas reformas, a la vista del voto que en las pasadas elecciones obtuvo para algunos de sus candidatos a gobernadores, buscando así capitalizar el descontento popular que está ocasionando el gobierno federal priista con su política económica, ampliamente compartida por el PAN.

Con todo esto es claro que urge abrogar esa y otras reformas, como la educativa, que están llevando a México a severas crisis sociales y económicas, y que para lograr que se de marcha atrás a esas reformas peñanietistas, será necesario que además de votar contra los candidatos del PRI, se vote contra los del PAN, PVEM y sus otros aliados, pero sobre todo, se organice el pueblo para movilizarse y obligar al gobierno a dar marcha atrás a estas políticas que benefician sobre todo al gran capital transnacional que, ahora, como antes de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, están imponiendo medidas que únicamente incrementan sus ganancias, a costa de la miseria de la mayoría de los y las mexicanas.

Integrantes de UCIZONI marcharon en el istmo oaxaqueño para exigir mejor servicio de salud, apoyar la movilización magisterial y condenar la represión oficial

Rosa Rojas

Cientos de indígenas mixes, zoques, zapotecas, mixtecas, barreños integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, (UCIZONI) así como colonos, integrantes de la Resistencia Civil y profesores de la Sección 22 del SNTE se movilizaron este 1o. de julio por las calles de la ciudad de Matías Romero, en el istmo oaxaqueño, hasta el bloqueo carretero que mantienen desde hace más de 18 días los trabajadores de la Educación a la altura del kilómetro 200 de la carretera Transístmica, donde les manifestaron su apoyo y denunciaron la amenaza de desalojo violento que ha hecho el Secretario de Gobernación sin ofrecer alternativas de solución.

Durante el mitin en el bloqueo se condenó la campaña «alarmista» de los medios de comunicación que hablan de desabasto sólo para justificar ante la opinión pública un posible operativo violento. También hubo pronunciamientos de los manifestantes en el sentido de que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) «ha sido incapaz de resolver los problemas de nuestro país y que sólo está al servicio de las empresas extranjeras y en defensa de esos intereses es capaz de masacrar al pueblo de México como ocurrió hace 11 días en Nochixtlán».

Los oradores condenaron la política antipopular y represiva del gobierno de EPN, «el cual reprime brutalmente a los ciudadanos y ciudadanas que nos oponemos a las reformas neoliberales», por lo que exigieron que renuncie, informó la UCIZONI.

La marcha inició con un mitin frente al Centro de Salud donde los manifestantes denunciaron la privatización del sector salud, lo cual significa condenar a muerte a los pobres, quienes carecen de recursos para cubrir sus gastos médicos; se manifestó la solidaridad con los trabajadores del sector salud y se hizo un llamado para crear un frente popular amplio que enfrente la ofensiva del gobierno federal.

Después, en marcha encabezada por ataúdes, los manifestantes se trasladaron al Hospital del Seguro Social donde demandaron justicia para las víctimas del mal servicio y demandaron dotar de especialistas y medicamentos al hospital y a las unidades médicas rurales. Se instó a los trabajadores del Seguro Social a vencer miedo y que se sumen al movimiento en contra de las reformas neoliberales.

Posteriormente la marcha se dirigió a la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad, donde se denuncio que esa empresa sirve principalmente a intereses extranjeros y que los parques eólicos son solo un negocio de trasnacionales que  han significado despojo y divisionismo para los pueblos. Se condenó el alza de los energéticos y «la falsedad del discurso gubernamental, el cual promovió la reforma diciendo que el precio de gasolina, gas y electricidad iba a disminuir lo cual no ha sido cierto».

Rosa Rojas  

 

Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Rosa Rojas

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como «un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México» los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso «incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la «inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos» lo que sólo alienta la impunidad. «Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto», pues «no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres» que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe «no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia», añadió Guevara Rosas, aseverando que «no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada».

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado «muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio».

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar «la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles», le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

 

El gobierno requirió 10 víctimas masacradas en Nochixtlán para iniciar un diálogo sobre su reforma educativa; un mitin de empresarios bastó para que EPN vetara Ley Anticorrupción

Rosa Rojas

En el altar de la intransigencia corrió la sangre, se privó de la vida a diez personas en Nochixtlán, Oaxaca, este domingo 19 de junio, para que finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) accediera a iniciar un diálogo, “en el marco de la ley” con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el conflicto nacido de la imposición a rajatabla de una “reforma educativa” que no es tal, sino una reforma laboral, dizque para evaluar a los maestros y maestras del país.

Diez muertos, tres años de movilizaciones para iniciar recién un diálogo. Los empresarios consiguieron en menos de un mes, con un mitin en el Angel de la Independencia, que EPN vetara unos artículos de la Ley Anticorrupción que «los afectaban». Todavía hay clases sociales en este paisito.

Desde el lado de la sociedad se repitió hasta el cansancio que una reforma educativa requería de la participación, el consenso, las aportaciones de maestras y maestros, padres y madres de familia, académicos, investigadores… nada valió. El gobierno empezó a hacer evaluaciones absurdas de hasta ocho y más horas de duración, a despedir maestros… el conflicto escaló y llegó a los paros, los bloqueos, las marchas, los plantones, la violación de derechos de movilización, de libertad de expresión, a la represión pura y dura; hasta la saciedad el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, repitió que no habría diálogo si no había previamente una aceptación por parte de la CNTE de su reforma educativa, es decir, habría diálogo sólo si previamente había una rendición incondicional por parte de las y los maestros.

Ahora Nuño ha quedado al margen del mismo porque, dijo, “el diálogo es político, no educativo”. En el colmo del absurdo pretende que no se hable en ese diálogo de la reforma educativa que detonó este conflicto.

Nuño declaró, diez muertos después, que ahora es «momento de apertura, compromiso y tolerancia. Es momento, particularmente en Oaxaca, para que todos pongamos de nuestra parte para distender y poner fin a la violencia». Una violencia que los gobiernos federal y estatal se han encargado de repetir que ellos no provocaron porque sus policías iban desarmados, pese a las fotografías y filmaciones que prueban lo contrario y ante cuya evidencia acabaron reconociendo que los policías, que dizque iban desarmados, acabaron sacando las armas pero sólo porque fueron atacados por un “grupo radicalizado”.

Las comparsas del gobierno en los medios de comunicación se han encargado de decir que son siete esos grupos “radicalizados” y repiten sus nombres, enumeran a quienes son sus líderes y reproducen la ficha que seguramente salió de los archivos de los sótanos del sistema sobre las presuntas acciones de esos grupos, de los que no dicen directamente que son guerrilleros pero eso queda en el contexto. La CNTE, dicen algunos comentaristas de medios, recibe “apoyo armado”. Hechos y discursos paralelos al diálogo que nos remontan a 1968, a la aparición de los halcones de 1971 y presagia una cacería de brujas contra las organizaciones populares, estatales y nacionales, que se han mencionado en esas publicaciones.

En el diálogo en la Secretaría de Gobernación con la dirigencia de la CNTE que no está en la cárcel, los ejes serían derechos humanos, distensión del conflicto y justicia y será facilitado por una Comisión Nacional de Intermediación formada a propuesta de la CNTE por personalidades independientes.

Ya el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había calificado la masacre de Nochixtlán de situación “grave y extraordinaria, que deberá investigarse de forma exhaustiva, puntual y transparente” para aclarar si fue adecuado el uso de armas por los elementos estatales y federales que participaron en el desalojo de las vías de comunicación, quién dio la orden de disparar, si se siguieron los protocolos señalados para el uso de la fuerza y si la población civil también tenía armas de fuego. Y durante la primera sesión del mismo ofreció ser «conducto» para que los maestros fijen su postura ante el poder Legislativo y !la Secretaría de Educación Pública¡ ya ni la burla perdona el funcionario.

El lunes 27 será la segunda sesión del diálogo en la SEGOB. Ya en la numerosa marcha del viernes 24 en la Ciudad de México los maestros y organizaciones sociales que los apoyan demandaban la renuncia de Nuño, cese a la represión y, como desde hace tres años, anulación de la mal llamada «reforma educativa».

El contexto nacional en el que se da este diálogo –además de las diez vidas segadas y un centenar de heridos- es el que claramente remarcó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien aseguró que “en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”.

Según nota de La Jornada, el experto señaló que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida; los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son «insuficientes e ineficaces».

En un informe de seguimiento de las recomendaciones que dejó tras su misión en el país en 2013, el experto aseveró que no ha habido avance alguno en las recomendaciones pasadas, por lo que lamentó la postura del gobierno mexicano y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la policía, llamando a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, así como a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

En lo internacional se tiene clara la crisis de derechos humanos que vive México, agravada por el conflicto por la imposición, literalmente ahora a sangre y fuego, de una reforma educativa que no es tal. Por ello ha habido en muchas ciudades de Francia, España, Alemania, Ecuador, Argentina y Brasil plantones y vigilias para repudiar la violencia en México, repudio que se multiplica en cientos, en miles de mensajes que circulan en las redes sociales demandando solución, no más represión, al conflicto magisterial.