Información sobre obras de dragado en San Dionisio del Mar, Oaxaca y no represión, exigen indígenas huaves

 

Rosa Rojas

Amenazas de muerte contra el responsable de la comisión de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM), Oaxaca, Alejandro López; amenazas de desalojo del palacio municipal de San Dionisio -tomado desde 2012 por los opositores al parque eólico que Mareña Renovables pretendía construir en ese pueblo- y la llegada de equipo de dragado sin que ninguna autoridad explique para qué, hacen temer a los integrantes de esta organización indígena huave que se pretenda revivir el citado proyecto que en 2014 se había «dado por muerto».

Así lo informaron miembros de la APSDM -quienes pidieron reserva de sus nombres pues «se están tomando precauciones porque se presume que pudieran empezar a detener gente»- dados los sucesos de los últimos días, luego de que desconocidos quemaron parte del equipo de dragado que se detectó en Playa Copalito los primero días de julio, consistentes en tubos forrados de gran tamaño, vehículos con maquinaria pesada consistente en grúas, retroexcavadoras gigantes con oruga y una draga flotante, así como cinco camionetas blancas que andaban circulando por la comunidad.

Un comunicado de la APSDM señaló que se solicitó información respecto a ese equipo infructuosamente; el 6 julio se habló con el responsable de la maquinaria, un francés de nombre Jean Pearl, quien dijo desconocer el nombre del proyecto, el monto, la existencia del estudio de impacto ambiental para realizar el dragado;  al no obtener ninguna respuesta la organización manifestó su indignación por la forma de entrar sin aviso sin información y sin la autorización de la comunidad.

Agregó que se solicitó información a la autoridad municipal, Teresita Luis Ojeda, quien manifestó desconocer el proyecto por lo que se pidió al responsable de la empresa suspender la obra en tanto no se obtenga información al respecto «pero el empresario hizo caso omiso al requerimiento».

Asimismo, que entre el 6 y 8 julio se solicitó información respecto a dicho proyecto a la presidenta municipal, al secretario general de gobierno, a los responsables de Fonden y Conapesca del Estado de Oaxaca y al no obtener respuesta se realizó una asamblea de pueblos el 11 julio con participación de los representantes de las Asambleas de Pueblos de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar, agencia municipal de Laguna Santa Cruz municipio de San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, Colectivo en Defensa del Territorio de Unión Hidalgo, APIITT, para evaluar esta situación luego de la cual se realizó una marcha hacia la playa Copalito.

La APSDM se deslindó expresamente de las acciones de violencia registradas «que tienen la clara intención de criminalizar» a la organización que actúa en defensa de su territorio y responsabilizó a la citada presidenta municipal y al gobernador del estado, Alejandro Murat, de cualquier represión que quieran emprender en contra de sus pueblos.

Agregó que el 12 julio, 15 camionetas de la policía preventiva pretendieron ingresar en los patios del palacio municipal ocupado actualmente por la resistencia al proyecto eólico mencionado, las cuales fueron rechazadas por la asamblea que se encuentra instalada de manera permanente, pero se vivieron momentos de tensión ante un posible enfrentamiento.

La organización exigió a la presidenta municipal de San Dionisio del mar que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos de los integrantes de la APSDM entre los cuales destacó el derecho a la seguridad e integridad personal de los miembros de la misma.

Los miembros de la APSDM entrevistados, aseveraron que el ex comisariado de San Dionisio del Mar, Genaro García López, «está aglutinando personas en su domicilio, la mayoría son del PRI, que están al frente de las cooperativas Playa Copalita y Playa Robles, ellos siempre estuvieron apoyando a los eólicos, los pescadores que estaban al frente, se convirtieron después en golpeadores de la empresa Mareña Renovables, y han enviado amenazas de muerte contra el compañero Alejandro López. Hace tres días que empezaron a llegar los mensajes a través de terceros, en contra de los comisionados de la asamblea ´si no dejan de estar chingando a la orilla del mar».

Al señalárseles que se había anunciado la cancelación definitiva del proyecto de Mareña Renovables desde 2014 (http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc.), manifestaron que «ahora se entiende que pretende instalarse en Juchitán, pero sabemos que ellos pueden cambiar de piel en cualquier momento porque Mareña obtuvo la concesión por 50 años y pueden vender la concesión a otra empresa, esa es la sospecha que ahora tenemos».

Explicaron que en la ciudad de Oaxaca se habla de que con recursos del Fonden se van a dragar 200 metros en la playa de San Dionisio y otro tanto en San Francisco, y que eso tiene que ver con la protección de las embarcaciones, pero eso «nos tiene preocupados porque en el proyecto eólico hicieron mención de embarcaderos para trasladar maquinaria y equipo hacia la barra y de la barra a San Dionisio, y nos preocupa que ninguna dependencia oficial ha hecho ninguna declaración. Hay maquinas que están paradas en Guamúchil, agencia principal de San Dionisio del Mar, y  empezaron a hacer el dragado, toda la semana estuvieron dragando  pero sigue la incógnita de cuál es el objetivo principal».

Eso porque «la mayoría de los pescadores usan lanchas fuera de borda con motor de bajo calado y por lo tanto no necesitan profundidad para trabajar y la Laguna Superior tiene sus propias  covachas de protección naturales. Para las embarcaciones que se utilizan ahora no se necesita dragado, son lanchas muchas de 29 pies y motores fuera de borda de 40 a 50 caballos que no requieren mayor profundidad para trabajar, nadie explica cómo se llama el proyecto ni la inversión total, por eso hablan los compas diciendo que de repente quieren empezar con obras más pequeñas y luego empatar con una obra mayor. Eso es lo que nos preocupa» y por ello exigen que se detengan los trabajos de dragado en Guamúchil y se informe detalladamente al pueblo sobre la obra.

 

«Traición a la patria» la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de «traición» contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que «mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos».

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, «generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo».

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se «maiceó» (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando «entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas «.

Con esos memorándums «las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo», indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, «ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT».

Detalló que tan sólo las empresas eólicas «instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio».

Así, «ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…»por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, «den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México».

Vecinos de Tepoztlán, Morelos, mantendrán su plantón para que la SCT presente los permisos que dice tener para la ampliación de la autopista

 

Rosa Rojas

Vecinos de Tepoztlán que desde el pasado 20 de mayo han mantenido -día y noche- el plantón que bloquea el ingreso a ese pueblo mágico por el lado de la autopista esperan que esta semana se defina si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentará, como se le exige con esa movilización, en asamblea pública, los permisos oficiales y comunales que dice tener para la construcción de la ampliación de esa vía sobre tierras del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas donde, por decreto, se prohíbe la construcción de este tipo de infraestructura.

Dicho plantón lo realizan integrantes de la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) en protesta por la ilegal tala de más de 300 árboles -un ecocidio- que una empresa pagada por la SCT llevó a cabo el 19 de mayo. Los vecinos informaron que unas 150 personas se reúnen cada tarde en el bloqueo y por la noche se mantiene una guardia de 15 a 20 personas.

Este 30 de mayo trascendió que había reunión de funcionarios de las dependencias federales y estatales en Palacio de Gobierno en Cuernavaca, donde se estaba discutiendo la situación de Tepoztlán. Se esperaba que de ahí salga la definición sobre el siguiente paso de las autoridades: diálogo o represión.

El FUDT recordó en un comunicado que el ecocidio cometido con la reanudación de los trabajos de la ampliación de la autopista es «ilegal y violatoria» de sus derechos porque las tierras donde se pretende hacer la ampliación son comunales y no existe permiso alguno de la Asamblea de Comuneros para permitir la obra.

«Es más, en la asamblea del 10 de marzo de 2013 se acordó instalar el Campamento El Caudillo del Sur en los linderos entre las tierras comunales y ejidales para vigilar y proteger el territorio. Sin embargo, el 23 de julio de ese mismo año, Graco Ramírez (gobernador del estado) ordenó el desalojo del Campamento por la policía estatal. Ése es un delito que se debería perseguir pero Graco Ramírez goza de la misma impunidad que la mayoría de los gobernadores en nuestro país. Exigimos que las autoridades federales frenen esta obra ilegal y abran una investigación en contra de Graco Ramírez por el desalojo del 23 de julio de 2013».

Al realizarse las obras en la zona del Parque Nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin que son Áreas Naturales Protegidas, el FUDT exige que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) «hagan su trabajo y detengan inmediatamente las obras», mismas que también violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Política Nacional de Cambio Climático

Subraya que además se viola también el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (POET) que también prohíbe las construcciones de ese tipo de obras, por lo que demandan que el presidente municipal, Lauro Salazar Garrido,  convoque a una reunión de emergencia del Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Tepoztlán (COET) y a todas las instancias involucradas: SCT, SEMARNAT, CONAMP, CONAFOR, Gobierno del Estado, Cabildo de Tepoztlán y cualquier otra instancia que sea necesaria, para exigir que se cancele la obra inmediatamente y se establezca un diálogo público y respetuoso con la sociedad.

Mientras esto no suceda continuará haciendo «las acciones de resistencia y desobediencia civil pacíficas que consideremos necesarias para que esta reunión se lleve a cabo» asevera el FUDT, al tiempo que agradece las múltiples muestras de apoyo recibidas de organizaciones de Morelos y nacionales, como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Coordinadora de Grupos Culturales, Indígenas y Populares, Morena Tepoztlán, entre otras.

Fotos: Rosa Rojas

Paramilitares atacan Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca; hay cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos: CNDCCHIM

Rosa Rojas

La congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María Chimalapa, fue atacada el viernes 24 enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes del estado de Chiapas, con un saldo -hasta el momento- de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y seis comuneros desaparecidos denunció el Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM).

Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de nuevo San Andrés, sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado «el ejército Chamula».

El CNDCCHIM agregó, que de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Cintalapa, Chiapas.

La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, «llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, pero quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la asamblea de Santa María».

Recordó que desde 2014 el CNDCCHIM en un comunicado público emitido el 12 octubre, día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció «tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha bio-región».

En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite este del territorio comunal de Santa María Chimalapa, «de un grupo de corte paramilitar denominado ´el ejército Chamula´ al parecer bajo las órdenes de un pseudo ecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado ´Los Ocotes´, donde con apoyo de autoridades ambientales (CONANP-CONAFOR) y del gobierno de Chiapas, ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo».

Asimismo se consignaba que la denuncia pública «emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa».

El comunicado del CNDCCHIM, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante, y el coordinador regional Miguel Angel García, demanda difundir estos hechos correr la voz y estar alertas y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el subsecretario de la Secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz; así como a las comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

 

 

FIOB recomienda cautela a unos 25 mil indígenas que trabajan en California ante la llegada de Trump

 La organización lleva 25 años luchando por los derechos de pueblos originarios 

Rosa Rojas

El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (EU)»es algo terrible porque nos pone en una situación muy delicada», tanto por el racismo que se ha desatado como porque están en riesgo de ser deportados unos 25 mil indígenas, mixtecos en su mayoría pero también triquis y zapotecos, que trabajan en campos de California -en Oxnard, Salinas, Santa María, Los Angeles, San Diego- muchos de ellos afiliados al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), informó el consejero de esta organización, Eleuterio Suárez.

Entrevistado vía telefónica en el marco del aniversario de la creación del FIOB, que este 19 de noviembre celebrará con un acto cívico cultural en Tijuana, Baja California, un cuarto de siglo de vida luchando «por los principios de libertad, justicia, democracia e igualdad para los migrantes y pueblos originarios» tanto en EU como en México, señaló que la mayoría de ellos son indocumentados, muchos no hablan bien el español, «estamos tratando de apoyarlos para que se hagan ciudadanos para que sus derechos sean válidos en EU», indicó.

Datos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, publicados en medios nacionales, estiman que en California trabajan unos 150 mil de los 1.5 millones de oaxaqueños radicados en EU, distribuidos en los estados de California, Oregón, Washington, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y Georgia.

Suárez detalló que en muchos casos son familias completas -primero llegaron los papás, luego fueron llegando los hijos y las esposas- y si hay deportaciones las familias quedarán divididas. «Les damos asesoría para tratar de activarse en el área donde están viviendo, dándoles ideas de no salir tanto, no andar manejando porque la policía por cualquier motivo va a tratar de arrestarlos si andan manejando sin licencia, que los que trabajan no salgan con la familia porque salían a sentarse afuera de las grandes tiendas a esperar a que los contraten».

Reconoció que si extraditan a los millones de indocumentados de los que habló Trump los agricultores estadunidenses se quedarán sin mano de obra. Pero lo cierto es que «hay miedo con las leyes de deportación». Citó como ejemplo que en Illinois murió un joven «y la familia se está peleando porque no quieren que el cuerpo se vaya a Oaxaca, tienen miedo de ir a decir que ellos son los familiares de la persona que murió porque tienen miedo de que los vayan a deportar» y en el consulado de México en Illinois dicen que ellos no pueden hacer nada si no va la familia.

«También hay personas oaxaqueñas que ya tienen sus documentos y se ponen en contra de los paisanos… ya tenemos dos casos documentados de que fueron a denunciar a los compañeros con las autoridades… a veces traen pleitos desde sus comunidades» de origen, apuntó.

De esas y otras cuestiones se hablará en este aniversario de la organización, comentó Suárez, quien es encargado de la comunidad Colonia Obrera Tercera Sección del FIOB en Tijuana.

El FIOB se constituyó, primero como Frente Mixteco Zapoteco Binacional (FM-ZB), el 5 de octubre de 1991, en la Ciudad de Los Ángeles, California, por decenas de hombres y mujeres indígenas integrantes de las organizaciones Comité Cívico Popular Mixteco (CCPM), Asociación Cívica Benito Juárez de Oaxaca (ACBJO), Organización del Pueblo Explotado y Oprimido (OPEO), la Comunidad Tlacolulense en Los Ángeles (COTLA) y la Organización Regional de Oaxaca (ORO).

El FIOB informó que en su caminar ha logrado importantes avances «pero son más los problemas y las necesidades de nuestros pueblos que día con día reclaman ser escuchados y ser incluidos en las políticas de gobierno para erradicar la pobreza y la marginación, la corrupción y la violación de los derechos constitucionales».

Entre sus logros la organización enumeró que ha logrado desarrollar proyectos de fortalecimiento de la cultura en los estados de Oaxaca y Baja California, México y en California, EU; opciones de ahorro y crédito en ese país; apoyo para el traslado de migrantes fallecidos en EU y Baja California; fortalecimiento de la gestión ante instancias federales para la ejecución de obras de infraestructura básica en las comunidades oaxaqueñas y un programa de intérpretes en mixteco, zapoteco y triqui para la defensa de los derechos laborales y humanos en EU y Baja California.

Asimismo, la conquista de espacios en el poder legislativo en Oaxaca; obtención de triunfos electorales en ayuntamientos; empoderamiento institucional en agencias municipales; obtención de apoyos en proyectos productivos de impacto familiar y comunitario en municipios de Oaxaca y el establecimiento de convenios con fundaciones para impulsar proyectos de procuración de justicia, desarrollo humano, derechos laborales, seguridad alimentaria, reinserción de migrantes a sus comunidades de origen, equidad de género y opciones productivas familiares.

Mencionó además que ha contribuido en la elaboración de iniciativas de ley y propuestas sobre programas para migrantes en el estado de Oaxaca; ha realizado talleres de sensibilidad, derechos laborales, derechos indígenas y derechos humanos en Baja California; se fundó el FIOB en la Ciudad de México y el Estado de México; se ha logrado mayor democratización en la designación de las estructuras de dirección; mayor horizontalidad en la toma de decisiones y apoyo al desarrollo del liderazgo de las mujeres.

Por otra parte, mencionó que entre los retos que deberá enfrentar el FIOB es involucrar a jóvenes para garantizar el futuro de la organización; educar ideológicamente a la militancia para garantizar la vigencia de los principios y valores estipulados en sus documentos básicos, seguir expandiendo la presencia del FIOB a nivel nacional, buscar y ejercer el poder con la máxima que dice: “mandando, obedeciendo al pueblo”.

 

 

 

Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y «ser sujetos de derechos y no sujetos de atención»

Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas «no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas» y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría «mujeres indígenas» debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que «falta mucho» para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades «las estructuras genéricas son más rígidas», las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado «no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas» desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir «ser sujetos de derechos y no sujetos de atención», buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen «es lamentable» y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando «las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados» por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

El Estado mexicano sigue discriminando «técnica y legalmente» a la radiodifusión indígena, denuncia la Asamblea Comunitaria Mazateca

Rosa Rojas

La Asamblea Comunitaria Mazateca (ACM), de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, denunció que si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó el otorgamiento de concesión de uso social indígena para operar Radio Nahndi’a  (xhtfm107.9@gmail.com) a través de la Asociación Civil Mie Nillu Mazateco, el Estado mexicano sigue discriminando a la radiodifusión indígena «técnicamente y legalmente».

En un comunicado,  la ACM explicó: «el Estado a través de sus instituciones nos sigue discriminando cuando otorga ´baja potencia´ para transmitir, nos ubica en la parte alta del espectro radioeléctrico, solicita excesivos requisitos en el trámite de una concesión; además de no permitirnos tener patrocinios para la sostenibilidad de nuestros medios de comunicación».

La organización ratificó su compromiso con el movimiento de comunicación indígena en México de compartir su experiencia con otros colectivos que pugnan por una comunicación indígena libre y autónoma, manifestando que entre los retos que tiene por delante están, como colectivo, «no caer en la burocratización legal e institucional, la cual representa un peligro constante que nos puede alejar de nuestro quehacer en la comunicación comunitaria indígena».

Asimismo, como pueblo Nashinanda’a  (mazateca), «seguir resistiendo desde nuestra libre determinación ante el despojo de nuestras tierras y territorios y desterrar toda forma colonizante que lacere nuestra vida comunitaria».

Subrayó que seguirá demandando al Estado mexicano el cabal respeto de sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Mexicana pues aunque hay un avance en la legislación sobre radiodifusión y telecomunicaciones, éste «no es suficiente».

Recordó que la ACM, a través de la Asociación Civil Mie Nillu Mazateco  integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-MEXICO, realizó las gestiones de refrendo del permiso de operación de Radio Nhandia ante la  Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en el año 2010, según lo marcaba el Título de Permiso expedido por la Secretaría de Telecomunicaciones, a fines del año 2004. «Tuvieron que pasar cinco años y 8 meses para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),  nos otorgara, en un solo acto, el refrendo y la concesión de uso social indígena; llegar a esto, no fue nada fácil».

Detalló que a mediados del mes de junio de 2006, Armando Navarrete Cornejo, funcionario, del ex gobernador Ulises Ruiz, «nos llamó por teléfono, indicándonos que deberíamos cambiar nuestra línea editorial, ya que no convenía a los intereses de dicha administración gubernamental y que líderes priistas de la región mazateca demandaban el cierre de la radio; el 24 de agosto de 2006, la amenaza de Armando Navarrete se materializó, cuando un grupo armando impidió que ingresáramos a las instalaciones de la emisora Nahndia, ocasionando la interrupción de las transmisiones de la radio. A pesar de todo, el 24 de febrero de 2008 salimos al aire con nuevas instalaciones y equipo de trabajo».

Señaló asimismo que no olvida el intento de negarles el derecho de operar y administrar sus propios medios mediante la “ley Televisa”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, contra la cual se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber violado los derechos de los pueblos indígenas de México.

«Ya en el proceso de refrendo nos alcanzó la Reforma Constitucional y la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de nueva cuenta tuvimos que someternos a un trámite burocrático para que el IFT aprobara  el refrendo y la concesión de uso social indígena» enumeró.

La ACM subrayó que seguirá demandando al Estado mexicano el cabal respeto de sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Mexicana y acabar con la  criminalización de los medios comunitarios e indígenas.

Fotos: ACM

 

En la Consulta Indígena Maya autoridades actúan como cómplices de transnacionales de semillas transgénicas, denuncia la Misión de Observación

Rosa Rojas

Organizaciones no gubernamentales integrantes de la Misión de Observación (MO) de la Consulta Indígena Maya a comunidades de Campeche y Yucatán, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si permiten o no la siembra en su región de soya genéticamente modificada (GM) -o soya transgénica-, advirtieron que dicha consulta está en riesgo de convertirse en una «consulta fallida» como la que se ha realizado entre los indígenas yaquis de Sonora, dado que las autoridades federales no están cumpliendo con los principios de que sea previa, libre, informada, de buena fe,  y culturalmente adecuada, es decir de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Valeria Enríquez, de Organic Consumers México; Rodrigo LLanes, del Colegio de Antropólogos de Yucatán; Edmundo Pozo de FUNDAR y María Colín de Greenpeace México, organizaciones que son parte de las 25 que integran la MO, reprobaron en conferencia de prensa el pasado 13 julio, la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), instituciones responsables de organizar la consulta por permitir «graves irregularidades» en las sesiones de la fase de «acuerdos previos» llevadas a cabo los días 30 junio y 1 de julio en los municipios campechanos de Hopelchén y Tenabo.

Los citados representantes de la MO, informaron que los funcionarios de dichas dependencias permitieron la presencia, sin habérselo informado a las comunidades mayas, de un centenar de agricultores menonitas y productores de otras comunidades que están a favor de la siembra de soya transgénica, quienes ocuparon los espacios del salón donde se llevaría a cabo la reunión y aunque los representantes de las comunidades indígenas manifestaron que no había condiciones para realizar la reunión y solicitaron se suspendiera ésta por no haber condiciones mínimas de seguridad y respeto y sólo se les entregara el plan de trabajo, las autoridades decidieron llevar a cabo la reunión en dos salones separados: en una los representantes de las comunidades y en otra los simpatizantes de la siembra de soya transgénica, en su mayoría ajenos a las comunidades.

Esa división aseveraron, generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, «propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial, quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes».

Los indígenas mayas representantes de 31 comunidades de Hopelchén y siete de Tenabo, lograron que la SCJN ordenara la suspensión de la siembra de soya transgénica en Campeche hasta en tanto se realizara esta consulta, conforme a disposiciones nacionales y de convenios internacionales firmados por México que nuestro país está obligado a respetar. Sin embargo, como se ha visto en la consulta a las comunidades yaquis de Sonora en el caso de un acueducto que los despojaría del agua a la que tienen derecho, así como en la consulta que se llevó a cabo en Juchitán, Oaxaca, sobre la construcción de un parque eólico, la actitud de las autoridades de la Sagarpa, de la CDI y en el caso de la consulta maya la Cibiogem, es más bien la de quienes pretenden cubrir un requisito burocrático para darle visos de legalidad a la decisión, ya tomada, de beneficiar a las empresas transnacionales que están detrás de este y otros megaproyectos.

En el caso de la consulta maya, otra vez se están violentando los principios de buena fe, imparcial, libre, culturalmente adecuada, con el hacer y dejar hacer que los funcionarios de las mencionadas dependencias federales llevan a cabo, porque incluso, como denunciaron los representantes de la MO, varios de los grupos de productores ajenos a las comunidades favorables a la siembra de soya transgénica se transportaron en camionetas de empresas relacionadas con la transnacional Monsanto, principal interesada en los permisos de siembra de soya y otras semillas transgénicas en el país, y que por lo tanto debería mantenerse alejada de la consulta, sin que los funcionarios tomaran medidas para impedir el hostigamiento de esos grupos contra representantes de las comunidades campechanas.

Incluso los productores que exigen que se les permita sembrar ya la soya transgénica, llegaron a amenazar a todos los asistentes «con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en la que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas».

El reporte de la MO afirma que «la pasividad de las autoridades responsables duró varias horas por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del delegado de la Sagarpa en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de seis comunidades», declaraciones, que reiteró al día siguiente  ante medios de comunicación.

Los representantes de la MO subrayaron a su vez que la consulta debe ser vinculante, no sólo informativa como han declarado algunas de esas autoridades mencionadas.

Indicaron que las comunidades que lograron la sentencia de la SCJN para suspender la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán para realizar esta consulta incluso han solicitado la reparación del daño que ya ha ocasionado que en 2015 se hayan sembrado en la península 8 mil 590 hectáreas de soya transgénica. Sin embargo la Suprema Corte no discutió el fondo del asunto sino solamente ordenó la suspensión de la siembra y la realización de la consulta, lo que es grave porque debería aplicarse el principio precautorio para evitar los impactos al medio ambiente y a la salud.

Entre los impactos negativos de la siembra de soya transgénica mencionaron la contaminación por el insecticida glifosfato de los mantos acuíferos, la dispersión de semillas genéticamente modificadas en áreas protegidas, la desforestación que es grave en Campeche y va ligada a la desecación de aguadas, la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, lo que causa un grave daño a las 25 mil familias que viven de la explotación y exportación de la miel en Campeche y Yucatán; afectación a la salud por las fumigaciones aéreas, entre otros graves impactos ambientales y a la salud de la población.

Incluso indicaron que ya se ha encontrado glifosfato en muestras de orina de pobladores así como en garrafones de agua. Además, las comunidades mayas podrían perder el mercado alemán de la miel que tienen actualmente porque ese país exige un abasto libre de transgénicos.

Con la división en dos grupos que realizaron las autoridades federales del 30 junio, una parte de productores de la comunidad Vicente Guerrero Iturbide afirmó que ya hay agricultores que están sembrando soya genéticamente modificada en sus tierras. De comprobarse esto se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN, por lo que la MO recomendó que SENASICA realice inspecciones y en su caso la destrucción de dichos sembradíos y que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo necesario para cumplir con la resolución de la Suprema Corte.

Habría que ver que dice la SCJN respecto a la actitud cómplice con las transnacionales de transgénicos que están asumiendo las autoridades federales involucradas. Hacerse de la vista gorda ante las violaciones cometidas puede leerse también como complicidad. Somos muchos quienes creemos que no basta con dictar una sentencia sino que también debe vigilar que ésta se cumpla cabalmente. Bastante cara nos sale esa institución que debe ser garante del estado de derecho en este país que ya hace rato está muy chueco.

 

Integrantes de radios indígenas y comunitarias solicitan al IFT flexibilizar trámites para concesiones, no criminalizarlas y hasta 30 por ciento de las nuevas frecuencias

Rosa Rojas

Una solicitud para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no criminalice a las radios indígenas y comunitarias que operan sin concesión; reservarles hasta un 30% de las nuevas frecuencias; flexibilizar los trámites para que dichas radios obtengan sus concesiones y asegurar el acceso al uno por ciento de la publicidad oficial que por ley les corresponde, hicieron integrantes del Grupo de incidencia en políticas públicas para los medios de comunicación comunitarios e indígenas (GIPPMCCI) a los miembros del pleno del organismo.

En dicha reunión estuvieron presentes el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras y los y las consejeras Ernesto Estrada, Adriana Sofía Labardini, Mario Fromow, Adolfo cuevas y María Elena Estavillo. Por el GIPPMCCI asistieron miembros de las organizaciones Boca de Polen; Redes AC; Agencia Internacional de Prensa India, Red de Radios Indígenas de Michoacán; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México; Congreso Nacional de Comunicación Indígena; Cholollan Radio; Grupo de Trabajo sobre Legislación de Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas y Comunicación Mixteca de la Costa.

Las y los participantes del GIPPMCCI presentaron a los comisionados del IFT -el 26 de mayo- algunos de los requerimientos de las radios indígenas y comunitarias (RIC), como el evitar que se les solicite información y documentación excesiva e innecesaria para el trámite de concesión.

También que no se les exija que realicen alteraciones innecesarias a las actas constitutivas de las organizaciones para que digan exactamente lo que el formulario para la obtención de la concesión requiere sino «comprender que en el sentido general de las mismas se incluyen los principios que deben estar presentes»; que no se les obligue a protocolizar las actas ante notario sino que dichos principios puedan declararse por medio de actas de las y los integrantes de cada asociación civil, porque los notarios cobran entre 8 mil y 12 mil pesos por ese trámite, cantidad con la que no cuentan las RIC, cuyos recursos son precarios.

Sobre el particular la comisionada Labardini comentó que la ley no exige la protocolización notarial y que podría ser que la asamblea comunitaria o de asociados de la organización tome el acuerdo de suscribir los principios que se requieren y esa acta es válida legalmente por lo que pidió que se analice conforme al Código Civil si adoptar esos requisitos de equidad de género, etcétera, requiere protocolización notarial. «Lo que me interesa es que practiquen esos principios y no que un notario se haga rico con la protocolización» afirmó.

Se planteó a los comisionados la necesidad de que en la campaña «Se busca por robo» del IFT haya una distinción entre los medios que operan sin concesión, evitando ponerlos a todos en un mismo saco, pues por un lado están los medios comerciales, esotéricos, religiosos, partidistas o de otra naturaleza que dicen ser comunitarios y por otro los que cumplen una función social. Las RIC cuentan con un reconocimiento y protección en la Constitución e incluso en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, indicaron los exponentes. Se subrayó que hay una asignación de concesiones «donde los criterios de equidad y pluralidad no se reflejan en la realidad».

Sobre dicha campaña el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras, mencionó que él la puso en marcha pero ninguno de los otros comisionados estará enterado; que no se llamó «se busca por robo» sino que ese fue uno de los elementos porque hay una inercia que se está combatiendo dado que hay presidentes municipales que «tienen la osadía de inaugurar radiodifusoras que están interfiriendo… incluso comunicaciones aéreas» y otras que dijo «están siendo utilizada por narcos». Sin embargo apuntó que ninguno de los presentes en la reunión ha sido molestado, subrayó que es ilegal el uso del espectro sin concesión y que se está en la etapa de que todos los medios de comunicación indígena operen dentro de la ley.

Los integrantes del GIPPMCCI propusieron que el IFT establezca un protocolo claro y transparente en sus acciones de decomiso para que cuando su unidad de espectro detecte una señal que se emite sin concesión se determine mediante un estudio si ésta causa interferencias a otras emisoras con concesión. Dicho protocolo debe ser construido conjuntamente a partir de un diálogo con la unidad jurídica del IFT, de manera participativa con la visión de las comunidades indígenas. No es necesario llegar con Policía Federal a decomisar los equipos se indicó, solicitando que se haga una campaña informativa a los medios y se entre en diálogo con ellos.

Al respecto el comisionado Adolfo cuevas manifestó que no coincide en que haya plazos distintos para una radio ilegal por ser indígena y otra que no lo sea; «no puedo entender que haya impunidad a un medio ilegal así sea indígena… no a un régimen especial de impunidad» apuntó.

Se solicitó asimismo la creación de un grupo de trabajo para analizar los problemas que afrontan las RIC en proceso de transición de permisionarias a concesionarias porque existen, se dijo, muchas contradicciones e incoherencias en ese tránsito que no se resuelven y mientras se acerca la fecha fatal para cumplir con los requisitos, que es el 30 mayo.

Se expuso que en el caso particular de la criminalización que se hace al uso radioeléctrico por parte de las RIC «hay una sobrerreacción… que esté escrito en el código penal federal no quiere decir que es más justo… no necesariamente la ley es justa. Sabemos que el IFT está para regular, a lo que apelamos es a una aproximación pro-persona desde un lado distinto, por qué hacer una persecución por robo cuando habría un paso previo: decir vamos a regularizar a las comunidades que ya están haciendo uso del espectro radioeléctrico y es necesario reforzar las estrategias de comunicación».

Se solicitó también un apartado en el sitio web del IFT con información para los pueblos indígenas que incluya la legislación que les atañe, situación de sus trámites y otras cuestiones, algo que ya se había pedido antes y se les contestó que debería tramitarse a través de la unidad de Comunicación Social, lo que se hizo pero no se ha tenido respuesta. En esta sección se dijo, podría estar el estudio de disponibilidad espectral en un pueblo o región.

En relación con el uno por ciento de la publicidad oficial que por ley le corresponde a las RIC, se pidió que el IFT «ponga el ejemplo» a las otras dependencias oficiales y establezca un mecanismo funcional para que las radiodifusoras accedan a la misma porque «el principal medio de censura sutil en México» es el no otorgamiento de la publicidad. Si las RIC no la reciben no se garantizan sus condiciones de sostenibilidad.

Se planteó además que dentro de los lineamientos de los derechos de las audiencias se incluya la pluralidad de contenido, el uso de las lenguas indígenas en medios comerciales y públicos; se indicó que el GIPPMCCI puede hacer un catálogo de producciones que podrían incluirse en dichas transmisiones y se propuso que el IFT haga un estudio de cuál es el tratamiento a los pueblos indígenas en medios públicos y comerciales.

Se propuso igualmente crear un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta de políticas públicas respecto a quién es responsable para que las RIC cuenten con recursos para su desarrollo. Es importante poner un agente de enlace y hacer una reunión con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas así como la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados para ver cómo se superan estos pendientes.

Finalmente se dijo que todas estas propuestas se entregarían en forma detallada dentro de los próximos 15 días y se esperaría una respuesta del IFT en los siguientes 15 días. El presidente comisionado señaló que los integrantes del pleno del Instituto deben discutir internamente en forma colegiada y que en no más de 15 días después de recibir la propuesta mencionada se daría una respuesta puntual a cada uno de los planteamientos realizados, con propuestas de acciones específicas. Designó como enlace con el GIPPMCCI a Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT.