Información sobre obras de dragado en San Dionisio del Mar, Oaxaca y no represión, exigen indígenas huaves

 

Rosa Rojas

Amenazas de muerte contra el responsable de la comisión de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM), Oaxaca, Alejandro López; amenazas de desalojo del palacio municipal de San Dionisio -tomado desde 2012 por los opositores al parque eólico que Mareña Renovables pretendía construir en ese pueblo- y la llegada de equipo de dragado sin que ninguna autoridad explique para qué, hacen temer a los integrantes de esta organización indígena huave que se pretenda revivir el citado proyecto que en 2014 se había «dado por muerto».

Así lo informaron miembros de la APSDM -quienes pidieron reserva de sus nombres pues «se están tomando precauciones porque se presume que pudieran empezar a detener gente»- dados los sucesos de los últimos días, luego de que desconocidos quemaron parte del equipo de dragado que se detectó en Playa Copalito los primero días de julio, consistentes en tubos forrados de gran tamaño, vehículos con maquinaria pesada consistente en grúas, retroexcavadoras gigantes con oruga y una draga flotante, así como cinco camionetas blancas que andaban circulando por la comunidad.

Un comunicado de la APSDM señaló que se solicitó información respecto a ese equipo infructuosamente; el 6 julio se habló con el responsable de la maquinaria, un francés de nombre Jean Pearl, quien dijo desconocer el nombre del proyecto, el monto, la existencia del estudio de impacto ambiental para realizar el dragado;  al no obtener ninguna respuesta la organización manifestó su indignación por la forma de entrar sin aviso sin información y sin la autorización de la comunidad.

Agregó que se solicitó información a la autoridad municipal, Teresita Luis Ojeda, quien manifestó desconocer el proyecto por lo que se pidió al responsable de la empresa suspender la obra en tanto no se obtenga información al respecto «pero el empresario hizo caso omiso al requerimiento».

Asimismo, que entre el 6 y 8 julio se solicitó información respecto a dicho proyecto a la presidenta municipal, al secretario general de gobierno, a los responsables de Fonden y Conapesca del Estado de Oaxaca y al no obtener respuesta se realizó una asamblea de pueblos el 11 julio con participación de los representantes de las Asambleas de Pueblos de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, San Francisco del Mar, agencia municipal de Laguna Santa Cruz municipio de San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, Colectivo en Defensa del Territorio de Unión Hidalgo, APIITT, para evaluar esta situación luego de la cual se realizó una marcha hacia la playa Copalito.

La APSDM se deslindó expresamente de las acciones de violencia registradas «que tienen la clara intención de criminalizar» a la organización que actúa en defensa de su territorio y responsabilizó a la citada presidenta municipal y al gobernador del estado, Alejandro Murat, de cualquier represión que quieran emprender en contra de sus pueblos.

Agregó que el 12 julio, 15 camionetas de la policía preventiva pretendieron ingresar en los patios del palacio municipal ocupado actualmente por la resistencia al proyecto eólico mencionado, las cuales fueron rechazadas por la asamblea que se encuentra instalada de manera permanente, pero se vivieron momentos de tensión ante un posible enfrentamiento.

La organización exigió a la presidenta municipal de San Dionisio del mar que garantice el respeto y la protección a los derechos humanos de los integrantes de la APSDM entre los cuales destacó el derecho a la seguridad e integridad personal de los miembros de la misma.

Los miembros de la APSDM entrevistados, aseveraron que el ex comisariado de San Dionisio del Mar, Genaro García López, «está aglutinando personas en su domicilio, la mayoría son del PRI, que están al frente de las cooperativas Playa Copalita y Playa Robles, ellos siempre estuvieron apoyando a los eólicos, los pescadores que estaban al frente, se convirtieron después en golpeadores de la empresa Mareña Renovables, y han enviado amenazas de muerte contra el compañero Alejandro López. Hace tres días que empezaron a llegar los mensajes a través de terceros, en contra de los comisionados de la asamblea ´si no dejan de estar chingando a la orilla del mar».

Al señalárseles que se había anunciado la cancelación definitiva del proyecto de Mareña Renovables desde 2014 (http://www.jornada.unam.mx/2014/01/09/sociedad/035n1soc.), manifestaron que «ahora se entiende que pretende instalarse en Juchitán, pero sabemos que ellos pueden cambiar de piel en cualquier momento porque Mareña obtuvo la concesión por 50 años y pueden vender la concesión a otra empresa, esa es la sospecha que ahora tenemos».

Explicaron que en la ciudad de Oaxaca se habla de que con recursos del Fonden se van a dragar 200 metros en la playa de San Dionisio y otro tanto en San Francisco, y que eso tiene que ver con la protección de las embarcaciones, pero eso «nos tiene preocupados porque en el proyecto eólico hicieron mención de embarcaderos para trasladar maquinaria y equipo hacia la barra y de la barra a San Dionisio, y nos preocupa que ninguna dependencia oficial ha hecho ninguna declaración. Hay maquinas que están paradas en Guamúchil, agencia principal de San Dionisio del Mar, y  empezaron a hacer el dragado, toda la semana estuvieron dragando  pero sigue la incógnita de cuál es el objetivo principal».

Eso porque «la mayoría de los pescadores usan lanchas fuera de borda con motor de bajo calado y por lo tanto no necesitan profundidad para trabajar y la Laguna Superior tiene sus propias  covachas de protección naturales. Para las embarcaciones que se utilizan ahora no se necesita dragado, son lanchas muchas de 29 pies y motores fuera de borda de 40 a 50 caballos que no requieren mayor profundidad para trabajar, nadie explica cómo se llama el proyecto ni la inversión total, por eso hablan los compas diciendo que de repente quieren empezar con obras más pequeñas y luego empatar con una obra mayor. Eso es lo que nos preocupa» y por ello exigen que se detengan los trabajos de dragado en Guamúchil y se informe detalladamente al pueblo sobre la obra.

 

«Traición a la patria» la firma de memorándums entre el gobierno oaxaqueñó y munícipes istmeños para que empresas eólicas no paguen impuestos municipales: APPJ

Rosa Rojas

La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificó de «traición» contra Oaxaca y México la firma por parte del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa  y los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, de un Memorándum de entendimiento para permitir que todas las empresas eólicas que se instalen en la región no paguen impuestos municipales.

Mariano López Gómez, vocero de la APPJ, consideró que se violan derechos fundamentales con esos memorándums que firmaron los presidentes  municipales  de Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Juchitán, Unión Hidalgo, Salina Cruz, San Dionisio del Mar, Santo Domingo Ingenio, entre otros, señalando que «mientras a los ciudadanos nos ahorcan con distintos pagos de impuestos, las empresas eólicas con ganancias multimillonarias no pagan ni un centavo de impuesto por  sobre explotar nuestros recursos naturales, dañar nuestros mantos freáticos, cultivos, lagunas, flora y fauna de nuestra región, sin siquiera dejar beneficio alguno a los pueblos».

El pasado 22 de junio, Murat se reunió en la capital oaxaqueña con los presidentes de los citados municipios, con representantes de empresas que generan energía eólica en la región, diputados locales y federales y representantes del gobierno federal, para, se informó, «generar las condiciones de estabilidad, seguridad y garantizar la certeza jurídica, fiscal, registral y social en la zona comprendida en el corredor eólico del Istmo».

Al respecto, la APPJ subrayó que estos memorándums se firmaron para entregar territorios indígenas a empresas eólicas sin consulta ni consentimiento previo de los pueblos afectados, por lo que se hará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, así como organizaciones como Amnistía Internacional y sindicatos solidarios.

López Gómez estimó que se «maiceó» (sobornó) a los presidentes de los citados municipios buscando «entregar de manera unilateral y autoritaria territorio Istmeño a las voraces empresas eólicas extranjeras para que dichas empresas  pisoteen aún más las leyes mexicanas «.

Con esos memorándums «las autoridades municipales por dos volteos y algo así como 18 millones de pesos, se burlan del pueblo, entregan nuestros territorios y  traicionan a la nación mexicana,  dicha traición la extienden  a los concejales en los distintos cabildos municipales, donde buscan acordar en sesión de cabildo que empresas eólicas no paguen impuestos municipales, lo que significa pisotear aún más a los distintos pueblos del Istmo», indicó.

Añadió que de las 24 empresas eólicas instaladas en la región, «ninguna paga impuestos municipales… además se encuentran asentadas de manera violatoria, es decir sin haber celebrado alguna consulta indígena, libre, previa, informada y de buena fe, como lo establece el Convenio 169 de la OIT».

Detalló que tan sólo las empresas eólicas «instaladas violatoriamente en territorio de Juchitán desde el 2015  debían 2 mil 800 millones de pesos al municipio Juchiteco sin que hasta la fecha hayan pagado un solo peso a las arcas del municipio».

Así, «ahorcan al pueblo noble, mientras que para las autoridades municipales representaría la libertad para malversar  recursos, y lograr impunidad bajo acuerdos o memorándums orquestados desde el gobierno priista y operador de las empresas eólicas, Alejandro Murat Hinojosa…»por lo que la APPJ exigió que todos los concejales del municipio Juchiteco, «den revés a esa traición llamado Memorándum de Entendimiento. Y a los dirigentes de PRI y de la COCEI  no sean comparsa de la burla y entrega de nuestro territorio de lo contrario quedarán como traidores a México».

Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

Indígenas oaxaqueños denunciaron ante expertos de la ONU violaciones a sus derechos para imponerles megaproyectos

 

Rosa Rojas

Un total de 25 casos de megaproyectos mineros, eólicos y de extracción de hidrocarburos que se están desarrollando en Oaxaca son violatorios de los derechos a la consulta libre previa e informada de comunidades indígenas, así como a la tierra, al territorio y a los bienes naturales, denunciaron miembros de pueblos indígenas y activistas ecologistas y de derechos humanos ante integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GTNUEDH) que realiza una visita oficial a México.

Coordinaron la visita las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH) las cuales informaron que los expertos Dante Pesce y Pavel Sulyandziga se reunieron con comunidades afectadas por ese tipo de proyectos el pasado  1° de septiembre durante la primera visita regional que realizaron en el Estado de Oaxaca, uno de los más afectados por los megaproyectos en México.

Asimismo indicaron que los asistentes denunciaron abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas, gobiernos municipales, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores como el caso de Bernardo Vásquez en San José del Progreso, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos.

Se expuso además la preocupación ante la reciente aprobación de las Zonas Económicas Especiales, que arrancará en la entidad en el puerto de Salina Cruz «y del que no hay tampoco información clara al respecto de las afectaciones directas en las formas de vida de la región». La reunión se efectuó en la capital oaxaqueña.

Mariano López, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), informó en entrevista telefónica que él expuso cómo la empresa Gas Natural Fenosa (GNF) ingresó a la comunidad de Juchitán a instalar el parque eólico Bií Hioxo «sin ninguna consulta, que hubo hostigamiento de la empresa contra quienes se oponen al proyecto, que provocó división en la comunidad, ahora hay pro eólicos y anti eólicos donde antes todos nos veíamos como hermanos».

Explicó a los expertos que las bases de algunos aerogeneradores tienen hasta 10 metros de profundidad y que «las perforaciones hechas cerca de la Laguna Superior, que colinda con Playa Vicente, están afectando las venas de los pozos de agua, taponándolas, lo que violenta nuestro derecho al agua y es perjudicial para las plantas medicinales que sólo se dan en esa zona, lo que afecta además nuestro derecho a la salud».

Aseveró también que la manifestación de impacto ambiental (MIA) que presentó la empresa al gobierno nunca la conocieron los indígenas juchitecos. Ante esa serie de irregularidades interpusieron un amparo con acompañamiento de ProDESC, contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa y otro por las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, para la instalación del parque de la empresa Eólica del Sur.

Mencionó que hay dos procesos de amparo que están esperando respuesta: aún no hay sentencia sobre el amparo interpuesto hace tres años contra GNF, «porque al principio el juzgado pidió que se comprobara que somos comunidad indígena, lo que se hizo con un estudio antropológico; luego que se comprobara que el parque está en terrenos comunales, por lo que se hicieron peritajes… exigimos justicia pronta y expedita», afirmó López.

Indicó que por escrito se entregó la lista de violaciones en que incurrieron los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso del parque de Eólica del Sur, entre las que enumeró que la consulta respectiva «no fue previa, ya que se habían otorgado permisos a la empresa antes y durante la consulta; no fue libre porque los que estábamos contra el proyecto recibimos amenazas; no fue informada porque solicitamos en 13 oficios cerca de 70 estudios sobre el ruido que producen los aerogeneradores; las afectaciones al agua superficial y subterránea producidas por los parques eólicos ya construidos y otros, que nunca nos entregaron; no fue transparente porque Juchitán tiene 9 secciones y más de 130 colonias y no se realizó en todas y tampoco fue de buena fe».

En su comunicado las organizaciones informaron que dichas violaciones fueron documentadas por la misión de observación integrada por ProDESC, Codigo DH y PODER junto con otras organizaciones locales. Destacaron que «esta consulta fue para el gobierno mexicano, el modelo de las demás consultas a realizar en el marco de la reforma energética».

Señalaron que uno de los casos presentados ante el GTNUEDH fue el de la comunidad Agraria de Unión Hidalgo. Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad, expuso la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC, en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (DEMEX) «ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil siendo que las tierras de Juchitán son tierras agrarias, el juicio se encuentra en la etapa final y se espera que el Tribunal Agrario dicte una sentencia lo más apegada a derecho y respetando los derechos humanos de la comunidad».

El GTNUEDH se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre. La visita cerrará con una conferencia de prensa donde presentarán su informe preliminar, mismo que, incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realicen durante su estancia en nuestro país y las diferentes reuniones que tengan con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas, indicaron.

 

Integrantes de UCIZONI marcharon en el istmo oaxaqueño para exigir mejor servicio de salud, apoyar la movilización magisterial y condenar la represión oficial

Rosa Rojas

Cientos de indígenas mixes, zoques, zapotecas, mixtecas, barreños integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, (UCIZONI) así como colonos, integrantes de la Resistencia Civil y profesores de la Sección 22 del SNTE se movilizaron este 1o. de julio por las calles de la ciudad de Matías Romero, en el istmo oaxaqueño, hasta el bloqueo carretero que mantienen desde hace más de 18 días los trabajadores de la Educación a la altura del kilómetro 200 de la carretera Transístmica, donde les manifestaron su apoyo y denunciaron la amenaza de desalojo violento que ha hecho el Secretario de Gobernación sin ofrecer alternativas de solución.

Durante el mitin en el bloqueo se condenó la campaña «alarmista» de los medios de comunicación que hablan de desabasto sólo para justificar ante la opinión pública un posible operativo violento. También hubo pronunciamientos de los manifestantes en el sentido de que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) «ha sido incapaz de resolver los problemas de nuestro país y que sólo está al servicio de las empresas extranjeras y en defensa de esos intereses es capaz de masacrar al pueblo de México como ocurrió hace 11 días en Nochixtlán».

Los oradores condenaron la política antipopular y represiva del gobierno de EPN, «el cual reprime brutalmente a los ciudadanos y ciudadanas que nos oponemos a las reformas neoliberales», por lo que exigieron que renuncie, informó la UCIZONI.

La marcha inició con un mitin frente al Centro de Salud donde los manifestantes denunciaron la privatización del sector salud, lo cual significa condenar a muerte a los pobres, quienes carecen de recursos para cubrir sus gastos médicos; se manifestó la solidaridad con los trabajadores del sector salud y se hizo un llamado para crear un frente popular amplio que enfrente la ofensiva del gobierno federal.

Después, en marcha encabezada por ataúdes, los manifestantes se trasladaron al Hospital del Seguro Social donde demandaron justicia para las víctimas del mal servicio y demandaron dotar de especialistas y medicamentos al hospital y a las unidades médicas rurales. Se instó a los trabajadores del Seguro Social a vencer miedo y que se sumen al movimiento en contra de las reformas neoliberales.

Posteriormente la marcha se dirigió a la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad, donde se denuncio que esa empresa sirve principalmente a intereses extranjeros y que los parques eólicos son solo un negocio de trasnacionales que  han significado despojo y divisionismo para los pueblos. Se condenó el alza de los energéticos y «la falsedad del discurso gubernamental, el cual promovió la reforma diciendo que el precio de gasolina, gas y electricidad iba a disminuir lo cual no ha sido cierto».

Rosa Rojas  

 

Indígenas Me´phaa de la Montaña de Guerrero llaman a la Suprema Corte de Justicia a declarar inconstitucional la Ley Minera

Rosa Rojas 

Una batalla fundamental para que la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas de México no se quede atrapada en el papel en que están impresas la Constitución, las leyes y reglamentos y empiecen a ser realmente vigentes, está dando la comunidad indígena San Miguel del Progreso – Júba Wajiín en su lengua Me’phaa o tlapaneca– municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, que logró, mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, un triunfo inédito para una comunidad indígena, pero sigue luchando para que la Suprema Corte de Justicia declare que le Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) que protege las derechos colectivos de los pueblos indios.

Representantes de San Miguel del Progreso y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que los asesora, informaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca impedir que el máximo tribunal del país examine el fondo del asunto, es decir, que la Ley Minera viola sus derechos como comunidad indígena, al pedir,  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debe ser sobreseído, es decir, que se suspenda ese proceso. Frente a esta maniobra del gobierno federal, los indígenas  Me’phaa llamaron  a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al analizar el citado amparo el próximo 25 de mayo, garantice los derechos al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Taurino Carrasco, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Valerio Amado Solano, presidente de Bienes Comunales y Maribel González, abogada de Tlachinollan, entre otras personas, explicaron que San Miguel del Progreso interpuso un amparo contra las dos concesiones que había otorgado la Secretaría de Economía, sin consultarle al pueblo, lo que afectaría a  once núcleos agrarios de seis municipios, con unas 240 comunidades asentadas en 168 mil 346 hectáreas, integrantes del CRAADT. En febrero de 2014 el Juez Primero de Distrito de Guerrero emitió una sentencia inédita a favor de la comunidad, dentro de la cual consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras.

Esta sentencia fue impugnada por el Gobierno Federal mediante un recurso de revisión pero San Miguel del Progreso, acompañado por Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

En ese marco, cuando la demanda de San Miguel del Progreso estaba próxima a ser analizada, en octubre del 2015, la comunidad fue notificada por la SCJN de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, se habían desistido simultáneamente de sus títulos, por lo que las concesiones habían sido canceladas.

Para San Miguel del Progreso no cabe duda, señalaron los declarantes, que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas cancelaciones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos como los de la minería a cielo abierto que los amenaza a ellos, pero también eólicos, hidráulicos, gasoductos y de otro tipo que están afectando sus tierras, aguas, bosques, su cultura y poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

Pero hay además otro riesgo para San Miguel del Progreso: El 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Pero la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por San Miguel del Progreso. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe sobreseerse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad solicitó a la Primera Sala que continúe el análisis del caso, ya que el acto reclamado no ha cesado cabalmente todos sus efectos y sobreseer el amparo la dejaría en total desprotección, pues  con la declaratoria de libertad de terreno como consecuencia de la cancelación de las concesiones, otros particulares pueden solicitar nuevas concesiones sobre su territorio.

Es de esperar que la SCJN declare anticonstitucional esa Ley Minera que sólo beneficia a los particulares frente a los derechos de los pueblos indígenas que por siglos han conservado su territorio y recursos naturales contra la depredación que sólo busca grandes ganancias, y que lo han defendido, como lo está haciendo los pueblos indígenas de Tepoztlán, Morelos, los yaquis de Sonora, los nahuas de Ostula, Michoacán y en la Sierra Norte de Puebla y tantos cientos más, tanto con recursos legales como con movilizaciones sociales cuando ha hecho falta.

Tensa situación en Alvaro Obregón, agencia de Juchitán, Oaxaca, porque policías municipales amenazan desalojar a policías comunitarios

 

Ya hubo un enfrentamiento con saldo de un muerto y seis heridos

Rosa Rojas

La policía municipal de Juchitán “y guardaespaldas de la candidata del PAN-PRD Gloria Sánchez López”, a la alcaldía de ese municipio de Oaxaca, amenazan con desalojar con gente armada a miembros de la Policía Comunitaria (PC) y del Cabildo Comunitario (CC) de Alvaro Obregón (AO) luego de que el sábado 14 “agredieran a balazos” a miembros de la comunidad con saldo de seis heridos, denunciaron integrantes de esas instituciones comunitarias, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC (CDHPSVBC).

Por su parte Sánchez López denunció en un comunicado que sufrió “un atentado” por parte de gente armada de dicha comunidad, en el que falleció el policía municipal Virgilio Orozco Jiménez, de 47 años y fue herido otro miembro de su grupo. Por lo anterior demandó la intervención “de la Comisión de Derechos Humanos para constatar estos hechos, toda vez que atentan contra la libertad de los ciudadanos a participar en política y decidir sobre el desarrollo de esta comunidad zapoteca”, indicó.

La APIIDTT  denunció en un comunicado que el día 14, siendo aproximadamente la una de la tarde, sus compañeros Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón “pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón”.

Recordó la organización que durante la lucha contra la empresa Mareña Renovables, que pretendía instalar un parque eólico en la Barra de Santa Teresa –proyectó que se canceló- la comunidad de Álvaro Obregón, decidió en Asamblea general del pueblo cambiar la forma de elegir a sus autoridades, “puesto que los partidos políticos solo respondían a sus intereses y no a los de la comunidad”.

En asamblea general AO eligió su cabildo comunitario y consejo de ancianos y ratificó la constitución de su policía comunitaria, surgida durante la lucha contra la empresa eólica. “Sin embargo el presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, desconoció la voluntad del pueblo indígena e impuso a una persona de su confianza en una elección fraudulenta, misma que fue impugnada por el Consejo de Ancianos en los tribunales; desconociendo el Tribunal de Xalapa Veracruz esa elección, no obstante el presidente municipal Saúl Vicente Vázquez continuó hasta la fecha sosteniendo a Jorge Alonso y 40 policías armados en la comunidad” agregó.

Denunció asimismo la APIIDTT “que desde hace una semana han estado llegando amenazas de desalojar con gente armada la agencia municipal, de parte de los diferentes candidatos de los partidos políticos, y hoy (14 de mayo) fue concretada esa amenaza con el ataque a nuestros compañeros” hechos por los cuales responsabilizó al citado presidente municipal, a Héctor Sánchez López y Gloria Sánchez López, así como a la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca “de administrar a su conveniencia está problemática y no respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus autoridades en Asamblea comunitaria y no propiciar una solución al conflicto” por lo que exigió castigar a los culpables de las agresiones a sus compañeros.

 

Continuará la defensa del territorio zapoteca contra proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

“Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen” pues ya hay mil 915 aerogeneradores instalados pero 49 por ciento de la población vive en pobreza

Rosa Rojas

El anuncio de que el fondo de pensiones holandés PPGM retiró su tercio de inversión para la construcción de un parque eólico de 132 aerogeneradores en tierras de la comunidad agraria e indígena de Juchitán, no implica que el proyecto se haya detenido, por lo que los mil 166 integrantes del pueblo indígena binni’za (zapoteca) que el 15 de septiembre de 2015 interpusieron un amparo contra los permisos y autorizaciones otorgadas por el gobierno federal a la empresa Eólica del Sur, reiteraron su posición de continuar con la defensa de los derechos de sus pueblos y su territorio.

Así lo señalaron Bettina Cruz, Raymundo Regalado y Alejandro Regalado en un pronunciamiento en el que detallaron que pese a que se obtuvo una suspensión definitiva otorgada por el juez federal, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las secretarías de Energía (SENER), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Eólica del Sur, de manera conjunta, presentaron un recurso de revisión, el cual se está discutiendo en el Tribunal Colegiado de la Federación en la ciudad de Oaxaca.

“Por lo tanto nuestra lucha no ha finalizado, la deuda que PGGM, y el resto de las multinacionales que han invertido en nuestra región, tienen con nuestras comunidades, es grande y va en aumento. Y no nos cansaremos, hasta que se reconozca nuestro derecho a vivir dignamente como pueblos indígenas que somos”, subrayaron.

Recordaron que la suspensión de las obras de construcción solicitada en el amparo referido fue otorgada por el juez séptimo de distrito, con sede en Salina Cruz, Isaías Corona Cornado, debido a que por un lado la CRE otorgó la autorización para la producción de energía eléctrica y por el otro la SEMARNAT autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto de Eólica del Sur, “ignorando los derechos y convenios internacionales ratificados por el gobierno mexicano, que dictan que previamente a toda autorización federal se debe realizar un proceso amplio de Consulta Previa, Libre e Informada encaminado a obtener el consentimiento de megaproyectos en territorios indígenas, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la carta de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU”.

Resaltaron que hay quienes afirman que por el retiro de PPGM se perderá una inversión de 250 millones de euros que beneficiaría a Oaxaca y a la región del Istmo de Tehuantepec, culpando de ello al “alboroto de las protestas de los indígenas”, pero puntualizaron que en la planicie costera istmeña ya hay 25 proyectos eólicos en operación, que han implicado la instalación de mil 915 aerogeneradores con una inversión de 6,211.5 millones de dólares (www.cre.gob.mx), no obstante lo cual actualmente 49 por ciento de la población del Istmo vive en pobreza o desigualdad social.

Lo anterior se consigna en un estudio presentado por Oxfam y Educa el pasado 29 de marzo. “Las inversiones relacionadas a los proyectos eólicos no están generando el desarrollo que tanto presumen”, aseveraron y negaron que los pueblos indígenas sean un obstáculo al desarrollo.

“El desarrollo que el gobierno federal y las corporaciones nos imponen choca con nuestra forma de vida y, contrario a lo que pregonan, hasta el momento no nos ha implicado beneficios. Nos ofrecen trabajos temporales y altamente precarios, que anuncian como grandes fuentes de empleo, en vez de promover e impulsar la pesca y la siembra, que son las actividades alrededor de las que hemos recreado nuestra vida los pueblos ikoots y binni’zaa. Dividen a nuestras comunidades, privatizan nuestros bienes naturales y nos hacen vivir bajo amenazas de muerte. Por eso rechazamos sus proyectos desarrollistas neoliberales”, agregaron.

Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

El retiro del fondo holandés PPGM del parque Eólica del Sur “serio revés” para el presidente Peña Nieto, quien viajará a los Países Bajos para promover inversiones en el sector energético: De Telegraaf

Rosa Rojas

El diario holandés de mayor circulación, De Telegraaf, consideró como “un serio revés” para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el anuncio de que el fondo de manejo de pensiones PPGM se retira de la sociedad que construiría en tierras de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, el parque de Eólica del Sur, pues el mandatario viajará a finales de mayo a los Países Bajos “durante una visita oficial para seducir a las grandes corporaciones para invertir en el sector energético de México que recientemente se abrió. La retracción de PGGM es una mala señal” apuntó el rotativo.

En la nota de su corresponsal en México, Edwin Timmer, publicada este 22 de abril, el diario consigna que PPGM, con oficinas en la ciudad de Zeist, tomó ya en diciembre la decisión de retirarse del proyecto, que debería haber sido el mayor parque eólico de América Latina, pero nunca lo difundió públicamente. El argumento del inversor fue que después de cuatro años de retraso el proyecto “ya no podrá ser suficientemente rentable” y por otra parte, por “la constante oposición de los indios locales” no habría cooperación con el mismo.

De Telegraaf recuerda que hace 4 años PGGM anunció su participación en la construcción de 132 aerogeneradores -para 396 megavatios- en un consorcio con la japonesa Mitsubishi y la australiana Maquarie capital.  Pero desde entonces ni un molino se ha construido. “Ni siquiera después de la luz verde durante una amplia consulta pública con el pueblo indígena” acota el diario.

Sin embargo opositores a la construcción como la Asamblea Popular del Pueblo Zapoteco (APPJ) calificaron dicha consulta como “una simulación”. Al respecto el vocero de la APPJ, Mariano López Gómez, indicó en entrevista con Desinformémonos que el retiro del fondo de pensiones holandés del proyecto de Eólica del Sur, “es una noticia grata pero eso no significa que las eólicas no sigan viendo este territorio como uno de ellas; ellos partieron el Istmo (de Tehuantepec) como un pastel y cada quien escogió la zona que quiere”.

Añadió que si una empresa por alguna razón no puede invertir “se lo pueden vender (el terreno) a otra empresa, como ha pasado con Eólica del Sur, que PRENEAL  México se lo vendió a Mareña Renovables, que es Eólica del Sur y así muchas de las empresas han tenido  la región como apartada para ellos y venden ese espacio a otras empresas porque a ellos les correspondió en la repartición del territorio y entre ellos se respetan y las venden a otros cuando ellos no pueden invertir”.

El Telegraaf informa que después de la consulta, los opositores al proyecto lograron a través de tribunales otra vez frustrar la construcción. “El estancamiento parece similar a la manera en que grupos ambientales en los Países Bajos lograron torpedear la construcción o ampliación de nuevas carreteras”, acota.

Por su parte el diario Nederlands Dagblad, publicó que “PGGM se quedo atrapado dos veces en el Istmo de Tehuantepec. El primer plan para poner molinos de viento cerca de San Dionisio del Mar fracasó después de que indios huaves pusieron fuego a sitios de construcción. Temían por sus zonas de pesca. El consorcio solicitó entonces un nuevo lugar, y ante la insistencia de PGGM, el gobierno de México organizó una amplia consulta”.

“PGGM quería asegurar el cumplimiento de una convención internacional sobre los pueblos indígenas. La Organización Internacional del Trabajo requiere que los proyectos sobre tierras indígenas sólo están permitidos si están bien informados y de buena fe dicen que sí. Sin embargo, varios participantes se quejan de acoso durante la consulta. “Estoy amenazado de muerte”, dijo López Gómez a esa publicación.

A su vez el portavoz de PPGM, Maurice Wilbrink, explicó al Telegraaf que “estaba claro que esta inversión ya no podría dar los ingresos que esperábamos… simplemente se tomó demasiado tiempo ”. “El alboroto en torno a las protestas de los indígenas tampoco contribuyó a una decisión positiva” añadió. PGGM planeaba invertir 250 millones de euros de las pensiones de los médicos y enfermeras que maneja. El total de inversión en el proyecto era 750 millones euros.

El diario agregó que después de “una amplia consulta pública se aseguró el consentimiento local. A pesar del disgusto de unos agricultores locales, que ven los molinos de viento como una amenaza, en agosto pasado si llegó la luz verde”. Sin embargo, un juez mexicano “aniquiló la consulta y volvió a exigir una congelación de la construcción. No se habían consultado a suficientes indígenas, era el argumento”.

En su información el Telegraaf  cita a un observador anónimo “que siguió de cerca el proceso” quien se quejó de que lo ocurrido es “un buen ejemplo de un gobierno que, por un lado de manera ejemplar consulta a indios según los estándares internacionales, pero luego está demasiado débil internamente para sostener el acuerdo que hicieron”.

El Nederlands Dagblad, señaló que “para los indígenas zapotecas de Juchitán en torno a la lucha contra el parque eólico, la decisión de PGGM es una inyección en el brazo” y cita declaraciones de López Gómez de que “esta es una victoria para los derechos humanos. Espero que otros inversores sigan el ejemplo de los holandeses”. Añadió que “un grupo de indígenas como López ven los molinos de viento como una amenaza a su cultura y  al cultivo de alimentos y plantas medicinales”.

López Gómez explicó a Desinformémonos que la “supuesta consulta no fue ni previa ni libre ni informada” y aunque se haya retirado del proyecto la PPGM, para nosotros es un riego latente porque los gobiernos federal y estatal han fomentado una división entre los pueblos del Istmo; estos grupos (empresariales) ejercen violencia para apoderarse de nuestro territorio, para que no exista oposición porque buscan llevarse ganancias sin dejar beneficios”.

Explicó que “no estamos pidiendo beneficios como tales, sino que las empresas que ya se asentaron de manera ilegal, tienen que indemnizar a las comunidades disminuyendo las tarifas eléctricas porque en esta zona cuando hace mucho calor la gente quiere tener ventiladores para refrescarse y no pueden hacerlo o si lo hacen les sube el consumo y se quedan endeudados”. Apuntó que a las personas que tienen mayores ingresos igualmente se les deben fijar tarifas más bajas que las que se aplican en general.

“Para nosotros ya no es necesario promover más parques eólicos porque sería un golpe fuerte a la comunidad indígena porque hemos pasado distintas consultas que han sido violatorias pero cada vez con mayor violencia, porque ellos… buscan intimidar a cualquier persona que quiera dar su punto de vista neutral o en contra; lo que hacen es traer golpeadores”.

Aseveró el vocero de la APPJ que la consulta sobre el proyecto de Eólica del Sur fue en cinco fases, “fueron agresivas, cada vez fueron aumentando la violencia, la discriminación y sobre todo la falta de respeto hacia los participantes porque a veces cuando tomábamos la palabra aventaban los envases (de refrescos), los botes de agua, para mucha gente era difícil y no podían pasar a dar su opinión”.

Mencionó que eso se lo comentaron al corresponsal del Telegraaf , “le mostramos algunos videos e hizo un recorrido incluso con una fotógrafa; cuando fuimos al polígono de (el parque eólico de) Gas Natural Fenosa Biioxo, ahí las personas de la policía que lo protegen intentaron agredirnos, a ellos también, pero uno de los campesinos les dijo que no se acercaran porque no eran mexicanos y que iban a tener problemas; entonces a unos 20 metros los policías les tomaron fotos a los reporteros, intentaron quitarles la cámara y todo… ese territorio se ha vuelto peligroso hasta para recabar o recolectar plantas medicinales porque inmediatamente los policías y los de seguridad de esas empresas dicen que necesitan un permiso de la empresa. Ese territorio se está convirtiendo en territorio peligroso gracias a la ambición desmedida de las empresas eólicas”, agregó.

Se le preguntó si en la APPJ estarían dispuestos a considerar un proyecto eólico si se realiza con una consulta previa, libre e informada, como establece la OIT y contestó que “una consulta se debe realizar a través de un protocolo que salga de las comunidades, no de la Secretaría de Energía ni de las empresas, con propuestas y condiciones de las comunidades y de un proyecto en asociación con la comunidad, para ver cómo se puede llevar un beneficio a la comunidad, pero las empresas ya asentadas tienen que indemnizar porque entraron de manera ilegal”.