- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador Graco Ramírez información sobre esos hechos
Rosa Rojas
En un episodio que ejemplifica la descomposición institucional que impera en el Estado de Morelos, el pasado 3 de junio concluyeron los trabajos de exhumación de cuerpos en las fosas del panteón de Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde habían sido inhumados en forma clandestina por la Fiscalía General de la entidad.
De esa fosa fueron rescatados 117 cuerpos, tras 12 días de trabajos ininterrumpidos. «El Fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón, informó que entre los restos hallados hay un feto, un bebé y un menor y extremidades que podrían aumentar la cifra, por lo que se harán pruebas a los 117 cuerpos para obtener una respuesta certera», según informó el sitio web 24 horas mx.
El horror de lo que significa el contenido del párrafo anterior ejemplifica dos cosas: la primera, que en esa nota el fiscal, que es parte de los responsables de la inhumación clandestina, sin reportes forenses, sin pruebas de ADN de los cuerpos sin identificar, no habla de fincar responsabilidades ante tantas irregularidades que conforman delitos; no menciona que se hará una investigación, que se castigará a los responsables de esos hechos monstruosos, quizá porque el fiscal tendría que investigar a su propia dependencia. Pero tampoco se ha tenido noticia -espero estar equivocada- de que el gobernador, Graco Ramírez, haya declarado que se investigará y castigará ejemplarmente esos delitos para evitar su repetición.
La segunda cuestión es que existe una enorme insensibilidad por parte de autoridades nacionales que prácticamente se han mantenido al margen de esa investigación, quizá porque México está convertido en una enorme fosa clandestina, donde ocurre que cuando un grupo de familiares, porque eso normalmente no lo hacen las autoridades responsables, emprende la búsqueda de sus desaparecidos, que se calcula son más de 27 mil y contando- encuentra fosas con restos humanos.
Entonces hay una especie de «normalización», por decirlo de alguna forma, de la mirada sobre estos descubrimientos. Se toma nota por parte de las autoridades, si es que lo hacen, los familiares hacen gestiones para que se analicen los restos y a lo que sigue. ¿En qué momento perdimos el país, en qué momento acabo el horror siendo parte de nuestra cotidianeidad, cuándo ocurrió que sea «lo normal» que se encuentren restos humanos esparcidos en tantas fosas y la impunidad campee por sus fueros y muchos ciudadanos y ciudadanas prefieran no enterarse de esa información quizá para no preocuparse, hasta que la desaparición de alguien de su familia o conocido toque a su puerta?
Se abre sin embargo un pequeño resquicio en el caso de las fosas de Tetelcingo: de acuerdo a una información de la agencia oficial Notimex del 8 de junio, la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez y a la Fiscalía General de la entidad, información sobre el avance de las investigaciones de los hechos relacionados con dichas fosas.
El citado acuerdo también solicita a las autoridades competentes garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se resalta la necesidad de que, tras la exhumación de los cadáveres sepultados de forma irregular, se determine la identidad de los mismos y la responsabilidad por acciones u omisiones de los servidores públicos.
Falta entonces ver qué ocurre con ese acuerdo de los legisladores y qué clase de compromiso con la verdad y la justicia asume el gobernador Graco Ramírez, a quien la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, múltiples colegios de profesionales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos -que ha acompañado a los familiares de desaparecidos en el logro de abrir las fosas y rescatar los restos humanos- consideran el principal responsable de tan lamentables hechos.
Al respecto, el rector de esta casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez afirmó, según informó La Jornada, que estas fosas y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, » confirman que las autoridades estatales y municipales están coludidas con el crimen organizado, por lo menos desde Iguala, Guerrero, hasta Cuautla, Morelos».
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