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Integrantes de radios indígenas y comunitarias solicitan al IFT flexibilizar trámites para concesiones, no criminalizarlas y hasta 30 por ciento de las nuevas frecuencias

20160526_140041Rosa Rojas

Una solicitud para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no criminalice a las radios indígenas y comunitarias que operan sin concesión; reservarles hasta un 30% de las nuevas frecuencias; flexibilizar los trámites para que dichas radios obtengan sus concesiones y asegurar el acceso al uno por ciento de la publicidad oficial que por ley les corresponde, hicieron integrantes del Grupo de incidencia en políticas públicas para los medios de comunicación comunitarios e indígenas (GIPPMCCI) a los miembros del pleno del organismo.

En dicha reunión estuvieron presentes el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras y los y las consejeras Ernesto Estrada, Adriana Sofía Labardini, Mario Fromow, Adolfo cuevas y María Elena Estavillo. Por el GIPPMCCI asistieron miembros de las organizaciones Boca de Polen; Redes AC; Agencia Internacional de Prensa India, Red de Radios Indígenas de Michoacán; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México; Congreso Nacional de Comunicación Indígena; Cholollan Radio; Grupo de Trabajo sobre Legislación de Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas y Comunicación Mixteca de la Costa.

Las y los participantes del GIPPMCCI presentaron a los comisionados del IFT -el 26 de mayo- algunos de los requerimientos de las radios indígenas y comunitarias (RIC), como el evitar que se les solicite información y documentación excesiva e innecesaria para el trámite de concesión.

También que no se les exija que realicen alteraciones innecesarias a las actas constitutivas de las organizaciones para que digan exactamente lo que el formulario para la obtención de la concesión requiere sino «comprender que en el sentido general de las mismas se incluyen los principios que deben estar presentes»; que no se les obligue a protocolizar las actas ante notario sino que dichos principios puedan declararse por medio de actas de las y los integrantes de cada asociación civil, porque los notarios cobran entre 8 mil y 12 mil pesos por ese trámite, cantidad con la que no cuentan las RIC, cuyos recursos son precarios.

Sobre el particular la comisionada Labardini comentó que la ley no exige la protocolización notarial y que podría ser que la asamblea comunitaria o de asociados de la organización tome el acuerdo de suscribir los principios que se requieren y esa acta es válida legalmente por lo que pidió que se analice conforme al Código Civil si adoptar esos requisitos de equidad de género, etcétera, requiere protocolización notarial. «Lo que me interesa es que practiquen esos principios y no que un notario se haga rico con la protocolización» afirmó.

Se planteó a los comisionados la necesidad de que en la campaña «Se busca por robo» del IFT haya una distinción entre los medios que operan sin concesión, evitando ponerlos a todos en un mismo saco, pues por un lado están los medios comerciales, esotéricos, religiosos, partidistas o de otra naturaleza que dicen ser comunitarios y por otro los que cumplen una función social. Las RIC cuentan con un reconocimiento y protección en la Constitución e incluso en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, indicaron los exponentes. Se subrayó que hay una asignación de concesiones «donde los criterios de equidad y pluralidad no se reflejan en la realidad».

Sobre dicha campaña el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras, mencionó que él la puso en marcha pero ninguno de los otros comisionados estará enterado; que no se llamó «se busca por robo» sino que ese fue uno de los elementos porque hay una inercia que se está combatiendo dado que hay presidentes municipales que «tienen la osadía de inaugurar radiodifusoras que están interfiriendo… incluso comunicaciones aéreas» y otras que dijo «están siendo utilizada por narcos». Sin embargo apuntó que ninguno de los presentes en la reunión ha sido molestado, subrayó que es ilegal el uso del espectro sin concesión y que se está en la etapa de que todos los medios de comunicación indígena operen dentro de la ley.

Los integrantes del GIPPMCCI propusieron que el IFT establezca un protocolo claro y transparente en sus acciones de decomiso para que cuando su unidad de espectro detecte una señal que se emite sin concesión se determine mediante un estudio si ésta causa interferencias a otras emisoras con concesión. Dicho protocolo debe ser construido conjuntamente a partir de un diálogo con la unidad jurídica del IFT, de manera participativa con la visión de las comunidades indígenas. No es necesario llegar con Policía Federal a decomisar los equipos se indicó, solicitando que se haga una campaña informativa a los medios y se entre en diálogo con ellos.

Al respecto el comisionado Adolfo cuevas manifestó que no coincide en que haya plazos distintos para una radio ilegal por ser indígena y otra que no lo sea; «no puedo entender que haya impunidad a un medio ilegal así sea indígena… no a un régimen especial de impunidad» apuntó.

Se solicitó asimismo la creación de un grupo de trabajo para analizar los problemas que afrontan las RIC en proceso de transición de permisionarias a concesionarias porque existen, se dijo, muchas contradicciones e incoherencias en ese tránsito que no se resuelven y mientras se acerca la fecha fatal para cumplir con los requisitos, que es el 30 mayo.

Se expuso que en el caso particular de la criminalización que se hace al uso radioeléctrico por parte de las RIC «hay una sobrerreacción… que esté escrito en el código penal federal no quiere decir que es más justo… no necesariamente la ley es justa. Sabemos que el IFT está para regular, a lo que apelamos es a una aproximación pro-persona desde un lado distinto, por qué hacer una persecución por robo cuando habría un paso previo: decir vamos a regularizar a las comunidades que ya están haciendo uso del espectro radioeléctrico y es necesario reforzar las estrategias de comunicación».

Se solicitó también un apartado en el sitio web del IFT con información para los pueblos indígenas que incluya la legislación que les atañe, situación de sus trámites y otras cuestiones, algo que ya se había pedido antes y se les contestó que debería tramitarse a través de la unidad de Comunicación Social, lo que se hizo pero no se ha tenido respuesta. En esta sección se dijo, podría estar el estudio de disponibilidad espectral en un pueblo o región.

En relación con el uno por ciento de la publicidad oficial que por ley le corresponde a las RIC, se pidió que el IFT «ponga el ejemplo» a las otras dependencias oficiales y establezca un mecanismo funcional para que las radiodifusoras accedan a la misma porque «el principal medio de censura sutil en México» es el no otorgamiento de la publicidad. Si las RIC no la reciben no se garantizan sus condiciones de sostenibilidad.

Se planteó además que dentro de los lineamientos de los derechos de las audiencias se incluya la pluralidad de contenido, el uso de las lenguas indígenas en medios comerciales y públicos; se indicó que el GIPPMCCI puede hacer un catálogo de producciones que podrían incluirse en dichas transmisiones y se propuso que el IFT haga un estudio de cuál es el tratamiento a los pueblos indígenas en medios públicos y comerciales.

Se propuso igualmente crear un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta de políticas públicas respecto a quién es responsable para que las RIC cuenten con recursos para su desarrollo. Es importante poner un agente de enlace y hacer una reunión con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas así como la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados para ver cómo se superan estos pendientes.

Finalmente se dijo que todas estas propuestas se entregarían en forma detallada dentro de los próximos 15 días y se esperaría una respuesta del IFT en los siguientes 15 días. El presidente comisionado señaló que los integrantes del pleno del Instituto deben discutir internamente en forma colegiada y que en no más de 15 días después de recibir la propuesta mencionada se daría una respuesta puntual a cada uno de los planteamientos realizados, con propuestas de acciones específicas. Designó como enlace con el GIPPMCCI a Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT.

 

 

 

 

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La comunidad indígena de San Miguel del Progreso combate con otro amparo la desprotección por el sobreseimiento de la SCJN de su recurso contra la Ley Minera

Rosa Rojas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 25 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es «preocupante por decir lo menos» el fallo citado. «Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contario».

Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.

En ese contexto, «para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas».

Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció  públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.

Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.

Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.

Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.

El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que «es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años».

Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, «porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos».

Añadió que como  REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles «y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten».

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La SCJN «tarde o temprano» deberá discutir la inconstitucionalidad de la Ley Minera y resolver a favor de los pueblos originarios: Serranos Unidos en Resistencia Indígena

 

Rosa Rojas 

Ante la resolución adoptada por  la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en su sesión del 25 de mayo, en el sentido de sobreseer el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena Me´phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero,  sin entrar al fondo de la cuestión planteada por la comunidad de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), de la Sierra Norte de Puebla, advirtió que «ante la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación».

Por lo pronto, «nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos», advirtió el dirigente de SURI, Raymundo García Lopez, en un comunicado.

La comunidad tlapaneca de San Miguel del Progreso, logró mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, siguió luchando para que la Suprema Corte de Justicia declarara que la Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pidió  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debía ser sobreseído. Sin embargo, San Miguel del Progreso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

San Miguel del Progreso había señalado que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas renuncias a las concesiones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, «pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos», poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

La comunidad advirtió también que el 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilitaba a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

García Lopez planteó que de acuerdo con el modelo jurídico adoptado por nuestras instituciones, reforzado con las innovaciones del sistema jurídico interamericano y atendiendo la supremacía de las normas, «es ampliamente reconocida la brecha legal  entre la Constitución General de la República y la Ley Minera, teniendo como referente la propia Jurisprudencia de la SCJN en cuanto a la fuerza de los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República».

Afirmó que el Estado mexicano autoriza concesiones mineras en las regiones indígenas «de una forma ilegal e ilegítima creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas de los pueblos indígenas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla».

Añadió que cada vez más la nación se desgarra por este enfrentamiento –a veces silencioso, otras ocasiones público- «sin tomar el Gobierno medidas de solución apegadas a derecho empezando por respetar los Tratados firmados y armonizar la Constitución General de la República y establecer  una Mesa de Alto Nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas. Al contrario, mediante subterfugios legales de abogados patronales incrustados en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos».

 

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