Archivo de la categoría: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Paramilitares atacan Nuevo San Andrés en Santa María Chimalapa, Oaxaca; hay cuatro heridos y seis comuneros desaparecidos: CNDCCHIM

Rosa Rojas

La congregación de Nuevo San Andrés, ubicada en la porción oriental del territorio comunal de Santa María Chimalapa, fue atacada el viernes 24 enero por unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego, provenientes del estado de Chiapas, con un saldo -hasta el momento- de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y seis comuneros desaparecidos denunció el Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas (CNDCCHIM).

Esta organización advirtió que es muy probable que el grupo agresor que agredió y secuestró a los comuneros chimas de nuevo San Andrés, sea el mismo grupo paramilitar que realizó un ataque en octubre de 2014, autodenominado «el ejército Chamula».

El CNDCCHIM agregó, que de acuerdo al reporte del presidente municipal de Santa María Chimalapa, Víctor Zárate, el herido grave está internado en un hospital de Cintalapa, Chiapas.

La organización indicó que la pequeña congregación de Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tzotziles, «llevados allá con engaños por el gobierno de Chiapas, pero quienes, al conocer que estaban en territorio comunal Chimalapa, solicitaron respetuosamente su ingreso como comuneros, siendo reconocidos como congregación comunal por la asamblea de Santa María».

Recordó que desde 2014 el CNDCCHIM en un comunicado público emitido el 12 octubre, día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, denunció «tres nuevas amenazas penden sobre el territorio comunal Chimalapa, sumándose a la ya de por sí impune situación de invasión, despojo y depredación de la que sigue siendo objeto dicha bio-región».

En dicho comunicado se detallaba que una de esas amenazas es el surgimiento en el límite este del territorio comunal de Santa María Chimalapa, «de un grupo de corte paramilitar denominado ´el ejército Chamula´ al parecer bajo las órdenes de un pseudo ecologista llamado Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario del predio denominado ´Los Ocotes´, donde con apoyo de autoridades ambientales (CONANP-CONAFOR) y del gobierno de Chiapas, ha construido un proyecto de supuesto ecoturismo».

Asimismo se consignaba que la denuncia pública «emitida recientemente por comuneros de las congregaciones de Chocomanatlán, Nuevo San Juan, Pilar Espinoza y Río Frío, señalan que se encuentran en alerta roja, pues los integrantes de dicho grupo de guardias blancas, armados con escopetas y armas de alto poder se han asentado en el paraje denominado Nuevo San Andrés y están encabezados por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna o Rubén Jiménez Luna, identificados como trabajadores de Gómez Jiménez. Dicho grupo, que ya invadió el rancho El Tule, ubicado en el vecino municipio de Cintalapa, desalojando a balazos a los ocupantes y causando la muerte de una persona, amenaza con invadir definitivamente territorio comunal Chimalapa».

El comunicado del CNDCCHIM, firmado por su coordinador nacional Luis Bustamante, y el coordinador regional Miguel Angel García, demanda difundir estos hechos correr la voz y estar alertas y va con copia a una serie de funcionarios federales y estatales, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el subsecretario de la Secretaría de gobernación, Roberto Campa Cifrián; el Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Cleofás Martínez Veloz; así como a las comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados Federal, además de a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su representación en México y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Chimalapas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desaparición por particulares, impunidad, Indígenas, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uncategorized

Chimalapas: crisis por conflictos por tala e invasiones, desatendidos por gobiernos federal y oaxaqueño

Rosa Rojas

 

chimalapas2

 

Una crítica situación se vive en la región de Los Chimalapas, Oaxaca, limítrofe con el estado de Chiapas, donde comuneros zoques de las congregaciones de Benito Juárez y San Antonio, de San Miguel Chimalapa, mantienen retenidas a cinco personas y un helicóptero  oficial, exigiendo que se anulen los permisos de tala otorgados a los chiapanecos del poblado Rodulfo Figueroa, y por otra parte la congregación comunal -también chima– San Francisco La Paz, de Santa María Chimalapa,  anunció que esperarán «pacientemente» unos días a que los gobiernos federal y estatal cumplan la promesa de desalojar a los madereros, ganaderos y latifundistas chiapanecos que han re-invadido sus tierras, antes de emprender acciones directas como pueblo para rescatar su selva.

Hasta este jueves se mantenía la retención de Angel López Sánchez, presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario chiapaneco Rodulfo Figueroa, «que es a la vez cabecera del ilegal municipio chiapaneco Belisario Domínguez», por estar asentado en territorio oaxaqueño según los comuneros chimas que el 29 de septiembre sorprendieron talando  árboles de pino en el paraje El Quebrachal al ejidatario chiapaneco.

Asimismo estaban retenidos desde el 1 de octubre el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esaú Trujillo Gómez; el cuestionado Presidente del Comisariado de Bienes comunales de San Miguel Chimalapa, José Medel Sánchez Cruz y su presidente del consejo de vigilancia, Rosalino Sánchez Martínez, así como los dos pilotos del helicóptero en el que estas personas arribaron a la zona tratando de que les entregaran a López Sánchez.

Por su parte la comisión de funcionarios del gobierno estatal, encabezada con Víctor Hugo Alejo, consejero jurídico del gobernador Gabino Cue, que busca negociar la entrega de los retenidos y el helicóptero, estaba concentrada el jueves  en la ciudad de Juchitán, exigiendo a las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, que les envíen el citado aparato para subir a dialogar con ellos. Sin embargo el coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, Miguel Angel García, informó vía telefónica que las asambleas comunales de las citadas congregaciones no aceptaron tal condición, «pues por experiencia saben que si entregan el helicóptero, luego los funcionarios menos van a subir, y en cambio, van a querer que sean los comuneros quienes bajen a la ´negociación´… y podrían detenerlos abajo, para tomarlos de rehenes e intercambiar retenidos… algo que ya ha ocurrido varias veces en la historia chimalapa».

Los comuneros de San Antonio y Benito Juárez exigen para liberar a los retenidos una mesa de diálogo con Roberto Campa Ciprián, subdirector de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), para plantearle sus demandas que son la reinstalación inmediata de la mesa agraria-ambiental, encabezada por el gobierno federal, a través de la Segob, con participación de Semarnat, Profepa, PGR, Sedatu, Procuraduría agraria, Inegi y gobierno de Oaxaca; suspensión total y definitiva «de los ilegales permisos de explotación maderera expedidos por Semarnat desde 2005, en terrenos comunales Chimalapas y castigo a los talamontes con todo el rigor de la ley».

Asimismo el cumplimiento estricto de los compromisos contenidos en el «Acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad de la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas», firmado en la Segob el 22 de diciembre de 2011 y el «respeto irrestricto a la suspensión de plano, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 diciembre 2012, en el marco del juicio de controversia constitucional» entre ambas entidades federativas.

El conflicto entre los zoques chimas y los tzotziles chiapanecos -los ganaderos y latifundistas son mestizos- es de larga data. En un escrito en el que San Francisco La Paz le manifestó su apoyo total a sus hermanos de San Antonio y Benito Juárez, el mismo en el que indican que está esperando el desalojo del paraje La Reforma, los comuneros zoques recordaron que «durante más de 10 años (1982 -1994) fuimos agredidos y fueron violados nuestros derechos indígenas, incluyendo asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, desaparición de comuneros y violación de mujeres, por parte de pistoleros de la ilegal colonia San Isidro La Gringa, encabezada por el entonces gobernador chiapaneco y luego secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido».

Afirman que «como pueblo nunca dejamos de luchar pacíficamente hasta lograr en septiembre de 1994, la recuperación de 40 mil hectáreas de territorio comunal invadido por ganaderos y narcos de San Isidro La Gringa, contando entonces con el decidido apoyo de los entonces comisariado de nuestra cabecera, Santa María Chimalapas, Zeferino López Mendoza y de nuestros hermanos de la cabecera de San Miguel Chimalapa, comisariado Marbel Reyes así como de un buen número de comunidades y comuneros de todo Chimalapas tanto de Santa María, así como de San Miguel, con quienes entonces hicimos un frente común de defensa del territorio, y contando también con el decidido apoyo del Comité nacional para la defensa y conservación de los Chimalapas y de la diócesis de Tehuantepec, encabezada entonces por el obispo Arturo Lona Reyes».

Subrayan que «siempre, los tres niveles de gobierno: el municipal el oaxaqueño y el federal, no hacen caso de las justas denuncias y demandas de nuestros pueblos Chimalapas y que, lamentablemente, nos forzan como pueblos a tener que actuar directamente para lograr la atención de nuestros problemas agrarios y de impune invasión del gobierno chiapaneco, con madereros, ganaderos y latifundistas que saquean y devastan nuestra selva».

Campa sin embargo se reunió el miércoles 5 de octubre con autoridades estatales, agrarias y municipales de la zona -no con los comuneros de San Antonio y Benito Juárez que han impugnado a esas autoridades- con las que discutió «una estrategia para lograr un plan que permita frenar las invasiones del territorio y detener la tala inmoderada de madera, además de reforzar los patrullajes en la zona», según informó el sitio fotosnoticias.com.

El funcionario dijo también que se ha atendido a la comunidad de los Chimalapas, tanto a sus autoridades municipales como agrarias, y los hemos sentando a dialogar junto con los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para resolver el conflicto de límites territoriales» y se acordó con la fuerza federal realizar operativos en la zona en conflicto «para detener a los grupos de ejidatarios y colonos que han invadido el territorio de Oaxaca de forma indebida, aplicándose acciones de desalojo para recuperar los predios» y que el estado mexicano está exigiendo a los jueces aplicar «sanciones ejemplares» a los responsables de las invasiones y las talas ilegales de madera en la zona en litigio.

Aseguró además Campa que el conflicto por la indefinición del territorio está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que hay avances “significativos” y por ello se ha solicitado en particular al gobierno del estado de Chiapas evitar las invasiones, “creo que ya lo han entendido y han colaborado para frenar tales acciones”, consignó la agencia informativa.

Por su parte http://www.istmopress.com.mx, informó que en Juchitán, Rodrigo Velásquez García, Subsecretario de operación regional de la Secretaría General de Gobierno (Segego) explicó que su intención es dialogar con los comuneros, «sabemos que están muy molestos y lo entendemos, es una lucha de muchos años, sin embargo también queremos que nos entreguen al presunto talamonte de nombre Abel López Sánchez y quién dice ser comisariado de bienes ejidales de Rodulfo Figueroa, una comunidad que se fundó en territorio zoque por el gobierno de Chiapas, él tendrá que pagar si es culpable ante la Fiscalía General de Oaxaca”.

Dijo también que el gobierno de Oaxaca está a la espera de la resolución que pueda emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Sabemos que el gobierno de Chiapas ha desatendido la resolución presidencial del año 1994 en donde le fueron devueltas a Chimalapa 44 mil 900 hectáreas de las cuales se creó el pueblo de Rodulfo Figueroa hace apenas unos años, el conflicto sigue fuerte, sigue vivo, nosotros entendemos la molestia de los comuneros, quienes han visto como su terruño está acabándose por supuestos talamontes no solo de Chiapas, sino de Veracruz, Michoacán y otros estados de la república».

 

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desarrollo, Ecología, impunidad, Indígenas, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Secretaría de Gobernación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uncategorized

El Estado mexicano sigue discriminando «técnica y legalmente» a la radiodifusión indígena, denuncia la Asamblea Comunitaria Mazateca

Rosa Rojas

En los estudios de grabacion1

La Asamblea Comunitaria Mazateca (ACM), de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, denunció que si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó el otorgamiento de concesión de uso social indígena para operar Radio Nahndi’a  (xhtfm107.9@gmail.com) a través de la Asociación Civil Mie Nillu Mazateco, el Estado mexicano sigue discriminando a la radiodifusión indígena «técnicamente y legalmente».

En un comunicado,  la ACM explicó: «el Estado a través de sus instituciones nos sigue discriminando cuando otorga ´baja potencia´ para transmitir, nos ubica en la parte alta del espectro radioeléctrico, solicita excesivos requisitos en el trámite de una concesión; además de no permitirnos tener patrocinios para la sostenibilidad de nuestros medios de comunicación».

La organización ratificó su compromiso con el movimiento de comunicación indígena en México de compartir su experiencia con otros colectivos que pugnan por una comunicación indígena libre y autónoma, manifestando que entre los retos que tiene por delante están, como colectivo, «no caer en la burocratización legal e institucional, la cual representa un peligro constante que nos puede alejar de nuestro quehacer en la comunicación comunitaria indígena».

Asimismo, como pueblo Nashinanda’a  (mazateca), «seguir resistiendo desde nuestra libre determinación ante el despojo de nuestras tierras y territorios y desterrar toda forma colonizante que lacere nuestra vida comunitaria».

Subrayó que seguirá demandando al Estado mexicano el cabal respeto de sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Mexicana pues aunque hay un avance en la legislación sobre radiodifusión y telecomunicaciones, éste «no es suficiente».

Recordó que la ACM, a través de la Asociación Civil Mie Nillu Mazateco  integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-MEXICO, realizó las gestiones de refrendo del permiso de operación de Radio Nhandia ante la  Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en el año 2010, según lo marcaba el Título de Permiso expedido por la Secretaría de Telecomunicaciones, a fines del año 2004. «Tuvieron que pasar cinco años y 8 meses para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),  nos otorgara, en un solo acto, el refrendo y la concesión de uso social indígena; llegar a esto, no fue nada fácil».

Detalló que a mediados del mes de junio de 2006, Armando Navarrete Cornejo, funcionario, del ex gobernador Ulises Ruiz, «nos llamó por teléfono, indicándonos que deberíamos cambiar nuestra línea editorial, ya que no convenía a los intereses de dicha administración gubernamental y que líderes priistas de la región mazateca demandaban el cierre de la radio; el 24 de agosto de 2006, la amenaza de Armando Navarrete se materializó, cuando un grupo armando impidió que ingresáramos a las instalaciones de la emisora Nahndia, ocasionando la interrupción de las transmisiones de la radio. A pesar de todo, el 24 de febrero de 2008 salimos al aire con nuevas instalaciones y equipo de trabajo».

Señaló asimismo que no olvida el intento de negarles el derecho de operar y administrar sus propios medios mediante la “ley Televisa”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, contra la cual se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber violado los derechos de los pueblos indígenas de México.

«Ya en el proceso de refrendo nos alcanzó la Reforma Constitucional y la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de nueva cuenta tuvimos que someternos a un trámite burocrático para que el IFT aprobara  el refrendo y la concesión de uso social indígena» enumeró.

La ACM subrayó que seguirá demandando al Estado mexicano el cabal respeto de sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Mexicana y acabar con la  criminalización de los medios comunitarios e indígenas.

Fotos: ACM

El niño Juventino Marín en los controles1

 

Deja un comentario

Archivado bajo Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desarrollo, Discriminación, Indígenas, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Nahndiá (mazateca), Oaxaca, Organizaciones Sociales, Radio indígena, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Telecomunicaciones, Uncategorized

En la Consulta Indígena Maya autoridades actúan como cómplices de transnacionales de semillas transgénicas, denuncia la Misión de Observación

Rosa Rojas

Organizaciones no gubernamentales integrantes de la Misión de Observación (MO) de la Consulta Indígena Maya a comunidades de Campeche y Yucatán, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si permiten o no la siembra en su región de soya genéticamente modificada (GM) -o soya transgénica-, advirtieron que dicha consulta está en riesgo de convertirse en una «consulta fallida» como la que se ha realizado entre los indígenas yaquis de Sonora, dado que las autoridades federales no están cumpliendo con los principios de que sea previa, libre, informada, de buena fe,  y culturalmente adecuada, es decir de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Valeria Enríquez, de Organic Consumers México; Rodrigo LLanes, del Colegio de Antropólogos de Yucatán; Edmundo Pozo de FUNDAR y María Colín de Greenpeace México, organizaciones que son parte de las 25 que integran la MO, reprobaron en conferencia de prensa el pasado 13 julio, la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), instituciones responsables de organizar la consulta por permitir «graves irregularidades» en las sesiones de la fase de «acuerdos previos» llevadas a cabo los días 30 junio y 1 de julio en los municipios campechanos de Hopelchén y Tenabo.

Los citados representantes de la MO, informaron que los funcionarios de dichas dependencias permitieron la presencia, sin habérselo informado a las comunidades mayas, de un centenar de agricultores menonitas y productores de otras comunidades que están a favor de la siembra de soya transgénica, quienes ocuparon los espacios del salón donde se llevaría a cabo la reunión y aunque los representantes de las comunidades indígenas manifestaron que no había condiciones para realizar la reunión y solicitaron se suspendiera ésta por no haber condiciones mínimas de seguridad y respeto y sólo se les entregara el plan de trabajo, las autoridades decidieron llevar a cabo la reunión en dos salones separados: en una los representantes de las comunidades y en otra los simpatizantes de la siembra de soya transgénica, en su mayoría ajenos a las comunidades.

Esa división aseveraron, generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, «propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial, quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes».

Los indígenas mayas representantes de 31 comunidades de Hopelchén y siete de Tenabo, lograron que la SCJN ordenara la suspensión de la siembra de soya transgénica en Campeche hasta en tanto se realizara esta consulta, conforme a disposiciones nacionales y de convenios internacionales firmados por México que nuestro país está obligado a respetar. Sin embargo, como se ha visto en la consulta a las comunidades yaquis de Sonora en el caso de un acueducto que los despojaría del agua a la que tienen derecho, así como en la consulta que se llevó a cabo en Juchitán, Oaxaca, sobre la construcción de un parque eólico, la actitud de las autoridades de la Sagarpa, de la CDI y en el caso de la consulta maya la Cibiogem, es más bien la de quienes pretenden cubrir un requisito burocrático para darle visos de legalidad a la decisión, ya tomada, de beneficiar a las empresas transnacionales que están detrás de este y otros megaproyectos.

En el caso de la consulta maya, otra vez se están violentando los principios de buena fe, imparcial, libre, culturalmente adecuada, con el hacer y dejar hacer que los funcionarios de las mencionadas dependencias federales llevan a cabo, porque incluso, como denunciaron los representantes de la MO, varios de los grupos de productores ajenos a las comunidades favorables a la siembra de soya transgénica se transportaron en camionetas de empresas relacionadas con la transnacional Monsanto, principal interesada en los permisos de siembra de soya y otras semillas transgénicas en el país, y que por lo tanto debería mantenerse alejada de la consulta, sin que los funcionarios tomaran medidas para impedir el hostigamiento de esos grupos contra representantes de las comunidades campechanas.

Incluso los productores que exigen que se les permita sembrar ya la soya transgénica, llegaron a amenazar a todos los asistentes «con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en la que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas».

El reporte de la MO afirma que «la pasividad de las autoridades responsables duró varias horas por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del delegado de la Sagarpa en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de seis comunidades», declaraciones, que reiteró al día siguiente  ante medios de comunicación.

Los representantes de la MO subrayaron a su vez que la consulta debe ser vinculante, no sólo informativa como han declarado algunas de esas autoridades mencionadas.

Indicaron que las comunidades que lograron la sentencia de la SCJN para suspender la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán para realizar esta consulta incluso han solicitado la reparación del daño que ya ha ocasionado que en 2015 se hayan sembrado en la península 8 mil 590 hectáreas de soya transgénica. Sin embargo la Suprema Corte no discutió el fondo del asunto sino solamente ordenó la suspensión de la siembra y la realización de la consulta, lo que es grave porque debería aplicarse el principio precautorio para evitar los impactos al medio ambiente y a la salud.

Entre los impactos negativos de la siembra de soya transgénica mencionaron la contaminación por el insecticida glifosfato de los mantos acuíferos, la dispersión de semillas genéticamente modificadas en áreas protegidas, la desforestación que es grave en Campeche y va ligada a la desecación de aguadas, la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, lo que causa un grave daño a las 25 mil familias que viven de la explotación y exportación de la miel en Campeche y Yucatán; afectación a la salud por las fumigaciones aéreas, entre otros graves impactos ambientales y a la salud de la población.

Incluso indicaron que ya se ha encontrado glifosfato en muestras de orina de pobladores así como en garrafones de agua. Además, las comunidades mayas podrían perder el mercado alemán de la miel que tienen actualmente porque ese país exige un abasto libre de transgénicos.

Con la división en dos grupos que realizaron las autoridades federales del 30 junio, una parte de productores de la comunidad Vicente Guerrero Iturbide afirmó que ya hay agricultores que están sembrando soya genéticamente modificada en sus tierras. De comprobarse esto se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN, por lo que la MO recomendó que SENASICA realice inspecciones y en su caso la destrucción de dichos sembradíos y que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo necesario para cumplir con la resolución de la Suprema Corte.

Habría que ver que dice la SCJN respecto a la actitud cómplice con las transnacionales de transgénicos que están asumiendo las autoridades federales involucradas. Hacerse de la vista gorda ante las violaciones cometidas puede leerse también como complicidad. Somos muchos quienes creemos que no basta con dictar una sentencia sino que también debe vigilar que ésta se cumpla cabalmente. Bastante cara nos sale esa institución que debe ser garante del estado de derecho en este país que ya hace rato está muy chueco.

 

Deja un comentario

17 julio, 2016 · 19:40

La comunidad indígena de San Miguel del Progreso combate con otro amparo la desprotección por el sobreseimiento de la SCJN de su recurso contra la Ley Minera

Rosa Rojas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 25 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es «preocupante por decir lo menos» el fallo citado. «Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contario».

Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.

En ese contexto, «para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas».

Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció  públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.

Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.

Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.

Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.

El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que «es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años».

Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, «porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos».

Añadió que como  REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles «y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten».

Deja un comentario

Archivado bajo Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desarrollo, Documentos, Estado de Guerrero, impunidad, Indígenas, Ley Minera, Me´phaa, Megaproyectos, Organizaciones Sociales, Secretaría de Energía, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tlachinollan, Uncategorized

La SCJN «tarde o temprano» deberá discutir la inconstitucionalidad de la Ley Minera y resolver a favor de los pueblos originarios: Serranos Unidos en Resistencia Indígena

 

Rosa Rojas 

Ante la resolución adoptada por  la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en su sesión del 25 de mayo, en el sentido de sobreseer el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena Me´phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero,  sin entrar al fondo de la cuestión planteada por la comunidad de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), de la Sierra Norte de Puebla, advirtió que «ante la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación».

Por lo pronto, «nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos», advirtió el dirigente de SURI, Raymundo García Lopez, en un comunicado.

La comunidad tlapaneca de San Miguel del Progreso, logró mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, siguió luchando para que la Suprema Corte de Justicia declarara que la Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pidió  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debía ser sobreseído. Sin embargo, San Miguel del Progreso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

San Miguel del Progreso había señalado que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas renuncias a las concesiones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, «pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos», poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

La comunidad advirtió también que el 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilitaba a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

García Lopez planteó que de acuerdo con el modelo jurídico adoptado por nuestras instituciones, reforzado con las innovaciones del sistema jurídico interamericano y atendiendo la supremacía de las normas, «es ampliamente reconocida la brecha legal  entre la Constitución General de la República y la Ley Minera, teniendo como referente la propia Jurisprudencia de la SCJN en cuanto a la fuerza de los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República».

Afirmó que el Estado mexicano autoriza concesiones mineras en las regiones indígenas «de una forma ilegal e ilegítima creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas de los pueblos indígenas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla».

Añadió que cada vez más la nación se desgarra por este enfrentamiento –a veces silencioso, otras ocasiones público- «sin tomar el Gobierno medidas de solución apegadas a derecho empezando por respetar los Tratados firmados y armonizar la Constitución General de la República y establecer  una Mesa de Alto Nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas. Al contrario, mediante subterfugios legales de abogados patronales incrustados en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos».

 

Deja un comentario

Archivado bajo Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Indígenas, Ley Minera, Megaproyectos, Organizaciones Sociales, Secretaría de Energía, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tlachinollan, Uncategorized