Archivo de la categoría: Secretaría de Educación

Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen «es lamentable» y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando «las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados» por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Estado de Guerrero, Estado de México, Estado de Morelos, Feminicidio, Feminismo, Gobierno CDMX, impunidad, Indígenas, Me´phaa, minería, Mujeres, Organizaciones Sociales, Pobreza, Radio indígena, Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Energía, Secretaría de Gobernación, Uncategorized

El gobierno requirió 10 víctimas masacradas en Nochixtlán para iniciar un diálogo sobre su reforma educativa; un mitin de empresarios bastó para que EPN vetara Ley Anticorrupción

Rosa Rojas

En el altar de la intransigencia corrió la sangre, se privó de la vida a diez personas en Nochixtlán, Oaxaca, este domingo 19 de junio, para que finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) accediera a iniciar un diálogo, “en el marco de la ley” con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el conflicto nacido de la imposición a rajatabla de una “reforma educativa” que no es tal, sino una reforma laboral, dizque para evaluar a los maestros y maestras del país.

Diez muertos, tres años de movilizaciones para iniciar recién un diálogo. Los empresarios consiguieron en menos de un mes, con un mitin en el Angel de la Independencia, que EPN vetara unos artículos de la Ley Anticorrupción que «los afectaban». Todavía hay clases sociales en este paisito.

Desde el lado de la sociedad se repitió hasta el cansancio que una reforma educativa requería de la participación, el consenso, las aportaciones de maestras y maestros, padres y madres de familia, académicos, investigadores… nada valió. El gobierno empezó a hacer evaluaciones absurdas de hasta ocho y más horas de duración, a despedir maestros… el conflicto escaló y llegó a los paros, los bloqueos, las marchas, los plantones, la violación de derechos de movilización, de libertad de expresión, a la represión pura y dura; hasta la saciedad el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, repitió que no habría diálogo si no había previamente una aceptación por parte de la CNTE de su reforma educativa, es decir, habría diálogo sólo si previamente había una rendición incondicional por parte de las y los maestros.

Ahora Nuño ha quedado al margen del mismo porque, dijo, “el diálogo es político, no educativo”. En el colmo del absurdo pretende que no se hable en ese diálogo de la reforma educativa que detonó este conflicto.

Nuño declaró, diez muertos después, que ahora es «momento de apertura, compromiso y tolerancia. Es momento, particularmente en Oaxaca, para que todos pongamos de nuestra parte para distender y poner fin a la violencia». Una violencia que los gobiernos federal y estatal se han encargado de repetir que ellos no provocaron porque sus policías iban desarmados, pese a las fotografías y filmaciones que prueban lo contrario y ante cuya evidencia acabaron reconociendo que los policías, que dizque iban desarmados, acabaron sacando las armas pero sólo porque fueron atacados por un “grupo radicalizado”.

Las comparsas del gobierno en los medios de comunicación se han encargado de decir que son siete esos grupos “radicalizados” y repiten sus nombres, enumeran a quienes son sus líderes y reproducen la ficha que seguramente salió de los archivos de los sótanos del sistema sobre las presuntas acciones de esos grupos, de los que no dicen directamente que son guerrilleros pero eso queda en el contexto. La CNTE, dicen algunos comentaristas de medios, recibe “apoyo armado”. Hechos y discursos paralelos al diálogo que nos remontan a 1968, a la aparición de los halcones de 1971 y presagia una cacería de brujas contra las organizaciones populares, estatales y nacionales, que se han mencionado en esas publicaciones.

En el diálogo en la Secretaría de Gobernación con la dirigencia de la CNTE que no está en la cárcel, los ejes serían derechos humanos, distensión del conflicto y justicia y será facilitado por una Comisión Nacional de Intermediación formada a propuesta de la CNTE por personalidades independientes.

Ya el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había calificado la masacre de Nochixtlán de situación “grave y extraordinaria, que deberá investigarse de forma exhaustiva, puntual y transparente” para aclarar si fue adecuado el uso de armas por los elementos estatales y federales que participaron en el desalojo de las vías de comunicación, quién dio la orden de disparar, si se siguieron los protocolos señalados para el uso de la fuerza y si la población civil también tenía armas de fuego. Y durante la primera sesión del mismo ofreció ser «conducto» para que los maestros fijen su postura ante el poder Legislativo y !la Secretaría de Educación Pública¡ ya ni la burla perdona el funcionario.

El lunes 27 será la segunda sesión del diálogo en la SEGOB. Ya en la numerosa marcha del viernes 24 en la Ciudad de México los maestros y organizaciones sociales que los apoyan demandaban la renuncia de Nuño, cese a la represión y, como desde hace tres años, anulación de la mal llamada «reforma educativa».

El contexto nacional en el que se da este diálogo –además de las diez vidas segadas y un centenar de heridos- es el que claramente remarcó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien aseguró que “en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”.

Según nota de La Jornada, el experto señaló que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida; los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son «insuficientes e ineficaces».

En un informe de seguimiento de las recomendaciones que dejó tras su misión en el país en 2013, el experto aseveró que no ha habido avance alguno en las recomendaciones pasadas, por lo que lamentó la postura del gobierno mexicano y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la policía, llamando a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, así como a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

En lo internacional se tiene clara la crisis de derechos humanos que vive México, agravada por el conflicto por la imposición, literalmente ahora a sangre y fuego, de una reforma educativa que no es tal. Por ello ha habido en muchas ciudades de Francia, España, Alemania, Ecuador, Argentina y Brasil plantones y vigilias para repudiar la violencia en México, repudio que se multiplica en cientos, en miles de mensajes que circulan en las redes sociales demandando solución, no más represión, al conflicto magisterial.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Enrique Peña Nieto, Estado de Guerrero, Gobierno CDMX, impunidad, Indígenas, Ley Anticorrupción, Maestros, Michoacán, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, Uncategorized