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Riesgo de masacre como la de Acteal se vive en Chalchihuitán, Chiapas, advierte SERAPAZ

IMG-20171126-WA0004Rosa Rojas

La violencia que se vive en los Altos de Chiapas, por un conflicto agrario, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, puede desembocar en una masacre como la ocurrida en Acteal (también municipio de Chenalhó, donde hace 20 años fueron asesinados por paramilitares 45 indígenas) advirtió la organización Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ, que urgió el lanzamiento de una campaña de solidaridad nacional e internacional para atender esta crisis humanitaria.

Con información de autoridades de las comunidades afectadas y párrocos de la región, recogida entre el 24 y 25 de noviembre, SERAPAZ detalló que ya son 4 mil 873 las personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas, desplazadas por ataques a sus comunidades; la mayoría está viviendo en las montañas, con mucho frío en la noche, y otros en la cabecera de Chalchihuitán.

Mencionó  hechos muy lamentables: hay, muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas; hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos ni medicinas porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas y solamente por la vía de Simojovel hay acceso.

Varias casas han sido quemadas, la gente requiere urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños, agregó.

Detalló que en nueve comunidades, de acuerdo a cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

  • Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias, ocho mujeres embarazadas
  • Comunidad de Pom: 436 familias, más de dos mil habitantes, 100 mujeres embarazadas
  • Tzomolton: 107 familias, 800 habitantes, seis mujeres embarazadas
  • C’analumtic: 191 familias, 600 habitantes
  • Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
  • Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
  • Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
  • Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
  • Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

Entre las comunidades afectadas, pero que no han sido desplazadas, mencionó Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun Xulum y Saclum.

De acuerdo a una Acción Urgente sobre este conflicto, emitida el pasado día 22 por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la violencia está afectando a unas 70 mil personas.

El Frayba documentó que la violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, «ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal».

Indicó que la confrontación entre los dos pueblos estalló cuando en 1975, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Ante esta situación, el Frayba urgió al Estado mexicano «a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede suceder mayores violaciones a derechos humanos, ya que tenemos información precisa que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.

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Ante amenazas de paramilitares contra la comunidad Chimalapa de Nuevo San Andrés, el CNDCCH convoca a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad

Rosa Rojas

Ante la amenaza de arrasar la congregación comunal de Nuevo San Andrés, Santa María Chimalapa, Oaxaca, que ha venido haciendo un grupo de guardias blancas autodenominado Ejército Chamula,  y la negativa del gobierno oaxaqueño de otorgar protección a esa población, «porque se pondría en riesgo a la policía»,  el Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) convocó a organizaciones defensoras de derechos de indígenas, de las mujeres, de niñas y niños y defensoras de los derechos de la naturaleza, a una Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, a realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo.

El comité en su convocatoria menciona que el territorio indígena de Chimalapa es zoque y pluricultural y desde hace sesenta años ha sido objeto de un grave proceso de invasión, depredación y despojo de territorio comunal por parte de madereros, ganaderos y latifundistas, «todos  avalados por el gobierno de Chiapas, con complicidad del gobierno federal y contando con la omisión del gobierno de Oaxaca».

Añade que en ese marco, el 24 de febrero pasado se desató una violenta e impune agresión, hostigamiento y amenazas sobre Nuevo San Andrés, por el citado Ejército Chamula,  que, denuncia, es auspiciado por agentes del gobierno del estado de Chiapas y, en particular, del municipio de Cintalapa, así como por un cacique propietario privado y  pseudoecologista, de nombre Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio denominado “Los Ocotones”. Esta agresión armada  dio como resultado un herido grave, dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más, lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche.

Menciona el CNDCCH que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, Oaxaca, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal, se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda inquietud y preocupación entre las familias tsotsiles de ese poblado (especialmente a las  mujeres, adultos-as mayores y niños y niñas) pues claramente se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que «frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión», por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH ha solicitado ya el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la CIDH.

Mientras tanto, en respuesta al angustioso llamado de las familias Nuevo San Andrés, el CNDCCH decidió convocar a las organizaciones y movimientos sociales, tanto del Istmo de Tehuantepec como de los estados de Oaxaca, Chiapas y de todo el país, a participar en la citada caravana de observación, haciendo patente su solidaridad con esta justa causa, a  realizarse el próximo sábado 18 y domingo 19 de marzo, partiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, pasando por La Ventosa y Zanatepec, Oaxaca y la ciudad de Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la comunidad de Nuevo San Andrés.

Señalan que para informes sobre la Caravana se pueden comunicar los interesados/as con el Coordinador Regional del CNDCCH, Miguel Angel A. García (cel. 5520800690) o con Omar Martínez (cel 972147935).

 

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Solicitan a la CIDH ordenar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares en favor de indígenas de Nuevo San Andrés, Oaxaca

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH) solicitó -este 6 de marzo- al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, «en nombre y representación» de los comuneros, comuneras y familias de la Congregación indígena Nuevo San Andrés, ubicada en  la porción oriental del territorio comunal y municipal de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, la adopción de medidas cautelares por parte del Estado Mexicano a favor de los habitantes de dicho poblado.

En un escrito firmado por Luis Bustamante Valencia y  Miguel Angel A. García  Aguirre, coordinadores del CNDCCH, explican que el territorio Chimalapa, es indígena ancestral, de origen zoque; localizado en el corazón del Istmo de Tehuantepec y abarca 594 mil hectáreas, distribuidas entre los Bienes Comunales de Santa María (460 mil hectáreas) y San Miguel (134 mil hectáreas), siendo además la región de mayor diversidad biológica y mejor conservada de México y Mesoamérica.

«Dicho territorio comunal – agregan- ha venido sufriendo invasiones y acciones de despojo y depredación, por parte de madereros, ganaderos, latifundistas privados y narcotraficantes, promovidas desde hace más de sesenta años por el gobierno del vecino estado de Chiapas, amparándose incluso en la utilización inhumana de grupos de indígenas de origen tsotsil necesitados de tierra o desplazados por conflictos religiosos, a quienes el gobierno chiapaneco, con el aval del gobierno federal les han dotado ilegalmente de tierra comunal chimalapa, fomentando el enfrentamiento entre indígenas pobres (los zoque chimalapas defendiendo su ancestral territorio enfrentados con  los núcleos tsotsiles, metidos ahí mediante engaños, defendiendo al gobierno de Chiapas)».

Explican que el presente caso de la congregación comunal Nuevo San Andrés, es un paradigmático de lo antes expuesto, pues Nuevo San Andrés está integrada por indígenas tsotsiles provenientes de la zona de San Juan Chamula en los Altos del estado de Chiapas, quienes en el año 2013 fueron trasladados mediante engaños, para ocupar parte del territorio perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

Para 2014, la mayoría de los citados indígenas tsotsiles, cerca de un centenar, habiendo conocido la verdadera situación relativa a la historia y propiedad agraria, solicitaron a la Asamblea comunal de Santa María Chimalapa, su ingreso como comuneros y comuneras, siendo aceptados y reconocidos, en agosto de 2015, como Congregación Comunal Nuevo San Andrés, perteneciente a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa.

En contraparte, «una minoría del grupo tsotsil original, encabezados por los señores Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, auspiciados por funcionarios del gobiernos de Chiapas y del municipio de Cintalapa, no sólo no reconocieron la propiedad comunal chimalapa, ni acataron la mayoritaria decisión de integrarse como comuneros chimalapas, sino que desde 2014 se organizaron como grupo de “guardias blancas”, autodenominado el “ejército chamula”, poniéndose al servicio de Carmen Ariel Gómez Jiménez, supuesto propietario privado del predio denominado “Los Ocotones” localizado en los límites del territorio Chimalapa, cometiendo entonces diversos delitos, incluyendo homicidio y despojo, y amenazando y hostigando a sus excompañeros tsotsiles…».

Afirman que «es claro que, frente a lo aquí expuesto, el gobierno del estado de Oaxaca,  con la aquiescencia del Estado Mexicano, ha sido omiso a su deber de garantizar la vida y la  integridad física de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha permitido el impune actuar de grupos armados, (“guardias blancas”) como el autodenominado ejército chamula, auspiciados  por agentes estatales, para controlar políticamente el territorio Chimalapa y facilitar así su invasión, depredación y despojo».

Mencionan el ataque, el pasado 24 de febrero, contra comuneros de esta Congregación,  por aproximadamente cuarenta hombres, todos ellos integrantes del autodenominado grupo “ejército chamula”, con machetes y armas de fuego, que dio por resultado final tres heridos (uno de ellos muy grave, de nombre Abner Ruíz Núñez,  internado actualmente en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) y dos personas, de nombres Lorenzo Gómez Gómez y José Ignacio Gómez Díaz, quienes fueron privados temporalmente de su libertad, golpeados y torturados.

El grupo que perpetró esta agresión está encabezado por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, «quienes fueron inexplicablemente liberados del Centro de Reinserción Social número 14 “El Amate”, ubicado en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, en donde, desde octubre de 2014 se encontraban procesados por delitos de Homicidio y Delincuencia Organizada», agregan.

El 28 de febrero de 2017, los comuneros agredidos denunciaron los hechos relatados ante la Fiscalía de Zanatepec, perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, iniciándose la Carpeta de Investigación número 868/ZAN/2017por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, secuestro, disparos de arma de fuego, ataque peligroso y asociación delictuosa y «ese mismo día, los comuneros de la congregación Nuevo San Andrés fueron amenazados públicamente en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, por Miguel López López y Antonio Jiménez Luna ó Rubén Jiménez Luna, de que con el Ejército Chamula arrasarían el poblado chimalapa de Nuevo San Andrés, lo cual ocurriría el jueves  2 de marzo  por la noche ó  el viernes 3, a cualquier hora del día».

Ante esas amenazas públicas, el 01 de marzo de 2017,  el CNDCCH solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, la emisión de Medidas Cautelares, con la finalidad de que se resguardara la vida y la integridad física de los pobladores y las familias de la Congregación Nuevo San Andrés.

La Defensoría, a su vez, añaden,  instauró el expediente DHPO/CA/241/(10)/OAX/2017, solicitando la intervención y petición correspondiente ante el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Alvares, mediante oficio 002948, firmado por el Visitador General de la citada Defensoría, Juan Rodríguez; sin embargo, la protección requerida urgentemente nunca llegó, «pues a decir del propio Visitador  el viernes 3 de marzo, por la noche, la secretaría general de Gobierno del estado de Oaxaca negó oficialmente el otorgamiento de dichas medidas, bajo el argumento de que ´no podía exponer la seguridad de policías del estado de Oaxaca, puesto que la zona donde se ubica Nuevo San Andrés está rodeada de poblados chiapanecos”.

Esta negativa de parte del gobierno del estado de Oaxaca de otorgar las medidas cautelares solicitadas -afirman- pone en riesgo la integridad física y la vida misma de las familias indígenas tsoltsiles que habitan la congregación comunal Nuevo San Andrés, Chimalapas, además de no existir garantías de seguridad para el herido y sus familiares, que a raíz de la agresión se encuentran en el Centro Médico “Jesús Gilberto Gómez Maza”  de la  Secretaría de Salud en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Añaden que este domingo 5 de marzo, los comuneros de Nuevo San Andrés fueron avisados nuevamente de que integrantes del ejército chamula estaban organizándose en la ciudad de Cintalapa, Chiapas, para entrar a la congregación y cumplir con la amenaza realizada el 28 de febrero, situación que ha generado intranquilidad e inseguridad entre los habitantes de la comunidad, quienes han establecido guardias para responder a un posible ataque armado.

Ante esos hechos, mencionan que, en el presente caso hay una amenaza extremadamente grave y urgente contra los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de Nuevo San Andrés, por lo que solicitan a la CIDH «que ordene al Estado Mexicano el otorgamiento de las medidas de protección que sean adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de todas las familias habitantes de la Congregación Nuevo San Andrés».

Asimismo, el otorgamiento de medidas de protección, adecuadas y efectivas, para proteger la vida e integridad personal de quienes, en calidad de víctimas directas,  presentaron la demanda penal número 868/ZAN/2017 y la investigación pronta, honesta y expedita, de los hechos que dieron origen a la solicitud de otorgamiento de las presentes medidas, de manera que se identifique y juzgue a la totalidad de los responsables de las agresiones y  amenazas en contra de comuneros y de las familias indígenas de la Congregación Nuevo San Andrés.

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«Gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación» la fiscalía oaxaqueña rescató a la niña indígena chimalapa Priscila Ramírez: CNDYCCH

Rosa Rojas

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDYCCH) informó que «gracias a la presión de la sociedad civil y medios de comunicación, la fiscalía del estado de Oaxaca finalmente recuperó a la niña indígena chimalapa», Priscila Ramírez Caballero, de 12 años de edad, sustraída del seno familiar y privada de su libertad desde el pasado 6 de febrero en la Congregación Comunal San Antonio Nuevo Paraíso, de Santa María Chimalapa.

Luis Bustamante Coordinador Nacional y Miguel Angel García, Coordinador regional, respectivamente, del CNDYCCH, exigieron una investigación exhaustiva y con perspectiva de género de este caso; castigo ejemplar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad de la niña; reparación integral del daño y atención médica y psicológica especializada a ella y a sus familiares.

En un documento enviado a la Fiscalía General del estado de Oaxaca; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); a la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)  de Oaxaca, entre otras autoridades, así como a organismos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, precisaron que pese a que el reporte de la desaparición de Priscila fue levantado desde el pasado día 8 del presente (expediente 005/RDNOL/MR/2017) el trato otorgado al caso de esta niña indígena desaparecida, por parte del personal  de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) -fiscales y comandante- de la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, «fue de absoluta negligencia, omisión, desprecio y discriminación».

Esto porque desde el inicio de los intentos de acciones judiciales, el padre y la madre de Priscila señalaron  como presunto sospechoso de la desaparición de la niña al señor Jacinto Vásquez Sánchez, de unos 25 años de edad, residente del ejido El Luchador, municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Con ese trato «negligente y discriminatorio», afirmaron, se violó el derecho de acceso a la justicia y a la debida diligencia a los familiares de la niña víctima, violando además los derechos de Priscila, a su integridad, su libertad y su vida misma, «máxime si consideramos el grave contexto de trata y tráfico de menores existente actualmente en nuestro país y llegándose al extremo de que, policías ministeriales de la oficina de la Fiscalía en  Palomares, Oaxaca, les dijeron al papá  y a la mamá de la niña que, ´si la muchacha se fue con el señor Jacinto por propia voluntad, acepten que a cambio él les de unos cartones de cerveza, comida  y unos refrescos, y ya…”.

Subrayaron que «fue sólo gracias a la presión pública ejercida por la sociedad civil y al apoyo de los medios de comunicación y periodistas honestos-as y comprometidos-as, así como a las medidas jurídicas ejercidas por los familiares de la niña, asesoradas por este Comité y por abogadas y defensoras de los derechos de las mujeres, que luego de 13 largos días, se logró la recuperación y entrega de la menor a su padre y madre».

Sin embargo, añadieron, esto de ninguna manera basta pues el Estado mexicano en su conjunto, está obligado a promover garantizar y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y los casos de las niñas indígenas de los estados del sureste mexicano, particularmente Oaxaca y Chiapas, sustraídas del seno familiar, “robadas” ó “llevadas” bajo supuesto consenso, resultan indignantes e inaceptables, pues ellas se encuentran víctimas de cuatro niveles de vulnerabilidad:  por ser pobres; por ser mujeres; por ser indígenas y por ser menores. 

Indicaron que además, en el improbable supuesto de que las menores víctimas puedan ser rescatadas y devueltas a su familia -como afortunadamente fue en el caso de Priscila- «quedan estigmatizadas de por vida, llegando incluso a ser discriminadas por su propia comunidad, bajo la ´lógica´ de los mal llamados usos y costumbres». 

El CNDYCCH exigió que la reparación integral del daño incluya acompañamiento jurídico y apoyo permanente a los familiares de la menor por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, durante todo el desarrollo de las investigaciones y hasta el castigo a los culpables; pago de todos los gastos realizados por la familia durante la gestión pasada, presente y futura de este lamentable caso; y atención médica y psicológica especializada, a la niña y a su mamá y papá.

Estimaron que este caso debe convertirse públicamente en un doble caso paradigmático: tanto al nivel mismo de los mal llamados “Usos y Costumbres”, bajo los cuales este tipo de  casos se ven comunitariamente como algo fatalmente “normal”;  como al nivel de muestra y ejemplo acerca de la negligencia y discriminación, con los que son vistos y des-atendidos -por parte del sistema encargado de la impartición de justicia de nuestros estados del sureste del país- casos como éste en los que son sustraídas del seno familiar, robadas y plagiadas, niñas y adolescentes indígenas.

Añadieron que este caso muestra a la sociedad oaxaqueña y mexicana, la urgente necesidad de que las diversas Fiscalías estatales, comenzando por la de Oaxaca, capaciten y sensibilicen a su personal (fiscales y policías) y se aboquen a la brevedad, a la elaboración e instrumentación de protocolos –bajo perspectiva de género y de defensa de derechos indígenas y de niños, niñas y adolescentes- para la verdadera pronta y respetuosa atención de casos similares en el futuro.

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Bloquean indígenas la carretera Transístmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos

Rosa Rojas

Más de 800 indígenas de 36 comunidades de siete municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero, durante más de cuatro horas, de la carretera Transístimica, a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de PEMEX y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de cuatro horas la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y PEMEX, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec.

La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos cinco años, mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas.

Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del Diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el Istmo de Tehuantepec.

UCIZONI reclamó a las secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de Alta Tensión Interoceánico, megaproyectos que sólo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas.

Exigió además al titular de las Zonas Económicas Especializadas (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas.

 

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La legendaria líder sindical Dolores Huerta, se une a la lucha contra El Súper-Chedraui, en Los Ángeles

Rosa Rojas

Los empleados de El Súper encabezarán, este martes 22 de noviembre, junto con cientos de miembros de la comunidad que los apoya, una gran protesta afuera de la tienda El Súper #13, en el Sur de Los Angeles. El pasado mes de agosto, esa tienda fue cerrada por el Condado de Los Angeles después de que inspectores de salubridad descubrieron decenas de “restos de excremento de ratones, frescos y secos” en toda la tienda, se indica  en un comunicado.

Trabajadores sindicalizados de tiendas de autoservicio El Súper, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), continúan su lucha de más de tres años en busca de lograr un contrato sindical justo que les garantice turnos de tiempo completo, suficientes días por enfermedad pagados, salarios justos, dignidad y respeto en el trabajo.

El texto consigna declaraciones del Presidente del Local 770 del sindicato UFCW, Ricardo F. Icaza, de que “la dedicación y firmeza de nuestros miembros en El Súper son una inspiración para la lucha más amplia por los derechos de los trabajadores migrantes… nuestros miembros en El Súper necesitan jornadas con más horas garantizadas para que ellos puedan trabajar para acabar con las crisis de salud pública como la que vimos en la Tienda 13 el pasado mes de agosto”.

La manifestación de protesta del martes se llevará a cabo después de importantes victorias de esta campaña, durante el tercer trimestre del 2016. Primero, después de varios meses de acciones afuera de las salas de cine Cinépolis en Estados Unidos, el Director General de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña –miembro del consejo de administración del Grupo Comercial Chedraui (la empresa filial de El Súper)–  renunció a su puesto en la directiva de Chedraui. Segundo, el persistente impacto del actual boicot de consumidores a El Súper resultó en otro trimestre de ventas negativas en los supermercados de la cadena. Los analistas habían pronosticado un 2 por ciento de aumento en las ventas, sin embargo, la empresa reportó una disminución del 0.4 por ciento en las ventas en el último trimestre, añade el texto.

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FIOB recomienda cautela a unos 25 mil indígenas que trabajan en California ante la llegada de Trump

 La organización lleva 25 años luchando por los derechos de pueblos originarios 

Rosa Rojas

El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (EU)»es algo terrible porque nos pone en una situación muy delicada», tanto por el racismo que se ha desatado como porque están en riesgo de ser deportados unos 25 mil indígenas, mixtecos en su mayoría pero también triquis y zapotecos, que trabajan en campos de California -en Oxnard, Salinas, Santa María, Los Angeles, San Diego- muchos de ellos afiliados al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), informó el consejero de esta organización, Eleuterio Suárez.

Entrevistado vía telefónica en el marco del aniversario de la creación del FIOB, que este 19 de noviembre celebrará con un acto cívico cultural en Tijuana, Baja California, un cuarto de siglo de vida luchando «por los principios de libertad, justicia, democracia e igualdad para los migrantes y pueblos originarios» tanto en EU como en México, señaló que la mayoría de ellos son indocumentados, muchos no hablan bien el español, «estamos tratando de apoyarlos para que se hagan ciudadanos para que sus derechos sean válidos en EU», indicó.

Datos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, publicados en medios nacionales, estiman que en California trabajan unos 150 mil de los 1.5 millones de oaxaqueños radicados en EU, distribuidos en los estados de California, Oregón, Washington, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y Georgia.

Suárez detalló que en muchos casos son familias completas -primero llegaron los papás, luego fueron llegando los hijos y las esposas- y si hay deportaciones las familias quedarán divididas. «Les damos asesoría para tratar de activarse en el área donde están viviendo, dándoles ideas de no salir tanto, no andar manejando porque la policía por cualquier motivo va a tratar de arrestarlos si andan manejando sin licencia, que los que trabajan no salgan con la familia porque salían a sentarse afuera de las grandes tiendas a esperar a que los contraten».

Reconoció que si extraditan a los millones de indocumentados de los que habló Trump los agricultores estadunidenses se quedarán sin mano de obra. Pero lo cierto es que «hay miedo con las leyes de deportación». Citó como ejemplo que en Illinois murió un joven «y la familia se está peleando porque no quieren que el cuerpo se vaya a Oaxaca, tienen miedo de ir a decir que ellos son los familiares de la persona que murió porque tienen miedo de que los vayan a deportar» y en el consulado de México en Illinois dicen que ellos no pueden hacer nada si no va la familia.

«También hay personas oaxaqueñas que ya tienen sus documentos y se ponen en contra de los paisanos… ya tenemos dos casos documentados de que fueron a denunciar a los compañeros con las autoridades… a veces traen pleitos desde sus comunidades» de origen, apuntó.

De esas y otras cuestiones se hablará en este aniversario de la organización, comentó Suárez, quien es encargado de la comunidad Colonia Obrera Tercera Sección del FIOB en Tijuana.

El FIOB se constituyó, primero como Frente Mixteco Zapoteco Binacional (FM-ZB), el 5 de octubre de 1991, en la Ciudad de Los Ángeles, California, por decenas de hombres y mujeres indígenas integrantes de las organizaciones Comité Cívico Popular Mixteco (CCPM), Asociación Cívica Benito Juárez de Oaxaca (ACBJO), Organización del Pueblo Explotado y Oprimido (OPEO), la Comunidad Tlacolulense en Los Ángeles (COTLA) y la Organización Regional de Oaxaca (ORO).

El FIOB informó que en su caminar ha logrado importantes avances «pero son más los problemas y las necesidades de nuestros pueblos que día con día reclaman ser escuchados y ser incluidos en las políticas de gobierno para erradicar la pobreza y la marginación, la corrupción y la violación de los derechos constitucionales».

Entre sus logros la organización enumeró que ha logrado desarrollar proyectos de fortalecimiento de la cultura en los estados de Oaxaca y Baja California, México y en California, EU; opciones de ahorro y crédito en ese país; apoyo para el traslado de migrantes fallecidos en EU y Baja California; fortalecimiento de la gestión ante instancias federales para la ejecución de obras de infraestructura básica en las comunidades oaxaqueñas y un programa de intérpretes en mixteco, zapoteco y triqui para la defensa de los derechos laborales y humanos en EU y Baja California.

Asimismo, la conquista de espacios en el poder legislativo en Oaxaca; obtención de triunfos electorales en ayuntamientos; empoderamiento institucional en agencias municipales; obtención de apoyos en proyectos productivos de impacto familiar y comunitario en municipios de Oaxaca y el establecimiento de convenios con fundaciones para impulsar proyectos de procuración de justicia, desarrollo humano, derechos laborales, seguridad alimentaria, reinserción de migrantes a sus comunidades de origen, equidad de género y opciones productivas familiares.

Mencionó además que ha contribuido en la elaboración de iniciativas de ley y propuestas sobre programas para migrantes en el estado de Oaxaca; ha realizado talleres de sensibilidad, derechos laborales, derechos indígenas y derechos humanos en Baja California; se fundó el FIOB en la Ciudad de México y el Estado de México; se ha logrado mayor democratización en la designación de las estructuras de dirección; mayor horizontalidad en la toma de decisiones y apoyo al desarrollo del liderazgo de las mujeres.

Por otra parte, mencionó que entre los retos que deberá enfrentar el FIOB es involucrar a jóvenes para garantizar el futuro de la organización; educar ideológicamente a la militancia para garantizar la vigencia de los principios y valores estipulados en sus documentos básicos, seguir expandiendo la presencia del FIOB a nivel nacional, buscar y ejercer el poder con la máxima que dice: “mandando, obedeciendo al pueblo”.

 

 

 

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Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen «es lamentable» y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando «las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados» por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

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Urge abrogar la reforma energética peñanietista que sólo favorece a las petroleras transnacionales

Rosa Rojas

La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad, habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector que incidirían en disminución de precios de esos productos para los mexicanos, está resultando en todo lo contrario: iniciando agosto el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo  y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento -el primero fue en julio- a  las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el doméstico de alto consumo.

Así, el precio de la gasolina Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la Premium de 14.81 pesos por libro y el del diesel de 13.98 pesos por litro, es decir, aumentos de 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente; en julio las gasolinas Magna y Premium subieron  24 y 34 centavos respectivamente y en junio ocho centavos.

Por lo que toca a la electricidad, el sector industrial pagará a lo largo de agosto incrementos de entre 5.2 y 7.5 por ciento respecto al precio de agosto de 2015; el comercio de 7.8 a 9 por ciento y los usuarios domésticos de alto consumo 8.9 por ciento. La CFE dijo que en agosto se mantendrán los precios a los usuarios de bajo consumo que incluso, dijo, han bajado 2 por ciento respecto a las de agosto de 2015. Lo que no dijo el gobierno es que los precios que se aplicarán a la industria y al comercio repercutirán en los precios de todos los productos, sin que se haya referido en ningún momento a un aumento a los ya de por si alicaídos salarios.

Según el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, México está pagando una gasolina 23 por ciento más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65 por ciento de la gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos  exportando crudo barato para importar subproductos del petróleo caros, luego de que una sistemática política de desmantelamiento de PEMEX logró desembocar en la reforma energética privatizadora.

Y el PAN, que votó a favor de esa reforma, ahora califica el gasolinazo como «el robo del siglo», según lo calificaron  sus senadores Mariana Gómez del Campo y Francisco Búrquez, así como el diputado Federico Doring. Este último dijo que es un escándalo que con el gasolinazo el gobierno mexicano recaudará 300 mil millones de pesos adicionales, «que deberían estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y la del país». Ahora los panistas tratan de deslindarse del atraco que, conjuntamente con el PRI y sus partidos títeres asestaron al pueblo de México con esas reformas, a la vista del voto que en las pasadas elecciones obtuvo para algunos de sus candidatos a gobernadores, buscando así capitalizar el descontento popular que está ocasionando el gobierno federal priista con su política económica, ampliamente compartida por el PAN.

Con todo esto es claro que urge abrogar esa y otras reformas, como la educativa, que están llevando a México a severas crisis sociales y económicas, y que para lograr que se de marcha atrás a esas reformas peñanietistas, será necesario que además de votar contra los candidatos del PRI, se vote contra los del PAN, PVEM y sus otros aliados, pero sobre todo, se organice el pueblo para movilizarse y obligar al gobierno a dar marcha atrás a estas políticas que benefician sobre todo al gran capital transnacional que, ahora, como antes de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, están imponiendo medidas que únicamente incrementan sus ganancias, a costa de la miseria de la mayoría de los y las mexicanas.

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Integrantes de UCIZONI marcharon en el istmo oaxaqueño para exigir mejor servicio de salud, apoyar la movilización magisterial y condenar la represión oficial

Rosa Rojas

ucizoni_marchafunebre1jul16Cientos de indígenas mixes, zoques, zapotecas, mixtecas, barreños integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, (UCIZONI) así como colonos, integrantes de la Resistencia Civil y profesores de la Sección 22 del SNTE se movilizaron este 1o. de julio por las calles de la ciudad de Matías Romero, en el istmo oaxaqueño, hasta el bloqueo carretero que mantienen desde hace más de 18 días los trabajadores de la Educación a la altura del kilómetro 200 de la carretera Transístmica, donde les manifestaron su apoyo y denunciaron la amenaza de desalojo violento que ha hecho el Secretario de Gobernación sin ofrecer alternativas de solución.

Durante el mitin en el bloqueo se condenó la campaña «alarmista» de los medios de comunicación que hablan de desabasto sólo para justificar ante la opinión pública un posible operativo violento. También hubo pronunciamientos de los manifestantes en el sentido de que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) «ha sido incapaz de resolver los problemas de nuestro país y que sólo está al servicio de las empresas extranjeras y en defensa de esos intereses es capaz de masacrar al pueblo de México como ocurrió hace 11 días en Nochixtlán».

Los oradores condenaron la política antipopular y represiva del gobierno de EPN, «el cual reprime brutalmente a los ciudadanos y ciudadanas que nos oponemos a las reformas neoliberales», por lo que exigieron que renuncie, informó la UCIZONI.

La marcha inició con un mitin frente al Centro de Salud donde los manifestantes denunciaron la privatización del sector salud, lo cual significa condenar a muerte a los pobres, quienes carecen de recursos para cubrir sus gastos médicos; se manifestó la solidaridad con los trabajadores del sector salud y se hizo un llamado para crear un frente popular amplio que enfrente la ofensiva del gobierno federal.

Después, en marcha encabezada por ataúdes, los manifestantes se trasladaron al Hospital del Seguro Social donde demandaron justicia para las víctimas del mal servicio y demandaron dotar de especialistas y medicamentos al hospital y a las unidades médicas rurales. Se instó a los trabajadores del Seguro Social a vencer miedo y que se sumen al movimiento en contra de las reformas neoliberales.

Posteriormente la marcha se dirigió a la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad, donde se denuncio que esa empresa sirve principalmente a intereses extranjeros y que los parques eólicos son solo un negocio de trasnacionales que  han significado despojo y divisionismo para los pueblos. Se condenó el alza de los energéticos y «la falsedad del discurso gubernamental, el cual promovió la reforma diciendo que el precio de gasolina, gas y electricidad iba a disminuir lo cual no ha sido cierto».

Rosa Rojas  

 

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