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El ejército chamula amenaza con arrasar la comunidad oaxaqueña Nuevo San Andrés, denuncian indígenas tsotsiles

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Rosa Rojas

Integrantes de la comunidad de Nuevo San Andrés, municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca, denunciaron que miembros del grupo paramilitar ejército chamula -con sede en Cintalapa, Chiapas- amenazaron con atacar la comunidad este viernes 3 de marzo para «acabarnos y quedarse ellos a vivir aquí». Demandaron que el gobierno oaxaqueño acelere el envío de policías o militares para protegerlos, como ofreció luego de que se hizo la denuncia correspondiente ante «los Derechos Humanos de Oaxaca».

En Nuevo San Andrés vive un promedio de 25 familias tsotsiles. Los informantes explicaron -vía entrevista telefónica- que las amenazas se intensificaron luego de que denunciaran ante el Ministerio Público de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, el ataque y robo, con secuestro de dos de sus compañeros por más de seis horas, heridas a machetazos y golpes de que fueron objeto nueve sanandresinos, el pasado viernes 24 de febrero, por una treintena de paramilitares en el camino de Cintalapa a Nuevo San Andrés.

Urgieron asimismo a que el Ministerio Público de Zanatepec, que dijo que iba a actuar contra los atacantes, lo haga ya, antes que los delincuentes cumplan sus amenazas.

Detallaron que sus nueve compañeros bajaron de compras el viernes 24 a la ciudad de Cintalapa y al filo de las 17.30 horas, «un grupo de delincuencia organizada los alcanzó en un carro de tres toneladas, cuando los rebasó se atravesó en el camino, en el lugar Los Patios y atrás de la Nissan roja donde iban los compañeros llegaron dos carros más, bajaron aquellas personas… iban con armas largas y cortas, machetes y garrote, atacaron a los compañeros, por poco cortan la mano derecha de un machetazo a Abner Ruíz, pero el se echó a correr; secuestraron a Lorenzo Gómez Gómez, a José Ignacio Gómez Díaz lo agarraron a puñetazos y los secuestraron hasta casi las tres de la mañana. Los soltaron amarrados de pies y manos en el parque El Centenario de Cintalapa. De los delincuentes conocemos como a 10 o 15 personas, son del ejercito chamula pero viven en Cintalapa».

«Cuando los secuestraron les metieron machete en la boca, los golpearon en la cara, según dicen que el viernes quieren subir a Nuevo San Andrés para acabarnos a todos, los encabeza Miguel López López, Manuel López López, Eliseo López López, Domingo Gómez Gómez, Antonio Gómez Pérez, Mariano Gómez Gómez,  Pablo Portillo, Efraín Ruíz Hernández, Jeremías Ruíz Hernández. Está también Guadalupe Ruíz Hernández, aliados con unos de San Cristobal».

«Ellos hace años son de delincuencia organizada, el 2014, en julio, cometieron robo en el rancho El Tule, de Alfredo Brito, tienen el expediente 67 y orden de aprehensión del 2 de marzo de 2015, en el poblado El amate de Cintalapa, ahí estuvieron en el reclusorio como 16 meses, fueron apresados el 30 de abril de 2015 y salieron de la cárcel el 2 de septiembre de 2016,  a la cárcel fueron cinco personas pero saliendo de la cárcel nos fueron a hacer lo mismo y buscaron a más personas».

«Como nosotros no hemos robado no pudimos estar de acuerdo en todo lo que hacen ellos, nosotros apoyamos para que los denunciara el propietario, desde el 4 de junio hasta el 2 de julio de 2014 sacaron todo lo que había en el rancho El Tule, apoyamos al dueño que hizo la denuncia, por lo mismo nos quieren acabar porque ellos quieren entrar a vivir aquí. Tienen aliados en San Cristobal de las Casas a Salvador López López, que aparenta como pastor de la iglesia Elim, pero es mentira porque no podría hacer eso si es pastor; el aliado Alberto Gómez Gómez se pasa de licenciado y Antonio Enrique López Pérez, vive en el ejido la Betania de Teopisca, Chiapas, adelante de San Cristóbal».

«Necesitamos que haya intervención del Ministerio Público, que hagan orden de aprehensión» contra los del ejército chamula, insistieron los informantes.

 

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Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Rosa Rojas

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como «un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México» los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso «incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la «inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos» lo que sólo alienta la impunidad. «Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto», pues «no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres» que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe «no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia», añadió Guevara Rosas, aseverando que «no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada».

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado «muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio».

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar «la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles», le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

 

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