Archivo de la categoría: Me´phaa

Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen «es lamentable» y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando «las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados» por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

Deja un comentario

Archivado bajo Abusos sexuales, Alerta de Violencia de Género (AVG), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Estado de Guerrero, Estado de México, Estado de Morelos, Feminicidio, Feminismo, Gobierno CDMX, impunidad, Indígenas, Me´phaa, minería, Mujeres, Organizaciones Sociales, Pobreza, Radio indígena, Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Energía, Secretaría de Gobernación, Uncategorized

La comunidad indígena de San Miguel del Progreso combate con otro amparo la desprotección por el sobreseimiento de la SCJN de su recurso contra la Ley Minera

Rosa Rojas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 25 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es «preocupante por decir lo menos» el fallo citado. «Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contario».

Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.

En ese contexto, «para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas».

Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció  públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.

Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.

Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.

Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.

El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que «es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años».

Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, «porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos».

Añadió que como  REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles «y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten».

Deja un comentario

Archivado bajo Convenio 169 OIT, Derechos Humanos, Derechos Políticos, Desarrollo, Documentos, Estado de Guerrero, impunidad, Indígenas, Ley Minera, Me´phaa, Megaproyectos, Organizaciones Sociales, Secretaría de Energía, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tlachinollan, Uncategorized