Aún sin respuesta del gobierno oaxaqueño a la petición de la DDHO de garantizar su seguridad, arranca la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Nuevo San Andrés

Rosa Rojas

Para expresar su solidaridad y apoyo a la comunidad de San Andrés, de Santa María  Chimalapa, Oaxaca, amenazada por pistoleros chiapanecos con que será arrasada, una treintena de activistas de derechos humanos, ecologistas, autoridades de comunidades indígenas y campesinas y periodistas participará este sábado 18 y el domingo 19 de marzo, en una caravana que partirá desde Matías Romero, pasando por La Ventosa y Zanatepec -las tres ciudades de Oaxaca- y Cintalapa, Chiapas, lugar desde donde se toma la brecha de acceso a la citada comunidad.

El primer visitador de la Defensoría de Derechos de Humanos de Oaxaca (DDHO), Juan Rodríguez Ramos, informó en entrevista vía telefónica que personal de esa institución -él incluido-acompañará a la caravana, y precisó que la defensoría emitió una solicitud de medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno del Estado, para que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes participan en ella, aunque hasta la noche del viernes no había recibido respuesta.

Mencionó además que como se va a transitar por el territorio de algunos municipios de Chiapas, le pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, por razones de competencia, emitir también medidas cautelares para proteger la caravana. Tampoco había recibido respuesta pero, comentó Rodríguez Ramos que las solicitudes apenas se habían hecho el jueves después de hablar con los organizadores.

Se le preguntó si en caso de que no haya respuesta positiva a estas peticiones el personal de la Defensoría continuaría participando en la caravana y contestó que “sin seguridad puede ser riesgoso para los que participan; vamos a acompañar a la caravana y dependiendo de la situación nosotros vamos a valorar si continuamos acompañándolos o no; en Oaxaca ha habido otras situaciones donde personas han perdido la vida, nosotros no expondríamos a nadie”. Contestó afirmativamente cuando se le preguntó si se refería al ataque que sufrió una caravana en la zona triqui de San Juan Copala, en la que dos activistas de derechos humanos fueron asesinados.

Miguel Angel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa  y Conservación de los Chimalapas (CNDCCH), organización que convocó la Caravana de Observación Civil y Solidaridad con Los Chimalapas, también en entrevista telefónica informó que partirán muy temprano este sábado, en tres vehículos, ocho personas, entre quienes están reporteros de El Universal, El Imparcial del Istmo, de Istmo Press y un fotógrafo de la agencia Cuarto Obscuro, así como una representación de la comunidad Nuevo Paraíso.

En La Ventosa se sumarán personal de la DDHO, activistas del Centro de Derechos Humanos Tepeyac y otra persona; en Zanatepec, integrantes del grupo ecologista que encabeza la lucha contra las mineras, una representación de autoridades locales de Nuevo San Andrés y en Cintalapa se integran activistas del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y del movimiento de lucha zoque contra la autorización de yacimientos petrolíferos en la zona norte de Chiapas; de la congregación comunal de Benito Juárez, Oaxaca, del Comité Nacional de Maderas del Pueblo y de la Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca.

Se le preguntó igualmente si la caravana continuaría su recorrido hacia nuevo San Andrés en caso de que no haya las medidas cautelares de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas para garantizar la seguridad de los participantes, respondió: “vamos a ir valorando, sobre todo en Cintalapa con los compañeros de la comunidad de San Andrés y con los de Benito Juárez que han puesto vigilancia en el camino. En caso de que nos reporten que hay peligro haríamos un acto en algún punto, sin entrar y haríamos un comunicado”.

Agregó García Aguirre que si el gobierno oaxaqueño no otorga la protección solicitada por la DDHO, sería la segunda vez que hace eso. Recordó  que la primera vez fue cuando la Defensoría le solicitó al gobierno estatal medidas cautelares para Nuevo San Andrés luego de que el pasado 24 de febrero unos 70 hombres del denominado Ejército Chamula atacó violenta e impunemente a un grupo de habitantes de dicho poblado, con un saldo de cuatro heridos, uno de ellos muy grave y dos comuneros privados de su libertad temporalmente, golpeados y torturados, y tres más lastimados y aterrorizados por huir y esconderse en el monte toda una noche. Recordó que la negativa del gobierno oaxaqueño para otorgar dicha protección fue que “se pondría en riesgo a la policía”.

En su convocatoria a la caravana, el CNDCCH menciona que luego de que el 28 de febrero fuera penalmente denunciada esta agresión armada en la fiscalía de Zanatepec, las actitudes de hostigamiento del citado grupo Ejército Chamula en contra del pequeño poblado comunal se incrementaron, emitiendo amenazas públicas de que la semana pasada iban a ir a arrasar Nuevo San Andrés,  amenaza que aún no habiendo sido cumplida, permanece vigente, causando una profunda preocupación entre las familias tzotziles de ese poblado pues se encuentran en grave riesgo su integridad y  su vida.

Subraya que “frente a estos gravísimos hechos, el gobierno de Chiapas se comporta como auspiciante, el gobierno federal guarda silencio y el gobierno de Oaxaca hace caso omiso y desacata la instrucción generada por la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, negándole al poblado de Nuevo San Andrés, las medidas cautelares solicitadas y dejando a las familias en estado de indefensión”, por lo que frente a esta indignante negativa, el CNDCCH solicitó, a nombre de dicha comunidad, el otorgamiento de urgentes medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

García declaro luego de aquella primera negativa del gobierno oaxaqueño que Rodríguez Ramos, cuando le comunicó verbalmente que oficialmente el gobierno de Oaxaca se negó a otorgar las medidas cautelares, le comentó que “esto obviamente es un desacato y negación oficial de los derechos humanos por lo que la DDHPO tendría que emitir una recomendación o amonestación porque se desacató la orden de medidas cautelares y se están violando los derechos del pueblo de Nuevo San Andrés al dejarlos en la indefensión total”.

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Archivado bajo Chimalapas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, Derechos Políticos, impunidad, Indígenas, Megaproyectos, Oaxaca, Organizaciones Sociales, Paramilitares, Secretaría de Gobernación, Tortura, Triquis, Tsotsiles, Uncategorized

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