Archivo mensual: noviembre 2016

El estado mexicano debe garantizar el derecho a defender los derechos humanos pues los principales agresores de defensoras y periodistas son servidores públicos: CIDHM

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Campaña «Defensoras de derechos humanos creemos y creamos»,

Rosa Rojas

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) hizo hoy un enérgico llamado al Estado mexicano para que cumpla con su deber de garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales, «más aún a sabiendas de que los principales agresores de las defensoras de derechos humanos y las periodistas son los propios servidores públicos».

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Juliana Quintanilla y José Martínez Cruz, de la CIDHM, presentaron en una acción frente al palacio de gobierno morelense,  la campaña «Defensoras de derechos humanos creemos y creamos», que consiste en la divulgación, del 25 noviembre al 10 diciembre, de una serie de materiales impresos y electrónicos para visibilizar el aporte de las defensoras a la sociedad y sus comunidades, así como el contexto adverso que enfrentan para el ejercicio de su labor.

Informaron que ante la ausencia de estadística oficial, la RNDDHM -integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 estados del país- registró y sistematizó información de que entre 2010 y 2016, han sido asesinadas 41 defensoras de derechos humanos, 11 de las cuales eran periodistas.

Los ataques más frecuentes contra las defensoras son: intimidación y hostigamiento psicológicos; calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; amenazas, advertencias y ultimátum; restricciones a la libertad de expresión; detención arbitraria y privación ilegal de la libertad.

Las defensoras más agredidas son quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de información y libertad de expresión y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. La Red destacó que a partir de 2012 «se observa con mayor frecuencia el uso faccioso del sistema de procuración y administración de justicia para inhibir y mermar la labor de las defensoras».

Quintanilla y Martínez informaron que se llevaron a cabo acciones similares en otros 15 puntos del país: Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; Jalisco; Chihuahua; Baja California; Chiapas; Atoyac, Guerrero; y Puebla. Entre los contenidos de la campaña se encuentran postales de reconocimiento al quehacer de las defensoras y carteles para exigir justicia por las compañeras asesinadas.

Subrayaron que es en la zona sur del estado – Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Zacatepec- donde son más frecuentes el hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra de periodistas e incluso ha habido presidentes municipales que agreden a los informadores al ser cuestionados, como es el caso de Angelina Albarrán, corresponsal de El Sol de Cuernavaca en Jojutla, quien es una de las más agregidas. Indicaron que los ayudantes de un ex presidente municipal de Amacuzac, que después fue diputado local, golpearon a varios periodistas de medios locales durante una protesta que hubo en el Congreso estatal, en Cuernavaca.

Agregaron que en Morelos el Mecanismo para Protección a Periodistas ha documentado 27 casos de agresiones a informadoras, incluidos robo, golpes, hostigamiento y amenazas. Detallaron que si bien hay una Ley Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, en Morelos la ley  no incluye a éstas últimas, pero la CIDHM ha presentado un protocolo que las incluye y se está discutiendo además en el Congreso Local la elaboración de una ley estatal para ello.

Subrayaron que los aportes de las defensoras y periodistas son muchos y diversos y suelen pasar desapercibidos, particularmente si se está en crisis de derechos humanos como en el México actual.

«Las defensoras salvan vidas; logran aprobación de leyes y políticas públicas para que las mujeres y niñas accedan a una vida libre de violencia y empujan su aplicación. Las defensoras y periodistas contribuyen a que el territorio sigue en manos de la comunidad, de los pueblos originarios, frente a los intereses privados que lo acechan. Por ello esta campaña es en homenaje a las defensoras de derechos humanos de todo el país, a las periodistas que trabajan en pro de los derechos humanos», indicaron.

 

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La legendaria líder sindical Dolores Huerta, se une a la lucha contra El Súper-Chedraui, en Los Ángeles

Rosa Rojas

Los empleados de El Súper encabezarán, este martes 22 de noviembre, junto con cientos de miembros de la comunidad que los apoya, una gran protesta afuera de la tienda El Súper #13, en el Sur de Los Angeles. El pasado mes de agosto, esa tienda fue cerrada por el Condado de Los Angeles después de que inspectores de salubridad descubrieron decenas de “restos de excremento de ratones, frescos y secos” en toda la tienda, se indica  en un comunicado.

Trabajadores sindicalizados de tiendas de autoservicio El Súper, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), continúan su lucha de más de tres años en busca de lograr un contrato sindical justo que les garantice turnos de tiempo completo, suficientes días por enfermedad pagados, salarios justos, dignidad y respeto en el trabajo.

El texto consigna declaraciones del Presidente del Local 770 del sindicato UFCW, Ricardo F. Icaza, de que “la dedicación y firmeza de nuestros miembros en El Súper son una inspiración para la lucha más amplia por los derechos de los trabajadores migrantes… nuestros miembros en El Súper necesitan jornadas con más horas garantizadas para que ellos puedan trabajar para acabar con las crisis de salud pública como la que vimos en la Tienda 13 el pasado mes de agosto”.

La manifestación de protesta del martes se llevará a cabo después de importantes victorias de esta campaña, durante el tercer trimestre del 2016. Primero, después de varios meses de acciones afuera de las salas de cine Cinépolis en Estados Unidos, el Director General de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña –miembro del consejo de administración del Grupo Comercial Chedraui (la empresa filial de El Súper)–  renunció a su puesto en la directiva de Chedraui. Segundo, el persistente impacto del actual boicot de consumidores a El Súper resultó en otro trimestre de ventas negativas en los supermercados de la cadena. Los analistas habían pronosticado un 2 por ciento de aumento en las ventas, sin embargo, la empresa reportó una disminución del 0.4 por ciento en las ventas en el último trimestre, añade el texto.

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FIOB recomienda cautela a unos 25 mil indígenas que trabajan en California ante la llegada de Trump

 La organización lleva 25 años luchando por los derechos de pueblos originarios 

Rosa Rojas

El triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (EU)»es algo terrible porque nos pone en una situación muy delicada», tanto por el racismo que se ha desatado como porque están en riesgo de ser deportados unos 25 mil indígenas, mixtecos en su mayoría pero también triquis y zapotecos, que trabajan en campos de California -en Oxnard, Salinas, Santa María, Los Angeles, San Diego- muchos de ellos afiliados al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), informó el consejero de esta organización, Eleuterio Suárez.

Entrevistado vía telefónica en el marco del aniversario de la creación del FIOB, que este 19 de noviembre celebrará con un acto cívico cultural en Tijuana, Baja California, un cuarto de siglo de vida luchando «por los principios de libertad, justicia, democracia e igualdad para los migrantes y pueblos originarios» tanto en EU como en México, señaló que la mayoría de ellos son indocumentados, muchos no hablan bien el español, «estamos tratando de apoyarlos para que se hagan ciudadanos para que sus derechos sean válidos en EU», indicó.

Datos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, publicados en medios nacionales, estiman que en California trabajan unos 150 mil de los 1.5 millones de oaxaqueños radicados en EU, distribuidos en los estados de California, Oregón, Washington, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y Georgia.

Suárez detalló que en muchos casos son familias completas -primero llegaron los papás, luego fueron llegando los hijos y las esposas- y si hay deportaciones las familias quedarán divididas. «Les damos asesoría para tratar de activarse en el área donde están viviendo, dándoles ideas de no salir tanto, no andar manejando porque la policía por cualquier motivo va a tratar de arrestarlos si andan manejando sin licencia, que los que trabajan no salgan con la familia porque salían a sentarse afuera de las grandes tiendas a esperar a que los contraten».

Reconoció que si extraditan a los millones de indocumentados de los que habló Trump los agricultores estadunidenses se quedarán sin mano de obra. Pero lo cierto es que «hay miedo con las leyes de deportación». Citó como ejemplo que en Illinois murió un joven «y la familia se está peleando porque no quieren que el cuerpo se vaya a Oaxaca, tienen miedo de ir a decir que ellos son los familiares de la persona que murió porque tienen miedo de que los vayan a deportar» y en el consulado de México en Illinois dicen que ellos no pueden hacer nada si no va la familia.

«También hay personas oaxaqueñas que ya tienen sus documentos y se ponen en contra de los paisanos… ya tenemos dos casos documentados de que fueron a denunciar a los compañeros con las autoridades… a veces traen pleitos desde sus comunidades» de origen, apuntó.

De esas y otras cuestiones se hablará en este aniversario de la organización, comentó Suárez, quien es encargado de la comunidad Colonia Obrera Tercera Sección del FIOB en Tijuana.

El FIOB se constituyó, primero como Frente Mixteco Zapoteco Binacional (FM-ZB), el 5 de octubre de 1991, en la Ciudad de Los Ángeles, California, por decenas de hombres y mujeres indígenas integrantes de las organizaciones Comité Cívico Popular Mixteco (CCPM), Asociación Cívica Benito Juárez de Oaxaca (ACBJO), Organización del Pueblo Explotado y Oprimido (OPEO), la Comunidad Tlacolulense en Los Ángeles (COTLA) y la Organización Regional de Oaxaca (ORO).

El FIOB informó que en su caminar ha logrado importantes avances «pero son más los problemas y las necesidades de nuestros pueblos que día con día reclaman ser escuchados y ser incluidos en las políticas de gobierno para erradicar la pobreza y la marginación, la corrupción y la violación de los derechos constitucionales».

Entre sus logros la organización enumeró que ha logrado desarrollar proyectos de fortalecimiento de la cultura en los estados de Oaxaca y Baja California, México y en California, EU; opciones de ahorro y crédito en ese país; apoyo para el traslado de migrantes fallecidos en EU y Baja California; fortalecimiento de la gestión ante instancias federales para la ejecución de obras de infraestructura básica en las comunidades oaxaqueñas y un programa de intérpretes en mixteco, zapoteco y triqui para la defensa de los derechos laborales y humanos en EU y Baja California.

Asimismo, la conquista de espacios en el poder legislativo en Oaxaca; obtención de triunfos electorales en ayuntamientos; empoderamiento institucional en agencias municipales; obtención de apoyos en proyectos productivos de impacto familiar y comunitario en municipios de Oaxaca y el establecimiento de convenios con fundaciones para impulsar proyectos de procuración de justicia, desarrollo humano, derechos laborales, seguridad alimentaria, reinserción de migrantes a sus comunidades de origen, equidad de género y opciones productivas familiares.

Mencionó además que ha contribuido en la elaboración de iniciativas de ley y propuestas sobre programas para migrantes en el estado de Oaxaca; ha realizado talleres de sensibilidad, derechos laborales, derechos indígenas y derechos humanos en Baja California; se fundó el FIOB en la Ciudad de México y el Estado de México; se ha logrado mayor democratización en la designación de las estructuras de dirección; mayor horizontalidad en la toma de decisiones y apoyo al desarrollo del liderazgo de las mujeres.

Por otra parte, mencionó que entre los retos que deberá enfrentar el FIOB es involucrar a jóvenes para garantizar el futuro de la organización; educar ideológicamente a la militancia para garantizar la vigencia de los principios y valores estipulados en sus documentos básicos, seguir expandiendo la presencia del FIOB a nivel nacional, buscar y ejercer el poder con la máxima que dice: “mandando, obedeciendo al pueblo”.

 

 

 

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85 mujeres jóvenes han desaparecido en Morelos desde 2012; el gobierno estatal niega que haya un problema de trata de personas: CDHDO

 

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Cuernavaca, Mor., 15 de noviembre., En lo que va del gobierno de Graco Ramírez -que inició en octubre de 2012- han desaparecido en Morelos 85 jovencitas, de ellas seis en el último mes; en el estado hay un problema de trata de mujeres que el gobierno estatal niega, «la Fiscalía dice que estamos inventando y el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz, dice que se van con el novio» denunció  Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (CDHDO).

Entrevistada en el marco del Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales, comentó que hay un corredor de trata, con lo que se denomina «giros rojos», en las zonas sur y en  el oriente de la entidad, hacia los estados de Puebla y Veracruz. A la cabeza de este problema van los municipios de Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, precisó.

«Aunque la Fiscalía dice que estamos inventando, los datos se extraen de las mismas fichas de la dependencia», agregó Díaz Pineda, explicando que de los casos que manejan sólo hay dos en los que las familias subieron directamente las fotografías de las jóvenes desaparecidas a internet. Apuntó que si fuera el caso de que las jóvenes desaparecidas se haya ido con el novio «la situación es más grave, hay que ver por qué tantos novios están llevándose a las chicas, dado que hay no sólo comercio sexual sino trabajo esclavo en la agricultura o en casas, tráfico de órganos…».

Indicó que la Fiscalía afirmó haber encontrado a dos de las chicas que se fueron en octubre, una dicen que se fue con el novio y otra huyendo de la violencia en su casa, pero no proporciona más datos de qué fue lo que ocurrió con ellas. Y hablan de dos niños que fueron sustraídos por el papá, pero nosotras sólo hablamos de niñas, comentó.

Mencionó que el CDHDO está de acuerdo con el pedido de Javier Sicilia -dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y funcionario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)- en que «deben investigarse los giros rojos para ver si no hay entre las mujeres enfermedades de transmisión sexual y en que se haga un banco de datos de ADN para que cuando la familia de una desaparecida vaya a denunciar se haga una fiscalización pronta, porque las 72 horas que da la Fiscalía son tremendas, en ese tiempo no sólo pueden sacarla del estado sino del país».

Informó Díaz Pineda que el CDHDO empezó a hacer investigación sobre las desaparecidas a raíz de la investigación de la UAEM sobre las fosas clandestinas de Tetelcingo, bajando información de internet de desaparecidas de hasta 29 años -el grueso de las desaparecidas tiene entre 13 y 17 años- y hay una niña de 6 años.

Detalló que las fosas de Tetelcingo empezaron a abrirse a principios de este año, por orden de un juez, ya que la Fiscalía se negaba a ello, y encontraron además del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, a quien buscaba su familia, los de 117 personas más, entre ellos el de una niña de 10 años quien «se presume estaba en situación de trata porque tenía las uñas pintadas con esmalte permanente» y cuyo cuerpo no ha sido reclamado.

Añadió que con el ADN de los cuerpos encontrados en Tetelcingo la UAEM hizo un primer banco de datos, junto con la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría General de la República. Ahora falta que cada que una familia vaya a denunciar una desaparición se pueda hacer el cruce de los datos, eso es algo que se tiene que hacer a nivel nacional; comentó que existe un banco de ese tipo, la Plataforma México a nivel federal, «pero no se alimenta continuamente».

 

 

 

 

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Mujeres indígenas exigen participación política, una vida libre de violencia y «ser sujetos de derechos y no sujetos de atención»

20161115_105114Rosa Rojas

Con una caminata desde el zócalo de Cuernavaca hasta el Museo de la Ciudad se inició en la capital morelense el Foro de mujeres indígenas compartiendo saberes y tejiendo alianzas, en el que participaron una treintena de mujeres de pueblos originarios y de organizaciones no gubernamentales con la idea de visibilizarse y exigir que se reconozcan en leyes e instituciones del estado mexicano sus derechos humanos a la participación política, al desarrollo integral, a la educación, a la capacitación, a una vida libre de violencia.

En el foro, convocado por la Coordinadora de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias (CMILC), con el apoyo del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y las organizaciones Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) y Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina (CIDHAL), Fabiola del Jurado, dirigente de la CMILC, afirmó que en ninguno de los espacios donde se discute la situación de las mujeres hay representación de las mujeres indígenas.

Participaron en el evento mujeres de Tepoztlán, Xoxocotla, Hueyapan, Santa Catarina, Tetelcingo y Cuernavaca. Entre los principales aspectos discutidos por las panelistas se planteó que aunque en la Constitución mexicana se reconocen los derechos de las mujeres a la igualdad con los hombres, en los hechos esto no se cumple y más aún cuando se trata de las mujeres indígenas, lo que debe cambiarse. Asimismo plantearon que ellas quieren cambiar los usos y costumbres cuando violan sus derechos.

En su intervención Del Jurado subrayó que si bien la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un espacio para capacitación de ellas «no lo ha abierto a todas… están yendo delegadas pero son priistas» y añadió que el Instituto de las Mujeres de Morelos tampoco les ha dado espacio a las indígenas.

Agrego que la categoría «mujeres indígenas» debe estar en todos los instrumentos institucionales y además se requiere que haya un instrumento específico para las mujeres indígenas, aunque estimó que «falta mucho» para lograrlo.

Denunció además que las mujeres indígenas no tienen acceso a la justicia, que varias que han estado presas en Morelos le comentaron que no tuvieron acceso a un traductor durante su juicio ni asesoría legal pertinente. Incluso se les niega el derecho a la visita de sus compañeros porque sólo se lo permiten a los que están casados y no les permiten la visita de sus hijos si el padre no la autoriza.

Alma Leticia Benitez subrayó que en sus comunidades «las estructuras genéricas son más rígidas», las niñas indígenas se incorporan desde muy temprano a las tareas productivas y reproductivas, dificultando su acceso a la educación. El estado «no quiere reconocer que las condiciones de desigualdad (de las mujeres indígenas) no tiene su origen en las comunidades sino en las condiciones que les fueron impuestas» desde la colonización.

Ahora las mujeres indígenas se hacen presentes para exigir «ser sujetos de derechos y no sujetos de atención», buscando una participación consciente, constructiva y participativa en las comunidades, dijo, enfatizando que las mujeres indígenas han participado siempre activamente en defensa de la tierra, de la autonomía, del agua, pero una vez que pasa un episodio de movilización se vuelven al ámbito privado.

El espacio político de participación no sólo se ciñe al estado mexicano, añadió, señalando que los partidos políticos deben ejercer efectivamente el presupuesto que está destinado al género, tomando muy en cuenta a las mujeres indígenas, afirmó.

Lilia González, de Hueyapan, mencionó que ella inició su participación como madre de un hijo con capacidades especiales, que están abandonados por las instituciones, tanto así que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales. En su pueblo hay 40 niños de 36 familias con capacidades especiales, informó.

Con esa participación, indicó, se han dado cuenta que lo más importante es la organización porque sólo así podrán tener incidencia en la política social. En Hueyapan el DIF no ha hecho nada en los últimos 10 años, por lo que la propia gente construyó, sin ayuda del estado, un centro de atención para niños con capacidades diferentes; ahora requieren personal médico para atenderlo.

Irma Martínez, de Santa Catarina, comentó que en un principio estaban contra el uso de la tecnología digital, pero después se dieron cuenta de la necesidad de capacitarse en su utilización pero si perder sus tradiciones y costumbres.

Aunque el foro se llevó a cabo en el salón de los presidentes del Museo de la Ciudad, la falta de respeto y consideración para las mujeres indígenas quedó en evidencia porque mientras se llevaba a cabo, en el patio del mismo se estaba llevando a cabo el ensayo, a todo lo que daban sus enormes bocinas, de una banda de rock de un evento denominado Cuerna Pop, organizado por el municipio, que tendría lugar por la tarde. La estridencia de la música se imponía por sobre las voces de las indígenas.

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