Archivo mensual: septiembre 2016

Se constituyó la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas para luchar por sus derechos individuales y colectivos

Rosa Rojas

Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.

Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.

En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen «es lamentable» y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.

En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.

La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando «las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados» por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.

Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.

La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad  respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.

Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.

Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.

En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.

En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.

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Indígenas oaxaqueños denunciaron ante expertos de la ONU violaciones a sus derechos para imponerles megaproyectos

 

Rosa Rojas

Un total de 25 casos de megaproyectos mineros, eólicos y de extracción de hidrocarburos que se están desarrollando en Oaxaca son violatorios de los derechos a la consulta libre previa e informada de comunidades indígenas, así como a la tierra, al territorio y a los bienes naturales, denunciaron miembros de pueblos indígenas y activistas ecologistas y de derechos humanos ante integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (GTNUEDH) que realiza una visita oficial a México.

Coordinaron la visita las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH) las cuales informaron que los expertos Dante Pesce y Pavel Sulyandziga se reunieron con comunidades afectadas por ese tipo de proyectos el pasado  1° de septiembre durante la primera visita regional que realizaron en el Estado de Oaxaca, uno de los más afectados por los megaproyectos en México.

Asimismo indicaron que los asistentes denunciaron abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas, gobiernos municipales, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores como el caso de Bernardo Vásquez en San José del Progreso, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos.

Se expuso además la preocupación ante la reciente aprobación de las Zonas Económicas Especiales, que arrancará en la entidad en el puerto de Salina Cruz «y del que no hay tampoco información clara al respecto de las afectaciones directas en las formas de vida de la región». La reunión se efectuó en la capital oaxaqueña.

Mariano López, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), informó en entrevista telefónica que él expuso cómo la empresa Gas Natural Fenosa (GNF) ingresó a la comunidad de Juchitán a instalar el parque eólico Bií Hioxo «sin ninguna consulta, que hubo hostigamiento de la empresa contra quienes se oponen al proyecto, que provocó división en la comunidad, ahora hay pro eólicos y anti eólicos donde antes todos nos veíamos como hermanos».

Explicó a los expertos que las bases de algunos aerogeneradores tienen hasta 10 metros de profundidad y que «las perforaciones hechas cerca de la Laguna Superior, que colinda con Playa Vicente, están afectando las venas de los pozos de agua, taponándolas, lo que violenta nuestro derecho al agua y es perjudicial para las plantas medicinales que sólo se dan en esa zona, lo que afecta además nuestro derecho a la salud».

Aseveró también que la manifestación de impacto ambiental (MIA) que presentó la empresa al gobierno nunca la conocieron los indígenas juchitecos. Ante esa serie de irregularidades interpusieron un amparo con acompañamiento de ProDESC, contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa y otro por las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, para la instalación del parque de la empresa Eólica del Sur.

Mencionó que hay dos procesos de amparo que están esperando respuesta: aún no hay sentencia sobre el amparo interpuesto hace tres años contra GNF, «porque al principio el juzgado pidió que se comprobara que somos comunidad indígena, lo que se hizo con un estudio antropológico; luego que se comprobara que el parque está en terrenos comunales, por lo que se hicieron peritajes… exigimos justicia pronta y expedita», afirmó López.

Indicó que por escrito se entregó la lista de violaciones en que incurrieron los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso del parque de Eólica del Sur, entre las que enumeró que la consulta respectiva «no fue previa, ya que se habían otorgado permisos a la empresa antes y durante la consulta; no fue libre porque los que estábamos contra el proyecto recibimos amenazas; no fue informada porque solicitamos en 13 oficios cerca de 70 estudios sobre el ruido que producen los aerogeneradores; las afectaciones al agua superficial y subterránea producidas por los parques eólicos ya construidos y otros, que nunca nos entregaron; no fue transparente porque Juchitán tiene 9 secciones y más de 130 colonias y no se realizó en todas y tampoco fue de buena fe».

En su comunicado las organizaciones informaron que dichas violaciones fueron documentadas por la misión de observación integrada por ProDESC, Codigo DH y PODER junto con otras organizaciones locales. Destacaron que «esta consulta fue para el gobierno mexicano, el modelo de las demás consultas a realizar en el marco de la reforma energética».

Señalaron que uno de los casos presentados ante el GTNUEDH fue el de la comunidad Agraria de Unión Hidalgo. Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad, expuso la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC, en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (DEMEX) «ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil siendo que las tierras de Juchitán son tierras agrarias, el juicio se encuentra en la etapa final y se espera que el Tribunal Agrario dicte una sentencia lo más apegada a derecho y respetando los derechos humanos de la comunidad».

El GTNUEDH se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre. La visita cerrará con una conferencia de prensa donde presentarán su informe preliminar, mismo que, incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realicen durante su estancia en nuestro país y las diferentes reuniones que tengan con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas, indicaron.

 

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