Archivo mensual: agosto 2016

El Estado mexicano sigue discriminando «técnica y legalmente» a la radiodifusión indígena, denuncia la Asamblea Comunitaria Mazateca

Rosa Rojas

En los estudios de grabacion1

La Asamblea Comunitaria Mazateca (ACM), de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, denunció que si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le refrendó el otorgamiento de concesión de uso social indígena para operar Radio Nahndi’a  (xhtfm107.9@gmail.com) a través de la Asociación Civil Mie Nillu Mazateco, el Estado mexicano sigue discriminando a la radiodifusión indígena «técnicamente y legalmente».

En un comunicado,  la ACM explicó: «el Estado a través de sus instituciones nos sigue discriminando cuando otorga ´baja potencia´ para transmitir, nos ubica en la parte alta del espectro radioeléctrico, solicita excesivos requisitos en el trámite de una concesión; además de no permitirnos tener patrocinios para la sostenibilidad de nuestros medios de comunicación».

La organización ratificó su compromiso con el movimiento de comunicación indígena en México de compartir su experiencia con otros colectivos que pugnan por una comunicación indígena libre y autónoma, manifestando que entre los retos que tiene por delante están, como colectivo, «no caer en la burocratización legal e institucional, la cual representa un peligro constante que nos puede alejar de nuestro quehacer en la comunicación comunitaria indígena».

Asimismo, como pueblo Nashinanda’a  (mazateca), «seguir resistiendo desde nuestra libre determinación ante el despojo de nuestras tierras y territorios y desterrar toda forma colonizante que lacere nuestra vida comunitaria».

Subrayó que seguirá demandando al Estado mexicano el cabal respeto de sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Mexicana pues aunque hay un avance en la legislación sobre radiodifusión y telecomunicaciones, éste «no es suficiente».

Recordó que la ACM, a través de la Asociación Civil Mie Nillu Mazateco  integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-MEXICO, realizó las gestiones de refrendo del permiso de operación de Radio Nhandia ante la  Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en el año 2010, según lo marcaba el Título de Permiso expedido por la Secretaría de Telecomunicaciones, a fines del año 2004. «Tuvieron que pasar cinco años y 8 meses para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),  nos otorgara, en un solo acto, el refrendo y la concesión de uso social indígena; llegar a esto, no fue nada fácil».

Detalló que a mediados del mes de junio de 2006, Armando Navarrete Cornejo, funcionario, del ex gobernador Ulises Ruiz, «nos llamó por teléfono, indicándonos que deberíamos cambiar nuestra línea editorial, ya que no convenía a los intereses de dicha administración gubernamental y que líderes priistas de la región mazateca demandaban el cierre de la radio; el 24 de agosto de 2006, la amenaza de Armando Navarrete se materializó, cuando un grupo armando impidió que ingresáramos a las instalaciones de la emisora Nahndia, ocasionando la interrupción de las transmisiones de la radio. A pesar de todo, el 24 de febrero de 2008 salimos al aire con nuevas instalaciones y equipo de trabajo».

Señaló asimismo que no olvida el intento de negarles el derecho de operar y administrar sus propios medios mediante la “ley Televisa”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, contra la cual se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber violado los derechos de los pueblos indígenas de México.

«Ya en el proceso de refrendo nos alcanzó la Reforma Constitucional y la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de nueva cuenta tuvimos que someternos a un trámite burocrático para que el IFT aprobara  el refrendo y la concesión de uso social indígena» enumeró.

La ACM subrayó que seguirá demandando al Estado mexicano el cabal respeto de sus derechos colectivos reconocidos en la Constitución Mexicana y acabar con la  criminalización de los medios comunitarios e indígenas.

Fotos: ACM

El niño Juventino Marín en los controles1

 

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Frente al feminicidio, urge que el gobierno de Morelos y las autoridades municipales garanticen la vida y derechos humanos de las mujeres

Rosa Rojas

El gobierno del Estado de Morelos y los gobiernos de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el 10 de agosto de 2015 han sido omisos en el cumplimiento de las medidas, lo que repercute negativamente para garantizar la vida, la libertad, la justicia y la seguridad de las mujeres, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos (CIDHM), organización que lleva 16 años documentado el feminicidio en esta entidad, por lo que  hizo un llamado para que las autoridades cumplan con las medidas para evitar que ese crimen siga creciendo.

De acuerdo con la CIDHM, desde el año 2000 al mes de julio del 2016, documentaron 891 casos de feminicidios.

Al presentar un Informe «sombra» sobre la aplicación de la AVG a un año de su declaración por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en los municipios mencionados, la coordinadora de la investigación realizada en el primer informe de la AVG en Morelos, Paloma Estrada Muñoz,  detalló que en ese lapso suman ya 86 casos de feminicidio en 22 municipios, de los 33 que integran el Estado, de los cuales 59 corresponden al período de enero a julio del 2016.

Ante estas cifras es evidente que la violencia contra las mujeres es generalizada en casi toda la entidad. Subrayó la activista que las autoridades no cumplen con las acciones de seguimiento del mecanismo, tanto por desconocimiento de lo que implica la Alerta como por  falta de voluntad de las autoridades municipales y estatales para llevarla a cabo, además de una falta de coordinación de éstas con el gobierno federal.

Una muestra de esa falta de voluntad de las autoridades estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, es el dato que dio Estrada, en el sentido de que  a las sesiones de trabajo sobre la AVG sólo acuden representantes de la Fiscalía General del estado de Morelos y la CIDHM, cuando deberían estar presentes funcionarios que trabajen para el Instituto de la Mujer de Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Morelos.

Además, el hecho de que la Fiscalía General morelense se comprometió a proporcionar datos reales sobre feminicidio y a la fecha no lo ha cumplido, lo cual resulta importante, toda vez que muchos de los casos que están tipificados como homicidios dolosos y culposos, pueden ser reclasificados a feminicidio.

Respecto a lo que corresponde hacer al gobierno estatal, manifestaron que éste no ha cumplido siquiera con la difusión de una campaña masiva que llegue a los municipios.

Ya desde fines de mayo pasado la CIDHM había informado del incumplimiento de las autoridades morelenses estatales y municipales de las medidas que establece la AVG y había puntualizado, luego de una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y personal de la CONAVIM,  que la organización considera que las medidas mencionadas por dicho funcionarios, como las marchas exploratorias en municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, no son sistemáticas, son escasas, y no hay un contenido temático exclusivo para la AVG.

Sobre la creación de la Unidad Especializada de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, consideró que es poco el personal capacitado y no se conocen las temáticas, los tiempos, las evaluaciones ni quiénes imparten la capacitación en el tema de la AVG. En relación al protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, se desconocían cuantos elementos -hombres y mujeres-  habían sido capacitados para aplicarlos, cuántas veces se ha aplicado, cuáles ha sido los resultados concretos y la valoración interna del mismo protocolo.

Respecto al Semáforo de Violencia, la CIDHM vio preocupante la falta de información de los feminicidios, pues los homicidios no están desagregados por sexo, lo que impide conocer el nivel de violencia feminicida; tampoco muestra los diferentes tipos de violencia, ni las modalidades de la misma. Apuntó sin embargo que la aplicación para celulares del número 066 para reportar diferentes tipos de violencia contra las mujeres es una acción positiva pero no se le ha dado la máxima publicad y lamentablemente poca población la conoce.

Es muy preocupante que a un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, sea tan deficiente la aplicación de las medidas que pueden coadyuvar a proteger la integridad física y salvar las vidas de las mujeres, por lo que además de hacer un reconocimiento a la meritoria labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Morelos, por su esfuerzo sistemático para dar seguimiento a una cuestión tan importante como ésta, hay que hacer una llamada de atención al Gobernador Graco Ramírez y a las autoridades municipales no sólo de esos ocho municipios, sino de todo el Estado de Morelos, para que cumplan con su deber y apliquen con más diligencia las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres que viven en esta entidad.

 

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En defensa de su tierra contra la minería, Zacualpan gana otro amparo contra la PA y el RAN

Rosa Rojas

La Comunidad Indígena de Zacualpan (CIZ), municipio de Comala, Colima, ganó el amparo 434/15 mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No.38 anuló una asamblea irregular en la que se destituyó a las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales (CBC) y el Consejo de Vigilancia (CV) que defienden el territorio comunal contra la explotación minera, por lo que dichas autoridades continuarán en sus cargos, informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

La REMA detalló que la sentencia del TUA 38 ordenó la continuación en sus cargos de  Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del CBC de Zacualpan, así como de Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del CV.

La citada organización recordó que la sentencia del TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015,  fecha en que la CIZ bloqueó el acceso a la misma para evitar que María Elena Díaz Rivera, entonces Delegada de la Procuraduría Agraria (PA), entrara a legitimar una asamblea  para destituir al Comisariado de Bienes Comunales.

Sin embargo Díaz Rivera «de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad  y en nueve minutos realizó una asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el quorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular», señaló la REMA.

Agregó que dicha funcionaria fue destituida de su cargo como Delegada de la PA el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia dependencia, ante diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y  más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por  “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara «para considerar su remoción y deslinde penal”.

La REMA aseveró que el amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.

Asimismo exigió al Gobierno de Colima, a la Procuraduría Agraria y al gobierno municipal de Comala, se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda.

 

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Urge abrogar la reforma energética peñanietista que sólo favorece a las petroleras transnacionales

Rosa Rojas

La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad, habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector que incidirían en disminución de precios de esos productos para los mexicanos, está resultando en todo lo contrario: iniciando agosto el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo  y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento -el primero fue en julio- a  las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el doméstico de alto consumo.

Así, el precio de la gasolina Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la Premium de 14.81 pesos por libro y el del diesel de 13.98 pesos por litro, es decir, aumentos de 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente; en julio las gasolinas Magna y Premium subieron  24 y 34 centavos respectivamente y en junio ocho centavos.

Por lo que toca a la electricidad, el sector industrial pagará a lo largo de agosto incrementos de entre 5.2 y 7.5 por ciento respecto al precio de agosto de 2015; el comercio de 7.8 a 9 por ciento y los usuarios domésticos de alto consumo 8.9 por ciento. La CFE dijo que en agosto se mantendrán los precios a los usuarios de bajo consumo que incluso, dijo, han bajado 2 por ciento respecto a las de agosto de 2015. Lo que no dijo el gobierno es que los precios que se aplicarán a la industria y al comercio repercutirán en los precios de todos los productos, sin que se haya referido en ningún momento a un aumento a los ya de por si alicaídos salarios.

Según el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, México está pagando una gasolina 23 por ciento más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65 por ciento de la gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos  exportando crudo barato para importar subproductos del petróleo caros, luego de que una sistemática política de desmantelamiento de PEMEX logró desembocar en la reforma energética privatizadora.

Y el PAN, que votó a favor de esa reforma, ahora califica el gasolinazo como «el robo del siglo», según lo calificaron  sus senadores Mariana Gómez del Campo y Francisco Búrquez, así como el diputado Federico Doring. Este último dijo que es un escándalo que con el gasolinazo el gobierno mexicano recaudará 300 mil millones de pesos adicionales, «que deberían estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y la del país». Ahora los panistas tratan de deslindarse del atraco que, conjuntamente con el PRI y sus partidos títeres asestaron al pueblo de México con esas reformas, a la vista del voto que en las pasadas elecciones obtuvo para algunos de sus candidatos a gobernadores, buscando así capitalizar el descontento popular que está ocasionando el gobierno federal priista con su política económica, ampliamente compartida por el PAN.

Con todo esto es claro que urge abrogar esa y otras reformas, como la educativa, que están llevando a México a severas crisis sociales y económicas, y que para lograr que se de marcha atrás a esas reformas peñanietistas, será necesario que además de votar contra los candidatos del PRI, se vote contra los del PAN, PVEM y sus otros aliados, pero sobre todo, se organice el pueblo para movilizarse y obligar al gobierno a dar marcha atrás a estas políticas que benefician sobre todo al gran capital transnacional que, ahora, como antes de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, están imponiendo medidas que únicamente incrementan sus ganancias, a costa de la miseria de la mayoría de los y las mexicanas.

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