Archivo diario: 2 julio, 2016

Integrantes de UCIZONI marcharon en el istmo oaxaqueño para exigir mejor servicio de salud, apoyar la movilización magisterial y condenar la represión oficial

Rosa Rojas

ucizoni_marchafunebre1jul16Cientos de indígenas mixes, zoques, zapotecas, mixtecas, barreños integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, (UCIZONI) así como colonos, integrantes de la Resistencia Civil y profesores de la Sección 22 del SNTE se movilizaron este 1o. de julio por las calles de la ciudad de Matías Romero, en el istmo oaxaqueño, hasta el bloqueo carretero que mantienen desde hace más de 18 días los trabajadores de la Educación a la altura del kilómetro 200 de la carretera Transístmica, donde les manifestaron su apoyo y denunciaron la amenaza de desalojo violento que ha hecho el Secretario de Gobernación sin ofrecer alternativas de solución.

Durante el mitin en el bloqueo se condenó la campaña «alarmista» de los medios de comunicación que hablan de desabasto sólo para justificar ante la opinión pública un posible operativo violento. También hubo pronunciamientos de los manifestantes en el sentido de que el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) «ha sido incapaz de resolver los problemas de nuestro país y que sólo está al servicio de las empresas extranjeras y en defensa de esos intereses es capaz de masacrar al pueblo de México como ocurrió hace 11 días en Nochixtlán».

Los oradores condenaron la política antipopular y represiva del gobierno de EPN, «el cual reprime brutalmente a los ciudadanos y ciudadanas que nos oponemos a las reformas neoliberales», por lo que exigieron que renuncie, informó la UCIZONI.

La marcha inició con un mitin frente al Centro de Salud donde los manifestantes denunciaron la privatización del sector salud, lo cual significa condenar a muerte a los pobres, quienes carecen de recursos para cubrir sus gastos médicos; se manifestó la solidaridad con los trabajadores del sector salud y se hizo un llamado para crear un frente popular amplio que enfrente la ofensiva del gobierno federal.

Después, en marcha encabezada por ataúdes, los manifestantes se trasladaron al Hospital del Seguro Social donde demandaron justicia para las víctimas del mal servicio y demandaron dotar de especialistas y medicamentos al hospital y a las unidades médicas rurales. Se instó a los trabajadores del Seguro Social a vencer miedo y que se sumen al movimiento en contra de las reformas neoliberales.

Posteriormente la marcha se dirigió a la agencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad, donde se denuncio que esa empresa sirve principalmente a intereses extranjeros y que los parques eólicos son solo un negocio de trasnacionales que  han significado despojo y divisionismo para los pueblos. Se condenó el alza de los energéticos y «la falsedad del discurso gubernamental, el cual promovió la reforma diciendo que el precio de gasolina, gas y electricidad iba a disminuir lo cual no ha sido cierto».

Rosa Rojas  

 

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Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Rosa Rojas

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como «un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México» los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso «incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la «inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos» lo que sólo alienta la impunidad. «Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto», pues «no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres» que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe «no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia», añadió Guevara Rosas, aseverando que «no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada».

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado «muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio».

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar «la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles», le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.

“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

 

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