Archivo mensual: junio 2016

El gobierno requirió 10 víctimas masacradas en Nochixtlán para iniciar un diálogo sobre su reforma educativa; un mitin de empresarios bastó para que EPN vetara Ley Anticorrupción

Rosa Rojas

En el altar de la intransigencia corrió la sangre, se privó de la vida a diez personas en Nochixtlán, Oaxaca, este domingo 19 de junio, para que finalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) accediera a iniciar un diálogo, “en el marco de la ley” con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre el conflicto nacido de la imposición a rajatabla de una “reforma educativa” que no es tal, sino una reforma laboral, dizque para evaluar a los maestros y maestras del país.

Diez muertos, tres años de movilizaciones para iniciar recién un diálogo. Los empresarios consiguieron en menos de un mes, con un mitin en el Angel de la Independencia, que EPN vetara unos artículos de la Ley Anticorrupción que «los afectaban». Todavía hay clases sociales en este paisito.

Desde el lado de la sociedad se repitió hasta el cansancio que una reforma educativa requería de la participación, el consenso, las aportaciones de maestras y maestros, padres y madres de familia, académicos, investigadores… nada valió. El gobierno empezó a hacer evaluaciones absurdas de hasta ocho y más horas de duración, a despedir maestros… el conflicto escaló y llegó a los paros, los bloqueos, las marchas, los plantones, la violación de derechos de movilización, de libertad de expresión, a la represión pura y dura; hasta la saciedad el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, repitió que no habría diálogo si no había previamente una aceptación por parte de la CNTE de su reforma educativa, es decir, habría diálogo sólo si previamente había una rendición incondicional por parte de las y los maestros.

Ahora Nuño ha quedado al margen del mismo porque, dijo, “el diálogo es político, no educativo”. En el colmo del absurdo pretende que no se hable en ese diálogo de la reforma educativa que detonó este conflicto.

Nuño declaró, diez muertos después, que ahora es «momento de apertura, compromiso y tolerancia. Es momento, particularmente en Oaxaca, para que todos pongamos de nuestra parte para distender y poner fin a la violencia». Una violencia que los gobiernos federal y estatal se han encargado de repetir que ellos no provocaron porque sus policías iban desarmados, pese a las fotografías y filmaciones que prueban lo contrario y ante cuya evidencia acabaron reconociendo que los policías, que dizque iban desarmados, acabaron sacando las armas pero sólo porque fueron atacados por un “grupo radicalizado”.

Las comparsas del gobierno en los medios de comunicación se han encargado de decir que son siete esos grupos “radicalizados” y repiten sus nombres, enumeran a quienes son sus líderes y reproducen la ficha que seguramente salió de los archivos de los sótanos del sistema sobre las presuntas acciones de esos grupos, de los que no dicen directamente que son guerrilleros pero eso queda en el contexto. La CNTE, dicen algunos comentaristas de medios, recibe “apoyo armado”. Hechos y discursos paralelos al diálogo que nos remontan a 1968, a la aparición de los halcones de 1971 y presagia una cacería de brujas contra las organizaciones populares, estatales y nacionales, que se han mencionado en esas publicaciones.

En el diálogo en la Secretaría de Gobernación con la dirigencia de la CNTE que no está en la cárcel, los ejes serían derechos humanos, distensión del conflicto y justicia y será facilitado por una Comisión Nacional de Intermediación formada a propuesta de la CNTE por personalidades independientes.

Ya el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había calificado la masacre de Nochixtlán de situación “grave y extraordinaria, que deberá investigarse de forma exhaustiva, puntual y transparente” para aclarar si fue adecuado el uso de armas por los elementos estatales y federales que participaron en el desalojo de las vías de comunicación, quién dio la orden de disparar, si se siguieron los protocolos señalados para el uso de la fuerza y si la población civil también tenía armas de fuego. Y durante la primera sesión del mismo ofreció ser «conducto» para que los maestros fijen su postura ante el poder Legislativo y !la Secretaría de Educación Pública¡ ya ni la burla perdona el funcionario.

El lunes 27 será la segunda sesión del diálogo en la SEGOB. Ya en la numerosa marcha del viernes 24 en la Ciudad de México los maestros y organizaciones sociales que los apoyan demandaban la renuncia de Nuño, cese a la represión y, como desde hace tres años, anulación de la mal llamada «reforma educativa».

El contexto nacional en el que se da este diálogo –además de las diez vidas segadas y un centenar de heridos- es el que claramente remarcó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien aseguró que “en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad”.

Según nota de La Jornada, el experto señaló que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida; los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son «insuficientes e ineficaces».

En un informe de seguimiento de las recomendaciones que dejó tras su misión en el país en 2013, el experto aseveró que no ha habido avance alguno en las recomendaciones pasadas, por lo que lamentó la postura del gobierno mexicano y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y de la policía, llamando a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza, así como a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

En lo internacional se tiene clara la crisis de derechos humanos que vive México, agravada por el conflicto por la imposición, literalmente ahora a sangre y fuego, de una reforma educativa que no es tal. Por ello ha habido en muchas ciudades de Francia, España, Alemania, Ecuador, Argentina y Brasil plantones y vigilias para repudiar la violencia en México, repudio que se multiplica en cientos, en miles de mensajes que circulan en las redes sociales demandando solución, no más represión, al conflicto magisterial.

 

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Rechazan UCIZONI y FIOB la campaña oficial contra organizaciones sociales por la masacre de Nochixtlán. Demandan un diálogo que escuche planteamientos magisteriales sobre la reforma educativa

Rosa Rojas

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) -en comunicaciones por separado- condenaron de manera enérgica la violencia empleada en contra de los maestros, sociedad civil y activistas en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado día 19 de junio, cuando ocho personas perdieron la vida y alrededor de cien resultaron heridas y reprobaron que el gobierno responsabilice de esos hechos a organizaciones sociales a las que tacha de «radicales». Entre las que se han mencionado están el propio FIOB y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

El FIOB responsabilizó de la represión en contra de la población civil y el magisterio en Asunción Nochixtlán, el Istmo y la capital oaxaqueña, al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong y al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, así como al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, al tiempo que exigió la salida inmediata de Oaxaca de las fuerzas federales, presentación de los desaparecidos, liberación de los dirigentes magisteriales presos y atención médica a los heridos.

Asimismo urgió al gobierno federal a entablar inmediatamente un diálogo donde escuche los planteamientos de los maestros «y en tanto no haya un acuerdo, de marcha atrás en la implementación de la llamada reforma educativa».

La UCIZONI condenó la «brutalidad» con la que actuó la policía federal en Jalapa del Marqués, Tequisistlán, Hacienda Blanca, Salina Cruz, Huitzo y Nochixtlán y exigió castigo para los funcionarios federales y estatales responsables de la muerte de por lo menos 10 oaxaqueños y heridas de cientos más. Reclamó la inmediata liberación de los presos políticos del movimiento popular oaxaqueño.

Esta organización denunció «la campaña de criminalización y de linchamiento que vienen promoviendo medios de comunicación, grupos priistas y los gobierno federal y del estado de Oaxaca en contra de dirigentes de organizaciones indígenas, comunicadores independientes y líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación».

Añadió que en Matías Romero, Oaxaca, «han circulado en los últimos días y de manera intensa cadenas en las redes sociales donde se atribuyen a UCIZONI, sección 22 y radio comunitaria Las voces de los pueblos, llamados a saquear comercios trasnacionales pero también a los pequeños negocios. Esta información evidentemente falsa ha creado un ambiente de crispación social que busca restarle base de apoyo al movimiento magisterial pero también procura incriminar a los líderes sociales ante posibles actos de rapiña, ya que han sido vistos grupos de pandilleros provenientes de Salina Cruz y Juchitán merodeando por el centro de la ciudad y en la zona del bloqueo carretero… Más grave aun son las declaraciones de funcionarios federales y estatales que tratan de fincar responsabilidad a organizaciones indígenas en los violentos hechos ocurridos en Nochixtlan», subrayó.

«Esta campaña de  guerra sucia en contra del movimiento popular  que se promueve desde los medios masivos de comunicación busca a toda costa responsabilizar a líderes sociales de las muertes ocurridas y con ello lograr impunidad para los funcionarios del gobierno federal y estatal que ordenaron a la policía disparar en contra de los manifestantes. A su vez busca justificar la detención y persecución  de dirigentes de organizaciones solidarias con el movimiento magisterial», aseveró la UCIZONI, exigiendo acabar con la «guerra sucia» contra el magisterio y las organizaciones populares.

El FIOB por su parte apuntó que no debe permitirse el derramamiento de más sangre «en aras de implementar una antipopular medida que en el fondo busca la privatización de la educación pública en México y que no resuelve de raíz el rezago educativo que sufren los pueblos indígenas y sectores vulnerables como mujeres, trabajadores asalariados y campesinos».

«Si Peña Nieto se muestra incompetente para solucionar este conflicto que ahora estalló (y por el que el pueblo está decidido a manifestarse de manera pacífica), sin hacer uso de la represión como en las dictaduras militares, debería ser destituido de su cargo» agregó la organización subrayando que es doloroso ver que  «en lugar de enfrentar a los narcotraficantes y criminales, los gobiernos federal y estatal se ensañan contra la ciudadanía que sólo quiere que sus hijos puedan ir a la escuela y que la juventud mexicana tenga un mejor futuro como país».

Reprobó que el gobierno de Gabino Cué esté responsabilizando de los enfrentamientos a organizaciones sociales a las que tacha de radicales, entre ellas al FIOB. La organización recordó que al igual que otras, apoyó a Cué para que llegara a la gubernatura, lo que «no significa que debamos ser cómplices de actos gubernamentales que utilizan la represión y violentan los derechos humanos de quienes se manifiestan por defender conquistas sociales y derechos laborales como la lucha magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a nivel nacional» afirmó.

Rechazó además «el manejo de la información donde se menciona que los líderes sociales son los nuevos millonarios del estado, mostrando una tabla de presupuestos a organizaciones sociales, entre ellas al FIOB. Ese presupuesto fue asignado por el ejecutivo estatal, mismo que ha sido empleado en la ejecución de obras de infraestructura básica y en proyectos de desarrollo humano a través de propuestas de las autoridades, quienes después de cumplir con la normatividad institucional, aprueban sus proyectos y los recursos son entregados a través de la Secretaría de Finanzas a las autoridades municipales. Ningún recurso es entregado a los líderes sociales».

Agregó que «la táctica del gobierno de Cué Monteagudo de señalar a líderes de organizaciones como el FIOB, MAIZ, y UCIZONI, entre otras asociaciones con trayectoria de lucha social, es la misma que utilizó el priísta Ulises Ruiz hace diez años para desprestigiar al movimiento social que busca acabar con los abusos en Oaxaca. Esta maniobra pretende revertir los hechos quitando la responsabilidad que el gobierno de Oaxaca y el de la República tienen en el estallido de violencia en el estado y apuntar a estas organizaciones y líderes sociales».

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Urge fincar responsabilidades a autoridades morelenses por la inhumación clandestina de 117 cuerpos en las fosas de Tetelcingo y esclarecer las causas de esas muertes

  • La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador Graco Ramírez información sobre esos hechos

Rosa Rojas

En un episodio que ejemplifica la descomposición institucional que impera en el Estado de Morelos, el pasado 3 de junio concluyeron los trabajos de exhumación de cuerpos en las fosas del panteón de Tetelcingo, municipio de Cuautla, donde habían sido inhumados en forma clandestina por la Fiscalía General de la entidad.

De esa fosa fueron rescatados 117 cuerpos, tras 12 días de trabajos ininterrumpidos. «El Fiscal General de Morelos, Javier Pérez Durón, informó que entre los restos hallados hay un feto, un bebé y un menor y extremidades que podrían aumentar la cifra, por lo que se harán pruebas a los 117 cuerpos para obtener una respuesta certera», según informó el sitio web 24 horas mx.

El horror de lo que significa el contenido del párrafo anterior ejemplifica dos cosas: la primera, que en esa nota el fiscal, que es parte de los responsables de la inhumación clandestina, sin reportes forenses, sin pruebas de ADN de los cuerpos sin identificar, no habla de fincar responsabilidades ante tantas irregularidades que conforman delitos; no menciona que se hará una investigación, que se castigará a los responsables de esos hechos monstruosos, quizá porque el fiscal tendría que investigar a su propia dependencia. Pero tampoco se ha tenido noticia -espero estar equivocada- de que el gobernador, Graco Ramírez, haya declarado que se investigará y castigará ejemplarmente esos delitos para evitar su repetición.

La segunda cuestión es que existe una enorme insensibilidad por parte de autoridades nacionales que prácticamente se han mantenido al margen de esa investigación, quizá porque México está convertido en una enorme fosa clandestina, donde ocurre que cuando un grupo de familiares, porque eso normalmente no lo hacen las autoridades responsables, emprende la búsqueda de sus desaparecidos, que se calcula son más de 27 mil y contando- encuentra fosas con restos humanos.

Entonces hay una especie de «normalización», por decirlo de alguna forma, de la mirada sobre estos descubrimientos. Se toma nota por parte de las autoridades, si es que lo hacen, los familiares hacen gestiones para que se analicen los restos y a lo que sigue. ¿En qué momento perdimos el país, en qué momento acabo el horror siendo parte de nuestra cotidianeidad, cuándo ocurrió que sea «lo normal» que se encuentren restos humanos esparcidos en tantas fosas y la impunidad campee por sus fueros y muchos ciudadanos y ciudadanas prefieran no enterarse de esa información quizá para no preocuparse, hasta que la desaparición de alguien de su familia o conocido toque a su puerta?

Se abre sin embargo un pequeño resquicio en el caso de las fosas de Tetelcingo: de acuerdo a una información de la agencia oficial Notimex del 8 de junio, la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobó solicitar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez y a la Fiscalía General de la entidad, información sobre el avance de las investigaciones de los hechos relacionados con dichas fosas.
El citado acuerdo también solicita a las autoridades competentes garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se resalta la necesidad de que, tras la exhumación de los cadáveres sepultados de forma irregular, se determine la identidad de los mismos y la responsabilidad por acciones u omisiones de los servidores públicos.

Falta entonces ver qué ocurre con ese acuerdo de los legisladores y qué clase de compromiso con la verdad y la justicia asume el gobernador Graco Ramírez, a quien la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, múltiples colegios de profesionales y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos -que ha acompañado a los familiares de desaparecidos en el logro de abrir las fosas y rescatar los restos humanos- consideran el principal responsable de tan lamentables hechos.

Al respecto, el rector de esta casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez afirmó, según informó La Jornada, que estas fosas y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, » confirman que las autoridades estatales y municipales están coludidas con el crimen organizado, por lo menos desde Iguala, Guerrero, hasta Cuautla, Morelos».

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La Constitución de la Ciudad de México deberá ser sometida a referéndum o carecerá de legitimidad: Las Constituyentes CDMX

Rosa Rojas

El proceso Constituyente de la Ciudad de México, resultado de la Reforma Política aprobada el pasado 26 de enero de este año, se distingue por ser  «antidemocrático» y adolece de «un grave déficit de legitimidad» ya que está «diseñado para que la derecha se  apropie de espacios que la ciudadanía no le otorgó» afirma el grupo feminista Las Constituyentes CDMX quienes exigen que la Constitución que salga de ese proceso deberá ser sometida a referéndum de las y los ciudadanos capitalinos, a fin de garantizar una constitución democrática, ciudadana, incluyente y popular.

En un documento dirigido al Jefe de Gobierno de la CDMX, al Consejo Redactor de la Constitución y a la Asamblea Constituyente (una vez instalada), reforzado por la apertura de una petición vía internet: https://www.change.org/p/jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-la-constituci%C3%B3n-cdmx-debe-ser-sometida-a-refer%C3%A9ndum?recruiter=10684695&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink que el cual convocan a la ciudadanía para que la firme, argumentan que  la votación del pasado 5 de junio se destacó por el alto abstencionismo (71 por ciento) «signo de apatía y hartazgo de las y los ciudadanos frente al sistema político».

Asimismo, que a la ciudadanía solo se le permitió elegir a través del voto a 60 de los 100 asambleístas que conformarían la Asamblea Constituyente por lo cual «quienes no obtuvieron el mayor número de votos (PRI, PAN, PANAL, PV y aliados) son mayoría en la Asamblea Constituyente por los 40 que designaron de forma directa y no consultada el Gobierno Federal (Peña Nieto), el Jefe de Gobierno (Mancera) y el Congreso».

Señalan que las y los representantes independientes no contaron con las mismas condiciones de participación, «siendo la partidocracia quienes secuestraron en su totalidad el proceso electoral, político, jurídico y ahora constitucional».

Subrayan que aunque el Consejo redactor de la Constitución designando por el jefe de gobierno, «se conformó por personas notables en distintos ámbitos no provienen de ningún proceso democrático». 

Advierten además que la elección se llevó a cabo bajo la vía de representación proporcional, haciendo de toda la ciudad una sola circunscripción «lo que no garantiza la representación de todos los territorios de las 16 delegaciones en la conformación de la Asamblea Constituyente (más de cinco de las y los integrantes de esta Asamblea por la vía de designación no son habitantes de la CDMX aunque cumplan con el requisito de ser legislador@s)».

«La ciudadanía desconoce la trascendencia del proceso Constituyente y sus implicaciones en la vida, derechos y forma de gobierno que éste representaría. Por ello consideramos, que una vez que esté lista la propuesta de Ley que configuraría un nuevo pacto social, económico y político, debe someterse a conocimiento y Referéndum de las y los ciudadanos capitalinos, a fin de garantizar una constitución democrática, ciudadana, incluyente y popular» manifiestan Las Constituyentes CDMX subrayando que el referéndum es la herramienta necesaria y adecuada para subsanar parte de la debilidad respecto a legitimidad y representatividad del proceso constituyente.

Por ello insisten en que se firme esta petición en https://www.change.org/p/jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-la-constituci%C3%B3n-cdmx-debe-ser-sometida-a-refer%C3%A9ndum?recruiter=10684695&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink y se comparta en todas las redes a que se tenga acceso.

En la página https://lasconstituyentescdmx.wordpress.com/2016/05/29/irrenunciables/ esta organización informa sus objetivos y principios irrenunciables y se pronuncia «por una Asamblea Constituyente Feminista, incluyente, laica, pacifista y paritaria que garantice la igualdad, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos humanos. Que represente la multiculturalidad de nuestra Ciudad, la diversidad sexo–genérica, étnica, de condiciones físicas, de ideas y creencias que en ella existen. Una constituyente con una visión intergeneracional, sustentable, de universalidad y accesibilidad, bajo una ética de transparencia y rendición de cuentas que privilegie en todo momento la participación ciudadana. Por una Ciudad que incorpore una visión integral de lo que somos las personas, sus diversas identidades y las diversas formas de ser mujer».

Reclaman que la Constitución de la CDMX debe recoger los logros de las mujeres que en esta metrópoli «hemos sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión, al plantear con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para nosotras, hasta hace muy poco negados: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo, el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción. Revindicando nuestro derecho a la ciudad como actoras políticas».

Denuncian, entre otras cuestiones, «el riesgo que implica la sobre representación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la Constituyente oficialista, contra los logros y avances de nuestros derechos humanos, imponiendo su visión misógina, patriarcal, heteronormada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual. Juicio y castigo a los culpables» y llaman a incorporarse a un proceso para construir una Ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

 

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Diputado federal apoya a vecinos de Apatlaco, Morelos, contra acueducto para la termoeléctrica de Huexca

El diputado federal por el segundo distrito de Jiutepec, Morelos, Héctor Javier García Chávez, sostuvo este 6 de junio una plática con los vecinos de las calles 1a. De Oriente, Niño Artillero y la Huerta, del poblado de Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, donde vecinos de dichas calles que se oponen al paso de los tubos del acueducto para llevarse el agua de la planta de tratamiento y del río Cuautla para abastecer la termoeléctrica de Huexca, le denunciaron «todas las arbitrariedades, represiones y amenazas» que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha hecho para imponerles el paso de dicha obra por sus calles. Los vecinos inconformes le indicaron al legislador que personal de CFE ha estado realizando tareas de medición «sin permisos ni licencia de construcción, lo cual ha sido solapado por el gobierno municipal de Ayala», lo que viola el Reglamento Municipal.

Los vecinos inconformes informaron que «se decidió con el diputado federal García Chávez buscar que seamos escuchados por el director de CFE; si esto no se diera en el transcurso de esta semana, la próxima semana iríamos al Congreso de la Unión para que seamos escuchados en tribuna». Indicaron que en conferencia de prensa se informó lo anterior y que el citado legislador  responsabilizó a la paraestatal «de cualquier represión que sufriéramos los opositores al acueducto».apatlaco_dipiGarciaChavez

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Vecinos de San Pedro Apatlaco, Morelos, denuncian que la CFE pretende construir «ilegalmente» por sus calles el acueducto para la termoeléctrica de Huexca

Rosa Rojas

Vecinos de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala Morelos, informaron que la tarde del viernes 3 junio, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició mediciones en sus calles 1a. de Oriente, La Huerta y Niño Artillero, «sin permiso ni licencia de construcción municipal ni permiso de quienes viven ahí, como lo exige el reglamento de construcción del municipio», del acueducto para llevarse el agua, que está concesionada a los campesinos de Ayala, de la planta tratadora y del río Cuautla para utilizarla en la termoeléctrica de Huexca.

Denunciaron que el director de Obras Públicas del ayuntamiento, Juan Luis Martínez Castro, cuando le informaron de esta situación, «dijo que estaba bien que CFE haga la pavimentación (de las calles) pues ellos lo harían hasta dentro de dos años y que ellos no iban a detener a la CFE pues están de acuerdo en que trabajen sin licencia ni permisos».

Ante esa respuesta, indicaron, llamaron al teléfono del presidente municipal de Ayala, Antonio Domínguez Aragón pero su secretario, quien contestó, «dijo que estaba en una reunión con el gobierno del Estado y que él le pasaría la información de las anomalías de CFE arriba mencionadas. Se le llamó al secretario de Gobernación del gobierno estatal, doctor Matías Quiróz Medina, y se le comentaron los hechos por mensaje de voz regresando un mensaje de texto de que él se comunicaría más tarde. No creemos que nos llame pues así nos ha respondido en otras ocasiones que se le ha solicitado su apoyo intervención e información al respecto de los atropellos, intimidaciones e imposición del proyecto del acueducto por las calle 1a. de Oriente y Huerta».

Indicaron que ante esta situación llamaron a una patrulla de la policía de Ayala, ya que con base al acta que les firmó de recibida el presidente municipal Antonio Domínguez el pasado 30 mayo, «si no tienen licencia ni permisos no puede trabajar la CFE con base en la legalidad, sin embargo la señora Gloria Buendía -una persona afín a la CFE- les tomó fotos a los oficiales y número de patrulla y llamó al doctor Ramón González Ortiz, del área de Desarrollo Social, para denunciar a los oficiales. Tememos por su seguridad y su fuente de trabajo pues el empleado de CFE también les pidió sus datos y los fotografiaron» añadieron los vecinos.

Mencionaron también que al filo de las 15 horas, un helicóptero estuvo sobrevolando muy bajo sobre su calle para intimidarlos.

Afirmaron que  la CFE «compró dos casas e hizo una junta ´clandestina´ el jueves 19 de mayo en casa de unos vecinos para que autoricen el paso por la calle 1o. de Oriente esquina con La Huerta, del acueducto con el que pretende llevarse 50 millones de litros de agua diariamente, y que varias de esas personas ni siquiera viven en nuestra calle».

Explicaron que once personas vecinas de las calles 1a. de Oriente, la Huerta y Niño Artillero, inconformes con el paso del acueducto por su calle hacia el río Cuautla entregaron al presidente municipal la citada «Acta de negativa al paso del acueducto de CFE y desconocimiento de cualquier comité formado por personas que estén a favor de dicho acueducto» porque quienes sí viven en dichas calles sí resultarán afectados con el paso del acueducto que pretende introducir la paraestatal.

En el escrito se declara «inválido» el comité formado por las señoras Gloria Buendía, Guadalupe NN, y Luis Alfonso Pacheco Pérez, «ya que ninguno de ellos vive en las citadas calles y muchos de quienes sí viven ahí ni siquiera conocen a estas personas», calificando de «ilegales» los acuerdos o la votación que tomaron para permitir el paso del acueducto ya que no tienen derecho a hacerlo porque no son propietarios de las casas ubicadas en dichas calles.

En el acta agregan que llevan tres años y cuatro meses luchando para evitar el paso del acueducto por la calle de Niño Artillero, todo esto con fundamento en el artículo 16 Constitucional que a la letra dice «nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento» por lo tanto ni CFE ni nadie puede obligarlos a permitir el paso del acueducto, pues estarían causando molestia en su persona en su domicilio y posesiones.

Subrayan que la paraestatal debe contar con una licencia de construcción expedida por el ayuntamiento para poder realizar obras de construcción y para que el ayuntamiento puede otorgar esa licencia debe pedirle CFE un manifiesto de impacto ambiental basado en la nueva ruta del acueducto, un plano y estudios de suelo.

Agregan que el manifiesto de impacto ambiental de CFE dice claramente: «La trayectoria deberá ser preferentemente alejada de áreas urbanas, evitando potenciales indemnizaciones y potenciales riesgos a vecinos, principalmente por fugas en el ducto (Manifiesto de Impacto Ambiental modalidad particular III 5, 264 CC Centro). Lo cual nos confirma que si podemos correr el riesgo con dicho acueducto».

Señalan que la ruta original del acueducto de CFE no es por San Pedro Apatlaco, pues su manifiesto de impacto ambiental dice que «los lugares para instalación del acueducto son Cuautlixco, Yecapixtla  y Los Laureles (Gabriel Tepepa)» en el que se agrega que los predios de los sitios mencionados «son de régimen de propiedad ejidal, disponen de superficies superiores a 45 hectáreas y actualmente tienen uso agrícola de temporal y riego respectivamente» lo cual es totalmente falso ya que las calles 1a de Oriente, la Huerta y Niño Artillero se encuentran en una zona urbana y no existen parcelas de uso agrícola.

Agregan que en el acta de asamblea de fecha 6 febrero 2011 donde la paraestatal le compró la senda de paso para el acueducto a los ejidatarios del núcleo agrario San Pedro Apatlaco, claramente dice que le vendieron dicha senda «por caminos del ejido donde no hay bienes distintos a tierra que indemnizar». «Nosotros no vivimos en parcelas, tenemos casas que hemos construido con nuestro esfuerzo y el ejido no tiene ningún derecho de disponer de nuestros bienes o ponernos en riesgo y como sí hay bienes distintos a la tierra que indemnizar se entiende que su ruta no es por aquí».

Se agrega en el acta que la CFE el día uno de diciembre de 2013, a través de su representante legal, Rosalía Díaz, le solicitó a los ejidatarios del núcleo agrario mencionado el cambio de ruta para el acueducto, la cual sería por la calle donde son límites de Ayala con Cuautla, a lo cual los ejidatarios accedieron y en ese momento pasaron a firmar aceptando dicho cambio de ruta.»

Por todo ello subrayan «es por lo que hacemos valer nuestro derecho a no permitir el paso del acueducto de CFE, haciendo responsables de cualquier problema que derive de esto (social, físico, de salud y patrimonial) a dicha empresa y a las autoridades competentes que autoricen dicho paso».

 

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