Archivo mensual: mayo 2016

Integrantes de radios indígenas y comunitarias solicitan al IFT flexibilizar trámites para concesiones, no criminalizarlas y hasta 30 por ciento de las nuevas frecuencias

20160526_140041Rosa Rojas

Una solicitud para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no criminalice a las radios indígenas y comunitarias que operan sin concesión; reservarles hasta un 30% de las nuevas frecuencias; flexibilizar los trámites para que dichas radios obtengan sus concesiones y asegurar el acceso al uno por ciento de la publicidad oficial que por ley les corresponde, hicieron integrantes del Grupo de incidencia en políticas públicas para los medios de comunicación comunitarios e indígenas (GIPPMCCI) a los miembros del pleno del organismo.

En dicha reunión estuvieron presentes el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras y los y las consejeras Ernesto Estrada, Adriana Sofía Labardini, Mario Fromow, Adolfo cuevas y María Elena Estavillo. Por el GIPPMCCI asistieron miembros de las organizaciones Boca de Polen; Redes AC; Agencia Internacional de Prensa India, Red de Radios Indígenas de Michoacán; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México; Congreso Nacional de Comunicación Indígena; Cholollan Radio; Grupo de Trabajo sobre Legislación de Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas y Comunicación Mixteca de la Costa.

Las y los participantes del GIPPMCCI presentaron a los comisionados del IFT -el 26 de mayo- algunos de los requerimientos de las radios indígenas y comunitarias (RIC), como el evitar que se les solicite información y documentación excesiva e innecesaria para el trámite de concesión.

También que no se les exija que realicen alteraciones innecesarias a las actas constitutivas de las organizaciones para que digan exactamente lo que el formulario para la obtención de la concesión requiere sino «comprender que en el sentido general de las mismas se incluyen los principios que deben estar presentes»; que no se les obligue a protocolizar las actas ante notario sino que dichos principios puedan declararse por medio de actas de las y los integrantes de cada asociación civil, porque los notarios cobran entre 8 mil y 12 mil pesos por ese trámite, cantidad con la que no cuentan las RIC, cuyos recursos son precarios.

Sobre el particular la comisionada Labardini comentó que la ley no exige la protocolización notarial y que podría ser que la asamblea comunitaria o de asociados de la organización tome el acuerdo de suscribir los principios que se requieren y esa acta es válida legalmente por lo que pidió que se analice conforme al Código Civil si adoptar esos requisitos de equidad de género, etcétera, requiere protocolización notarial. «Lo que me interesa es que practiquen esos principios y no que un notario se haga rico con la protocolización» afirmó.

Se planteó a los comisionados la necesidad de que en la campaña «Se busca por robo» del IFT haya una distinción entre los medios que operan sin concesión, evitando ponerlos a todos en un mismo saco, pues por un lado están los medios comerciales, esotéricos, religiosos, partidistas o de otra naturaleza que dicen ser comunitarios y por otro los que cumplen una función social. Las RIC cuentan con un reconocimiento y protección en la Constitución e incluso en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, indicaron los exponentes. Se subrayó que hay una asignación de concesiones «donde los criterios de equidad y pluralidad no se reflejan en la realidad».

Sobre dicha campaña el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras, mencionó que él la puso en marcha pero ninguno de los otros comisionados estará enterado; que no se llamó «se busca por robo» sino que ese fue uno de los elementos porque hay una inercia que se está combatiendo dado que hay presidentes municipales que «tienen la osadía de inaugurar radiodifusoras que están interfiriendo… incluso comunicaciones aéreas» y otras que dijo «están siendo utilizada por narcos». Sin embargo apuntó que ninguno de los presentes en la reunión ha sido molestado, subrayó que es ilegal el uso del espectro sin concesión y que se está en la etapa de que todos los medios de comunicación indígena operen dentro de la ley.

Los integrantes del GIPPMCCI propusieron que el IFT establezca un protocolo claro y transparente en sus acciones de decomiso para que cuando su unidad de espectro detecte una señal que se emite sin concesión se determine mediante un estudio si ésta causa interferencias a otras emisoras con concesión. Dicho protocolo debe ser construido conjuntamente a partir de un diálogo con la unidad jurídica del IFT, de manera participativa con la visión de las comunidades indígenas. No es necesario llegar con Policía Federal a decomisar los equipos se indicó, solicitando que se haga una campaña informativa a los medios y se entre en diálogo con ellos.

Al respecto el comisionado Adolfo cuevas manifestó que no coincide en que haya plazos distintos para una radio ilegal por ser indígena y otra que no lo sea; «no puedo entender que haya impunidad a un medio ilegal así sea indígena… no a un régimen especial de impunidad» apuntó.

Se solicitó asimismo la creación de un grupo de trabajo para analizar los problemas que afrontan las RIC en proceso de transición de permisionarias a concesionarias porque existen, se dijo, muchas contradicciones e incoherencias en ese tránsito que no se resuelven y mientras se acerca la fecha fatal para cumplir con los requisitos, que es el 30 mayo.

Se expuso que en el caso particular de la criminalización que se hace al uso radioeléctrico por parte de las RIC «hay una sobrerreacción… que esté escrito en el código penal federal no quiere decir que es más justo… no necesariamente la ley es justa. Sabemos que el IFT está para regular, a lo que apelamos es a una aproximación pro-persona desde un lado distinto, por qué hacer una persecución por robo cuando habría un paso previo: decir vamos a regularizar a las comunidades que ya están haciendo uso del espectro radioeléctrico y es necesario reforzar las estrategias de comunicación».

Se solicitó también un apartado en el sitio web del IFT con información para los pueblos indígenas que incluya la legislación que les atañe, situación de sus trámites y otras cuestiones, algo que ya se había pedido antes y se les contestó que debería tramitarse a través de la unidad de Comunicación Social, lo que se hizo pero no se ha tenido respuesta. En esta sección se dijo, podría estar el estudio de disponibilidad espectral en un pueblo o región.

En relación con el uno por ciento de la publicidad oficial que por ley le corresponde a las RIC, se pidió que el IFT «ponga el ejemplo» a las otras dependencias oficiales y establezca un mecanismo funcional para que las radiodifusoras accedan a la misma porque «el principal medio de censura sutil en México» es el no otorgamiento de la publicidad. Si las RIC no la reciben no se garantizan sus condiciones de sostenibilidad.

Se planteó además que dentro de los lineamientos de los derechos de las audiencias se incluya la pluralidad de contenido, el uso de las lenguas indígenas en medios comerciales y públicos; se indicó que el GIPPMCCI puede hacer un catálogo de producciones que podrían incluirse en dichas transmisiones y se propuso que el IFT haga un estudio de cuál es el tratamiento a los pueblos indígenas en medios públicos y comerciales.

Se propuso igualmente crear un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta de políticas públicas respecto a quién es responsable para que las RIC cuenten con recursos para su desarrollo. Es importante poner un agente de enlace y hacer una reunión con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas así como la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados para ver cómo se superan estos pendientes.

Finalmente se dijo que todas estas propuestas se entregarían en forma detallada dentro de los próximos 15 días y se esperaría una respuesta del IFT en los siguientes 15 días. El presidente comisionado señaló que los integrantes del pleno del Instituto deben discutir internamente en forma colegiada y que en no más de 15 días después de recibir la propuesta mencionada se daría una respuesta puntual a cada uno de los planteamientos realizados, con propuestas de acciones específicas. Designó como enlace con el GIPPMCCI a Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT.

 

 

 

 

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Candidatas a la Constituyente de la CDMX recogen la agenda de feministas: incluye aborto legal, matrimonios entre personas del mismo sexo y una vida libre de violencia

Rosa Rojas

«La sobrerrepresentación de la derecha, la ultraderecha y la izquierda conservadora en la constituyente oficialista representa un riesgo contra los logros y avances de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México imponiendo su visión misógina, patriarcal, hetero normada y capitalista que ha dado cuenta de casos de corrupción, impunidad y el encubrimiento de actos de trata y explotación sexual» advierte el documento que la red de mujeres que aglutina a diversas corrientes feministas, denominada «Las Constituyentes CDMX (LCCDMX)» entregó a una docena de candidatas de diversos partidos a la Asamblea Constituyente (AC).

En dicho documento la citada red afirma que la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México y la conformación de una asamblea constituyente con 40 de los asambleístas por asignación directa y el resto por la vía de los partidos políticos y candidaturas independientes, «obedece a un reacomodo de los poderes fácticos y antidemocráticos, alejada de la construcción social que en su momento movilizó al movimiento urbano popular como respuesta al pasmo gubernamental federal y local ante las devastadoras consecuencias del terremoto de 1985».

Es, agregan, «una visión apartada de la vocación democrática de las fuerzas políticas y sociales… que impulsaron la democratización de la jefatura de gobierno y por supuesto, lejos de los planteamientos ciudadanos, progresistas y feministas que se han construido y consolidado en las últimas dos décadas».

Subrayan que las mujeres de la Ciudad de México como parte de los movimientos y organizaciones urbano -populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jovenas organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión, y en sus hogares, han sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión al plantear, con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para las mujeres hasta hace muy poco negados, los cuales deberán ser garantizados en la primera Constitución de la Ciudad de México.

Mencionan entre ellos “el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción, reivindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas”.

Señalan que acompañarán sororalmente, desde una posición autónoma, independiente y crítica a las candidatas por cualquiera de las vías hacia la AC, ya sea por designación, vía partidos políticos o independientes «siempre y cuando cuenten con una visión feminista de género y tengan un compromiso claro, probado y público con los derechos humanos de todas las mujeres».

Exigen como piso mínimo irrenunciable de cara al proceso constituyente el principio de progresividad en derechos conquistados -ni un paso atrás en la interrupción legal del embarazo, matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho a adoptar, por mencionar algunos -; ampliación de derechos en función de los desafíos de próximas generaciones e innovación en aquellas áreas en donde todavía no hay avances sustantivos, como el derecho a cuidar, a no cuidar y a ser cuidado con base en el criterio de sostenibilidad de la vida; garantías de una ciudad con poderes laicos, civiles y democráticos.

Asimismo prevención, atención y seguimiento que garantiza todas las mujeres una vida libre de violencias; garantía de una educación laica, gratuita, incluyente igualitaria en todo el sistema educativo de la CDMX. Educación sexual a todos los niveles eliminando estereotipos culturales discriminatorios; derecho a una vida digna a través de garantizar el trabajo decente y de calidad, vivienda digna y seguridad social universal, el apoderamiento económico de las mujeres.

Reclaman reconocimiento del respaldo económico; trabajo doméstico y de cuidados remunerado con reconocimiento de derechos laborales; salud integral que respete el derecho a ser informadas para decidir con libertad y autodeterminación de los cuerpos y vidas de las mujeres; a la voluntad anticipada, cuidados paliativos, no ser sometida a experimentos médicos y científicos sin conocimiento; garantizar la prevención y atención de las enfermedades típicas de las mujeres como el cáncer; atender con calidad los embarazos y partos para combatir la violencia obstétrica y en su caso sancionarla.

Además, mecanismos institucionales y ciudadanos de transparencia y rendición de cuentas respecto al presupuesto etiquetado con perspectiva de género; presupuestos transversales etiquetados para hacer efectivos los derechos de las mujeres; creación del Observatorio Ciudadano de Mujeres como órgano de Contraloría social; justicia redistributiva que acorte la brecha de desigualdad entre la población; políticas públicas basadas en los principios de igualdad sustantiva.

También, garantía del derecho a un medio ambiente limpio y saludable y con una perspectiva metropolitana; la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a la auto adscripción y autoidentificación; paridad sustantiva horizontal y vertical con igualdad de oportunidades en la representación popular, órganos administrativos y jurisdiccionales, así como otros mecanismos de potenciación de las mujeres; derecho a la cultura y a la libertad de expresión; respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres; seguridad pública basada en un paradigma de seguridad ciudadana y combate frontal contra la corrupción entre otros.

En el documento informan que se acordó en la red LCCDMX dar continuidad en el seguimiento de armonización en la política pública, leyes reglamentarias y observación de su cumplimiento; conformar un equipo de observación; demandar un plebiscito o referéndum que legitime la constitución redactada y desplegar en territorio el trabajo deliberativo hacia una Asamblea Constituyente Feminista y de Mujeres de la ciudad de México; promoción de una ética y cultura feminista; avanzar en un diagnóstico participativo feminista regional y vincularse con diversos grupos y organizaciones de mujeres para el cumplimiento de su propósito central sobre la constitución y su seguimiento.

En la reunión participaron las candidatas a la AC,  Irma Lara postulada por Morena; Marcela Lagarde, Lol Kin Castañeda, Tohyanene Ledesma, candidatas por el PRD; Orfe Castillo y su suplente Elsa Conde, candidatas independientes, Gabriela Delgado y Gloria Careaga  candidatas externas de Movimiento Ciudadano entre otras, quienes se comprometieron a hacer suya y promover la adopción de la agenda feminista de llegar a ser electas como asambleístas para la redacción de la nueva Constitución de la ciudad de México.

 

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La comunidad indígena de San Miguel del Progreso combate con otro amparo la desprotección por el sobreseimiento de la SCJN de su recurso contra la Ley Minera

Rosa Rojas

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió el día 25 de mayo el amparo en revisión 393/2015 promovido por la comunidad indígena Me’phaa – Júba Wajiín- San Miguel del Progreso y decidió sobreseerlo, dejando pasar así la oportunidad histórica para examinar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera y sentar criterios sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Al respecto, el Consejo Tiyat Tlalli de Puebla, integrante de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) aseveró que es «preocupante por decir lo menos» el fallo citado. «Con esta decisión la Corte dejó ir una oportunidad histórica de pronunciarse al respecto y otorgar el amparo y protección de la Justicia federal a favor del pueblo indígena de San Miguel del Progreso e indirectamente a favor de todos los pueblos y comunidades indias del país, bien confirmando la sentencia del Juzgado de origen o bien modificándola y sentando criterios nuevos y novedosos en materia de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de México y declarando inconstitucionales los artículos combatidos de la Ley Minera. Pero pasó todo lo contario».

Tlachinollan indicó que la decisión de la Primera Sala unánimemente apoyó el proyecto de sobreseimiento de la Ministra Piña Hernández, sobre la base de que los efectos del acto reclamado habrían cesado una vez que las concesiones que afectaban el territorio de San Miguel del Progreso – acto por el que se inició el juicio de amparo – fueron canceladas. Sin embargo, la comunidad por vía de un escrito a la SCJN, alegó que existían otros efectos derivados de este hecho y que el sobreseimiento les dejaría en la total desprotección.

En ese contexto, «para la comunidad de San Miguel del Progreso y para Tlachinollan no queda duda de que tanto la Secretaría de Economía (SE), la industria minera y las empresas concesionantes buscaron por vía de la cancelación de las concesiones, evitar a toda costa la revisión por parte de la SCJN del marco normativo minero vigente que permite vulnerar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sentar criterios en los temas que la Corte había establecido como primordiales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas».

Añadió Tlachinollan que si bien San Miguel del Progreso reconoció  públicamente que la cancelación de las concesiones es un logro de su organización comunitaria y la del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña, hay nuevas amenazas por el sobreseimiento del amparo y la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno – publicada el 24 de noviembre del 2015 en el Diario Oficial de la Federación – consecuencia de la cancelación de las concesiones, lo que permite a la SE, en un plazo de 30 días, volver a otorgar concesiones mineras en los lotes liberados.

Ante ello, Júba Wajiín interpuso un segundo amparo, admitido en diciembre del 2015 y se otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para autorizar la entrega de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio. Posteriormente se remitió el amparo bajo el número de 429/2016, al Juzgado Primero de Distrito para que sea éste quien resuelva.

Por todo lo anterior, afirmó Tlachinollan, es momento de que la Jueza Primera de Distrito a cargo de dicho evalúe a detalle los antecedentes del mismo y mantenga el estándar de protección a los derechos colectivos de la comunidad indígena, dejando sin efectos la declaratoria por haberse emitido sin consulta al pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso.

Agregó que por su parte la comunidad continuará la defensa de su territorio que milenariamente ha emprendido por diversas vías; la cual el día de hoy, por medio de la cancelación de las dos concesiones mineras ha beneficiado a once núcleos agrarios de seis municipios, con alrededor de 240 comunidades indígenas que cubren 168 mil 346 hectáreas del territorio de la Montaña de Guerrero.

El Consejo Tiyat Tlalli por su parte manifestó que «es de todos conocidos que el gobierno mexicano está alineado al capital transnacional que saquea y despoja los bienes comunes de todos los mexicanos pero sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas del país. Sabemos que el Poder Legislativo federal y el Poder Ejecutivo están de parte de las empresas mineras, el primero haciendo leyes a modo y el segundo otorgando concesiones a diestra y siniestra repartiendo los bienes de la nación a los privados, al menos en el caso de la mineras y en muchas otras actividades económicas extractivistas, así lo viene haciendo desde hace algunos años».

Agregó que hoy los pueblos acudieron al tercer poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, y a su cabeza, la SCJN, «porque vislumbraban alguna posibilidad de que se les impartiera justicia; los pueblos indígenas casi siempre le han apostado a la vía institucional-legal y pacífica, pero hoy se vuelve a cerrar el Estado, con lo que ni la SCJN ni el Estado mexicano en su conjunto han estado a la altura de las demandas de justicia de sus pueblos».

Añadió que como  REMA continuarán su lucha en defensa de los bienes comunes por todas las vías posibles «y no permitiremos su saqueo en beneficio de interés privados y menos de las transnacionales. Seguiremos luchando pos nuestros derechos, demandándolos y denunciándolos porque la razón y la justicia nos asisten».

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La SCJN «tarde o temprano» deberá discutir la inconstitucionalidad de la Ley Minera y resolver a favor de los pueblos originarios: Serranos Unidos en Resistencia Indígena

 

Rosa Rojas 

Ante la resolución adoptada por  la Primera Sala  de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en su sesión del 25 de mayo, en el sentido de sobreseer el amparo en revisión promovido por la comunidad indígena Me´phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero,  sin entrar al fondo de la cuestión planteada por la comunidad de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), de la Sierra Norte de Puebla, advirtió que «ante la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación».

Por lo pronto, «nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos», advirtió el dirigente de SURI, Raymundo García Lopez, en un comunicado.

La comunidad tlapaneca de San Miguel del Progreso, logró mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, siguió luchando para que la Suprema Corte de Justicia declarara que la Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El gobierno de Enrique Peña Nieto pidió  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debía ser sobreseído. Sin embargo, San Miguel del Progreso, acompañado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

San Miguel del Progreso había señalado que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas renuncias a las concesiones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, «pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos», poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

La comunidad advirtió también que el 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilitaba a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

García Lopez planteó que de acuerdo con el modelo jurídico adoptado por nuestras instituciones, reforzado con las innovaciones del sistema jurídico interamericano y atendiendo la supremacía de las normas, «es ampliamente reconocida la brecha legal  entre la Constitución General de la República y la Ley Minera, teniendo como referente la propia Jurisprudencia de la SCJN en cuanto a la fuerza de los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República».

Afirmó que el Estado mexicano autoriza concesiones mineras en las regiones indígenas «de una forma ilegal e ilegítima creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas de los pueblos indígenas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla».

Añadió que cada vez más la nación se desgarra por este enfrentamiento –a veces silencioso, otras ocasiones público- «sin tomar el Gobierno medidas de solución apegadas a derecho empezando por respetar los Tratados firmados y armonizar la Constitución General de la República y establecer  una Mesa de Alto Nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas. Al contrario, mediante subterfugios legales de abogados patronales incrustados en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, nos obligan a replantear una estrategia de defensa ante los embates de apropiarse de los recursos naturales asentados en las regiones en donde vivimos».

 

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«Van a empezar los fregadazos» si la CFE se quiere llevar el agua de la planta tratadora de agua de Cuautla para la termoeléctrica de Huexca: Jorge Zapata

Rosa RojasIMG_3033

«Primero dios vamos a estar pendientes a ver qué pasa y si los ejidos deciden defender su agua la vamos a defender… van a empezar los fregadazos porque no nos vamos a quedar sin agua», comentó Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, respecto a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa avanzando en la construcción del acueducto para abastecer del líquido a la termoeléctrica construida en el poblado de Huexca, Morelos, para lo cual adquirió algunas casas en el municipio de Ayala, operación que, según vecinos, formalizaría este sábado 28 de mayo.

Vecinos de ciudad Ayala, Morelos, que pidieron reserva de su nombre por temor a represalias por parte de la CFE -que ya tiene demandadas judicialmente a varias personas opositoras al Proyecto Integral Morelos (PMI) que incluye dos termoeléctricas en Huexca, un gasoducto y un acueducto- informaron que  la CFE «compró dos casas e hizo una junta ´clandestina´ el jueves 19 de mayo en casa de unos vecinos para que autoricen el paso por la calle 1o. de Oriente esquina con La Huerta, del acueducto con el que pretende llevarse el agua de la planta tratadora y del río Cuautla -50 millones de litros de agua diariamente- y varias de esas personas ni siquiera viven en nuestra calle», afirmaron.

Explicaron que once personas inconformes con el paso del acueducto por su calle hacia el río Cuautla acudieron a la presidencia municipal de Ayala para pedirle al munícipe -de origen priista- Antonio Domínguez Aragón, que no le conceda la licencia de construcción del acueducto a CFE, misma que ya se venció, y al no encontrarlo «le dejamos dicho que tiene que atendernos antes del sábado porque la CFE dijo que va a traer un notario para certificar el consentimiento de esos dizque vecinos, que no lo son, porque los verdaderos vecinos no estamos de acuerdo en el paso del acueducto por nuestra calle ya que en Cuautla ocasionaron muchos daños por la vibración de las máquinas que perforan para  enterrar los tubos y no los repararon, así que lo hacemos responsable de nuestra seguridad y la de nuestras viviendas», enfatizaron.

Aseveraron que en la licencia de construcción -que insistieron está vencida- se especifica que los vecinos con casas cercanas a la obra tienen que dar su anuencia, «deja a salvo los derechos de los propietarios que resulten afectados por el paso del acueducto o no se da la licencia». Dijeron que la CFE les prometió a los que van a firmar que les van a dar 30 mil pesos para que arreglen sus casas «pero el material lo van a tener que comprar en una tienda que va a poner» la propia paraestatal.

Además, remarcaron que ellos junto con los ejidatarios se oponen al acueducto porque son los campesinos los concesionarios del agua del río y de la planta tratadora de Cuautla desde hace muchos años y por eso se hizo un plantón, desde el 19 de mayo de 2015, para impedir el paso del acueducto.

Jorge Zapata por su parte explicó que la CFE lo demandó hace dos meses por «obstaculizar el progreso» y le reclama el pago de 2 mil 920 millones de pesos por ello, pero el plantón de los ejidatarios sigue -ahora hacen guardias- porque la CFE «y el gobernador (de Morelos, Graco Ramírez) no quieren entender que la planta tratadora de agua de Cuautla es un afluente del río Cuautla, cuyas aguas las tenemos concesionadas los ejidatarios, y si se llevan el agua tratada se va a secar el río y nos vamos a quedar sin agua» para las siembras.

«Graco viene a hacer reuniones secretas con los comisariados y les promete obras que no les cumple, no hace nada, pero ellos ya le dieron la autorización (para que se lleven el agua) aunque no toman en cuenta que no tienen las actas de asamblea de los ejidos para que sea legal la autorización».

Mencionó que la CFE además ahora demandó al presidente municipal de Ayala para que extienda la licencia de obra del acueducto que se les venció «porque pusimos el plantón nosotros». Comentó el nieto de Emiliano Zapata que la gente está organizada aunque un poco «desgastada», pero si quieren seguir defendiendo su agua «van a empezar los fregadazos».

 

 

 

 

 

 

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Indígenas Me´phaa de la Montaña de Guerrero llaman a la Suprema Corte de Justicia a declarar inconstitucional la Ley Minera

20160518_113145Rosa Rojas 

Una batalla fundamental para que la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas de México no se quede atrapada en el papel en que están impresas la Constitución, las leyes y reglamentos y empiecen a ser realmente vigentes, está dando la comunidad indígena San Miguel del Progreso – Júba Wajiín en su lengua Me’phaa o tlapaneca– municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, que logró, mediante un amparo, la cancelación de dos concesiones mineras en su territorio, un triunfo inédito para una comunidad indígena, pero sigue luchando para que la Suprema Corte de Justicia declare que le Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) que protege las derechos colectivos de los pueblos indios.

Representantes de San Miguel del Progreso y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que los asesora, informaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca impedir que el máximo tribunal del país examine el fondo del asunto, es decir, que la Ley Minera viola sus derechos como comunidad indígena, al pedir,  a través de la Secretaría de Economía (SE) el sobreseimiento del amparo en revisión 393/2015, argumentando que las concesiones fueron canceladas porque las empresas que las tenían renunciaron a ellas y por lo tanto el amparo debe ser sobreseído, es decir, que se suspenda ese proceso. Frente a esta maniobra del gobierno federal, los indígenas  Me’phaa llamaron  a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al analizar el citado amparo el próximo 25 de mayo, garantice los derechos al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.

Taurino Carrasco, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), Valerio Amado Solano, presidente de Bienes Comunales y Maribel González, abogada de Tlachinollan, entre otras personas, explicaron que San Miguel del Progreso interpuso un amparo contra las dos concesiones que había otorgado la Secretaría de Economía, sin consultarle al pueblo, lo que afectaría a  once núcleos agrarios de seis municipios, con unas 240 comunidades asentadas en 168 mil 346 hectáreas, integrantes del CRAADT. En febrero de 2014 el Juez Primero de Distrito de Guerrero emitió una sentencia inédita a favor de la comunidad, dentro de la cual consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras.

Esta sentencia fue impugnada por el Gobierno Federal mediante un recurso de revisión pero San Miguel del Progreso, acompañado por Tlachinollan, solicitó a la SCJN que atrajera el caso para que analizará, por primera vez, si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. En febrero de 2015, el Pleno de la Primera Sala de la SCJN acordó por unanimidad la reasunción de competencia del expediente del amparo en revisión 393/2015.

En ese marco, cuando la demanda de San Miguel del Progreso estaba próxima a ser analizada, en octubre del 2015, la comunidad fue notificada por la SCJN de que las empresas Hochschild y Zalamera, propietarias de las concesiones “Corazón de Tinieblas” y “Reducción Norte de Corazón de Tinieblas”, se habían desistido simultáneamente de sus títulos, por lo que las concesiones habían sido canceladas.

Para San Miguel del Progreso no cabe duda, señalaron los declarantes, que las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron con dichas cancelaciones evitar el análisis de la Ley Minera por la SCJN, pues es evidente que viola la Constitución y los Tratados Internacionales y si se declara que es anticonstitucional, eso beneficiaría no sólo a San Miguel del Progreso sino a cientos de comunidades indígenas cuyos territorios están siendo perjudicados por megaproyectos como los de la minería a cielo abierto que los amenaza a ellos, pero también eólicos, hidráulicos, gasoductos y de otro tipo que están afectando sus tierras, aguas, bosques, su cultura y poniendo en riesgo su existencia misma como pueblos indígenas.

Pero hay además otro riesgo para San Miguel del Progreso: El 24 de noviembre de 2015, la Secretaría de Economía  publicó en el Diario Oficial de la Federación que quedaron libres los lotes mineros que amparaban las concesiones a las que renunciaron las transnacionales mencionadas, por lo que su territorio indígena comunal se ofertaría de nuevo al mejor postor. Ante eso la comunidad interpuso otra demanda de amparo, admitida en diciembre de 2015 por el Juzgado Séptimo de Distrito del estado de Guerrero, que otorgó a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos, lo que imposibilita a la SE para admitir solicitudes de concesiones mineras a particulares que deseen los lotes liberados hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Pero la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por San Miguel del Progreso. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe sobreseerse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad solicitó a la Primera Sala que continúe el análisis del caso, ya que el acto reclamado no ha cesado cabalmente todos sus efectos y sobreseer el amparo la dejaría en total desprotección, pues  con la declaratoria de libertad de terreno como consecuencia de la cancelación de las concesiones, otros particulares pueden solicitar nuevas concesiones sobre su territorio.

Es de esperar que la SCJN declare anticonstitucional esa Ley Minera que sólo beneficia a los particulares frente a los derechos de los pueblos indígenas que por siglos han conservado su territorio y recursos naturales contra la depredación que sólo busca grandes ganancias, y que lo han defendido, como lo está haciendo los pueblos indígenas de Tepoztlán, Morelos, los yaquis de Sonora, los nahuas de Ostula, Michoacán y en la Sierra Norte de Puebla y tantos cientos más, tanto con recursos legales como con movilizaciones sociales cuando ha hecho falta.

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Tensa situación en Alvaro Obregón, agencia de Juchitán, Oaxaca, porque policías municipales amenazan desalojar a policías comunitarios

 

Ya hubo un enfrentamiento con saldo de un muerto y seis heridos

Rosa Rojas

La policía municipal de Juchitán “y guardaespaldas de la candidata del PAN-PRD Gloria Sánchez López”, a la alcaldía de ese municipio de Oaxaca, amenazan con desalojar con gente armada a miembros de la Policía Comunitaria (PC) y del Cabildo Comunitario (CC) de Alvaro Obregón (AO) luego de que el sábado 14 “agredieran a balazos” a miembros de la comunidad con saldo de seis heridos, denunciaron integrantes de esas instituciones comunitarias, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC (CDHPSVBC).

Por su parte Sánchez López denunció en un comunicado que sufrió “un atentado” por parte de gente armada de dicha comunidad, en el que falleció el policía municipal Virgilio Orozco Jiménez, de 47 años y fue herido otro miembro de su grupo. Por lo anterior demandó la intervención “de la Comisión de Derechos Humanos para constatar estos hechos, toda vez que atentan contra la libertad de los ciudadanos a participar en política y decidir sobre el desarrollo de esta comunidad zapoteca”, indicó.

La APIIDTT  denunció en un comunicado que el día 14, siendo aproximadamente la una de la tarde, sus compañeros Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón “pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón”.

Recordó la organización que durante la lucha contra la empresa Mareña Renovables, que pretendía instalar un parque eólico en la Barra de Santa Teresa –proyectó que se canceló- la comunidad de Álvaro Obregón, decidió en Asamblea general del pueblo cambiar la forma de elegir a sus autoridades, “puesto que los partidos políticos solo respondían a sus intereses y no a los de la comunidad”.

En asamblea general AO eligió su cabildo comunitario y consejo de ancianos y ratificó la constitución de su policía comunitaria, surgida durante la lucha contra la empresa eólica. “Sin embargo el presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, desconoció la voluntad del pueblo indígena e impuso a una persona de su confianza en una elección fraudulenta, misma que fue impugnada por el Consejo de Ancianos en los tribunales; desconociendo el Tribunal de Xalapa Veracruz esa elección, no obstante el presidente municipal Saúl Vicente Vázquez continuó hasta la fecha sosteniendo a Jorge Alonso y 40 policías armados en la comunidad” agregó.

Denunció asimismo la APIIDTT “que desde hace una semana han estado llegando amenazas de desalojar con gente armada la agencia municipal, de parte de los diferentes candidatos de los partidos políticos, y hoy (14 de mayo) fue concretada esa amenaza con el ataque a nuestros compañeros” hechos por los cuales responsabilizó al citado presidente municipal, a Héctor Sánchez López y Gloria Sánchez López, así como a la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca “de administrar a su conveniencia está problemática y no respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus autoridades en Asamblea comunitaria y no propiciar una solución al conflicto” por lo que exigió castigar a los culpables de las agresiones a sus compañeros.

 

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Disability Rights Internacional denunciará a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por torturas y violaciones contra discapacitados

Rosa Rojas

Una denuncia escalofriante de Disability Rights International (DRI) que trabaja por los derechos de personas con discapacidad intelectual, publicó el jueves 11 de mayo el sitio en internet www.animalpolítico.com, en la que esta organización no gubernamental internacional acusa que «tras 20 años de trabajo en el país, no ha visto avances para evitar que personas con discapacidad intelectual sean víctimas de tortura, violencia sexual y esterilización forzada».
DRI anunció que ante la falta de avances y compromiso de parte del Estado mexicano, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar casos de abusos «atroces» y violaciones en contra de personas con discapacidad «que se cometen con el consentimiento de autoridades».
Uno de los casos emblemáticos que menciona DRI es el de Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C., que alojaba a 37 personas con discapacidad intelectual y recibía recursos públicos tanto federales como locales. Se notificó a las autoridades de la capital mexicana sobre los abusos cometidos en ese lugar desde junio de 2014 y otra vez en mayo de 2015, cuando esa organización publicó el informe “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México”, pero no fue sino hasta el pasado 5 de mayo que el Gobierno de la Ciudad de México informó que esas personas fueron reubicadas en otros centros, tras la clausura, en abril, de las instalaciones de esa casa hogar.
DRI subrayó que «nadie está en prisión por los abusos cometidos y aunque les presentamos el caso, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni siquiera se asignó un expediente al caso”, lo que habla muy mal, además, del desempeño de esta comisión.
Entre los abusos denunciados están la esterilización forzada de mujeres internas como respuesta a los abusos sexuales de los que son víctimas, porque, argumentaron las autoridades mexicanas, «no podían protegerlas de abusos sexuales y era mejor evitar las consecuencias de esos abusos que seguramente podían ocurrir”.
También DRI denunció el uso de jaulas de un metro cuadrado para encerrar y “contener” a niños y adultos; la presencia de personas con las manos atadas detrás de la espalda para limitar su movimiento o grupos de 25 pacientes que permanecían todo el día en un espacio de 10 metros caminando en círculos.
Aún con la denuncia de todos esos abusos y violaciones, el Gobierno de la Ciudad de México, que se suponía tiene algunas de las políticas públicas más avanzadas del país en la atención de personas marginadas, en situación de abandono o discapacitadas, se tardó dos años en atender esa denuncia. Pero además la reubicación ocurrió en otras instituciones en las que también se priva de libertad a personas con discapacidad intelectual en contra de su voluntad, subrayó DRI.
Hay que mencionar que tanto en la capital mexicana como en otras ciudades del país se puede ver a personas con deficiencia mental en situación de calle, abandonadas, desnutridas, deambulando sin ninguna atención institucional.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en una comunidad como cualquier otro ciudadano. No hay forma de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad mientras las mantengan en el encierro involuntario. Eso es lo que ocurre en México y por eso acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Eric Rosenthal, director ejecutivo de DRI, quien también refirió que recibieron amenazas e intimidación en la víspera de informar a la prensa sobre la posibilidad de llevar este problema ante la CIDH, por lo que cancelaron la conferencia de prensa que iban a dar y decidieron reunirse en forma privada con algunos periodistas.
En el informe antes citado, DRI explica que la justicia para las personas discapacitadas sometidas a las torturas y abusos denunciados, «requiere un cambio fundamental en el modelo institucional. El cambio es posible -las personas con discapacidad han demostrado en todo el mundo que pueden vivir vidas buenas y significativas al ser parte de la comunidad. El cambio comienza con el gobierno creando hogares y apoyos basados en la comunidad para las personas con discapacidad y poniendo fin a la tortura. La justicia depende de estas reformas- así como la reparación del daño a las víctimas y el enjuiciamiento de los perpetradores del abuso, la trata y la tortura de las personas con discapacidad».
Asimismo, asevera que «la falta de servicios públicos en la Ciudad de México, o en cualquier parte del país, para atender en la comunidad a las personas con discapacidad, no tiene justificación debido a la enorme atención internacional que el tema ha recibido -incluyendo la denuncia por parte de autoridades de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas».
DRI añade que tras la publicación de su informe en el año 2000, Derechos Humanos y Salud Mental: México (disponible en www.DRIadvocacy.org), el gobierno mexicano llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). «Al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad. Pero México no ha implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones» afirma. Nuevamente se evidencia el abismo entre el discurso de las autoridades y los hechos.

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Frente al proceso Constituyente en la Ciudad de México «cooptado por la partidocracia» se convocará a una Constituyente Feminista, «democrática, ciudadana, diversa y popular»

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El proceso hacia la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México (ACCDMX) ha sido «cerrado, cooptado, pactado» entre los partidos políticos de izquierda, centro y derecha «a puertas cerradas, no representa a la ciudadanía», por lo que mujeres feministas de la capital mexicana están llevando a cabo un proceso abierto «rumbo a la constituyente paritaria: por una Constitución democrática, popular, ciudadana, diversa y feminista” que vaya más allá de la emisión de un voto el 5 de junio. «No estamos ligadas a ningún partido ni al gobierno de la ciudad», precisaron integrantes de la comisión organizadora del colectivo Las Constituyentes CDMX.

En conferencia de prensa informaron que el Segundo encuentro de Mujeres hacia la constituyente feminista y de mujeres de la CDMX – con la participación los días 13 y 14 de mayo de cerca de un centenar de mujeres y algunos hombres en 10 mesas de trabajo- culminará con la convocatoria para efectuar la citada asamblea durante el mes de julio, cuyas conclusiones definan «qué instituciones, qué gobierno y qué ciudad queremos» así como los mecanismos de participación ciudadana que deben ampliarse, que se entregarán a las y los asambleístas para que las tomen en cuenta en la elaboración de la Constitución local.

La ACCDMX sesionará a partir del próximo 15 de septiembre y deberá concluir a más tardar el 31 de marzo de 2017, a partir de la discusión del proyecto que envíe el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. La premisa del encuentro hacia la Constituyente Feminista es «ni un paso atrás en los derechos ya conquistados», subrayaron Mar Cruz, Esther Tovar, Adriana Luna Parra, Yndira Sandoval, Chantal Lecona y Yazmín Pérez Haro, algunas de las participantes en la rueda de prensa.

Plantearon que como se ha dado el proceso hacia la Constituyente se corre el riesgo de que haya mayoría de personas de la derecha y la ultraderecha, sean del partido que sean, entre las y los asambleístas, por lo que llamaron a organizarse y movilizarse para evitar retrocesos como el que se pretende imponer en Veracruz, donde con la iniciativa de la arquidiócesis católica de Xalapa se está tratando de dar marcha atrás al derecho de las veracruzanas de interrumpir un embarazo producto de una violación. «Condenamos la intervención de la arquidiócesis», afirmaron. Ellas son parte de quienes organizaron un mitin de protesta ante la delegación de Veracruz en demanda de parar esa violación a derechos ya conquistados.

Enfatizaron que «la partidocracia tiene secuestrado el proceso hacia la Asamblea Constituyente» si bien hicieron un reconocimiento a las mujeres feministas y progresistas que defienden los logros de las capitalinas y coadyuvan para tratar de impedir que se imponga una agenda «conservadora, patriarcal y machista».

La Constituyente Feminista hará una evaluación de las prácticas políticas partidistas porque los partidos sólo están llamando a la emisión del voto el 5 de junio pero de lo que se trata es de hacer una profunda reflexión política para construir una ciudadanía participativa porque este es un proceso que no se agota con la emisión del voto el 5 de junio. Después habrá que decidir qué pasa con las alcaldías, con los pueblos, los barrios…

«somos una respuesta rebelde ante la falta de democracia que ha habido en este proceso», afirmaron.

Indicaron que la Constituyente Feminista no es un coto cerrado sino que está abierto a todos los feminismos para su participación, lo que no ha ocurrido en las consultas organizadas por el gobierno local y algunos partidos, incluso uno en el Senado, que han sido cerradas -como ocurrió con un foro de Inmujeres-CDMX que fue para expertas y por invitación-, si bien reconocieron que ha habido otros foros, éstos, dijeron «han sido insuficientes, con poca participación, la ciudadanía no sabe para qué están llamando a votar el 5 de junio, la base no está interviniendo», afirmaron.

Informaron que en este proceso han realizado foros delegacionales y regionales que se continuarán en el proceso hacia la Constituyente Feminista.

En su convocatoria para este encuentro, afirman que la primera Constitución de la Ciudad de México debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos conquistados por las mujeres en la CDMX, hasta hace muy poco tiempo negados, como «el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos con la Interrupción Legal del Embarazo, el derecho al disfrute del placer erótico-sexual, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, el derecho al reconocimiento y valorización del trabajo no remunerado y de cuidados; la recuperación de espacios públicos; el reconocimiento de la personalidad jurídica de la identidad de género de las mujeres trans, las sociedades de convivencia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción. Revindicando el derecho a la ciudad como actoras políticas».

«Como parte de los movimientos y organizaciones urbano-populares, de los movimientos feministas, de las maestras, de las sindicalistas, de las comunidades eclesiales de base, de las estudiantes, de las jóvenas y mayores organizadas, entre muchas otras; en la calle, centros de trabajo, de reunión y en nuestros hogares, hemos sido edificadoras-fundadoras de nuevos escenarios en la vida política de esta ciudad, superando la marginación y la exclusión, al plantear con visión crítica y de avanzada, el reconocimiento, ejercicio y disfrute de derechos fundamentales para nosotras», y el proceso de la Constituyente Feminista es «un esfuerzo por continuar y consolidar el trabajo emprendido».

Ello para definir un piso mínimo de consensos en torno a ejes estratégicos (contenidos) que deben recogerse en la nueva Constitución y en los proyectos de Ciudad que se debaten y construir la ruta de incidencia  y reforzar el proceso organizativo del movimiento necesario para influir en los contenidos de la Constitución y los procesos constituyentes en curso.

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La escasez de agua debe obligarnos a mejorar la gestión y distribución del líquido pero evitando su privatización

Rosa Rojas

La escasez de agua, un problema que se ha visto exacerbado por el cambio climático y que afecta en mayor medida a la población pobre, tiende a agravarse y fue identificada por el Banco Mundial (BM) como amenaza importante al crecimiento económico y la estabilidad global.

De acuerdo a información publicada en La Jornada, la falta del vital líquido puede reducir en 6 por ciento el producto interno bruto en algunas regiones, «debido a que es esencial en varios procesos productivos; provocar migraciones de grupos de población en busca de mejores oportunidades económicas y de subsistencia, y generar conflictos, incluso violentos, señaló el BM en el informe Situación crítica: el cambio climático, el agua y la economía«, difundido el 3 de mayo.

En su estudio, el Banco Mundial menciona que el cambio climático tiene efecto diferenciado por regiones y estratos de ingreso. En América Latina y el Caribe, el calentamiento afectará dramáticamente los ecosistemas en toda la región, pero en especial la selva amazónica, lo que, apunta, constituye una amenaza para aquellos que dependen de los ecosistemas para su subsistencia.

La menor disponibilidad de agua también tiene consecuencias sobre la oferta de alimentos, por lo que afectará en mayor medida a los pobres, indica el informe. En América Latina y el Caribe, la población de menor ingreso dedica poco menos de la mitad de su gasto a comprar alimentos y bebidas, en contraste con el estrato más alto, que canaliza a ese fin menos de 20 por ciento del mismo.

En el documento también se habla de la necesidad de «una planificación más adecuada a la hora de asignar los recursos hídricos, la adopción de incentivos para aumentar la eficiencia hídrica y la realización de inversiones en infraestructura destinadas a promover la seguridad en el suministro y la disponibilidad de agua».

En las regiones extremadamente secas del mundo, añade, deben adoptarse políticas de mayor alcance para evitar el uso ineficiente del agua. Según el informe, para lidiar con los factores de estrés climático se requieren políticas y reformas más contundentes.

El informe advierte que la menor cantidad de agua dulce y la competencia que generan otros usos, como la generación de energía y la agricultura, podrían llevar a que para 2050 la disponibilidad del líquido en las ciudades se reduzca en casi dos tercios respecto de los niveles de 2015.

“Hay una luz de esperanza”, manifestó Richard Damania, autor del informe y economista principal del Banco Mundial. “Cuando los Gobiernos responden a la escasez de agua promoviendo la eficiencia y asignando incluso el 25 por ciento del agua a usos más productivos, las pérdidas disminuyen drásticamente y, en el caso de algunas regiones, incluso desaparecen. La mejora en la gestión de los recursos hídricos genera altos dividendos económicos”.

La advertencia del Banco Mundial es importante pero debe hacer que las organizaciones de usuarios del agua, los mismo urbanas que rurales, reaccionen tanto para averiguar a qué se refiere ese organismo que ha impuesto medidas neoliberales y la privatización de los sistemas de agua, cuando habla de «promover la eficiencia» y asignar hasta 25 por ciento del líquido a «usos más productivos», porque un uso productivo podría ser, para una transnacional como la Coca-Cola, destinar el agua para producir sus nocivos refrescos, acaparando, como busca hacerlo, manantiales y pozos.

Además, promover la eficiencia en términos neoliberales resulta en privatizar los sistemas de agua potable de pueblos y ciudades, incrementando los precios dizque para promover el ahorro del líquido y evitar el desperdicio, lo que puede llevar, como ocurrió en Cochabamba, Bolivia, a la «guerra del agua» que llevó finalmente a la caída del gobernante que la había privatizado y la llegada de Evo Morales al gobierno, pero esa es otra historia.

Para el caso de México lo que requerimos es frenar el crecimiento exponencial del cuasi monopolio cocacolero y otras empresas de esa laya, no sólo con la lucha de los pueblos para evitar la privatización del agua, sino también educando a nuestros niños y jóvenes sobre los problemas para la salud que traen esas bebidas, con exceso de azúcar u otros edulcorantes, prohibiendo su venta en las escuelas y en su entorno cercano, y su excesiva publicidad.

Tanto la salud de niñas y niños, jóvenes y personas adultas se verá beneficiada como su economía si se dan pasos para disminuir el consumo de refrescos y bebidas «energizantes», al mismo tiempo que los habitantes de pueblos y ciudades se organizan para controlar sus sistemas de agua potable o evitar que los gobiernos municipales y estatales privaticen su manejo además de vigilar que  le den mayor atención y presupuesto a la reparación de las redes de distribución, en las cuales a veces se pierde más de 30 por ciento del líquido por fugas en las mismas.

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