Archivo diario: 30 abril, 2016

Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

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Para enfrentar a la derecha el gobierno de la Ciudad de México debe propiciar la participación popular en la elaboración de la Constitución local: Foro de Inmujeres

Rosa Rojas

La ciudadanía de la Ciudad de México (CDMX) debe estar preparada para defender los irrenunciables derechos ya conquistados en largos años de lucha, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que éstos sean incluidos en la Constitución que será elaborada por la Asamblea Constituyente (AC), se planteó durante el foro Democracia e igualdad de género en las constituciones latinoamericanas.

En el evento -realizado los días 28 y 29 de abril, organizado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres de la CDMX y ONU Mujeres- se hicieron serios cuestionamientos por parte de algunas participantes a la forma en que se constituirá la AC, señalando que «más que  una asamblea constituyente es una asamblea constituida» pues de 100 diputados/as sólo 60 serán electos por el principio de representación proporcional y 40 serán designados: 14 por la Cámara de Diputados y 14 por la de Senadores; seis por el presidente de la república y seis por el jefe de gobierno de la CDMX. «Eso es violatorio de nuestro derecho al voto», se dijo e incluso se cuestionó la legalidad del proceso constituyente en marcha, además de si es oportuno que se lleve a cabo en este momento.

A estos cuestionamientos, la Secretaria del Trabajo de la CDMX, Amalia García, contestó señalando que «la composición de la Constituyente no es la deseable sino la posible», que había una resistencia para que se hiciera una Constitución que se requiere para la CDMX, porque, ejemplificó, los avances de política pública que se lograron en Zacatecas siendo ella gobernadora «no se plasmaron en una Constitución y en el momento que cambió el gobierno, desaparecieron… los avances ganados en el DF pueden desaparecer porque están en leyes secundarias», apuntó.

Durante el primer día hubo un «conversatorio nacional» en el que participaron especialistas mexicanas: la ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero; Marta Lamas, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Ana Laura Magaloni de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Elsa Conde, de Ciudad Feminista.

Hubo también un «conversatorio internacional» con participación de la abogada feminista y ex asambleísta de Ecuador, María Paula Romo; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Verónica Uriona; la Coordinadora de Análisis Estratégico del PNUD -guatemalteca- Catalina Soberania y la Jefa de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU Mujeres, Catalina Soberanis.

El segundo día cerca de un centenar de asistentes al foro participaron en discusiones en 10 mesas sobre derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las mujeres, haciendo análisis y propuestas para la Constitución de la CDMX.

La participación en este foro fue sólo por invitación, por lo que una de las conclusiones de las mesas que tuvieron lugar el segundo día fue que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realice una serie de foros abiertos, con amplia participación de personas y organizaciones sociales para informar del proceso constituyente, recoger las propuestas ciudadanas sobre qué tipo de Constitución se quiere y los derechos y obligaciones tanto del Estado como de la ciudadanía, que, se afirmó, debe tener una participación vinculante, mediante la creación de consejos y cabildos, en la toma de decisiones de las autoridades para la elaboración y ejecución de políticas públicas y el ejercicio de los derechos.

Asimismo se exigió que a todo derecho consagrado en la Constitución de la CDMX deberá corresponder un presupuesto que permita garantizar su ejercicio para que no quede en letra muerta.

Debe haber, se subrayó, una movilización social desde abajo, abrir el debate sobre los derechos ya ganados para que haya una amplia participación en este proceso porque «la derecha se está preparando para dar marcha atrás a conquistas de las mujeres como la ILE o el matrimonio igualitario», el estado laico, para anular derechos como a la salud, a la educación o al agua mediante la privatización.

Se planteó que la Constitución deberá tener perspectiva de  género, que debe haber progresividad en los derechos, que se debe avanzar en la paridad y combatir y castigar la discriminación económica, social, laboral, cultural, de las mujeres. Se debe exigir que todos los funcionarios públicos tengan perspectiva de género, que sea el Estado el que se haga cargo del cuidado de las personas, niños/as, personas mayores, discapacitadas, que ahora está bajo la responsabilidad de las mujeres.

Debe plasmarse el derecho a la vivienda tomando medidas para evitar la expulsión de las personas de bajos ingresos de sus colonias y barrios por la especulación de las inmobiliarias; derecho a los espacios públicos a un medio ambiente sustentable y a políticas públicas  para la atención a las personas mayores, a las mujeres en reclusión, a una educación integral con perspectiva de género y educación sexual , a una vida libre de violencia.

Se planteó asimismo que debe remarcar el derecho a la autonomía y a la autodeterminación; respeto a los usos, costumbres y cultura de los pueblos indígenas que no contravengan los derechos de las mujeres; retomar en la Constitución de la CDMX los tratados internacionales y las obligaciones y recomendaciones que de ellos emanan, entre otras muchas propuestas.

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