La REMA llama al gobernador de Guerrero a ser defensor del pueblo y no mediador, en el conflicto del bloqueo a la mina Media Luna por daños al medio ambiente y la salud

 

Rosa Rojas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), conminó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a “evitar hacer declaraciones sin tener  una mínima idea” de la contaminación que producen los proyectos mineros, luego de que el mandatario declaró que la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources (TGR), “no genera daños a la salud ni al ambiente” por lo que llamo a los pobladores que desde el 30 de marzo la tienen bloqueada a no poner en riesgo “tan importante proyecto”.

Avecindados y pescadores de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición y Real de Limón, municipio de Cocula, decidieron bloquear los accesos a la Media Luna reclamando una indemnización por la contaminación ocasionada por la minera, así como el cumplimiento de una serie de compromisos firmados por la empresa desde 2014, que afirman han sido incumplidos.

El 4 de abril, el gobernador Astudillo hizo las declaraciones que cuestionó REMA en un comunicado. El 6 de abril hubo negociaciones, en Nuevo Balsas, de los inconformes con representantes de la empresa y funcionarios del gobierno estatal como “mediador”. De entrada los representantes de la minera exigieron que se levantaran los bloqueos para reiniciar el diálogo, suspendido al inicio de éstos.

Al respecto la REMA señaló que ahora son los pobladores de Nuevo Balsas quienes se ven obligados a realizar acciones organizativas de fuerza, “porque como siempre sucede, nadie los escucha y los empresarios muestran el enorme desprecio que les tiene al negarse a establecer algo básico entre la gente: el diálogo, para resolver peticiones concretas; son las y los habitantes quienes salen a los medios para externar su queja, pidiendo ayuda del gobierno, pero sucede que nuestros gobernantes en vez de atender los reclamos sociales, lo cual es su responsabilidad primordial, salen a defender los intereses de los empresarios mineros”.

La organización le recomendó a Astudillo que se busque “un buen asesor” sobre el complicado tema de la minería porque “las y los habitantes de Nuevo Balsas tienen razón: ´La mina los extermina´ y en ese contexto, el gobierno no debe ni puede ser mediador; debe ser defensor pleno de los derechos e intereses de las comunidades pues para ellos gobierna tanto usted señor gobernador como todo su gabinete. Para nosotros es impensable que cada que defienden a una empresa lo único que muestran sea ignorancia y sometimiento a los intereses económicos” sostuvo la REMA.

Respecto a la reunión del 6 de abril, el diario El Sur de Acapulco reportó que los directivos mineros exigieron a los inconformes un estudio que demuestre que la mina está ocasionando daños ambientales, “y que si la minera es responsable aceptaría una sanción por parte del gobierno”. Le respondieron que la minera se había comprometido en septiembre pasado a hacer el estudio ambiental, pero no cumplió. El subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel, dijo a los representantes de las comunidades que mantienen la protesta, “que no comparte los bloqueos, pero que respeta su movimiento”.

En el encuentro, los inconformes reiteraron sus denuncias de que los trabajos de la minera están contaminando el agua del río y el aire, lo que ha ocasionado enfermedades respiratorias entre la población, sobre todo entre los niños, además de que por las detonaciones y la contaminación del río Balsas se han ahuyentado los peces, y si hace cuatro años pescaban hasta 200 kilos semanales, ahora capturan sólo 20 kilos. Por ello una de las demandas principales es una indemnización de 500 mil pesos anuales como reparación del daño a los pescadores.

Por su parte el diario guerrerense Enfoque Informativo indicó que en 2012, “al enterarse que se estaba produciendo oro (en la mina Media Luna) los grupos criminales empezaron a hostigar a los pobladores creyendo que cobraban los beneficios de la minera, al grado de secuestrar a ciudadanos de Nuevo Balsas que conformaron grupos de autodefensa para hacer lo que el gobierno no hacía”.

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