Archivo mensual: abril 2016

Necesario coordinar las luchas populares frente al embate oficial de apoyo a megaproyectos transnacionales

Rosa Rojas

Sin olvidar la crisis de derechos humanos que vive nuestro país o el hecho de que según la organización Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, hay que resaltar también la información alentadora, la que refleja los avances de los pueblos, los logros obtenidos en base a su lucha  sostenida y organizada, como el reciente anuncio de que el fondo holandés de seguros PPGM, decidió retirar el financiamiento de 250 millones de euros a la construcción de un parque eólico en Juchitán, Oaxaca.

Este anuncio publicado el 22 de abril por el periódico holandés De Telegraaf , es resultado del movimiento opositor que indígenas ikoots -o huaves- primero y después zapotecas, han mantenido contra ese megaproyecto durante cuatro años, haciéndole frente a las presiones, represiones, amenazas, golpes, por parte de los gobierno federal, estatal y municipal, a golpeadores contratados por las propias empresas, que según denuncias de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) durante el remedo de consulta implementado por la Secretaría de Energía en 2015, se dedicaron a hostigar e incluso llegaron a golpear a quienes intervenían en ella para oponerse al proyecto de parque eólico.

Este ejemplo viene a cuento porque en Morelos, como en Puebla, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, en muchos estados del país, se vienen dando luchas, sobre todo de pueblos indígenas, contra la instalación de megaproyectos en sus tierras que, sin consultarlos previamente, son autorizados por el gobierno federal. Megaproyectos que como la minería a cielo abierto, la construcción de parques industriales, gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y un largo etcétera, han significado por lo general despojo, daño ambiental, pérdida de acuíferos, pérdida de áreas productivas y al final hambre y miseria, si no directamente desplazamiento de los pueblos hacia las ciudades.

Y frente a estos embates de gobiernos que promueven los negocios transnacionales más que el desarrollo de los pueblos, sólo queda la organización de éstos y la búsqueda de unidad con otras fuerzas sociales como organizaciones civiles y, como en el caso de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), con instituciones como la Universidad Autónoma de Morelos, con la cual llevaron a cabo el 24 de abril la tercera sesión del Congreso de los Pueblos de Morelos, no sólo para enfrentar los megaproyectos que amenazan sus tierras y recursos naturales sino para ir construyendo la autonomía popular, más allá de posiciones partidistas.

A este encuentro, asistieron representantes de comunidades del estado de México, Chiapas, Oaxaca, así como de municipios morelenses como Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec, Miacatlán, entre otros, que acordaron establecer alianzas con otras organizaciones y realizar diversas actividades para fomentar la participación ciudadana para mejor cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Son aún eventos más bien regionales pero que van extendiendo sus redes organizativas como puede verse con la llegada de delegados de otros estados del país con quienes se intercambian información, experiencias y pueden irse fortaleciendo compromisos de apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos, de semillas, de comercialización, organizativos, que permitan construir redes desde abajo, permanentes y operativas para fortalecer las acciones defensivas también, tanto en lo legal -como los juicios de amparo que se ganaron, por ejemplo en Juchitán y que obligaron a suspender obras de construcción del parque eólico- como en acciones tales como marchas o bloqueos.

También estos congresos y reuniones deben servir para intercambiar información sobre los atentados legaloides que los gobiernos pretenden imponer, tipo la Ley Eruviel, por el apellido del gobernador del Estado de México, que faculta a la policía a utilizar incluso fuerza letal contra manifestaciones populares al libre criterio de quienes en ese momento encabezan un operativo, buscando liberar de responsabilidad en ello a quienes de otra forma tendrían que dar la cara y ser responsabilizados en un juicio, integrantes de la cadena de mando hasta llegar al propio gobernador. Hay toda una movilización en el Estado de México contra esa ley, seguramente la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos estará dando seguimiento a ese asunto, que no es menor porque si no se logra echar abajo pronto habrá leyes similares en cada estado del país.

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Para enfrentar a la derecha el gobierno de la Ciudad de México debe propiciar la participación popular en la elaboración de la Constitución local: Foro de Inmujeres

Rosa Rojas

La ciudadanía de la Ciudad de México (CDMX) debe estar preparada para defender los irrenunciables derechos ya conquistados en largos años de lucha, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que éstos sean incluidos en la Constitución que será elaborada por la Asamblea Constituyente (AC), se planteó durante el foro Democracia e igualdad de género en las constituciones latinoamericanas.

En el evento -realizado los días 28 y 29 de abril, organizado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de las Mujeres de la CDMX y ONU Mujeres- se hicieron serios cuestionamientos por parte de algunas participantes a la forma en que se constituirá la AC, señalando que «más que  una asamblea constituyente es una asamblea constituida» pues de 100 diputados/as sólo 60 serán electos por el principio de representación proporcional y 40 serán designados: 14 por la Cámara de Diputados y 14 por la de Senadores; seis por el presidente de la república y seis por el jefe de gobierno de la CDMX. «Eso es violatorio de nuestro derecho al voto», se dijo e incluso se cuestionó la legalidad del proceso constituyente en marcha, además de si es oportuno que se lleve a cabo en este momento.

A estos cuestionamientos, la Secretaria del Trabajo de la CDMX, Amalia García, contestó señalando que «la composición de la Constituyente no es la deseable sino la posible», que había una resistencia para que se hiciera una Constitución que se requiere para la CDMX, porque, ejemplificó, los avances de política pública que se lograron en Zacatecas siendo ella gobernadora «no se plasmaron en una Constitución y en el momento que cambió el gobierno, desaparecieron… los avances ganados en el DF pueden desaparecer porque están en leyes secundarias», apuntó.

Durante el primer día hubo un «conversatorio nacional» en el que participaron especialistas mexicanas: la ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero; Marta Lamas, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM; Ana Laura Magaloni de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Elsa Conde, de Ciudad Feminista.

Hubo también un «conversatorio internacional» con participación de la abogada feminista y ex asambleísta de Ecuador, María Paula Romo; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Katia Verónica Uriona; la Coordinadora de Análisis Estratégico del PNUD -guatemalteca- Catalina Soberania y la Jefa de Liderazgo y Gobernabilidad de ONU Mujeres, Catalina Soberanis.

El segundo día cerca de un centenar de asistentes al foro participaron en discusiones en 10 mesas sobre derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las mujeres, haciendo análisis y propuestas para la Constitución de la CDMX.

La participación en este foro fue sólo por invitación, por lo que una de las conclusiones de las mesas que tuvieron lugar el segundo día fue que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realice una serie de foros abiertos, con amplia participación de personas y organizaciones sociales para informar del proceso constituyente, recoger las propuestas ciudadanas sobre qué tipo de Constitución se quiere y los derechos y obligaciones tanto del Estado como de la ciudadanía, que, se afirmó, debe tener una participación vinculante, mediante la creación de consejos y cabildos, en la toma de decisiones de las autoridades para la elaboración y ejecución de políticas públicas y el ejercicio de los derechos.

Asimismo se exigió que a todo derecho consagrado en la Constitución de la CDMX deberá corresponder un presupuesto que permita garantizar su ejercicio para que no quede en letra muerta.

Debe haber, se subrayó, una movilización social desde abajo, abrir el debate sobre los derechos ya ganados para que haya una amplia participación en este proceso porque «la derecha se está preparando para dar marcha atrás a conquistas de las mujeres como la ILE o el matrimonio igualitario», el estado laico, para anular derechos como a la salud, a la educación o al agua mediante la privatización.

Se planteó que la Constitución deberá tener perspectiva de  género, que debe haber progresividad en los derechos, que se debe avanzar en la paridad y combatir y castigar la discriminación económica, social, laboral, cultural, de las mujeres. Se debe exigir que todos los funcionarios públicos tengan perspectiva de género, que sea el Estado el que se haga cargo del cuidado de las personas, niños/as, personas mayores, discapacitadas, que ahora está bajo la responsabilidad de las mujeres.

Debe plasmarse el derecho a la vivienda tomando medidas para evitar la expulsión de las personas de bajos ingresos de sus colonias y barrios por la especulación de las inmobiliarias; derecho a los espacios públicos a un medio ambiente sustentable y a políticas públicas  para la atención a las personas mayores, a las mujeres en reclusión, a una educación integral con perspectiva de género y educación sexual , a una vida libre de violencia.

Se planteó asimismo que debe remarcar el derecho a la autonomía y a la autodeterminación; respeto a los usos, costumbres y cultura de los pueblos indígenas que no contravengan los derechos de las mujeres; retomar en la Constitución de la CDMX los tratados internacionales y las obligaciones y recomendaciones que de ellos emanan, entre otras muchas propuestas.

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El retiro del fondo holandés PPGM del parque Eólica del Sur “serio revés” para el presidente Peña Nieto, quien viajará a los Países Bajos para promover inversiones en el sector energético: De Telegraaf

telegraaf 22abr16

Rosa Rojas

El diario holandés de mayor circulación, De Telegraaf, consideró como “un serio revés” para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el anuncio de que el fondo de manejo de pensiones PPGM se retira de la sociedad que construiría en tierras de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, el parque de Eólica del Sur, pues el mandatario viajará a finales de mayo a los Países Bajos “durante una visita oficial para seducir a las grandes corporaciones para invertir en el sector energético de México que recientemente se abrió. La retracción de PGGM es una mala señal” apuntó el rotativo.

En la nota de su corresponsal en México, Edwin Timmer, publicada este 22 de abril, el diario consigna que PPGM, con oficinas en la ciudad de Zeist, tomó ya en diciembre la decisión de retirarse del proyecto, que debería haber sido el mayor parque eólico de América Latina, pero nunca lo difundió públicamente. El argumento del inversor fue que después de cuatro años de retraso el proyecto “ya no podrá ser suficientemente rentable” y por otra parte, por “la constante oposición de los indios locales” no habría cooperación con el mismo.

De Telegraaf recuerda que hace 4 años PGGM anunció su participación en la construcción de 132 aerogeneradores -para 396 megavatios- en un consorcio con la japonesa Mitsubishi y la australiana Maquarie capital.  Pero desde entonces ni un molino se ha construido. “Ni siquiera después de la luz verde durante una amplia consulta pública con el pueblo indígena” acota el diario.

Sin embargo opositores a la construcción como la Asamblea Popular del Pueblo Zapoteco (APPJ) calificaron dicha consulta como “una simulación”. Al respecto el vocero de la APPJ, Mariano López Gómez, indicó en entrevista con Desinformémonos que el retiro del fondo de pensiones holandés del proyecto de Eólica del Sur, “es una noticia grata pero eso no significa que las eólicas no sigan viendo este territorio como uno de ellas; ellos partieron el Istmo (de Tehuantepec) como un pastel y cada quien escogió la zona que quiere”.

Añadió que si una empresa por alguna razón no puede invertir “se lo pueden vender (el terreno) a otra empresa, como ha pasado con Eólica del Sur, que PRENEAL  México se lo vendió a Mareña Renovables, que es Eólica del Sur y así muchas de las empresas han tenido  la región como apartada para ellos y venden ese espacio a otras empresas porque a ellos les correspondió en la repartición del territorio y entre ellos se respetan y las venden a otros cuando ellos no pueden invertir”.

El Telegraaf informa que después de la consulta, los opositores al proyecto lograron a través de tribunales otra vez frustrar la construcción. “El estancamiento parece similar a la manera en que grupos ambientales en los Países Bajos lograron torpedear la construcción o ampliación de nuevas carreteras”, acota.

Por su parte el diario Nederlands Dagblad, publicó que “PGGM se quedo atrapado dos veces en el Istmo de Tehuantepec. El primer plan para poner molinos de viento cerca de San Dionisio del Mar fracasó después de que indios huaves pusieron fuego a sitios de construcción. Temían por sus zonas de pesca. El consorcio solicitó entonces un nuevo lugar, y ante la insistencia de PGGM, el gobierno de México organizó una amplia consulta”.

“PGGM quería asegurar el cumplimiento de una convención internacional sobre los pueblos indígenas. La Organización Internacional del Trabajo requiere que los proyectos sobre tierras indígenas sólo están permitidos si están bien informados y de buena fe dicen que sí. Sin embargo, varios participantes se quejan de acoso durante la consulta. “Estoy amenazado de muerte”, dijo López Gómez a esa publicación.

A su vez el portavoz de PPGM, Maurice Wilbrink, explicó al Telegraaf que “estaba claro que esta inversión ya no podría dar los ingresos que esperábamos… simplemente se tomó demasiado tiempo ”. “El alboroto en torno a las protestas de los indígenas tampoco contribuyó a una decisión positiva” añadió. PGGM planeaba invertir 250 millones de euros de las pensiones de los médicos y enfermeras que maneja. El total de inversión en el proyecto era 750 millones euros.

El diario agregó que después de “una amplia consulta pública se aseguró el consentimiento local. A pesar del disgusto de unos agricultores locales, que ven los molinos de viento como una amenaza, en agosto pasado si llegó la luz verde”. Sin embargo, un juez mexicano “aniquiló la consulta y volvió a exigir una congelación de la construcción. No se habían consultado a suficientes indígenas, era el argumento”.

En su información el Telegraaf  cita a un observador anónimo “que siguió de cerca el proceso” quien se quejó de que lo ocurrido es “un buen ejemplo de un gobierno que, por un lado de manera ejemplar consulta a indios según los estándares internacionales, pero luego está demasiado débil internamente para sostener el acuerdo que hicieron”.

El Nederlands Dagblad, señaló que “para los indígenas zapotecas de Juchitán en torno a la lucha contra el parque eólico, la decisión de PGGM es una inyección en el brazo” y cita declaraciones de López Gómez de que “esta es una victoria para los derechos humanos. Espero que otros inversores sigan el ejemplo de los holandeses”. Añadió que “un grupo de indígenas como López ven los molinos de viento como una amenaza a su cultura y  al cultivo de alimentos y plantas medicinales”.

López Gómez explicó a Desinformémonos que la “supuesta consulta no fue ni previa ni libre ni informada” y aunque se haya retirado del proyecto la PPGM, para nosotros es un riego latente porque los gobiernos federal y estatal han fomentado una división entre los pueblos del Istmo; estos grupos (empresariales) ejercen violencia para apoderarse de nuestro territorio, para que no exista oposición porque buscan llevarse ganancias sin dejar beneficios”.

Explicó que “no estamos pidiendo beneficios como tales, sino que las empresas que ya se asentaron de manera ilegal, tienen que indemnizar a las comunidades disminuyendo las tarifas eléctricas porque en esta zona cuando hace mucho calor la gente quiere tener ventiladores para refrescarse y no pueden hacerlo o si lo hacen les sube el consumo y se quedan endeudados”. Apuntó que a las personas que tienen mayores ingresos igualmente se les deben fijar tarifas más bajas que las que se aplican en general.

“Para nosotros ya no es necesario promover más parques eólicos porque sería un golpe fuerte a la comunidad indígena porque hemos pasado distintas consultas que han sido violatorias pero cada vez con mayor violencia, porque ellos… buscan intimidar a cualquier persona que quiera dar su punto de vista neutral o en contra; lo que hacen es traer golpeadores”.

Aseveró el vocero de la APPJ que la consulta sobre el proyecto de Eólica del Sur fue en cinco fases, “fueron agresivas, cada vez fueron aumentando la violencia, la discriminación y sobre todo la falta de respeto hacia los participantes porque a veces cuando tomábamos la palabra aventaban los envases (de refrescos), los botes de agua, para mucha gente era difícil y no podían pasar a dar su opinión”.

Mencionó que eso se lo comentaron al corresponsal del Telegraaf , “le mostramos algunos videos e hizo un recorrido incluso con una fotógrafa; cuando fuimos al polígono de (el parque eólico de) Gas Natural Fenosa Biioxo, ahí las personas de la policía que lo protegen intentaron agredirnos, a ellos también, pero uno de los campesinos les dijo que no se acercaran porque no eran mexicanos y que iban a tener problemas; entonces a unos 20 metros los policías les tomaron fotos a los reporteros, intentaron quitarles la cámara y todo… ese territorio se ha vuelto peligroso hasta para recabar o recolectar plantas medicinales porque inmediatamente los policías y los de seguridad de esas empresas dicen que necesitan un permiso de la empresa. Ese territorio se está convirtiendo en territorio peligroso gracias a la ambición desmedida de las empresas eólicas”, agregó.

Se le preguntó si en la APPJ estarían dispuestos a considerar un proyecto eólico si se realiza con una consulta previa, libre e informada, como establece la OIT y contestó que “una consulta se debe realizar a través de un protocolo que salga de las comunidades, no de la Secretaría de Energía ni de las empresas, con propuestas y condiciones de las comunidades y de un proyecto en asociación con la comunidad, para ver cómo se puede llevar un beneficio a la comunidad, pero las empresas ya asentadas tienen que indemnizar porque entraron de manera ilegal”.

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En curso una embestida oficial contra movimientos sociales y para imponer leyes represivas

Rosa Rojas

Esta semana que termina fue pródiga en violaciones a los derechos humanos sobre todo en el Estado de México y en Michoacán, como botones de muestra de cómo por un lado se hace caso omiso de la legalidad y por otro se busca adecuar las leyes para sostener un Estado represor pero alegando el acatamiento de leyes que, como en 1968 los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que tipificaban el delito de «disolución social», justifiquen, como entonces, atropellos, desmanes policiacos, crímenes de Estado incluso, en aras de una «paz pública» ideal para las clases acomodadas y el poder político absoluto, que era el priista.
A la par de acciones represivas en las que participan policías estatales y el ejército, se desarrollan campañas en los medios oficialistas para criminalizar las luchas sociales de resistencia de los pueblos contra los despojos de sus tierras y aguas o como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, por su presentación con vida y por justicia o como en la lucha de los normalistas de Tiripetío, Michoacán, por el pago de sus becas que les adeudan los gobiernos estatal y federal desde 2015. Esto conforma una tendencia grave y preocupante que no es local sino nacional.
Así, el lunes 11, la policía del estado de México atacó en el pueblo otomí de Xochicuautla el Campamento de la Digna Resistencia, violando dos amparos para suspender las obras y medidas precautorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Allá unos 800 policías golpearon a quienes desde hace cinco años han impedido que pase por sus tierras la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo de una de las empresas del grupo Higa, la constructora que edificó la Casa Blanca presidencial, protegiendo al personal de esa empresa que destruyó la casa de uno de los integrantes del Consejo Supremo Indígena del pueblo y el campamento de protección del bosque.
El martes 12, el ejército entró en tierras ejidales de San Salvador Atenco, escoltando una cuadrilla de trabajadores de una de las empresas privadas encargadas de la construcción de un nuevo Aeropuerto para la ciudad de México, pese a que también tienen ganado un amparo. Los militares incluso apuntaron con sus armas a los atenquenses que se oponían a la entrada de dichos trabajadores.
El mismo martes, en Tiripetío, Michoacán, la policía reprimió a estudiantes de la normal de ese lugar, con saldo de varios estudiantes heridos. Medios oficialistas responsabilizaron a los estudiantes de la quema de varios vehículos pero ellos, según reportó el sitio web Desinformémonos, señalaron que los normalistas no son ni vándalos, ni narcos y que están reclamando por los 8 millones de pesos los gobiernos de Michoacán y el federal les adeudan, desde septiembre de 2015, de las becas alimenticias y las de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para estudiantes de los últimos dos semestres de la carrera. Denunciaron que fueron policías los que incendiaron los vehículos como se ve en fotos que circularon vía internet.
Respecto a lo ocurrido en Xochicuautla y Atenco, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero señaló que fue la primera puesta en práctica de la Ley Eruviel -denominada así por el apellido del gobernador mexiquense- recientemente aprobada. Estos pueblos son además integrantes de El Fuego de la Digna Resistencia, una coordinación fundada por diversas organizaciones y cientos personas para hacer frente a dicha ley que permite el uso de fuerza letal en manifestaciones públicas, sólo con la decisión de las jerarquías policiales que realicen los operativos, dejando a un lado la responsabilidad de las autoridades estatales de mayor jerarquía.
Dicho centro analizó el ataque en Xochicuautla señalando que la empresa HIGA «está desesperándose porque el tiempo pasa y no logran imponer la carretera». Entre los que se mencionan en Xochicuautla hay complejos de cabañas residenciales y hasta un club de golf.
Pero además, indicó, el Zeferino Ladrillero, hay urgencia del gobierno de Eruviel Ávila, de avanzar en proyectos que considera clave, “antes que la resistencia tire no sólo la ley represiva, sino los proyectos de despojo que tiene proyectados a lo largo de todo el estado de México».

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El predictamen senatorial de la ley general sobre desaparición forzada no cumple los estándares internacionales de derechos humanos ni las exigencias de las víctimas

Conf Campaña Nal contra la Desaparicion Forzada. Foto Rosa RojasRosa Rojas

El predictamen sobre el proyecto de «Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y cometida por particulares» elaborado por cuatro comisiones senatoriales, sigue sin reconocer «que la desaparición forzada en México es una política sistemática y generalizada del Estado Mexicano» pues desde el título «parte del supuesto de que la mayoría de las personas que han sido desaparecidas en México han sido desaparecidas por particulares y no por agentes del Estado».

Dicho documento «no corresponde a las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni a los estándares internacionales en materia de derechos humanos», denunciaron integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (CNCDF), quienes advirtieron que la integración superficial de algunas de las observaciones que le entregaron a las comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios legislativos del Senado «es un intento por legitimar el borrador de predictamen de ley para posteriormente poder argumentar que esta ley se hizo con el consentimiento y participación de las víctimas».

Entre dichas observaciones están que se agregue un artículo que especifique que los presuntos responsables de cometer los delitos de desaparición forzada sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles, quedando excluida toda jurisdicción especial, en particular, la correspondiente a las fuerzas armadas.

También se tendrá que sancionar penalmente a toda la cadena de mando sin importar fueros ni jerarquías; que se separe de manera definitiva a los agentes del Estado involucrados en la comisión de este delito y sean inhabilitados de por vida para el desempeño de cualquier empleo o comisión pública, además de la pena de privación de la libertad que les sea impuesta.

Nadir Reyes del Comité Hasta Encontrarlos; Zita Loyo del Comité Cerezo México; Adrian Ciriaco del Comité de solidaridad y derechos humanos Monseñor Romero; Carlos Ramírez del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y Pascual de Jesús González del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, advirtieron que el discurso del Estado va dirigido a hacer creer que quienes cometen las desapariciones son, en su generalidad, particulares, «lo cual es sumamente preocupante y peligroso ya que con ello elude su responsabilidad en las desapariciones forzadas».

Ramírez por su parte afirmó que e l FNLS ha constatado dolorosamente, en el caso de su compañero Fidencio Gómez Santis, desaparecido el pasado 5 de marzo,  cómo «se escamotea la justicia»  cuando las autoridades están tratando de encuadrar esta desaparición como si hubiera sido cometida por particulares y fuera un caso aislado, cuando por lo contrario, la desaparición forzada es parte de una «política generalizada de violación de derechos humanos que se convierte en política de Estado».

Al dar a conocer su posicionamiento respecto a dicho predictamen, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, los integrantes de la CNCDF indicaron que en el contexto actual de “supuesta guerra contra el narcotráfico”, desafortunadamente, las desapariciones forzadas han proliferado, y el Estado «ha intentado, por todos los medios», de deslindarse de su responsabilidad de buscar, investigar, prevenir y sancionar la desaparición forzada Subrayaron que los expertos en derechos humanos indican que «la desaparición forzada es siempre un crimen de Estado», sea por comisión o por omisión.

«Un aspecto sumamente importante y preocupante es que en el borrador del predictamen de Ley no se considere a la víctima directa como víctima. Solamente hace referencia a la víctima como aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia de la desaparición de un familiar o allegado, más no se reconoce como víctima a la persona directamente afectada por la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares», por lo que se debe  definir que «se entiende por víctimas, a las personas que individual o colectivamente, hayan padecido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos y libertades fundamentales, que afecten su dignidad, incluidas todas las acciones que proscriben el abuso de poder».
Informaron que los legisladores que integran dichas comisiones han incumplido sus compromisos con las organizaciones sociales que presentaron sus proyectos para la elaboración de la ley,  no han compartido de manera formal y oficial el borrador del dictamen ni han cumplido con las fechas de reunión para analizar dicho borrador. Demandaron que no se les haga a un lado en la discusión y elaboración del dictamen y advirtieron que, si se aprueba esta ley sin incorporar sus observaciones para corregir los errores que contiene, se promoverán acciones de inconstitucionalidad y amparos para rechazarla.

Entre las observaciones de la CNCDF al predictamen citado señalan que la redacción del título “Ley General para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de personas y la cometida por particulares”, hace alusión a que la desaparición forzada también es cometida por particulares, por lo que de inicio se plantea modificarlo para que quede como: «Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares», tal como propuso la Campaña en su iniciativa entregada al Senado.

Insistieron en que no se utilice, como se hace ahora en el predictamen, el término de «persona no localizada», a fin de no confundir ni restar responsabilidades ya que una persona no localizada no entra dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y por sí mismo no considera un delito o una violación a los derechos humanos. Se deben establecer sólo dos términos: las personas víctimas de desaparición forzada y las personas víctimas de desaparición cometida por particulares, así como la debida definición de cada una.

Exigieron que se retome para tipificar el delito de desaparición forzada la definición del Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas que establece que las desapariciones forzadas son cometidas por Agentes del estado, o por grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, ya sea que oficialmente se encuentren en funciones o no.

Además se considera necesario que en la ley se cuente con un apartado específico en el cual se establezca la obligación del Ministerio público de reclasificar el delito por el de desaparición forzada cuando se tenga la evidencia de participación directa o indirecta de agentes del Estado o desaparición cometida por particulares cuando haya elementos que así lo indiquen.

Sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas del que habla el predictamen, consideran que es sumamente complejo y burocrático, hace énfasis en los casos de desaparición cometida por particulares y no servirá para la búsqueda e investigación de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en tanto no las reconoce como tal y mucho menos las que se vienen sucediendo desde los años 60.

En el predictamen se habla de desarrollar unidades de análisis de contexto para poder determinar, zonas, lugares y patrones de cómo operan los presuntos responsables, pero éstos se centran sólo en el crimen organizado, es decir, en estudiar el contexto de cómo se dan las desapariciones cometidas por particulares, por lo que propone la CNCDF crear dos unidades: una específica para desaparición forzada y otra para desaparición por particulares.

Asimismo señalan que en el borrador de predictamen se deja en segundo término la investigación y sanción de los responsables. «Se avala y respalda la búsqueda a cargo de los familiares con el objeto de que el Estado no asuma su responsabilidad en la obligación de la búsqueda para dar el paradero real de las víctimas, en la investigación y sanción de los responsables».

Afirman que esta ley no garantizará el derecho que tienen los familiares y las victimas a acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, ya que se busca sobreponer un derecho por otro al poner mayor centralidad en el acceso sólo a la verdad, relevando el derecho a la Justicia y se sigue equiparando la reparación integral del daño a la indemnización monetaria y a la asistencia que otorga el Estado, lo cual no es reparación integral del daño, ya que para que esta se pueda dar, es necesario que las victimas tengan acceso de manera integral a los derechos de verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición.

 

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«México es una fosa» afirman integrantes de la Primera Brigada nacional de búsqueda de familiares de personas desaparecidas de la Red de Enlaces, que inicia trabajos en Veracruz

brigada_desaparecidos-Foto Rosa Rojas8abr16Rosa Rojas

Sus herramientas son el dolor, el coraje por la impunidad, palas, picos y machetes y la indoblegable voluntad de demostrarle al gobierno la terrible crisis de derechos humanos que se vive en el país y que niegan las autoridades, así como el deseo de encontrar a sus hijos, hijas, hermanos, familiares desaparecidos que los llevó primero a encontrarse, a organizarse y ahora crear la Primera Brigada nacional de búsqueda de familiares de personas desaparecidas de la Red de Enlaces (PBNBFPDRE), que parte este 9 de abril hacia Amatlán de los Reyes, Veracruz.

«Vamos a desenterrar el horror que vive México; México es una fosa» señaló Mario Vergara, quien busca a su hermano Tomi «y a todos los desaparecidos del país porque sabemos que si encontramos huesos salvamos familias desesperadas por el dolor», señaló durante la rueda de prensa en la que participaron una veintena -mujeres y hombres- de «buscadores de desaparecidos».

En la conferencia, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (ProDH), hicieron un llamado al gobierno federal, al de Veracruz, a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, para que garanticen la seguridad de las personas integrantes de la PBNBFPDRE ante el riesgo que corren los familiares de desaparecidos que hacen tareas de búsqueda.

La  Red de enlaces se creó en 2014, en la PBNBFPDRE participarán buscadores de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. La red integra a más de 20 colectivos del país. Eligieron el Estado de Veracruz «porque ha puesto nuevamente al descubierto la emergencia humanitaria de dimensiones aún incuantificables que atraviesa México. Se tiene conocimiento de un número alarmante de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en tal entidad. Prácticamente en la totalidad de los casos prevalece la impunidad.»

La brigada estará en Amatlán de los Reyes hasta el día 22 abril. Eligieron ese poblado porque, informaron tienen la cobertura del párroco y además tres obispos de Veracruz apoyan sus trabajos; el municipio se ubica en la zona centro del estado, a cinco kilómetros de la ciudad de Córdoba.  En la primera etapa darán capacitación y posteriormente acompañarán grupos de búsqueda locales en la entidad. La brigada será acompañada por organizaciones de la sociedad civil, un equipo de documentación, medios de comunicación y personas solidarias.

En un pronunciamiento que fueron leyendo en forma alternada las y los participantes, hicieron un llamado a la sociedad a que rompa su silencio y a que se solidaricen con la brigada, como ha ocurrido en las entidades de donde provienen, para tener una cierta certeza de los lugares adonde se tienen que buscar restos de desaparecidos. Subrayaron que esa ha sido la mejor forma de ir descubriendo fosas y se comprometieron a no dar el nombre de ningún informante. Y además van a tener un número telefónico especial para recibir informes anónimos de dónde realizar las labores de búsqueda.

En Amatlán de los Reyes se verificará la información que se tiene sobre puntos de búsqueda y una vez que se cuente con un diagnóstico y un plan verificado por los diferentes equipos, se iniciarán las búsquedas en campo. Aseveraron que en la búsqueda de sus familiares han desenterrado a muchas personas y han desarrollado «las mejores habilidades de localización del país y hemos dado algo de paz a muchas familias entregando a sus seres queridos».

Respecto a los hallazgos que han hecho en sus búsquedas, los y las participantes informaron que en Iguala han recuperado 145 cuerpos y cientos de huesos; el grupo Vida Torreón ha encontrado 48 fosas en las que no saben cuántos cuerpos había, así como 30 tambos metálicos de 200 litros con agujeros que utilizan los malandros para incinerar los cuerpos de sus víctimas, además han identificado tres metodologías de desaparición. En Tamaulipas no hay un colectivo pero la familia que hace búsquedas encontró una fosa con 19 indocumentados muertos y otra en la región del Mante; hay unas 50 fosas alrededor de ocho campamentos, apuntaron.

Llamaron a las autoridades a que además de garantizar la seguridad de las personas integrantes de la brigada, tanto en la Iglesia donde se establecerá el sitio de trabajo como en las búsquedas, a que establezcan mecanismos y medidas pertinentes para qué, en caso de que existan hallazgos positivos, se resguarden los mismos, se evite el deterioro de los restos encontrados, la destrucción de evidencias y se proceda al diligente procesamiento de los lugares y restos y a la entrega de información de acuerdo con las disposiciones y protocolos existentes en la materia.

También pidieron a los organismos internacionales, organizaciones y personas solidarias que estén atentos a estas acciones. Instaron además a las autoridades para qué se evite criminalizar y obstaculizar esta labor, enfatizaron «que no se tiene la intención de hacer justicia por mano propia, de acusar o señalar personas, ni de obstaculizar investigación alguna».

«Dado el alto índice de desapariciones atribuidas a las policías estatales y municipales de Veracruz las medidas de protección deben ser ofrecidas por Policía Federal», añadieron. Solicitaron además el establecimiento de esquemas adecuados, participativos y eficaces en materia de cadena de custodia, registro fotográfico, resguardo y procesamiento de los posibles hallazgos, así como de identificación de personas.

Además la formalización de un mecanismo interinstitucional e interdisciplinario de colaboración entre las autoridades federales y estatales competentes, que debiera incluir la designación de agentes de investigación y equipo pericial suficiente y capacitado, tanto federal como estatal, y en que deben participar expertos independientes y, evidentemente, las familias.

«No somos limosneros de justicia», «no queremos hacerle el trabajo a las autoridades pero en nuestras búsquedas nos hemos dado cuenta de que si no buscamos nosotros a nuestros familiares nadie los va a buscar; queremos encontrarlos vivos pero si desgraciadamente no es así queremos encontrarlos, sepultarlos», «tenemos que llegar a este tipo de uniones de búsqueda… esperando la gracia de encontrar a nuestros hijos en cualquier circunstancia, sabemos que el Estado es el responsable» por acción o por omisión, subrayaron.

Julio Sánchez Pasillas, del grupo Viva de Torreón, Coahuila, informó que en 2015 se solidarizaron con Nuevo León, allá «nos dijeron los invitamos porque por años nos cansamos de perseguir a las autoridades para que buscaran a nuestros familiares si no buscamos nosotros nadie lo va a hacer». Esta búsqueda en Veracruz tiene la intención de buscar a personas de todo el país «mi hija no sé si esté viva o esté muerta pero si desgraciadamente está muerta puede estar en cualquier parte del país porque sabemos que los malandros se las llevan a todas partes» afirmó.

En Torreón, en Coahuila, los chiveros (que cuidan chivos) «son fuente de información excelente y hemos encontrado fosas como no se imaginan. En una tenemos ocho meses buscando porque cada vez que vamos encontramos restos humanos. Como los queman en tambos hemos encontrado huesos, dientes, un pedacito de pantalón; a veces nos acompaña el ejército, la PGR, la Policía Científica; cuando una fuente nos da alguna información de algún lugar vamos y checamos el sitio, los caminos más accesibles, dónde se van a poner los vigilantes porque luego hay malandros todavía; si encontramos una fosa clavamos una banderita, si anda la Policía Científica con nosotros ellos delimitan el área» explicó.

Roberto Villanueva, coordinador del Programa de atención a víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, informó que este programa se ha ampliado a partir de uno de identificación humana con especialistas en genética y antropología forense. El programa acompañará a la brigada para dar seguimiento al proceso. «Para la UAEM  la postura es vivos se los llevaron vivos los queremos» pero las familias en Iguala llevan más de 100 cuerpos recuperados por lo que se busca colaborar en la identificación de los restos encontrados.

En esta primera brigada nacional participan la Red de Enlaces Nacionales; Asociación unidos por los desaparecidos de Baja California; Justicia para nuestras hijas de Chihuahua; Colectivo de familias de desaparecidos Orizaba -Córdoba, Veracruz; Grupo vida de Coahuila; los Otros desaparecidos de Guerrero y Voces unidas por la vida-Sabuesos, de Sinaloa.

Como observadores participarán el Centro ProDH; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto Mexicano de derechos humanos y democracia; pastoral social de la provincia eclesiástica de Xalapa, VeracruzRed Retono.

 

 

 

 

 

 

 

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La REMA llama al gobernador de Guerrero a ser defensor del pueblo y no mediador, en el conflicto del bloqueo a la mina Media Luna por daños al medio ambiente y la salud

 

Rosa Rojas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), conminó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a «evitar hacer declaraciones sin tener  una mínima idea» de la contaminación que producen los proyectos mineros, luego de que el mandatario declaró que la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources (TGR), «no genera daños a la salud ni al ambiente» por lo que llamo a los pobladores que desde el 30 de marzo la tienen bloqueada a no poner en riesgo «tan importante proyecto».

Avecindados y pescadores de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición y Real de Limón, municipio de Cocula, decidieron bloquear los accesos a la Media Luna reclamando una indemnización por la contaminación ocasionada por la minera, así como el cumplimiento de una serie de compromisos firmados por la empresa desde 2014, que afirman han sido incumplidos.

El 4 de abril, el gobernador Astudillo hizo las declaraciones que cuestionó REMA en un comunicado. El 6 de abril hubo negociaciones, en Nuevo Balsas, de los inconformes con representantes de la empresa y funcionarios del gobierno estatal como «mediador». De entrada los representantes de la minera exigieron que se levantaran los bloqueos para reiniciar el diálogo, suspendido al inicio de éstos.

Al respecto la REMA señaló que ahora son los pobladores de Nuevo Balsas quienes se ven obligados a realizar acciones organizativas de fuerza, «porque como siempre sucede, nadie los escucha y los empresarios muestran el enorme desprecio que les tiene al negarse a establecer algo básico entre la gente: el diálogo, para resolver peticiones concretas; son las y los habitantes quienes salen a los medios para externar su queja, pidiendo ayuda del gobierno, pero sucede que nuestros gobernantes en vez de atender los reclamos sociales, lo cual es su responsabilidad primordial, salen a defender los intereses de los empresarios mineros».

La organización le recomendó a Astudillo que se busque «un buen asesor» sobre el complicado tema de la minería porque «las y los habitantes de Nuevo Balsas tienen razón: ´La mina los extermina´ y en ese contexto, el gobierno no debe ni puede ser mediador; debe ser defensor pleno de los derechos e intereses de las comunidades pues para ellos gobierna tanto usted señor gobernador como todo su gabinete. Para nosotros es impensable que cada que defienden a una empresa lo único que muestran sea ignorancia y sometimiento a los intereses económicos» sostuvo la REMA.

Respecto a la reunión del 6 de abril, el diario El Sur de Acapulco reportó que los directivos mineros exigieron a los inconformes un estudio que demuestre que la mina está ocasionando daños ambientales, «y que si la minera es responsable aceptaría una sanción por parte del gobierno». Le respondieron que la minera se había comprometido en septiembre pasado a hacer el estudio ambiental, pero no cumplió. El subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel, dijo a los representantes de las comunidades que mantienen la protesta, «que no comparte los bloqueos, pero que respeta su movimiento».

En el encuentro, los inconformes reiteraron sus denuncias de que los trabajos de la minera están contaminando el agua del río y el aire, lo que ha ocasionado enfermedades respiratorias entre la población, sobre todo entre los niños, además de que por las detonaciones y la contaminación del río Balsas se han ahuyentado los peces, y si hace cuatro años pescaban hasta 200 kilos semanales, ahora capturan sólo 20 kilos. Por ello una de las demandas principales es una indemnización de 500 mil pesos anuales como reparación del daño a los pescadores.

Por su parte el diario guerrerense Enfoque Informativo indicó que en 2012, «al enterarse que se estaba produciendo oro (en la mina Media Luna) los grupos criminales empezaron a hostigar a los pobladores creyendo que cobraban los beneficios de la minera, al grado de secuestrar a ciudadanos de Nuevo Balsas que conformaron grupos de autodefensa para hacer lo que el gobierno no hacía».

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México vive una aterradora crisis de derechos humanos

Rosa Rojas

La crisis de derechos humanos que vive México da miedo. Desgraciadamente esta afirmación no es ninguna exageración: basta escuchar algunos noticieros de radio y televisión, leer algún periódico, incluso los que son proclives a los gobiernos nacional y locales, para constatarlo.

En muchos países un gobernador como el de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya habría sido destituido por sus ataques a periodistas y su incapacidad, por decir lo menos, para enfrentar la inseguridad, los crímenes, desapariciones y violaciones que han venido sucediendo en esa entidad: los últimos reportados implican a policías municipales en la desaparición de tres jóvenes en Papantla, lo que lo llevó a decidir que en ese municipio opere el mando único encabezado por la policía estatal, implicada a su vez en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, que fueron asesinados e incinerados en el rancho El Limón. Están además las violaciones contra dos jovencitas, con videograbación de por medio que para colmo fue subida a internet, en las que la procuraduría de justicia de esa entidad ha sido tolerante hasta un grado que algunos califican de complicidad con los juniors perpetradores.

La Jornada informó el jueves 31 de marzo que en diferentes circunstancias, 16 estados han realizado la solicitud de alerta de violencia de género pero sólo se ha declarado en dos, el estado de México y Morelos. Al respecto, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, Alejandra Negrete, dijo que la violencia contra las mujeres en México no es ficción ni un asunto de entretenimiento; los feminicidios ocurren todo el tiempo en el país por lo que es urgente enviar un mensaje para que ello no se vea como normal,

El mismo día se informó que de 2012 a 2014 el número de niñas y adolescentes desaparecidas de entre 0 y 17 años aumentó 191 por ciento, al pasar de 404 a mil 179, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En Morelos la Fiscalía General ordenó inhumar más de 150 cuerpos en fosas comunes en Tetelcingo. El hallazgo de fosas comunes es frecuente no sólo en esta entidad sino en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, prácticamente en todo el país,  algo que es aterrador. La Procuraduría General de la República admitió en Guerrero, en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, desde octubre de 2014 se han hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas en el sur de esa entidad. ¿Y las investigaciones? ¿las hay?.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron por otra parte que la masacre de Tlatlaya, Estado de México en la que militares ejecutaron 22 personas «se encamina a quedar impune» luego de que un juez militar absolvió del delito de «infracción a sus deberes militares» a soldados acusados de participar en dichas ejecuciones. Hay que recordar que en julio de 2015 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que en ese caso hubo una orden de operaciones para «abatir delincuentes en horas de la obscuridad». La ong aseveró que la PGR no ha citado a ningún mando militar para aclarar si dicha orden es parte de los «deberes militares».

Así podríamos continuar recogiendo cientos de notas de casos como los que a vuelo de pájaro hemos ido enumerando. Pero ya el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza calificó la situación con una acertada frase: México está entrando «en una regresión autoritaria», dijo, al comentar el inicio de una investigación previa por una denuncia penal en su contra, luego de que la CIDH emitiera un comunicado en el que rechazó los ataques en contra del mexicano así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por el caso Ayotzinapa.

El ex ombudsman de la Ciudad de México calificó como «inaudito» que se le investigue y que el gobierno de México participe en lo que llamó una campaña de desprestigio contra el GIEI después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH y cuestionó: «si el gobierno mexicano ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país».

Bueno, ya la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentó en un estudio que se está presentando al público en estos días, que al menos 49 % de las defensoras de Derechos Humanos han padecido violencia psicológica; violencia patrimonial el 8.1%; robo el 11.6%; violencia física el 7%; económica el 4.7%; sexual el 2.3% y otras formas de violencia el 4.7 por ciento.

 

 

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Marcharán el 4 de abril, en Los Angeles, California, trabajadores de El Super, filial de Chedraui, por salario justos y prestaciones

Rosa Rojas

Trabajadores de tiendas El Super, ubicada en la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos -flilial del Grupo Comercial Chedraui (GCCH)de México, tercera cadena de tiendas minoritas más grande de México- marcharán este lunes 4 de abril para exigir un contrato justo. Se espera que participe unas mil personas, entre ellas la alcaldesa de Huntington Park, Graciela Ortiz.

En un comunicado los trabajadores de El Super, que son representados por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), informaron que la marcha se efectuará al mismo tiempo que los accionistas y directivos del (GCCH) llevarán a cabo la reunión anual de Junta de Directores en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde nació esta cadena de tiendas.

Los manifestantes partirán de una de las tiendas El Super en el Sur de los Angeles a otro de los supermercados en Hungtinton Park. Los trabajadores sindicalizados de siete tiendas El Super del Sur de California, han estado luchando por un contrato justo desde septiembre del 2013. El Super opera comercialmente bajo la administración de la Corporación Bodega Latina, cadena de supermercados con 54 tiendas en Estados Unidos.

Informaron que en diciembre del 2014, las secciones sindicales de UFCW que representan a los trabajadores, iniciaron un boicot de consumidores a nivel nacional «en protesta por las prácticas laborales injustas de la compañía y el maltrato a los trabajadores».

Aseguraron que dicho boicot ha tenido un gran impacto «ya que directamente ha abordado a más de dos millones de consumidores y ha contribuido a que la empresa registre ventas negativas en los mercados El Super durante el 2015, primera vez que la compañía reporta ventas negativas desde que comenzó a reportar sus resultados financieros en el 2010».

Los trabajadores de El Super piden que la compañía comparta la prosperidad que ellos han contribuido a crear con su trabajo. De hecho, a pesar de que Chedraui reportara ventas netas de 4.5 billones de dólares en el 2015, con una gran parte aportada por las ventas en Estados Unidos, «la empresa no paga a sus trabajadores un salario justo, como tampoco les ofrece seguro médico accesible ni les proporciona suficientes horas de trabajo que les permita sostener a sus familias. Los trabajadores de El Super y su sindicato UFCW precisamente exigen eso: pagos justos, suficientes días por enfermedad pagados, protecciones por antigüedad más fuertes y 40 horas garantizadas para los empleados de tiempo completo».

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Demandan organizaciones sociales que el IFT suspenda campaña contra radios no concesionadas y promueva regularización de transmisiones

Rosa Rojas

Un rotundo rechazo su rechazo a la campaña “criminalizadora”, con frases como “Se busca por robo”, emprendida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diversos medios de comunicación contra estaciones de radio no concesionadas como las comunitarias, manifestaron diversas organizaciones de comunicación e indígenas.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)- México detalló en un comunicado que en días recientes, junto a las noticias de cierres de radios no concesionadas, de la aprehensión de personas en esos operativos y de la incautación de sus equipos de transmisión, se publicaron spots en las radios comerciales y un “amarillista” desplegado a media plana y a todo color en periódicos de importancia de todo el país suscrito por el IFT, criminalizando las transmisiones de dichas estaciones.

La organización llamó al IFT a suspender dicha campaña, a liberar de cargos a las personas detenidas, a devolver equipos y materiales incautados y a establecer un diálogo abierto y franco con los medios no concesionados sobre las ventajas de su regularización.

Apuntó que “Es muy lamentable que el IFT, un órgano autónomo en teoría creado para la administración del espectro en forma independiente a los grupos de interés, presida esta campaña con las frases que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha utilizado para denostar, desacreditar y también criminalizar a otras manifestaciones de expresión”.

La AMARC, conjuntamente con Redes para la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad; la Agencia Internacional de Prensa Indígenas; la Comisión de Seguimiento del Congreso  Nacional de Comunicación Indígena y  Ojo de Agua Comunicación,  envió además una carta al Coordinador General de Comunicación Social del IFT en la cual le advierten que la campaña: “SE BUSCA POR ROBO: Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos” contiene “información falsa que contribuye a la violación de derechos humanos fundamentales, además de que incurre en infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” y otras disposiciones similares, así como el propio estatuto Orgánico del IFT.

Subrayan que “información falsa como la que aparece en la publicación referida, alienta violaciones a Derechos Humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que, alegando delitos del orden común, se han arrogado funciones de la autoridad federal para allanar medios de comunicación que les son incómodos, atentando contra el ejercicio de la libertad de expresión e información”.

La AMARC en su comunicado señala que “esta agresiva campaña del IFT, desacata las recomendaciones hechas por expertos en Derecho Internacional sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión, así como las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el documento “Estándares de Libertad de Expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, aprobado en 2009, recomendó a los Estados partes que “La regulación sobre radiodifusión sólo puede contemplar aquellas restricciones que sean necesarias, idóneas y proporcionales para lograr la finalidad que se persigue” y que “la protección de ciertos derechos vulnerados por el ejercicio de la libertad de expresión por medio de sanciones penales resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática”.

Además, subraya, el secuestro de equipos utilizados es violatorio del Artículo 7 constitucional que advierte: “En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito”.

Menciona que la CIDH reconoce la potestad que tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión de manera que se cree un marco en el cual sea posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión por la más diversa cantidad de grupos o personas, de forma tal que se asegure al mismo tiempo que esta facultad no será usada como forma de censura y que se garanticen la diversidad y la pluralidad.

La AMARC cuestiona “¿Qué ha hecho el IFT para demostrar que con la nueva LFTR existe igualdad de condiciones para el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de medios, qué políticas públicas de inclusión social ha adoptado para apoyar a los medios indígenas y comunitarios, qué recursos de diálogo ha adoptado para garantizar seguridad en el ejercicio de la libre expresión antes de pasar a emplear políticas persecutorias? Sin vocación democrática, las respuestas a estas preguntas se suplantan con la represión”.

Advierte que las acciones de criminalización de la libertad de expresión en las condiciones actuales “sólo abonan a aumentar la crispación social, en un país donde la distancia entre la pobreza y la riqueza extremas se torna cada año más abismal y ofensiva”.

En la carta enviada al responsable de Comunicación del IFT el 28 de marzo -de la que hasta hoy no se había recibido respuesta- las organizaciones le hacen notar que si bien el uso de espectro radioeléctrico de uso determinado sin concesión, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, constituye una infracción prevista en el artículo 298, “no existe tipo penal alguno aplicable a dicha conducta y mucho menos equiparable al robo”. Mencionan igualmente que la incautación de equipos  contraviene el segundo párrafo del artículo 7º Constitucional pues en ningún caso pueden secuestrarse bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito.

Añaden que aunque los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales han sido utilizados para tratar de inculpar a comunicadores comunitarios alegando que el uso de espectro sin concesión cae en el supuesto tipificado por dichos artículos, “tal argumento resulta cuestionable, pues podría afirmarse que cualquier persona que usa una red Wi Fi, caería en este supuesto, o que habría que enviar a la cárcel a comunidades enteras que han decidido instalar una emisora de radiodifusión.

Asimismo que si se busca que los medios que no cuentan con concesión funcionen de acuerdo al marco normativo vigente, añaden, esto podrá alcanzarse facilitando información que contribuya a ello e impulsando las obligaciones de pluralidad de concesionarios existentes.

Por otra parte le recuerdan la obligación que tiene el IFT de fomentar el desarrollo de los medios comunitarios e indígenas, y en específico para el área de comunicación social, la de reservar el 1% de su presupuesto este tipo de medios, “lo que hasta ahora no ha sucedido”.

 

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