Archivo mensual: marzo 2016

Un 49 por ciento de defensoras de derechos humanos ha sufrido violencia sicológica; 26 fueron asesinadas de 2009 a 2012: CIDHMOR

Rosa Rojas

En medio de la crisis de derechos humanos que vive México se han recrudecido los ataques en contra de las y los defensores de derechos humanos sobre todo contra las mujeres defensoras -49 por ciento ha sufrido violencia sicológica- cuyo trabajo es invisibilizado y no reconocido y el responsable de esta violencia es el Estado, aunque no siempre sea perpetrada por actores estatales señaló Teresa Valdes,  asistente de la Secretaría de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos.

Durante la presentación de la segunda parte del estudio sobre la violencia contra las defensoras en 21 estados del país, realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMOR), Valdes precisó que esa responsabilidad estatal se debe a que no existen condiciones en México para defender los derechos humanos, tanto los propios como los de otras personas.

Cuando una defensora de derechos humanos (DDHs) sufre repercusiones negativas por su trabajo esto tiene un impacto entre la población porque genera miedo pero además obliga a la persona a defender su vida, lo que afecta su labor en defensa de los demás, apuntó, señalando que se requiere la participación de la sociedad organizada con las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones públicas para generar las medidas pertinentes para combatir esos ataques.

Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHMOR apuntó que este es el momento de construir nuevos caminos para proteger a las DDHs y acompañarlas en situaciones de riesgo y violencia. Informó que en Morelos se ha constatado que el gobierno se limita dar acompañamiento policiaco por lo que muchas defensoras dicen que no denuncian la violencia que enfrentan porque quieren hacer su labor sin ser acosadas por su trabajo. Se requerirá entonces sumar solidaridades porque es la única forma de presionar al gobierno para que tome otras medidas, añadió.

Paloma Estrada, coordinadora del citado estudio, informó que además de fuentes documentales se realizó una encuesta a 86 defensoras en 20 estados del país. De las encuestadas el 49%  respondió que sí ha sufrido algún tipo de violencia psicológica; violencia patrimonial el 8.1%; robo el 11.6%; violencia física el 7%; económica el 4.7%; sexual el 2.3% y otras formas de violencia el 4.7 por ciento.

De acuerdo al estudio, «en marzo de 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró 109 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos durante 2012 y 26 asesinatos de defensoras en el periodo 2009 – 2012», de los cuales en Guerrero hubo 8, Chihuahua 7 y el Distrito Federal 5. La investigación señala que los agresores son en su mayoría, agentes del Estado con 23.1%.

Las defensoras no han sido agredidas sólo por agentes del Estado sino también de los poderes económicos. Como se encontró en el estudio realizado en 2014, la principal forma de violencia es la sicológica que incluye amenazas, hostigamiento, acoso, difamación a través de la prensa o medios de comunicación alternativos vía internet.

Hay  sobre todo un énfasis en la difamación y descrédito de las mujeres defensoras utilizando los medios de comunicación, que  como recoge el testimonio de Andrea Medina en el estudio: «no hay nada en el movimiento ni socialmente, que permita apoyar para remontar esa difamación que se ha hecho, y que es algo que se vive con muchísima soledad» e impotencia.

Los principales temas que trabajan las defensoras agredidas son derechos de las mujeres y derechos sociales y económicos que tienen que ver con el derecho a la tierra y el territorio. De ahí que los ataques provengan también de personeros de las empresas a las que se les han entregado concesiones para la explotación de recursos naturales.

Mencionó Estrada que en Morelos desde junio 2012 hay un mecanismo de protección para defensores de DH y periodistas y cinco meses después empezó a funcionar el mecanismo de protección.

«Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados el mecanismo y no eran sometidos a evaluación de riesgo; que las medidas que se debían asegurar a las DDHs y periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/las. Además persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre gobierno federal y los gobiernos estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el mecanismo», detallo la CIDHMOR en un comunicado.

Estrada apuntó que el estudio hecho ahora incluye la propuesta de un protocolo para la operación del Mecanismo de Protección que podría ser uno de los ejes para la elaboración de las bases de uno nacional. Este incluye un análisis a partir del decreto de creación del Mecanismo en Morelos y tiene que ver con la recepción, seguimiento y finalización de los mecanismos de protección a DDHs y periodistas, incluyendo un análisis sicosocial de riesgo desde una perspectiva feminista.

Asimismo la tipificación del tipo de violencia que sufren las DDHs como la sexual; análisis de las necesidades de infraestructura y operativas porque actualmente no hay un sitio donde esté el mecanismo, no hay una línea telefónica para atención ni dónde se resguarden los expedientes.

Estrada señaló que del estudio de 2014 se derivaron algunas recomendaciones a las autoridades nacionales y estatales, ninguna de las cuales se cumplió; una de ellas es dar puntual seguimiento a los casos de feminicidio para que se haga justicia, porque ejemplificó, el caso del asesinato de la defensora Digna Ochoa sigue impune. En 2016 ya hay dos homicidios registrados, uno de una defensora y otro de una periodista; en Colima esta semana fue agredida Esperanza Zalazar Zenil, de Bios Iguana y ahora está siendo acosada; son las defensoras que se ubican en poblaciones apartadas las que tienen mayor vulnerabilidad, aseguró.

Manifestó que es necesario hacer presión para proteger a las defensoras mediante la denuncia y pidiendo el apoyo a organizaciones y personas y solidaridad a los medios de información.

Valdes por su parte denunció que aún con medidas precautorias sigue habiendo agresiones en la mayor parte de los casos de defensoras que han sido agredidas. Hay continuidad en el tiempo de las violaciones y agresiones, lo que mina el trabajo y en varios casos incluso lo abandonan.

Estrada mencionó que en el caso concreto de Morelos hay presión sobre las periodistas «para despedirlas a la hora de que hacen preguntas incómodas a los funcionarios. Tenemos varios despidos -violencia laboral- y las fichan por hacer esas preguntas. Afortunadamente también hay medios solidarios», acotó.

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El gobierno de Colima debe hacer cumplir la ley contra agresores que buscan apoderarse del balneario Ojo de Agua: Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan

Rosa Rojas

El gobierno del estado de Colima debe hacer cumplir la ley y los compromisos firmados ante sus propios funcionarios y desalojar del balneario Ojo de Agua, de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, al grupo de opositores al Comisariado de Bienes Comunales (CBCZ) y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio (CIDTZ) que bloquean el camino desde el pasado día 25, cuando atacaron a pedradas a miembros del grupo del comisariado con saldo de siete personas heridas de gravedad.

Así lo señaló  Jesús Santos, integrante del CIDTZ, quien en entrevista vía telefónica precisó que dicho ataque fue perpetrado por seguidores del ex comisariado de Bienes Comunales Carlos Guzmán, quienes bloquearon el camino al balneario impidiendo la salida de turistas, por lo que miembros del Consejo y del CBCZ intervinieron para desbloquearlo, lo que hizo que la gente de Guzmán los atacara a pedradas.

Después de ese incidente, el sábado 26 hubo una reunión con el Secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa, en la que estuvieron el presidente del CBCZ, Taurino Rincón Lorenzo, así como del CIDTZ y de Carlos Guzmán, en la que «el gobierno presionó» para que se acordara que en la administración del balneario -que ha estado en manos del Comisariado como corresponde legalmente-  participen tres miembros del grupo de Guzmán y tres del Comisariado, pero «como trabajadores, no en el manejo de los ingresos del balneario. Se hizo el convenio y el Secretario de Gobierno dijo que si no se respetaba él iba a mandar a los antimotines a quitar a los que estaban bloqueando el camino», informó Santos.

Sin embargo, el domingo 26 Guzmán y su gente rechazaron el convenio firmado «pero el Secretario de Gobierno rompió su palabra y no los desalojó», ahora en el bloqueo del camino está también un grupo de policías estatales.

Santos mencionó que el lunes 28 el Secretario de Gobierno convocó a un nuevo diálogo  para proponerle a Taurino «que se elija al administrador del Ojo de Agua. Taurino dijo que él no se iba a prestar a su juego, que el Comisariado de Bienes Comunales tiene el derecho de administrarlo y no lo va a ceder y que si el gobierno no cumplió el primer compromiso de desalojo qué garantiza que cumpla un nuevo convenio», apuntó.

De acuerdo al Observatorio Social de Occidente, el presidente del Comisariado, Rincón Lorenzo, mencionó que las autoridades estatales no han cumplido con su obligación de resolver la problemática que mantienen los dos grupos de habitantes, puntualizando que el gobierno estatal tiene que hacer entender al grupo que mantiene bloqueado el ingreso al balneario que no les respalda la razón, además de que se está incurriendo en diversas faltas y violentando la seguridad de habitantes y de quienes visitan el centro recreativo.

Puntualizó que tiene que respetarse su personalidad jurídica, ya que están reconocidos por el Registro Agrario Nacional (RAN), con nombramiento ante autoridades federales, estatales y municipal.

Destacó que se presentará una denuncia en contra de las personas que violentaron la seguridad y que agredieron en su mayoría a mujeres de la tercera edad habitantes de la comunidad. Además que en caso de que pueda suscitarse algún incidente, la responsabilidad será del gobierno estatal el cual, afirmó, no ha resuelto nada desde tiempo atrás, siendo solamente un observador.

Se deslinda Bios Iguana

Por su parte la organización ambientalista Bios Iguana se deslindó del ataque a pedradas ocurrido en Zacualpan, luego de que el gobierno colimense en un comunicado informara que “se dio un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios Iguana”.

Bios Iguana -que ha estado asesorando la lucha de la comunidad de Zacualpan contra las dos concesiones mineras por 50 años que se otorgaron sobre su territorio sin consultarlos- negó que hubieran estado en el ataque en Zacualpan y denunció a su vez en un comunicado que el gobierno de José Ignacio Peralta retoma el argumento del anterior gobernador, Mario Anguiano, contra la organización para que la opinión pública crea que ellos son los que promueven la violencia en la comunidad, buscando criminalizar su lucha social en defensa del territorio y de los derechos humanos.

“Rechazamos contundentemente la afirmación de que miembros de nuestra organización estuvieron presentes en la comunidad durante el conflicto del pasado 25 de marzo”,  aseveró Bios Iguana rechazando «enérgicamente que el Gobierno del Estado nos quiera utilizar como pretexto para evadir su responsabilidad no solo de no haber actuado para evitar la violencia, sino para querer desviar la atención de la clara intervención y apoyo que han venido ofreciendo al grupo agresor”.

La organización sostuvo que el Gobierno estatal debe garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos y no argumentar que se conduce con “neutralidad” en el conflicto. Además responsabilizó a Peralta Sánchez de cualquier daño que pudiera ocurrirle a integrantes del CIDTZ o de Bios Iguana.

A su vez la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) repudió el regreso de la violencia contra miembros del CIDTZ -integrante de la red- y recordó que el grupo de Carlos Guzmán «ha intentado, sistemática e ilegalmente, recuperar el control del balneario Ojo de Agua que es propiedad comunal para manejarlo como lo venían haciendo antes de febrero del 2014; bajo una lógica privada y sin ningún tipo de rendición de cuentas hacia la Comunidad Indígena de Zacualpan».

Mencionó que este episodio de violencia «ocurre también en el marco de la destitución, por parte del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria, de su delegada en Colima, la señora María Elena Díaz Rivera, por acusaciones de abuso de poder, calumnias y amenazas en contra de la Comunidad Indígena de Zacualpan».

La REMA exigió la inmediata intervención de las comisiones Estatal de Derechos Humanos; Nacional de Derechos Humanos e Interamericana de Derechos Humanos, para que, en el uso de sus facultades, «intervengan para detener de manera definitiva la violación sistemática de derechos ejercida hacia los miembros de su red en Colima»; que las autoridades investiguen los hechos denunciados y se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables.

 

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La SRE «no está haciendo lo suficiente» para rescatar a Gustavo Castro de Honduras afirma su abogado; la Red Iberoamericana de Jueces pide se le permita volver a México

Rosa Rojas

Este es el momento para que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu o directamente el presidente Enrique Peña Nieto, establezcan comunicación con el presidente de Honduras,  Juan Orlando Hernandez y le demanden la aplicación del Tratado de Cooperación Jurídica que hay entre ambos países para que se permita salir de aquel país a Gustavo Castro, testigo y sobreviviente del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, quien al ser retenido está siendo sometido a «violaciones permanentes» a sus derechos humanos, afirmó su abogado defensor, Miguel Angel de los Santos.

«Sentimos que la Cancillería mexicana no está haciendo lo suficiente» para rescatar a Castro Soto cuya vida se encuentra en riesgo mientras esté en territorio hondureño «y así se lo hicimos saber enfáticamente a la directora de Asuntos Mexicanos en el Extranjero, Reyna Torres», con quien se entrevistaron este viernes el propio abogado y representantes del Instituto para los Derechos Humanos y Democracia; la organización Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Se le pidió directamente a la funcionaria se solicite al gobierno de Honduras la aplicación de dicho tratado porque la Cancillería mexicana no lo ha hecho; ella explicó lo que se ha hecho «pero la última comunicación que enviaron al Fiscal de Honduras la respondió el funcionario sin hacer referencia al tratado, lo que sugiere que no se ha pedido su aplicación. La respuesta del Fiscal es de fecha 11 de marzo pero fue recibida en la embajada mexicana hasta el día 17… y en ella el Fiscal sugiere que el testigo se acoja al Programa de Testigos Protegidos pero eso haría que Castro Soto pasara al cuidado de las autoridades de Honduras», explicó De los Santos.

Informó que la directora Torres contestó que «hay que esperar tiempos razonables, aplicar el protocolo… los tiempos razonables son ahora -afirmó el abogado en entrevista- porque Castro Soto lleva ya 15 días retenido -de los 30 que impuso la jueza- y Honduras no está respondiendo la petición de que se levante la alerta migratoria con la urgencia que el caso amerita», porque además viene el periodo de descanso de Semana Santa. Indicó que Castro está alojado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa, como parte de las medidas cautelares que se le solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la SRE para su defendido.

Por eso, dijo, además le pidieron a la CNDH que amplíe dichas medidas cautelares y que le solicite a la Cancillería que pida expresamente a Honduras la aplicación del tratado mencionado. De los Santos apuntó que además se entrevistaron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, con similares demandas.

De los Santos mencionó que lo que está pendiente legalmente es que esta semana se presentaron en Honduras tres recursos jurídicos: una solicitud de reconsideración al Fiscal para que retire la orden de retención de Castro porque el ya aportó todas las pruebas que podía, pues participó en 10 diligencias ante el Ministerio Público y cuatro ante la juez; además, dijo, la medida cautelar la pidió la Fiscalía y la puede retirar cuando ya no es necesaria.

El segundo recurso es un amparo ante la Sala de Apelaciones de Comayagua en el que solicitan se suspenda provisionalmente la resolución de la juez para que Castro pueda salir; mientras tanto van a revisar en dicha sala la citada medida de retención.

El tercer recurso es un habeas corpus ante la Corte Constituyente de Tegucigalpa para que se revise si la citada resolución de la juez cumple con las disposiciones de la Constitución de Honduras y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Además de esos tres recursos, un cuarto recurso sería precisamente que se aplique el citado tratado de Cooperación Jurídica, de marzo de 2004, apuntó. Subrayó que aunque Castro Soto está bajo la protección de la embajada mexicana en Honduras, la lentitud con la que ha actuado la SRE ahora, contrasta «con la celeridad con que se atendió un caso ocurrido recientemente en un país europeo».»Es un trato inhumano» el que se le está dando a Gustavo Castro por la incertidumbre jurídica en que está, prácticamente detenido en Honduras, convaleciente de las heridas que le causaron durante el asesinato de Berta Cáceres, el que le afectó profundamente dada la cercanía que tenían, y sin poder reunirse con su familia.

Por su parte la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), en una declaración sobre la situación de Castro Soto, manifestó su preocupación por  el hecho de que no se le brinde a éste el trato correspondiente al de haber sido víctima de un intento de homicidio y testigo de la dramática muerte de Cáceres, «y, por el contrario la retención injustificada e innecesaria que se le ha impuesto, produce afectaciones psicológicas derivadas de la incertidumbre y los intentos de la Fiscalía General por mantenerlo bajo su custodia».

La RIJ, con sede en Chile, se sumó a las peticiones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y diversos mecanismos universales  de protección de los derechos humanos, en el sentido de que el Estado de Honduras debe garantizar la seguridad e integridad de Castro Soto mientras se encuentre en el territorio hondureño, y retirar la alerta migratoria lo antes posible para que pueda volver a su país, desde donde podría continuar colaborando con la investigación.  Subrayó que las circunstancias en que éste se encuentra configuran violaciones a sus derechos humanos.

La RIJ, de la que también es parte De los Santos, quien fue comisionado por ésta para trasladarse a Honduras, exigió al gobierno de ese país la investigación pronta y eficaz, apegándose al estándar internacional en materia de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, que conduzca al procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales  involucrados en el crimen. «En el desarrollo de esta investigación, y dado la condición de defensora de los derechos humanos de la víctima, también les solicitamos agotar profundamente la línea de investigación que sugiere que el crimen se encuentra relacionado con su actividad como activista».

Añadió que «la incierta situación de Castro Soto se ha visto agravada por una decisión arbitraria y por demás contraria al derecho al debido proceso, tomada por la Jueza Victorina Flores, al suspender el ejercicio profesional de la abogada de Castro Soto, privándolo con ello de su elemental derecho a una defensa efectiva» por lo que instó al Consejo de la Judicatura de Honduras a investigar la actuación de la jueza Victorina Flores, «con la finalidad de determinar las responsabilidades que de su injusta determinación pudieran surgir».

La RIJ agregó que lamenta «reconocer que el asesinato de Bertha Cáceres y la situación de Gustavo Castro, constituyen un claro reflejo de la debilidad del Estado de Derecho, los niveles de impunidad en el país, y una voluntad incierta con la observancia de los derechos humanos» e instó  al estado hondureño a solicitar a los organismos pertinentes, la instalación urgente, en Honduras, de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, «que asegure un acompañamiento internacional a la necesidad de una justicia pronta y castigo a los perpetradores. Esta instancia aseguraría a la comunidad internacional, de que el estado hondureño está comprometido con el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables».

 

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Representantes de organizaciones de la sociedad civil participarán en el Senado en la redacción del dictamen de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición

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Las comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado accedieron a que representantes de organizaciones de derechos humanos y de víctimas se incorporen al equipo técnico que redactará el dictamen de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición, informó Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México. La primera reunión de metodología es este viernes 18 de marzo.

Explicó que una comisión de integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (CCDF) fue recibida luego de la marcha realizada este jueves para exigir su incorporación a la comisión redactora del dictamen para que sus propuestas sean incorporadas en la iniciativa. Por la Comisión de Justicia estuvo el presidente, senador Fernando Yunes; por la de Derechos Humanos, su presidenta, senadora Angélica de la Peña y por la de Gobernación el secretario técnico, Publio Rivera.

En la reunión se acordó que representantes de la CCDF -se está pidiendo que sean dos- se incorporarán a la comisión redactora como expertos de la sociedad civil, indicó Cerezo.

Comentó asimismo que representantes de  otros colectivos de la sociedad civil también tendrán participación en esa labor. Aparentemente serían siete los que participarán en la comisión técnica para el dictamen de la iniciativa.

La CCDF demanda a los senadores que se retomen las propuestas contenidas en la iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada -respaldada por 274 organizaciones- que fue elaborada por las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos, misma que fue entregada al Senado desde el pasado 3 de septiembre de 2015.

Esta iniciativa contiene una serie de puntos que no están contemplados en la iniciativa presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual ya desde su título debe incorporar el concepto «desaparición forzada», para que esté acorde con los estándares internacionales,  indicó Cerezo.

Señaló que la iniciativa de Peña Nieto habla de «funcionarios o servidores públicos» cuando los estándares internacionales hablan de «agentes del Estado», lo que incluye también a miembros del ejército; se propone también en la iniciativa presentada al Senado por la CCDF crear un Instituto Autónomo Forense y se le destine un presupuesto específico para la aplicación de la ley porque en la iniciativa oficial no se le destina un presupuesto, una muestra de que, dijo, «hay falta de voluntad política» para atender este gran problema.

La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada está integrada por: el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

 

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Marcha la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada al Senado exigiendo participar en el dictamen de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición

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Rosa Rojas

Para exigir que las comisiones senatoriales responsables del dictamen de la iniciativa de Ley General contra la Desaparición incorporen a las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada (CCDF) en sus trabajos cerca de un centenar de personas realizó este mediodía una marcha del Hemiciclo a Juárez al Senado.

La CCDF demanda a los senadores que se retomen las propuestas contenidas en la iniciativa de Ley General contra la Desaparición Forzada -respaldada por 274 organizaciones- que fue elaborada por las víctimas, organizaciones populares, indígenas y de derechos humanos, misma que fue entregada al Senado desde el pasado 3 de septiembre de 2015.

Esta iniciativa contiene una serie de puntos que no están contemplados en la iniciativa presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual ya desde su título debe incorporar el concepto «desaparición forzada», para que esté acorde con los estándares internacionales,  indicó Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México.

Señaló que la iniciativa de Peña Nieto habla de «funcionarios o servidores públicos» cuando los estándares internacionales hablan de «agentes del Estado», lo que incluye también a miembros del ejército; se propone también en la iniciativa presentada al Senado por la CCDF crear un Instituto Autónomo Forense y se le destine un presupuesto específico para la aplicación de la ley porque en la iniciativa oficial no se le destina un presupuesto, una muestra de que, dijo, «hay falta de voluntad política» para atender este gran problema.

Añadió que aunque el Senado hizo en marzo tres foros regionales sobre el tema, «se insiste en diluir la responsabilidad del Estado por comisión y aquiescencia en las desapariciones forzadas y su responsabilidad por omisión en las desapariciones a manos de particulares», además de que el gobierno le ha insistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la mayoría de las más de 26 mil desapariciones que hay en el país han sido hechas por particulares.

Añadió que las organizaciones integrantes de la Campaña solicitaron reunirse con las cuatro comisiones del Senado – las de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Gobernación y de Justicia- que se encargarán de realizar el dictamen de la Ley General, para presentarles de viva voz la iniciativa citada e incluyan a la CCDF en la elaboración del dictamen.

Al filo de las 12.40 horas les informaron a los manifestantes que los recibiría el senador panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, por lo que se integró una comisión de representantes de seis organizaciones para reunirse con el legislador.

La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada está integrada por: el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

 

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El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón denuncia amenazas de represión por parte del gobierno oaxaqueño

Rosa Rojas

El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), denunció un nuevo intento de ingresar a su casa comunitaria por parte de elementos del gobierno oaxaqueño, el pasado 8 de marzo.

Este es el sexto incidente de ese tipo desde enero de 2014, detalló la organización en un escrito enviado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, al Congreso Nacional Indígena, a los integrantes de La Otra Campaña y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Informó que al filo del mediodía del 8 de marzo, cuando miembros del CIPO se encontraban en la casa comunitaria ubicada en Santa Lucia del Camino, Oaxaca realizando los trabajos previos al encuentro de mujeres “pariendo rebeldías” a realizarse los días sábado 12 y domingo 13 de marzo, dos personas intentaron ingresar al inmueble argumentando que iban de parte de la Secretaria General de Gobierno y de la Dirección de Patrimonio del Estado de Oaxaca, que les abrieran la puerta porque iban a entrar. Les contestaron que no tenían nada qué hacer ahí, insistieron unos siete minutos y se retiraron.

Detalló la organización diversos incidentes, tanto de vigilancia por parte de uniformados o intentos de ingresar pateando la puerta, como de gente vestida de civil que siguen a los dirigentes, les toman fotografías o llegan armados a la casa del CIPO RFM.

Mencionó que el 24 de noviembre de 2014, Roberto Mowers, asistente de Carlos Santiago Carrasco, actualmente Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, en ese entonces Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, en una mesa de trabajo entre el gobierno de Oaxaca y comunidades del CIPO-RFM expresó: “Hay voces dentro del gobierno que dicen que tal vez están apoyando a una organización que está guardando y equipándose de armas en la casa del CIPO RFM. (De estos hechos existe una averiguación previa ante la Fiscalía Especializada de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social numero 08/FIDTS/2015 mesa 7)».

Asimismo, que el 23 de octubre del 2015 «una patrulla de la policía estatal se detuvo en la puerta de la casa comunitaria de CIPO RFM, a través de las cámaras se trató de identificar a los ocupantes, sin embargo, al no poder decidieron salir. En ese momento uno de los elementos policiacos se dirigió al defensor Miguel Cruz y le dijo ´Que le valía madre que fuera el líder del CIPO, que también se iba para arriba´, nunca se identificaron, la patrulla tenía el número 01874 de la SSP con 6 elementos de arma larga».

Subrayó  la organización que las comunidades que integran el CIPO-RFM han ocupado ocupando esa casa comunitaria más de 11 años; en ella realizan asambleas, talleres de Derechos Humanos, reuniones con personas de otros países y de México, que han mantenido el inmueble con los tequios y las cooperaciones de las comunidades y de personas solidarias, «pero el gobierno del estado ha manifestado que es de su propiedad y ha venido realizando actos de hostigamiento, amenazas a los integrantes de la organización como se menciona en los antecedentes. Existen medidas cautelares número DDHPO/CA/337/(01)OAX/2015 dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pero el gobierno de Oaxaca no ha cumplido».

Informó que ante esa situación se decidió interponer una demanda en contra del gobierno del estado, el 25 de noviembre del 2015, con número de expediente 348/2015, ante la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Genoveva Dulce Javier Agustin, «quien a esta fecha sólo contesta que no hay lugar a nuestras promociones, todo indica que el poder Ejecutivo y el Judicial se niegan a resolver conforme al derecho que tenemos».

Ante esta situación la organización responsabilizó de cualquier «acto de represión» al Secretario de Administración, Alberto Vargas Varela; al Lic. Gabriel Morales Ronzón de la Dirección de Patrimonio, a Eréndira Cruzvillegas de la Coordinación de Atención de Derechos Humanos y al titular del Ejecutivo del Gobierno de Oaxaca y llamó a personas de todo el mundo a realizar alguna actividad como llamadas telefónicas o envío de cartas a los funcionarios «para repudiar la actitud del gobierno de Gabino Cue Monteagudo y exigirle cumpla con las medidas cautelares y atienda la demanda civil interpuesta por los representantes de la organización en vez de seguir con el hostigamiento a la casa comunitaria del CIPO RFM y de sus integrantes».

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Organizaciones sociales solicitan construir un «acuerdo político» Honduras-México que permita el retorno del ambientalista Gustavo Castro

Rosa Rojas

Representantes de movimientos sociales mexicanos se reunieron esta tarde con el embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo, para solicitar se construya un acuerdo político que cancele la alerta migratoria por 30 días que impide al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, sobreviviente y testigo del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, regresar a México.

Miguel Mijangos, de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), explicó en entrevista que en la reunión -en la que hubo representación de Otros Mundos Chiapas -organización a la que pertenece Castro-; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y Amnistía Internacional, se le planteó al diplomático hondureño que existe técnicamente la posibilidad de construir un «acuerdo político» entre los gobiernos de ambos países para que Castro Soto pueda continuar colaborando desde México con la Fiscalía de Etnias de Honduras, responsable de la investigación del asesinato de Cáceres, sin que corra peligro su vida, como ocurre actualmente.

Para construir ese acuerdo en el orden diplomático se va a buscar que representantes de movimientos sociales mexicanos vayan a Honduras a entrevistarse con funcionarios de la Fiscalía de Etnias, de la Cancillería, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de ese país, por lo que le solicitaron al embajador Castillo su intervención para coadyuvar a concertar las entrevistas. «Hay disponibilidad del embajador a colaborar» al respecto, informó Mijangos.

Subrayó también que en el caso de Castro Soto «ha habido una total colaboración entre las dos cancillerías (la de México y la de Honduras) que ha facilitado que Gustavo siempre esté bajo la protección del gobierno mexicano» durante las diligencias judiciales.

El embajador Castillo sin embargo aclaró que en lo que respecta a la parte judicial, son dos órganos independientes, «la Fiscalía de Etnias considera que la alerta migratoria es pertinente porque el papel de Gustavo en la investigación no ha terminado» pero que aunque la alerta migratoria es por 30 días, puede concluir antes.

Mijangos informó también que le solicitaron al embajador hondureño que se le explique pormenorizadamente a Castro Soto y su defensa cuál es su situación legal dentro de la indagatoria judicial y de qué se trata el procedimiento de la alerta migratoria.

Añadió que el embajador hondureño reconoció el «gran efecto político» que le ha ocasionado a su gobierno el asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

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El gobierno mexicano debe tener una acción más enérgica para que Honduras permita al ambientalista Gustavo Castro, cuya vida peligra, regresar a México

Rosa Rojas

Una acción más enérgica por parte del gobierno mexicano ante el gobierno de Honduras para que le permita regresar de inmediato a México al ambientalista Gustavo Castro, cuya vida peligra al ser sobreviviente y testigo del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, demandaron organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

Libertad Díaz, de Otros Mundos Chiapas -organización a la que pertenece Castro-; Miguel Mijangos, de la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Gustavo Lozano, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y Sara Rafsky investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, en conferencia de prensa enfatizaron su preocupación por la vida e integridad física y sicológica de Castro, si bien reconocieron el apoyo y protección que ha recibido por parte de la embajada mexicana en Honduras, «que ha asumido el caso con bastante prontitud».

Informaron que esta tarde sostendrán una reunión con el embajador de Honduras en México, al que solicitarán que se cancele la alerta migratoria dictada contra Castro, quien resultó herido durante el atentado en el que Cáceres fue asesinada el pasado día 3 de marzo, y quien, dijeron, ha estado declarando ante las autoridades hondureñas desde que ocurrió el crimen.  Asimismo, que se le mantenga el estatus jurídico de «testigo protegido» y que cualquier declaración extra que tuviera que hacer la haga desde México.

Exigieron también que el estado de Honduras acate las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proteja a los integrantes del  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la familia de Berta Cáceres, cuyos hijos estaban fuera del país por amenazas recibidas y quienes tuvieron que volver al funeral de su madre.

Con Berta son cinco los dirigentes de COPINH que han sido asesinados por su lucha en defensa de la vida y los territorios indígenas. «En ese contexto tenían denuncias hacia la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. que pretende construir la hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque», señalaron. Mijangos apuntó que apenas hace una semana había habido un proceso de confrontación  con dicha empresa por la pretendida construcción de dicha presa y Berta denunció amenazas al COPINH.

Mencionó además que a Gustavo Castro  y a su defensa las autoridades judiciales hondureñas no les han explicado cuál es su función en el proceso, no les han querido entregar copia del expediente de investigación ni de sus declaraciones, acá no se tiene certeza de lo que se publicó en el sentido de que Castro habría declarado que se modificó la escena del crimen pero «sí sabemos que están involucrando a los compañeros del COPINH» y que a Gustavo en la primera etapa de sus declaraciones sólo le presentaron referencias del COPINH, «nos preocupa que haya un giro de la investigación y lo empiecen a criminalizar» a él mismo, señaló.

Lozano subrayó que en Honduras -como en México- «hay una debilidad institucional muy importante» y Gustavo y su defensa no tienen la certeza de un proceso que debería estar muy pautado y reglamentado». Ahora mismo no está en calidad de implicado «pero las cosas pueden cambiar… nos preocupa que por intereses ajenos el dedo acusatorio apunte hacia Gustavo», sobre todo porque el trabajo de Cáceres era político y en un primer momento, indicó Rafsky, las autoridades hondureñas hablaron de robo, después de crimen pasional», enfatizó que se requiere que las autoridades hondureñas enfoquen el caso en el trabajo político de Berta Cáceres.

Díaz explicó que Gustavo Castro estaba en Honduras preparando un foro sobre cuestiones de energía y las represas, que es parte del trabajo que realiza Otros Mundos Chiapas acompañando a indígenas, campesinos y ambientalistas amenazados por la minería -como la comunidad de Chicomosuelo contra la minera Blackfire- con talleres de formación sobre los impactos del modelo extractivista y capitalista.

 

 

 

 

 

 

 

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