La crisis de desaparición forzada en México se refuerza por la impunidad señala Amnistía Internacional

Rosa Rojas

“En México cualquier persona puede desaparecer de cualquier lugar” afirma la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) en el informe “Un trato de indolencia – La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, presentado el pasado día 14 en la Ciudad de México.

En ese documento, que representa una crítica demoledora hacia la actuación de las autoridades mexicanas, Amnistía Internacional reitera y amplía lo que ya en 2013 había recogido en su informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de Personas en México”, que no hay justicia y que “la impunidad prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”.

Dicho informe recoge la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que en México había hasta principios de enero de este año, 27 mil 638 personas desaparecidas; un 46.5 por ciento de los casos reportados ocurrieron en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y de ellos fueron 3 mil 425 tan solo en 2015.

En este informe Amnistía Internacional ejemplifica lo que es la actuación de las autoridades tratando en profundidad dos casos: la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua.

En su análisis, la organización de derechos humanos afirma que la búsqueda de las personas desaparecidas “es deficiente e inicia tarde” y en la mayoría de los casos “la investigación no parece estar dirigida a determinar la verdad de lo sucedido, las autoridades se limitan a realizar algunas acciones con poca utilidad en la indagación”, ” por lo que, cuando la hay, la investigación “es solamente un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”.

Las autoridades “parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia”, señala, subrayando que es necesario que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas, investigar los hechos, llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, agrega, debe desarrollar una política pública con tendencia a la prevención de las desapariciones de personas. Anota que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la búsqueda ha tenido serias deficiencias que no han sido subsanadas, y en Cuauhtémoc, las víctimas por lo general no son buscadas por las autoridades. En algunos casos donde se hallaron restos humanos, anota, estos hallazgos fueron fortuitos, sin que se tratara del resultado de un plan deliberado de búsqueda por parte de las autoridades.

Amnistía Internacional apunta que poco ha cambiado desde el citado informe presentado en 2013, si bien los esfuerzos de distintos colectivos de víctimas y familiares, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado poner el tema en la agenda pública, lo que ha llevado a que el Estado mexicano anuncie algunas medidas para abordar esta crisis.

Cita como ejemplo que en los casos analizados en Cuauhtémoc, casi toda la información relevante que se encuentra en las investigaciones es la proporcionada por las familias y sus representantes legales, lo que transfiere indebidamente a las víctimas la carga de impulsar las averiguaciones.

En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la investigación, asevera Amnistía Internacional, es deficiente y las autoridades han sido reticentes a incorporar todas las recomendaciones efectuadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar un análisis técnico sobre la investigación del caso.

La organización indica que las desapariciones (ya sean perpetradas por agentes estatales o por actores no estatales) producen una serie de violaciones y afectaciones a los derechos de la víctima y de sus familiares. En los familiares produce profundos daños a su integridad personal que constituyen una forma de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por ello, ambas situaciones: la desaparición forzada, que es cometida por autoridades, como la desaparición perpetrada por actores no estatales, “deben ser reconocidas por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral, que les restituya —en la medida de lo posible— en el goce de los derechos violados”, señala.

Este informe, de 56 páginas que puede ser consultado en internet en la página de Amnistía Internacional, anota sin embargo que en los testimonios recogidos se observa que el trato que las autoridades encargadas de la investigación dan a las familias es “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos. Una madre entrevistada resumió la atención que reciben con una frase que da nombre a este informe: “Un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.

Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para hacer frente con mayor eficacia a la crisis de desaparición de personas que enfrenta México, entre ellas tipificar la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos de acuerdo con las más altos estándares internacionales.

Asimismo, establecer un mecanismo obligatorio de búsqueda exhaustiva y expedita de personas reportadas como desaparecidas, con participación de expertos, sociedad civil y familiares.

Investigar en forma exhaustiva, imparcial y prontamente los casos actuales de personas desaparecidas y llevar a los responsables ante la justicia; reconocer el derecho a participación plena de familiares de personas desaparecidas en las investigaciones.

Además, adoptar disposiciones legales detalladas sobre la declaración de ausencia de las personas desaparecidas y reparar de manera integral a las víctimas de desapariciones y sus familias. Las reparaciones no deben tener como requisito la instauración de procesos penales en contra de los perpetradores, indica Amnistía Internacional.

Respecto a la iniciativa de Ley General sobre Desapariciones que el Estado mexicano anunció  que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) con respecto a este tema, Amnistía Internacional enfatizó que “es necesario que la nueva ley contemple la complejidad del fenómeno y dé respuestas que vayan más allá de la sanción penal” y debe abarcar medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.

 

Transmitido el sábado 30 de enero de 2016 en Radio Tepoztlán, en el programa Terracería Civil.

El programa Terracería Civil se puede escuchar en vivo sintonizándolo los sábados a las 12.00 horas vía internet en: http://radiotepoztlan.org/ o su repetición el lunes siguiente también a mediodía.

 

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