Comuneros Chimalapas exigen justicia y castigo a los invasores de sus tierras

Rosa Rojas

Con el propósito de dar solución definitiva a la problemática existente en los terrenos comunales,  los comuneros zoques de San Francisco La Paz y la autoridad comunal de Santa María Chimalapa, Oaxaca, demandaron justicia, desalojo total y castigo para los invasores de su territorio, durante la audiencia, realizada el 2 de febrero en el juzgado de garantía de la ciudad de Matías Romero, contra dos de los instigadores de las invasiones, entregados a las autoridades después de mantenerlos “en resguardo” desde el pasado24 de diciembre.

Informó lo anterior el Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT), de Tehuantepec, Oaxaca, que preside el obispo emérito de Tehuantepec, don Arturo Lona Reyes. En un comunicado detalló que  David Vega Guerrero y Leonardo Juan Zárate, las personas entregadas, fueron vinculados a proceso por la comisión de los delitos de despojo agravado, daños y demás delitos que se configuren.

Indicó el CDHT que la autoridad municipal y el comisariado de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca y los comuneros de la Congregación de San Francisco La Paz, estuvieron presentes en la audiencia contra Vega y Zárate, quienes fueron entregados por la autoridad comunitaria el pasado 28 de Enero al Vicefiscal regional del istmo de Tehuantepec,  Luis Sánchez Castellanos, así como al agente del ministerio público adscrito a la subdirección de procesos de Tehuantepec, Juan Carlos García Salud, para que se les incoara proceso.

El pasado 24 de Diciembre,   en la comunidad San Isidro la  Gringa, Chimalapa, fueron “retenidos” por los comuneros zoques: Roberto Martínez Vidal, Joaquín Escandón Vicario, Leonardo Juan Zárate y David Vega Guerrero, originarios de Uxpanapa, Veracruz, acusados de invasión territorial.

La tensión creció e incluso los comuneros amenazaron con quemar a los “retenidos” si las autoridades no desalojaban a los invasores en esta nueva etapa de un conflicto que lleva más de 50 años, en defensa de una superficie de más de 160 mil hectáreas de bosques y selvas que pertenecen a la comunidad chimalapa, una parte de las cuales están invadidas por ganaderos chiapanecos y veracruzanos, que argumentan que esas tierras están en territorio de Chiapas.

Ante esta situación el CDHT y  la  Asociación Civil Maderas del pueblo del Sureste organizaron una “Caravana de Observación Civil y Solidaridad por Los Chimalapas”, en la que participó una  veintena de organizaciones de derechos humanos, de otras comunidades del Istmo y estudiantiles,  que visitó la comunidad de San Francisco la Paz los días  10 y 11 de enero, en la que incluso participó el propio obispo Lona.

Luego de su recorrido, la caravana manifestó a los gobiernos federal, de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, su preocupación “por el tenso clima social” que se vive en la región, por lo que pidió la inmediata implementación del acuerdo al que llegaron “en el sentido de realizar operativos conjuntos de desalojo, de todos los parajes del terreno comunal chimalapa invadido en la zona” de San Isidro La Gringa, así como de castigar a aquellos invasores que hayan derribado selva alta”.

Asimismo, las organizaciones que participaron en dicha caravana solicitaron que los acuerdos logrados entre la Secretaría de Gobernación y los citados gobiernos estatales,  se implementaran en coordinación con las autoridades comunales de la cabecera de Santa María Chimalapa y con las autoridades locales de San Francisco La Paz, para evitar que con cualquier nuevo acto de provocación u hostigamiento por parte de cualquier grupo invasor, se desatara “un clima de violencia que podría resultar de muy lamentables consecuencias”.

En su comunicado se sumaron a la demanda comunal de que se aplique todo el rigor de la ley sobre el líder invasor retenido, David Vega Guerrero, “señalado desde 1990, por las autoridades comunales y organismos de la sociedad civil, como impune autor material e intelectual del secuestro y desaparición del comunero chimalapa, Pablo Escobedo Méndez”, y con ello se haga una investigación a fondo que dé con el paradero de sus restos.

Posteriormente hubo reuniones en Oaxaca y el 20 de enero en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, con representantes de las subsecretarías de Derechos Humanos y de Gobierno de esa dependencia, así como de representantes de los gobiernos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, de la PROFEPA y de la Procuraduría General de Justicia, entre otros funcionarios, en la que -de acuerdo a la minuta de la misma- se informó de un operativo en el que se constataron los daños ambientales y la tala cometida por los invasores y denunciada por los comuneros, por lo que el Ministerio Público “tomó denuncia” para solicitar a un juez una orden de desalojo de éstos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, manifestó que se apoyaría a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para solucionar los problemas de tala ilegal y daño ambiental, así como las invasiones, siempre que no hubiera personas retenidas ilegalmente.

El 24 de enero el gobierno oaxaqueño informó de la liberación y entrega a las autoridades  de dos de los retenidos: Roberto Martínez Vidal y Joaquín Escandón Vicario, quienes fueron entregados a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, “en un clima de orden y búsqueda de acuerdos para contribuir a la paz social en la zona de los Chimalapas”.

Este 2 de febrero, en un nuevo paso de distención, se liberó a los otros dos “retenidos”, durante un acto en el que, de acuerdo al comunicado del CDHT, el Vicefiscal Sánchez Castellanos, asumió con la asamblea general de comuneros de San Francisco la Paz, los siguientes compromisos:

“Abstenerse de ejercitar acciones legales en contra de los comuneros y comuneras de San Francisco la Paz, por hechos que deriven de la defensa de su territorio comunal” y  “dar puntual seguimiento a las investigaciones instauradas con motivo del despojo de tierras comunales de San Francisco la Paz, hasta lograr las órdenes judiciales que permitan el desalojo de los invasores”.

“Con esto, la asamblea general de comuneros y comuneras de San Francisco la Paz, hizo la entrega total de los cuatro invasores resguardados desde el 24 de diciembre pasado, dan pasos de cooperación a una solución definitiva de la problemática que se vive en la comunidad, y a la espera del cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos, como se acordaron en las distinta mesas de diálogo donde fueron partícipes”, apuntó el CDHT.

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Archivado bajo Derechos Humanos, Desarrollo, Ecología, Indígenas, Uncategorized

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