Archivo mensual: febrero 2016

El Ifetel otorga libertad de expresión a quien puede pagarla y censura las radios comunitarias indígenas: Radio Comunitaria de Tlaxcalancingo

Rosa Rojas 

 

Sin realizar peritajes técnicos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ha denegado a una comunidad de Cholula, Puebla, el otorgamiento de una radio comunitaria en frecuencia modulada (FM) argumentando “no disponibilidad espectral” y en cambio “reserva de manera discriminatoria” las frecuencias 90.9 y 104.3 de fm para radios comerciales en el centro de Puebla, denunció la organización Radio Comunitaria de Tlaxcalancingo (RCT) radio Cholollan.

La citada organización denunció que en Cholula “sólo existe libertad de expresión para quien puede pagarla y censura para los pueblos indígenas” pues el Ifetel denegó, en abril de 2015, la solicitud de RCT de contar con su propio medio de comunicación, diciendo que no existe disponibilidad espectral “sin haber siquiera realizado las pruebas técnicas que arrojaran éste resultado, mucho menos haberlo demostrado”.

Así, el Ifetel incumple con la obligación que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en el sentido de que “el Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora”, agregó.

Ante la negativa del Ifetel, que calificó de “censura previa” RCT explicó el tortuoso proceso legal que ha debido seguir para reforzar su petición: “la comunidad nahua de Tlaxcalancingo se amparó bajo el proceso 1312/2015 ejerciendo y argumentando su derecho al artículo 2º constitucional y al Derecho de Audiencias, solicitando se haga un peritaje para comprobar la ´no disponibilidad espectral´ que decía el Ifetel”.

En el proceso -explicó- el Ifetel puso en duda el interés legítimo de RCT y “de manera sorpresiva”, en agosto de 2015 la Juez Rafaela Reyna Franco Flores del Primer Juzgado en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en el Distrito Federal (DF), sobreseyó el amparo antes de celebrarse la prueba pericial y audiencia constitucional, por lo que se interpuso el recurso de revisión 122/2015.

En octubre, “el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia, reconoció el interés legítimo del amparo si es interpuesto por pueblos indígenas, quedando demostrada la identidad indígena de Tlaxcalancingo en el expediente”.

Al ganarse el recurso de revisión, se reanudó el proceso y se nombró a un perito, “supuestamente imparcial”, por parte de la Justicia Federal y un perito por parte del Ifetel; Tlaxcalancingo no pudo ofrecer un perito particular propio por falta de recursos económicos. Sin embargo el perito Alfredo Loza Pérez, “se negó a realizar los cálculos solicitados argumentando que eso le correspondía al Ifetel o a la comunidad de Tlaxcalancingo” y “sin haber realizado cálculo alguno y sólo basándose en las declaraciones del Ifetel”, le dio la razón a la dependencia afirmando “que no existe disposición espectral”.

Ante eso “por segunda vez el Ifetel pretendió, sin éxito, desechar el amparo 1312/2015, ya que se objetó sobre la forma de resolver éste peritaje oficial y la Juez determinó que el perito aclare la forma de llegar a sus resultados o en su caso amplíe el estudio y dictamen, ya que en ninguno de los estudios que han elaborado los dos peritos queda demostrada la “no disposición del espectro” para ésta región cholulteca” agregó RCT.

Informó asimismo que en Cholula hay 17 estaciones de las 25 permitidas en FM sobre la misma región, de la cuales 12 son comerciales, cuatro públicas, una religiosa y ni una sola comunitaria e indígena que atienda las necesidades propias de la población indígena y campesina.

Explicó que el Ifetel sostiene que no hay disponibilidad de frecuencias porque una radio de 12 kilómetros de cobertura -que es la que se está solicitando- podría interferir con radios de la Ciudad de México, Veracruz, Cuernavaca o el Estado de México, “que se encuentran a una distancia de hasta más de más de 130 kilómetros”.

Además, agregó, el Ifetel en su respuesta, dijo también tener “reservadas en proceso deliberativo” las estaciones 90.9 y 104.3 de fm para otras radios, sin estar publicadas en el Registro Público de Concesiones, y aún cuando de la solicitud de información 0912100021115 realizada por Tlaxcalancingo, el departamento de Unidad de Concesiones y Servicios del Ifetel dijo que no había nuevos trámites de concesión pendientes en la zona”. Con eso quedó claro que esa dependencia está reservando estas frecuencias “de modo discriminativo” afirmó RCT.

Subrayó que el Ifetel ha otorgado permisos a 20 frecuencias de FM, ninguna de ellas comunitaria, denunciando que la dependencia está utilizando la norma de interferencia de campos sin basarse en cálculos y datos reales “a modo para negar frecuencias de radio y reservarlas al sector comercial”.

Por ello “denunciamos que durante el proceso de ejercicio de nuestros derechos, desde el cierre de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec (el 4 de agosto de 2014) a la fecha, la aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones es parcial, inclinada a imposibilitar los procesos de solicitud de concesión para los proyectos de comunicación comunitarios y de los pueblos indígenas e incumple con la justa distribución de frecuencias para la región Cholulteca, ya que reserva el espectro radioeléctrico para el mejor postor” afirmó.

RCT aseveró que con la nueva aplicación que ha lanzado el Ifetel para que cualquier persona pueda denunciar radios que no tengan permiso en el país, se está impulsando la criminalización hacia las comunidades y pueblos indígenas que ejercen su derecho a la comunicación, “y cuando los pueblos solicitan la venia o permiso del Estado, este mañosamente lo niega, pretendiendo la desaparición de medios comunitarios críticos y al servicio de sus pueblos”.

“Estamos recurriendo a la ley porque el Estado en su discurso dice que la violamos por no pedir permiso. Pero a cada paso que damos nos encontramos con que el Ifetel y los diferentes órganos de gobierno, una y otra vez violan nuestros derechos y faltan a sus obligaciones para con los pueblos indígenas. Pero nosotros no dejaremos de exigir y ejercer nuestros derechos, porque no puede haber democracia si no hay apertura de medios de comunicación y una justa distribución de su administración. Sabemos por tanto que las radios que sirven a una comunidad y funcionan sin concesión no están fuera de derecho. Y sabemos también que es nuestro derecho utilizar el espectro radioeléctrico para ejercer nuestra libertad de expresión” añadió RCT.

 

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Demandan cesar criminalización de opositores a las eólicas en Juchitán

Rosa Rojas

A raíz de que un juez determinó, el pasado 11 de diciembre de 2015, la suspensión definitiva de los permisos administrativos que amparan el proyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca “se ha exacerbado la campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución” contra defensoras y defensores de derechos humanos, ambientales y de derechos indígenas en esa ciudad del Istmo de Tehuantepec.

Así lo denunciaron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), quienes afirmaron que la citada suspensión, otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, “confirma que ha existido violación a los derechos humanos de nuestros pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales, al haber realizado una simulación de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada”.

En un comunicado, dichas organizaciones señalaron que con esa “simulación” de consulta el Estado mexicano y las empresas eólicas “trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 mega parques eólicos, que están ocasionando fuertes impactos en la naturaleza, el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades, al provocar enfrentamientos entre los que están a favor y en contra del proyecto”

Mencionaron que los proyectos de energía renovable en el istmo no han respetado la autodeterminación de los pueblos indígenas, ni el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de que “la independencia judicial y el acceso a una justicia efectiva se ponen en peligro por las presiones políticas y económicas de quienes impulsan Eólica del Sur”, frente a la oposición de los pueblos binnizá e Ikoots, que están en resistencia frente a los proyectos de producción de energía eléctrica que se han instalado y pretenden una mayor ocupación del territorio en el Istmo de Tehuantepec.

Subrayaron que “la población en general, las y los principales voceros y representantes de las organizaciones han sido atacadas/os durante las últimas semanas en la radio y medios de prensa local, calificándolos de ´extorsionadores profesionales´ y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región del Istmo”.

El citado parque de Eólica del Sur, detallaron, aspiraba a ser el quinceavo parque construido en tierras comunales de Juchitán y el número 25 en la región del Istmo, “las inversiones y beneficios recibidos en el Istmo por los 24 parques anteriores han sido mínimos y las compromisos realizados por Eólica del Sur, en la simulación de consulta, correspondían a promesas endebles, cuyos beneficios no se reflejaban en la población total, sino que se concentraban en los posesionarios de las tierras y los sindicatos de constructores que ya tenían acuerdos establecidos con la empresa”.

Al respecto, Edmundo del Pozo Martínez, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación, organización que asesora a parte de las comunidades indígenas, indicó en una colaboración en el sitio sinembargo.com, que la “supuesta consulta” a la comunidad zapoteca por parte de la Secretaría de Energía (SENER), sobre el parque eólico de 132 aerogeneradores, promovido por la empresa Energía Eólica del Sur, fue denunciada e impugnada por diversas organizaciones indígenas como la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) e incluso el Ex Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, señaló un conjunto de irregularidades que afectaban la credibilidad de la misma.

Entre los aspectos más criticados citó que la consulta no fue “previa”, ya que los principales permisos del proyecto, como el de impacto ambiental y el de generación de energía eléctrica fueron otorgados sin haber concluido el proceso. “Este y otros argumentos han servido de base para la demanda de amparo que más de mil integrantes del pueblo binnizá interpusieron ante el Juez Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en contra de las autorizaciones otorgadas por la SENER y SEMARNAT”, por lo que el pasado 11 de diciembre se dictó la suspensión definitiva del proyecto de Eólica del Sur, lo que ha impedido a la empresa continuar la construcción de la obra hasta en tanto no finalice el proceso judicial.

Del Pozo mencionó que durante las últimas semanas, los principales voceros y representantes de las organizaciones que hacen parte de la demanda judicial han sido atacados en la radio y medios de prensa local, calificándolos de “extorsionadores profesionales” y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región.

Por su parte la RNDDHM y la IM-Defensoras, documentaron que el 38 por ciento de las defensoras agredidas en 2014 fueron quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y el 46 por ciento de las defensoras agredidas viven en zonas rurales lo que impide u obstaculiza el acceso a los sistemas de justicia.

Denunciaron además “las acciones de presión política que han buscado debilitar la labor del Juez Séptimo y que atentan contra la independencia judicial. No descartamos que producto de dichas presiones y por los grandes intereses económicos de la empresa y el gobierno”, el Juez titular Isaías Corona Coronado haya solicitado “licencia” y que en su lugar el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designara a un nuevo Juzgador de nombre Carlos Alberto Osogobio Barón.

Afirmaron que las comunidades y organizaciones participantes en esa resistencia continuarán difundiendo ampliamente los efectos de la suspensión definitiva contra el proyecto de Eólica del Sur, “así como las violaciones sistemáticas a derechos humanos que se han producido por la incorrecta y masiva implementación de parques eólicos en Juchitán”.

Las comunidades binnizá e ikoots, agregaron, “no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la Consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”

Las comunidades y organizaciones sociales denunciantes demandaron el cese de los actos de persecución y criminalización de los defensores ambientales y de derechos humanos, particularmente en la región del Istmo y aplicación de medidas efectivas para garantizar su integridad, seguridad y libre ejercicio como defensores/as de derechos humanos.

Asimismo, que se investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra sus pueblos y se asegure un acceso efectivo a la justicia, preservando la independencia judicial durante todo el proceso.

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El pueblo boliviano decide este domingo si las dádivas oficiales pesan más que la necesidad de un cambio real en su sistema de gobierno

Rosa Rojas

Este domingo los bolivianos decidirán, mediante un referendum, si se modifica parcialmente  su Constitución para permitir que Evo Morales, el presidente indígena aymara que llegó al poder en 2006, se pueda presentar en 2019 a las elecciones -por cuarta vez- y si las gana gobernaría hasta 2025.

Quienes defienden la permanencia de Morales Ayma en el poder arguyen el éxito económico que presuntamente ha logrado su gobierno: la disminución de la pobreza, la baja de la tasa de desempleo, el aumento de las exportaciones y del ingreso estatal, entre otros datos económicos, además de la recuperación del orgullo de la identidad nacional como país indígena, la expulsión de funcionarios -incluido el embajador- estadunidense o la inclusión de Bolivia en un bloque de países con gobiernos «progresistas o de izquierda» en la región.

Sin embargo algo ha estado ocurriendo en Bolivia que hizo que disminuyera el apoyo a Morales hasta el punto de que en El Alto, la ciudad indígena a 4 mil metros de altura, conurbada con la capital, La Paz, donde Evo llegó a ganar elecciones hasta con el 75 por ciento de los votos, a mediados de 2014 el Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficial, perdió la alcaldía ante Soledad Chapetón, candidata opositora, aymara también, además de perder la alcaldía capitalina a manos de Luis Revilla, otro opositor y ex aliado de Morales. Y una de las causas de esas derrotas ha sido la corrupción -el ex alcalde masista de El Alto, Edgar Patana está preso justamente acusado de corrupción- además de las promesas incumplidas para el mejoramiento de esa ciudad y su más de un millón de habitantes.

De acuerdo a información del diario español El País, las encuestas auguraban -seguramente hasta antes del asalto al palacio municipal de El Alto por una turba de masistas que dejó una secuela de seis muertos y numerosos heridos debido al incendio que ocasionaron los manifestantes- que Morales obtendría una victoria pírrica del sí con el 40 por ciento de los votos, contra el no que obtendría el 38 por ciento, aunque el número de indecisos ascendía a un 22 por ciento.

Y si El Alto había dejado de ser el feudo de Evo desde las últimas elecciones, los muertos de la alcaldía alteña pueden ser determinantes en este referendum, pese a los repartos de bonos que el gobierno evista hace entre los pobres del campo y la ciudad, porque como bien subraya el mencionado periódico, en El Alto, el número de votantes – casi 900 mil- es superior a los departamentos de Pando, Beni y Tarija que juntos suman 605 mil.

De esa forma podría ganar el NO a la cuarta posibilidad de reelección de Evo Morales y eso podría ocurrir porque a pesar del control oficial en medios electrónicos y periódicos se ha logrado conocer el papel que tuvieron funcionarios del gobierno masista en la orquestación del ataque a la alcaldía con su fatal resultado.

Respecto a los números de la economía, un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que se titula «Una década de gobierno. ¿Construyendo el Vivir Bien o un capitalismo salvaje?» informa que durante los años de gestión del actual gobierno, mientras la tasa de desocupación abierta disminuyó desde el 8.1 por ciento al 4 por ciento, la precariedad del empleo -ingresos, estabilidad, Seguridad Social- ha aumentado ostensiblemente: en 2001 alcanzaba al 77.9 por ciento y en 2011 subió al 79.1 por ciento de los ocupados. «Por esta razón -anota el CEDLA- es correcto señalar que el gran problema en Bolivia no es la tasa de desocupación abierta, medida de forma convencional como “la ausencia de actividades remuneradas por al menos una hora en la semana anterior”, sino el subempleo o empleo precario».

«Esta situación -explica- se debe a que, en ausencia de políticas gubernamentales para mejorar la capacidad de sectores productivos como la agricultura y la industria manufacturera, la generación de empleos estuvo a cargo de las propias personas desocupadas que se dirigieron mayoritariamente a la creación de puestos en la denominada economía informal. Así, la bonanza económica… no se tradujo en la revitalización de las ramas productivas sino en el incremento de los servicios y el comercio e inclusive en actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, por lo que el empleo informal continuó creciendo: si en 2006 éste absorbía al 59.7 por ciento de la población ocupada, en 2014 ya contenía al 62 por ciento de la misma».

Pero además, añade, el nivel de los salarios se mantiene muy bajo y lejano al costo de una Canasta Normativa Alimentaria:  mientras que en 2006 el salario promedio constituía más del 95 por ciento de la canasta, en 2010 éste representaba apenas el 74 por ciento de su valor, reflejando el gran deterioro producido en el ingreso de los obreros. Además, el 64.8 por ciento de los trabajadores ocupados en el eje central del país en 2011 percibía ingresos laborales menores al costo de la citada canasta.

El CEDLA habla también en su estudio de que la situación del tesoro público mejoró extraordinariamente a partir de la reforma del régimen tributario del sector de hidrocarburos mediante la denominada “nacionalización”, que en realidad fue el aumento del gravamen a las transnacionales aprovechando el ciclo alcista de los precios del petróleo, aunque afirma, «condicionado al mantenimiento del control real de la producción por parte de dichas empresas, a la acentuación de la extracción sin la correspondiente reposición de reservas consumidas y a la libre repatriación de capitales al exterior».

El resultado de esta lógica fue el enraizamiento de una conducta rentista en el gobierno boliviano, añade, «expresada en la priorización de sus gastos en favor de las ramas extractivas y el relegamiento del apoyo a las otras ramas productivas que no generan rentas extraordinarias» lo que llevó «a un desmontaje paulatino de la propia nacionalización” mediante incentivos a las transnacionales  «que disminuyen la renta petrolera que percibe el Estado, y de revisión de normas de protección de las áreas protegidas y de la consulta indígena, para permitir el desarrollo de la exploración petrolera».

En el caso de la minería, que también está bajo dominio transnacional, «la situación es aún más grave, pues en ella no hubo reformas importantes, ni en la propiedad de las empresas, ni en el régimen tributario», afirma el centro de estudios, pues, indica, «pese al crecimiento de la producción y de la exportación de minerales, el Estado boliviano percibe muy poco de los beneficios, pues de un valor de venta de más de 3 mil 599 millones de dólares en 2014, sólo recibió 162 millones de dólares por concepto de Regalías mineras, equivalentes al 4.5 por ciento».

No son pocos los intelectuales de izquierda que han comprado entero el discurso de Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, sobre el desarrollo boliviano y la disminución de la pobreza en ese país. Veremos este domingo 21 si la entrega de bonos y canchitas de futbol pueden más que la creciente conciencia entre el pueblo boliviano de que las limosnas oficiales no pueden sustituir el apoyo a los sectores productivos, como la agricultura comunitaria o la producción manufacturera que se requiere en su país, o la verdadera protección ambiental en áreas de riqueza ecológica como el Parque Nacional del TIPNIS, que se deja a un lado a favor de los cocaleros y las exploraciones petrolera

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Acciones para garantizar la vida de Fidel Hernández e integrantes de la Junta de Mejoras de Tonalapa, Veracruz, demanda el CDH Bety Cariño

Rosa Rojas 

El Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC (CDHPSVBC), de Tatahuicapan, Veracruz, emitió una acción urgente (AU) solicitando a los gobiernos federal y estatal de Veracruz así como a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos que se garantice la integridad física y moral de Fidel Hernández Luis, agente municipal de la comunidad nahua de Tonalapa, municipio de Mecayapan, y de los integrantes del grupo elegido en enero como la nueva Junta de Mejoras (JM), quienes, afirmó, han sido agredidos y amenazados de muerte por personas cercanas a la organización Antorcha Campesina.

El citado centro informó en su AU que el pasado 13 de febrero, en Tonalapa, localizada en la sierra de Santa Marta, del Sur de Veracruz, un grupo de personas, “con el apoyo y contubernio de la policía municipal”, agredieron a habitantes de la comunidad que resguardaban el local que ocupa la Junta de Mejoras. Y el domingo 15 de Febrero por la noche, un sujeto con pistola en mano andaba buscando a Fidel Hernández Luis, en las cercanías de la agencia municipal.

Explicó que el pasado 17 de enero se realizó en Tonalapa la elección de  los nuevos integrantes de la JM, conforme a los usos y costumbres de esa comunidad indígena nahua, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación como pueblo indígena. Tenía más de tres años que ejercía el cargo de presidente de la junta, Joel Hernández Gómez, “quien realizaba en forma reiterada actos de imposición mandatados por el gobierno municipal, encabezado por el presidente municipal Jesús Cruz Hernández de la organización Antorcha Campesina”.

La comunidad eligió a Samuel González Lorenzo, Filiberto Hernández Hernández y Uriel Bautista Hernández, respectivamente, como presidente, secretario y tesorero de la nueva JM de la comunidad.

Sin embargo, indicó el CDHPSVBC, el 13 de febrero, en el local de la Junta de Mejoras, donde se encontraban 10 personas en resguardo del nuevo comité electo, alrededor de las 9:30 de la mañana, “llegó a agredir con la intención de desalojarlos un grupo de aproximadamente 30 personas, cercanos al ex presidente de la JM, respaldados por seis efectivos de la policía municipal que llegó a bordo de una patrulla oficial, encabezados por su comandante el señor Eusebio Ramos quien, según testigos presenciales, realizó tres disparos de arma de fuego al aire. Golpearon con palos y tubos a las personas que custodiaban el local, quedando lesionadas siete de las 10 personas” que ahí se encontraban.

Ante estos hechos, el agente municipal de la comunidad, Fidel Hernández Luis, conocido defensor de derechos humanos, se dirigió a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI distrito Judicial sub Unidad Tatahuicapan, donde funge como encargada Karina del Carmen Ramos Rivas, levantándose acta circunstanciada con número UIPJ/DJXXI/SUBTATA/017/2016.

Añadió el CDHPSVBC que el 14 de Febrero a las 19.30 horas “un vecino vio al señor Ciriaco Hernández, padre del ex presidente de la JM, con pistola en mano” buscando al agente municipal Hernández Luis.

Ante estos hechos, el citado centro de derechos humanos demandó que se garantice la integridad física y moral de Hernández Luis, de los integrantes de la nueva Junta de Mejoras, así como de los habitantes de la comunidad de Tonalapa del municipio de Mecayapan, Veracruz.

Asimismo, que sea reconocido como grupo electo, mediante usos y costumbres y haciendo uso de su derecho a la autodeterminación como pueblos indígenas, de González Lorenzo, Hernández Hernández y Bautista Hernández, integrantes de la JM de la comunidad de Tonalapa  y se proceda conforme a la legalidad, a realizar la investigación penal correspondiente en contra de las personas que resulten responsables de los mencionados actos delictivos.

 

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Cumplir los Acuerdos de San Andrés y la reforma constitucional en materia indígena y afromexicana en Oaxaca exige el CCPIAO

Rosa Rojas

A 20 años de que el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) suscribieran los Acuerdos sobre «Derechos y Cultura Indígena» en San Andrés Larrainzar, Chiapas, el 16 de febrero de 1996, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CCPIAO) exigió su cumplimiento al gobierno federal, con la revisión del marco constitucional nacional, y al gobierno oaxaqueño la aprobación inmediata de la reforma constitucional estatal en materia indígena y afromexicana.

La organización afirmó que el gobierno federal traicionó la palabra empeñada en 1996 y si entonces se reconocía “que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política” ahora la situación ha empeorado.

En un comunicado dirigido al gobierno federal, a los legisladores federales y estatales y a los pueblos indígenas y no indígenas, denuncia que “hay un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales, de nuestro patrimonio cultural, de nuestros saberes. Se atenta contra nuestra biodiversidad, contra el maíz como simiente de vida. Se busca despojarnos de nuestros territorios”.

Añade que se entregan los recursos naturales de los pueblos indios a empresas trasnacionales; se violan sus derechos humanos, individuales y colectivos. “En lugar de garantizar que contemos con medios de comunicación para el fortalecimiento de nuestra cultura, sistemáticamente se cancelan espacios como las radios indígenas y comunitarias o buscan debilitarlas. Se nos niegan sistemáticamente nuestros derechos. En cambio se acrecienta la desigualdad, el racismo y la exclusión”.

La palabra de los indígenas fue empeñada y cumplida, aseguran, pues ellos continúan su lucha por la vía pacífica y en un marco de institucionalidad, en cambio la palabra de los gobernantes fue también empeñada y no fue cumplida: los acuerdos signados por la delegación del Gobierno Federal “fueron desconocidos al momento de realizar la reforma constitucional en materia indígena en 2001”.

“El ´¡Ya basta!´ que irrumpió en las montañas del sureste mexicano en 1994 no fue suficiente. Por eso seguimos en la lucha. Seguimos exigiendo nuestros derechos, seguiremos defendiendo nuestros territorios. Seguiremos en la defensa de la diversidad cultural. Seguimos luchando por un mundo en donde quepan muchos mundos” añade el CCPIAO subrayando que la historia de su relación con los gobiernos parece no cambiar pues se han incumplido compromisos que se firmaron en 2012 en Oaxaca con el Congreso local y el Ejecutivo Estatal para realizar una amplia consulta y generar un nuevo entramado constitucional en materia indígena.

Sería, explica la organización, el marco jurídico apenas necesario para una relación de justicia con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. “La consulta fue realizada, la iniciativa formulada. Y los legisladores no han cumplido con su palabra y compromiso de aprobar la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Dicen ellos que no lo han hecho porque el Gobierno Federal tiene sus observaciones, que esperan sus instrucciones, como si Oaxaca no fuera un Estado Libre y Soberano, sino sometido a un poder central”.

“El ¡Ya basta! del 94 logró alcanzar acuerdos en 1996, que fueron traicionados por el mal gobierno. No permitiremos que la historia se repita ni en Oaxaca, ni en México. Que nadie se llame sorprendido, cuando son los gobiernos y el Congreso los que nos cancelan las vías institucionales” advierte la organización, si bien apunta: “seguiremos caminando por las vías pacíficas y habremos de acudir a las instancias de justicia en México y en el plano internacional ante esta grave omisión legislativa. Pero nos obligan a salir nuevamente a las calles, la indignación la transformaremos en movilización social y en acción política”.

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La Comisión Continental Abya Yala pide al Papa Francisco emitir la “bula del desagravio” a los pueblos indígenas por la Doctrina del Descubrimiento

Rosa Rojas

La Comisión Continental Abya Yala (CCAY)-que se reunió en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas los días 9 y 10 de febrero- «refrendó denunciar al Estado Vaticano como autor intelectual de la Doctrina del Descubrimiento» y exhortó al Papa Francisco a hacer un pronunciamiento público en repudio de dicha doctrina cimentada en la bula papal (documento pontificio)  Inter Caetera de 1493, demandándole que emita una nueva bula:  «la bula del desagravio».

Le manifiestan también al Papa su preocupación «por la permanencia del espíritu de las bulas papales (documentos pontificios) alejandrinas como marco de relación de su santidad con los pueblos indígenas» y le hacen un llamado para revocar la beatificación  de Junípero Serra, que hizo en Washington, Estados Unidos, en septiembre de 2015, «lo cual denunciamos por ser un atentado a nuestra dignidad, ya que este misionero es culpable por el genocidio de nuestros pueblos originarios en California. Consideramos inapropiado de parte de su santidad esta beatificación ya que no es ético ni moral santificar un genocidio».

En un tercer «comunicado diplomático» sobre el Desmantelamiento de la Doctrina del Descubrimiento, la CCAY  solicita al pontífice «una cita de manera urgente en el Vaticano» para hacerle conocer sus preocupaciones y propuestas «por las violaciones persistentes a los derechos humanos, individuales y colectivos, territoriales y autonómicos» derivados de la citada doctrina, «recordando que la petición del perdón  que ha hecho su santidad (a los pueblos indígenas) como jefe máximo del Vaticano, no es suficiente si no hay justicia, reparación y garantías de reconocimiento internacional de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos originarios».

«Lo conminamos a asumir el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento para, efectivamente, lograr resultados concretos orientados hacia la protección de nuestros territorios y la madre tierra, en el camino de los planes de vida de los Pueblos Originarios y el Buen Vivir de la humanidad».

En su documento la CCAY, a cuya reunión asistieron 40 delegados de Estados Unidos, Guatemala, Colombia y México -de Michoacán, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Chiapas y la Ciudad de México, según informó la maestra en sociología Araceli Burguete- subraya que «los estados nacionales han tomado la Bula Inter Caetera, 1493, como base para elaborar el concepto jurídico de ´propiedad originaria de la nación´, bajo la cual asumen la entrega de nuestros territorios a las empresas nacionales e internacionales de extracción, mineras,  y del neo extractivismo en general, asumiendo la prerrogativa de realizar convenios y tratados internacionales sin consentimiento previo, libre e informado y de buena fe, tales como el Tratado de Libre Comercio; el  Acuerdo Trans Pacífico de Cooperación Económica (TPP),  las «zonas económicas especiales», ALCA, Plan Puebla Panamá, IRSA, mercado global del carbono REDDS+, ocasionando desposesión a los pueblos indígenas y afectación directa e irreparable a la Madre Tierra».

«Nuestra posición es que el Estado del Vaticano, la Santa Sede y su Santidad el Papa Francisco, deberán tomar las medidas adecuadas y llevar adelante un proceso de responsabilidad internacional por el papel que la Iglesia Católica ha jugado en el origen y autoría intelectual de las violaciones de Derechos Humanos, que siguen siendo normalizadas por la Doctrina del Descubrimiento» agrega.

Asimismo indica que, entre otras cosas, debe además asumir la coadyuvancia en los procesos de pacificación en los territorios indígenas intervenidos por los Estados y otros actores. «Por ejemplo, en el caso de Colombia se debe propiciar la garantía de la incorporación de la Agenda Indígena en los Diálogos de Paz que se realizan en la Habana (Cuba) entre el gobierno colombiano y las FARC, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas en los diálogos y el cumplimiento de los compromisos».

Añade que «como seres humanos y como garantes de la vida, se hace necesario que su santidad Francisco interceda ante los gobiernos de los Estados-Nación en la exigibilidad del respeto y garantías de los derechos humanos y territoriales, la no discriminación, el racismo institucional y  los abusos de poder de los gobiernos en la persecución política ideológica para condenar a  defensores y defensoras  del territorio y la vida del Abya Yala».

Asimismo deberá interceder «en la materialización del ejercicio del derecho de libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas en un marco de refundación de los estados nación hacia estados multinacionales y la descolonización y sanación de la Madre Tierra».

Le recuerdan al Papa Francisco que en 2014, en el marco del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, se entregó directamente a su representante, el Nuncio Papal, esta solicitud de audiencia. Igualmente, que las exigencias planteadas obedecen a los mandatos de sus pueblos originarios, cuyas demandas fueron deliberadas en el marco de la Asamblea Plenaria de la V Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, con la participación de más de ocho mil personas, reunidas en La María Piendamó, Cauca, Colombia en noviembre del 2013 y ratificada por la CCAY en Filadelfia, Estados Unidos, en septiembre del 2014 y ahora en San Cristóbal de las Casas.

«Desde el espíritu de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, iguales en dignidad y derechos a los otros pueblos, hacemos un llamado a su Santidad Francisco para que se comprometa a asumir las responsabilidades y consecuencias de los asuntos que aquí presentamos y que directamente le incumben a la Iglesia Católica Romana» agregan.

Le recuerdan al Papa Francisco que en la onceava Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se presentó la siguiente recomendación:

“4. El Foro Permanente recuerda el cuarto párrafo del preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en que se afirma que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. En todo el mundo, los colonizadores han aducido justificaciones jurídicas y políticas para desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, privarlos de derechos y derogar sus derechos, como, por ejemplo, la doctrina del descubrimiento, la doctrina de la dominación, la conquista”, la doctrina de terra nullius o la doctrina real. Si bien estas doctrinas nefandas se favorecieron para justificar la adquisición de las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, implícito en ellas había postulados más amplios que se tomaron como base para afirmar la autoridad y el control sobre las vidas de los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos. Los colonizadores consideraron a los pueblos indígenas “salvajes”, “bárbaros”, “poco evolucionados”, “inferiores e incivilizados” y usaron estos conceptos para someter, dominar y explotar a los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos.

El Foro Permanente exhorta a los Estados a que repudien esas doctrinas como base para denegar los derechos humanos de los pueblos indígenas.”

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La UCIZONI presentó una queja ante la CNDH contra la Secretaría de Energía y Pemex, por violación a derechos indígenas

Rosa Rojas

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Tehuantepec, Oaxaca, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación al derecho de consulta y de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas de la región por la construcción de dos gasoductos que atravesarían el istmo para llevar gas natural al mercado asiático.

El recurso de queja, firmado por la presidenta de la mesa directiva citada organización indígena, Juana Inés Ramirez Villegas, señala como responsables a la Secretaría de Energía y a la empresa Grupo PMI empresa filial de Petróleos Mexicanos P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.

En la queja se detalla que la iniciativa anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto de crear Zonas Económicas Especiales, tiene áreas geográficas delimitadas para tres grandes proyectos, uno de ellos el Corredor Industrial Interoceánico que comprenderá los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz que conectará el Océano Pacífico con el Golfo de México.

Agrega que de acuerdo a información solicitada a la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hay dos solicitudes de evaluación de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) en su modalidad B con Riesgo de dos Proyectos denominados Cinturón Transoceánico Gas Natural y PMI Cinturón Transoceanico Gas L.P, que fueron registrados con las claves 20OA2015G0028 Y 20OA2015G0029 , mismas que se encuentran en la fase de evaluación para estar en condiciones de emitir el resolutivo correspondiente.

Los citados proyectos, a operarse en un término de dos años por el Grupo PMI, detalla UCIZONI, tienen como finalidad la construcción, puesta en marcha y operación de un sistema de transporte de hidrocarburos a través de ductos que correrán desde la Costa del Golfo de México hasta la Costa del Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, mismos que impactarán a los pueblos y comunidades de su región.

Afirma el documento que estas “sistemáticas violaciones” a sus derechos humanos son resultado de la Reforma Energética, en la cual el 20 de diciembre de 2013, mediante decreto, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. Con esta reforma se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, creando un nuevo marco jurídico que plantea “fortalecer a la industria e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos”.

Menciona que con anterioridad a la información obtenida de la SEMARNAT, las comunidades y pueblos indígenas de la región han requerido públicamente una Consulta previa, libre e informada sobre el desarrollo de estos dos Cinturones Transoceánicos de gas natural, en los términos que establecen los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas -legislación firmada y ratificada por el Estado Mexicano-.

Subraya en la denuncia que de acuerdo a dichos instrumentos, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto irrestricto a sus derechos en lo que atañe a su territorio, “no a través de una Consulta y Reunión Pública de Información como la plantea el Grupo PMI que operará los multicitados proyectos, sino en los términos que establece la legislación para pueblos indígenas, en donde conozcamos su ubicación, objetivos estratégicos, métodos a aplicar y sus impactos, área de influencia y cambios de uso de suelo, impacto ambiental a nuestros cultivos, zonas forestales, ríos y arroyos, impacto cultural a nuestros centros ceremoniales, etcétera”.

Menciona que en meses recientes, habitantes de algunas comunidades donde atravesarán estos proyectos, concretamente la comunidad de Huapinol, aproximadamente a 80 metros del río la Cuenca de los Almoloyas, así como la comunidad de El Sardinero, ambas pertenecientes al municipio del Barrio de la Soledad, han encontrado marcaciones y/o señalamientos en sus terrenos, situación que les genera preocupación pues no tienen información al respecto.

Asimismo, que tienen conocimiento en lo que respecta al municipio de Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, el corporativo PMI presentó el 30 de Abril de 2015, solicitud de factibilidad de proyecto, uso de suelo y requisitos para llevar a cabo los proyectos denominados Cinturón Transoceánico en el Estado de Oaxaca y “actualmente no tenemos la certeza de que el municipio ya haya resuelto la solicitud de factibilidad, sin que previamente las comunidades afectadas hayan sido informadas ni mucho menos consultadas sobre estos Proyectos”.

Por lo expuesto y “en virtud de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y hombres de comunidades y pueblos indígenas de nuestra región”, y conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales antes citados, la UCIZONI solicita a la CNDH que inicie la queja correspondiente.

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Indígenas del Abya Yala pedirán reunirse con el Papa Francisco para pedirle que repudie la «Doctrina del Descubrimiento»

Rosa Rojas

Para solicitarle al Papa Francisco acciones para desmantelar la «Doctrina del Descubrimiento», que desde 1493 instauró el Vaticano como base del orden colonial, una delegación de indígenas de América buscará obtener una audiencia con el pontífice durante su estancia en Chiapas el día 15 de febrero.

En esa «Doctrina del Descubrimiento» plasmada en cinco Bulas (documentos pontificios) emitidas por el Papa Alejandro VI, en 1493, se otorgaba a Castilla -después España- el derecho a “conquistar” las “tierras descubiertas” y la obligación de evangelizar a su población. «Las bulas papales constituyen los títulos de dominio sobre América y su población originaria, que desde entonces fue convertida en “indígena», explica la maestra en sociología Araceli Burguete.

En la actualidad, agrega Burguete, los Estados nacionales se asumen como herederos de los antecesores colonizadores, en una suerte de “derecho de sucesión” sobre los territorios de los pueblos colonizados y presumen que pueden ocupar y poseer las tierras de los pueblos prehispánicos, asumiendo como legal y legítima su ocupación hasta nuestros días.

Si se les concede la audiencia con el Papa Francisco a los delegados indígenas que quieren pedirle pronunciarse contra la «Doctrina del Descubrimiento», esta sería la tercera vez que le solicitan tal cosa al Vaticano, sólo que ahora lo harían en persona, porque ya le habían enviado en dos ocasiones, una en 2013 y otra en 2015, sendas peticiones surgidas de la V Cumbre Continental de los Pueblos y Naciones Indígenas del Abya Yala, efectuada en 2013 en El Cauca, Colombia.

Abya Yala es el nombre dado a América por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos y ha sido adoptado por representantes de pueblos indígenas para referirse a nuestro continente en sus asambleas y documentos internacionales.

En septiembre de 2015, la Comisión Continental Abya Yala  le envío al Papa Francisco un documento en el que le solicitaban «una diálogo directo y de manera urgente» en el Vaticano, «con la intención de avanzar deliberadamente hacia el fin de la era del colonialismo y hacia la descolonización por lo largo y ancho de todo nuestro continente de Abya Yala, y con el Mandato de la Liberación Espiritual de emerger del esquema de dominación que ha sido normalizado y justificado por la Doctrina del Descubrimiento de la Cristiandad hace más de quinientos veinte años en este continente».

Ese diálogo buscaría hacerle conocer al Papa «nuestras preocupaciones y propuestas por las violaciones de los derechos humanos, colectivos, territoriales y autonómicos. Recordando que la petición del perdón que ha hecho su santidad como jefe máximo del Vaticano, no es suficiente si no hay justicia, reparación y garantías de reconocimiento internacional de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos originarios«.

«Como seres humanos y como garantes de la vida, se hace necesario que su santidad Francisco, interceda ante los gobiernos de los Estados-Nación en la exigibilidad del respeto y garantías de los derechos, la no discriminación, el racismo institucional y los abusos de poder de los gobiernos en la persecución política- ideológica para condenar a defensores y defensoras del territorio y la vida del Abya Yala», agregaban en su petición, que evidentemente no fue atendida porque ahora en Chiapas buscarán hablar con el Papa para pedirle -otra vez- repudiar la mencionada «Doctrina del Descubrimiento».

En el citado documento le señalaban al Papa que esa «Doctrina del Descubrimiento» ha estado en la base de los «pogromos» -o sea de los linchamientos multitudinarios por razones étnicas- que han permitido «la persecución política de nuestros Pueblos Originarios disfrazada de «sistemas legales»…

Afirmaban entonces que la posición de la Comisión Continental Abya Yala  «es que el Estado del Vaticano, la Santa Sede y Su Santidad el Papa Francisco, deberán tomar las medidas adecuadas y llevar adelante un proceso de responsabilidad internacional por el papel que la Iglesia Católica ha jugado en el origen y autoría intelectual de las violaciones de Derechos Humanos que siguen siendo normalizadas por la Doctrina del Descubrimiento» por lo que exhortaron a Su Santidad «a hacer comentario público en repudiación de la Doctrina del Descubrimiento…».

Queda pues por ver qué va a pasar con la petición de esta comisión de indígenas del Abya Yala para reunirse con el Papa Francisco y sobre la demanda de que repudie la «Doctrina del Descubrimiento», aún vigente en el derecho internacional.

 

 

 

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La crisis de desaparición forzada en México se refuerza por la impunidad señala Amnistía Internacional

Rosa Rojas

«En México cualquier persona puede desaparecer de cualquier lugar» afirma la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) en el informe «Un trato de indolencia – La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México», presentado el pasado día 14 en la Ciudad de México.

En ese documento, que representa una crítica demoledora hacia la actuación de las autoridades mexicanas, Amnistía Internacional reitera y amplía lo que ya en 2013 había recogido en su informe «Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de Personas en México», que no hay justicia y que «la impunidad prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo».

Dicho informe recoge la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que en México había hasta principios de enero de este año, 27 mil 638 personas desaparecidas; un 46.5 por ciento de los casos reportados ocurrieron en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y de ellos fueron 3 mil 425 tan solo en 2015.

En este informe Amnistía Internacional ejemplifica lo que es la actuación de las autoridades tratando en profundidad dos casos: la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua.

En su análisis, la organización de derechos humanos afirma que la búsqueda de las personas desaparecidas «es deficiente e inicia tarde» y en la mayoría de los casos «la investigación no parece estar dirigida a determinar la verdad de lo sucedido, las autoridades se limitan a realizar algunas acciones con poca utilidad en la indagación», » por lo que, cuando la hay, la investigación «es solamente un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso».

Las autoridades «parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia», señala, subrayando que es necesario que el Estado mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas, investigar los hechos, llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, agrega, debe desarrollar una política pública con tendencia a la prevención de las desapariciones de personas. Anota que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la búsqueda ha tenido serias deficiencias que no han sido subsanadas, y en Cuauhtémoc, las víctimas por lo general no son buscadas por las autoridades. En algunos casos donde se hallaron restos humanos, anota, estos hallazgos fueron fortuitos, sin que se tratara del resultado de un plan deliberado de búsqueda por parte de las autoridades.

Amnistía Internacional apunta que poco ha cambiado desde el citado informe presentado en 2013, si bien los esfuerzos de distintos colectivos de víctimas y familiares, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado poner el tema en la agenda pública, lo que ha llevado a que el Estado mexicano anuncie algunas medidas para abordar esta crisis.

Cita como ejemplo que en los casos analizados en Cuauhtémoc, casi toda la información relevante que se encuentra en las investigaciones es la proporcionada por las familias y sus representantes legales, lo que transfiere indebidamente a las víctimas la carga de impulsar las averiguaciones.

En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la investigación, asevera Amnistía Internacional, es deficiente y las autoridades han sido reticentes a incorporar todas las recomendaciones efectuadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar un análisis técnico sobre la investigación del caso.

La organización indica que las desapariciones (ya sean perpetradas por agentes estatales o por actores no estatales) producen una serie de violaciones y afectaciones a los derechos de la víctima y de sus familiares. En los familiares produce profundos daños a su integridad personal que constituyen una forma de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por ello, ambas situaciones: la desaparición forzada, que es cometida por autoridades, como la desaparición perpetrada por actores no estatales, «deben ser reconocidas por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral, que les restituya —en la medida de lo posible— en el goce de los derechos violados», señala.

Este informe, de 56 páginas que puede ser consultado en internet en la página de Amnistía Internacional, anota sin embargo que en los testimonios recogidos se observa que el trato que las autoridades encargadas de la investigación dan a las familias es «deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos. Una madre entrevistada resumió la atención que reciben con una frase que da nombre a este informe: “Un trato de indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.

Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas para hacer frente con mayor eficacia a la crisis de desaparición de personas que enfrenta México, entre ellas tipificar la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos de acuerdo con las más altos estándares internacionales.

Asimismo, establecer un mecanismo obligatorio de búsqueda exhaustiva y expedita de personas reportadas como desaparecidas, con participación de expertos, sociedad civil y familiares.

Investigar en forma exhaustiva, imparcial y prontamente los casos actuales de personas desaparecidas y llevar a los responsables ante la justicia; reconocer el derecho a participación plena de familiares de personas desaparecidas en las investigaciones.

Además, adoptar disposiciones legales detalladas sobre la declaración de ausencia de las personas desaparecidas y reparar de manera integral a las víctimas de desapariciones y sus familias. Las reparaciones no deben tener como requisito la instauración de procesos penales en contra de los perpetradores, indica Amnistía Internacional.

Respecto a la iniciativa de Ley General sobre Desapariciones que el Estado mexicano anunció  que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) con respecto a este tema, Amnistía Internacional enfatizó que «es necesario que la nueva ley contemple la complejidad del fenómeno y dé respuestas que vayan más allá de la sanción penal» y debe abarcar medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.

 

Transmitido el sábado 30 de enero de 2016 en Radio Tepoztlán, en el programa Terracería Civil.

El programa Terracería Civil se puede escuchar en vivo sintonizándolo los sábados a las 12.00 horas vía internet en: http://radiotepoztlan.org/ o su repetición el lunes siguiente también a mediodía.

 

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El Senado mexicano no debe aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico que afectará cuestiones laborales, de salud, educación, libertad de expresión y acceso a la información

 

Rosa Rojas

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió  al Senado mexicano cautela al ratificar el Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP por sus siglas en inglés y le propuso a los senadores que se discuta y ratifique ese acuerdo, negociado en secreto entre 12 países, hasta después del proceso electoral en Estados Unidos, a fin de evitar que “nos dejen colgados de la brocha”, es decir, que el Senado estadunidense no procese la aprobación del TPP antes de las elecciones de noviembre y que quien sustituya a Obama pida rehacer el acuerdo, lo que nos ocasionaría problemas si es que ya lo hubiera ratificado el Senado mexicano.

Esa petición del funcionario al Senado, hecha el pasado jueves 28, es un inusual reconocimiento de la falta de  independencia y soberanía que México tiene sobre su política económica y todo lo que ésta implica. De todas maneras, Guajardo pidió a los senadores PRI-verdes que “no se dejen convencer por los argumentos de la oposición» en contra del TPP, que, afirmó, «va a fomentar el empleo y la economía».

Pero ¿qué es el TPP y cómo se supone que nos va a beneficiar o perjudicar?

El TPP es un “tratado de libre comercio” entre 12 países, incluidos tres latinoamericanos: México, Chile y Perú, que pretende establecer leyes y condiciones para levantar las barreras comerciales entre los miembros.

El Secretario de Economía dice que según el Banco Mundial, las exportaciones de México crecerían cinco por ciento al entrar en vigor el TPP, documento que el gobierno mexicano y los gobiernos de otros 11 países firmaron en octubre de 2015 pero que en nuestro país requiere la aprobación del Senado.

Según el sitio en internet sopitas.com, en realidad el TPP «se trata de un mega pacto donde Estados Unidos va a establecer las condiciones para temas que van más allá de lo económico, ya que también involucran salud, educación, libertad de expresión y acceso a la información. El resto de los países asociados (insistimos, México incluido) deben aceptar estas reglas por más que esto vaya en contra de la soberanía nacional», y recoge las palabras del propio Obama, quien habría aseverado: “No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas reglas”.

El texto del TPP se mantuvo en secreto durante toda la negociación, desde 2006 hasta que Wikileaks filtró los apartados de derechos de autor, inversiones y medio ambiente,  «con eso fue suficiente para dejarnos ver lo grande y hasta podríamos decir que macabro de todo este asunto», pues mientras nuestros países avanzan poco a poco en mejorar sus democracias y establecer mejores mecanismos de transparencia pública, «el TPP obedece lógicas propias de regímenes autoritarios y además amenaza con afectar nuestros derechos», aseveró el sitio mencionado, que recogió la explicación de Gisela Pérez de Acha, encargada de políticas públicas de la organización no gubernamental Derechos Digitales.

Según información de Telesur, que cita al diario mexicano El Financiero, en términos de exportaciones la expectativa de México con el TPP es muy baja, debido a que ya cuenta con tratados de libre comercio con varios de los miembros y por el contrario, hay el riesgo de que algunas de las ventas tradicionales a Estados Unidos sean desplazadas por naciones como Vietnam o Malasia.

Menciona que el director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Ricardo Romey, destacó que el TPP no le trae ninguna ventaja al sector de los medicamentos genéricos por ser drogas que no se distribuyen con una patente y que poseen el mismo principio activo que su equivalente de marca, ya que “con el TPP las farmacéuticas buscan extender el plazo de las patentes a 15 años y hasta que no se venza el mismo no se puede usar la fórmula para fabricar medicamentos genéricos”.

Entonces, las consecuencias serían negativas para un Estado donde el 85 por ciento de los medicamentos que consumen más de 50 millones de personas son genéricos.

Otra industria que plantea su incertidumbre con el Transpacífico es la encargada de la elaboración de software porque implica reglas sin precedentes de protección de la propiedad intelectual.

Sopitas.com indica al respecto que actualmente en México compartir, subir o descargar cualquier contenido del cual no tengamos derecho de autor sólo es delito si se pretende ganar dinero con esto. El TPP en cambio propone que sea delito siempre, «así que si quieren subir la foto de una cabra o un video con su canción favorita y no tienen permisos podrían ir a la cárcel y pagar enormes multas a las compañías que tienen los derechos» explica.

Añade que el TPP se mete con nuestros aparatos, pues busca convertir en delito el desbloqueo de los candados digitales que encontramos en teléfonos celulares, consolas de videojuego y dispositivos de lectura de libros electrónicos, de modo que no podremos disponer realmente de las tecnologías que compramos. Es decir, que si mandamos a desbloquear un iPhone o un aparato de BlueRay, aunque sea para uso personal y sin venderlo, podríamos ir a la cárcel.

Afirma además que este tratado afecta la soberanía y el proceso democrático de nuestro país ya que por un lado, propone que enormes empresas multinacionales puedan demandar al gobierno mexicano ante un tribunal internacional por cualquier ley o política que afecte sus negocios. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos tiene el poder para “certificar” que toda la legislación mexicana se haya adecuado al TPP. Leyes, reglamentos, todo. Eso implica que si a la mera hora le quieren dar una interpretación mucho peor al tratado, pueden hacerlo por esta “certificación.”

Por si fuera poco, este mismo jueves, organizaciones obreras, no gubernamentales y sociales de México, Estados Unidos, Canadá, Chile y otras naciones, plantearon en la mesa laboral del Encuentro Internacional de Organizaciones en contra del TPP, que se lleva a cabo en la ciudad de México, que el capítulo laboral del TPP contiene un articulado que permite la sobrexplotación de trabajadores en los 12 países que lo integran, incluso da carta abierta a que estos gobiernos puedan mermar los derechos de su planta productiva y en cambio, no incluye la obligación de que éstos ofrezcan condiciones laborales dignas.

Según información del diario La Jornada, en el foro los participantes expusieron que con dicho acuerdo los países no prosperarán ni crearán más y mejores trabajos; por el contrario, hay preocupación por la amenaza de pérdida de empleos, el encarecimiento de medicinas y el hecho de que estarán bajo ataque la seguridad social y los esquemas de pensiones.

Por ello plantearon tramitar un amparo masivo de los trabajadores en contra de la ratificación de este acuerdo. Además planean promover boicots contra corporaciones que se beneficien del TPP; realizar una conferencia en abril en Chicago; integrar el rechazo a este convenio en la jornada del primero de mayo y realizar una movilización internacional en junio próximo.

Transmitido el sábado 2 de febrero de 2016 en Radio Tepoztlán, programa Terracería Civil.

El programa Terracería Civil se puede escuchar en vivo sintonizándolo los sábados a las 12.00 horas vía internet en: http://radiotepoztlan.org/ o su repetición el lunes siguiente también a mediodía.

 

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