Archivo mensual: enero 2016

La tortura busca aterrar a la población para provocar parálisis social frente al despojo: Fazio

Rosa Rojas

La finalidad de la tortura  es destruir al ser humano concreto y al ser político para aterrar a la población; los sistemas que promueven el uso de la tortura “lo hacen con lúcida conciencia” como demostración de poder, indicó Carlos Fazio, catedrático de la UNAM, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de esa casa de estudios.

Por su parte, la antropóloga Elena Azaola informó que se realizaron entrevistas  a jóvenes recluidos en centros de detención de  Coahuila, Morelos, Hidalgo y Sinaloa, lo que reveló que 76 por ciento de ellos fueron víctimas de tortura.

El impacto que queda después de una experiencia así es demoledor, de ahí en adelante ¿en qué autoridad pueden confiar? cuestionó la investigadora, quien leyó algunos de los testimonios del severo maltrato sufrido por los jóvenes de parte de las autoridades que los detuvieron.

En su conferencia, titulada La práctica sistemática y generalizada de la tortura en México, herramienta para la dominación de clase, Fazio mencionó dos casos, la violación de 23 de mujeres detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando era gobernador el ahora presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y el caso del joven  Julio César Mondragón, normalista de Ayotzinapa, ejecutado extrajudicialmente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En el caso de Atenco, queda claro que la violencia erótica es la concreción del poder, además de que los policías que cometieron los abusos sexuales y violaciones “cumplían órdenes superiores, es decir había una cadena de mando”.

La tortura en Atenco fue también una demostración de poder y un reflejo de la relación entre los detentadores del poder y los opositores, apuntó.

El también articulista de La Jornada mencionó que en el caso de Mondragón, a diferencia de sus compañeros, que fueron desaparecidos, su cadáver con el rostro desollado no fue ocultado. “La tortura se planificó para ser vista, sus verdugos quisieron enviar un mensaje, por eso tomaron fotos del cadáver y las difundieron por Twitter a sólo cuatro horas de su muerte. El mensaje de terror escrito en el cuerpo de Julio César es la concreción más extrema del uso del poder. Fue como un ritual simbólico que pretendía recordarnos el poder disciplinador del Estado” subrayó.

Fazio mencionó por otra parte que hay intelectuales orgánicos y unos 25 o 30 periodistas de Televisa, TV Azteca, Milenio, que tienen voz en la televisión, radio y en los periódicos, que son utilizados por el gobierno para, por ejemplo, el golpeteo contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar desacreditarlos cuando su investigación llega al papel que desempeñaron los militares en Ayotzinapa.

Hablando de la violencia del Estado, añadió, lo que viene en 2017 y 2018 es una nueva fase de despojo del campesinado pobre, “lo que necesita del miedo, de la parálisis social”, por lo que es necesario multiplicar foros como éste para que haya conocimiento de este estado de cosas. La música, el cine, la poesía tendrían que servir para concientizar a la gente y pasar a la fase de la organización para enfrentar esto, aseveró Fazio.

A su vez Jacinto Rodríguez, de Harvard University, quien disertó sobre El arte de invisibilizar la violencia- Tortura, la función de los medios de comunicación en los años de la Guerra Sucia en México, cuestionó cómo fue posible que la tortura se hiciera costumbre en México, tal cual ha sucedido.

El investigador citó como ejemplo de la construcción del “diseño del enemigo” a través de los medios de comunicación desde 1968, “que es el primer ensayo de lo que vendría después en la guerra sucia”, la columna Granero Político que se publicaba en el diario La Prensa, donde se hablaba de los “terroristas” para referirse a los opositores.

La paradoja es que entonces México recibía a políticos latinoamericanos que eran perseguidos en sus países de origen por gobiernos dictatoriales, para muchos de los cuales no hubo guerra sucia en México, apuntó.

Habló también del papel de los intelectuales, “hay varios niveles en los que se termina invisibilizando la violencia del Estado mexicano” sobre todo en el caso de Luis Echeverría Alvarez, además de la legitimidad mediática que le dan al gobierno los medios de información, que silencian la violencia o caracterizan como terrorismo las acciones de los opositores; hay también una “corresponsabilidad de las universidades” en ese silencio, añadió.

Apuntó que el sistema político mexicano, no sólo el presidente sino “los que regresaron después de 12 años” y que “no sabemos si se vayan en el 2018”, que se dan cuenta de que la historia “es incómoda y es peligrosa” y han vuelto a cerrar los archivos sobre la guerra sucia que abrió Vicente Fox, buscando otra vez invisibilizar la historia.

Afirmó que la gente no tiene en la conciencia lo ocurrido en la guerra sucia por lo que los intelectuales y los medios tienen una gran responsabilidad para difundir lo ocurrido, aunque ahora el internet es un elemento que rompe la correlación, hay que seguir hablando. El sueño, dijo es que  aparezca en la conciencia social en México que el Estado no ha pedido perdón, aunque sea simbólico, por lo que ocurrió en esa etapa de nuestra historia.

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La tortura en México es política de Estado: José Sotelo

Rosa Rojas

En la historia moderna de México la práctica de la tortura se ha vuelto “un procedimiento rutinario y burocrático… un mal hábito institucionalizado” aseveró Kate Doyle, analista de The National Security Archive (TNSA) de la universidad estadunidense George Washington, durante la Jornada internacional La tortura en México, práctica sin freno, organizada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, que se inició este jueves 28.

Doyle, fue responsable en febrero de 2006 de la publicación en el sitio de internet de TNSA (http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm ) del “borrador” del informe sobre la “guerra sucia” llevada a cabo en México durante las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s, elaborado por el equipo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que encabezó Ignacio Carrillo Prieto.

La FEMOSPP fue creada por el gobierno de Vicente Fox para investigar crímenes contra los derechos humanos. El informe le fue entregado pero no se hizo público, por lo que tres investigadores de esa fiscalía se lo filtraron al TNSA. De esa filtración se responsabilizó a José Sotelo, quien encabezaba el equipo que lo elaboró, razón por la cual fue inhabilitado por 10 años. Sotelo participó también en esta jornada internacional haciendo una “réplica” a la conferencia de Doyle e hizo suya la afirmación de la investigadora en el sentido de que la tortura en México “es una práctica que funciona como política de Estado, lo que significa que para el poder el Estado de derecho es una simulación”.

En su exposición Doyle hizo una detallada referencia a la tortura que se ha practicado ampliamente por personal estadunidense en diversos países desde la guerra de Vietnam y más aún después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y se refirió al entrenamiento que históricamente han dado elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a policías y ejércitos latinoamericanos en las técnicas de la tortura, incluso con la elaboración de un manual.

“En Estados Unidos nos estamos ahogando en información de la tortura” que ha realizado la CIA, el presidente (Barack) Obama puso término a la tortura mediante una orden ejecutiva, “pero nadie ha sido procesado por practicar la tortura en presos” afirmó.

Subrayó que para realmente erradicar la tortura de nuestra cultura tenemos que estar dispuestos a un proceso judicial, al castigo a los que ordenaron, planearon y permitieron la tortura. “En Estados Unidos estamos viviendo un escándalo congelado” se han publicado miles de páginas sobre la práctica de la tortura y reafirmando el rechazo a ésta, se ha prohibido legalmente “pero no hay resarcimiento legal”.

“Sin justicia la tortura va a permanecer como una posibilidad en el futuro… se queda como una caja de herramientas” advirtió.

Mencionó que agentes torturadores como el que elaboró el citado manual de la CIA y condujo interrogatorios en los 80 -por lo cual según un informe del Senado estadunidense le “llamaron la atención”- es el mismo que en 2002 fue el jefe del grupo de secuestro e interrogatorios de la CIA en Afganistán. Esto revela que los gobiernos deben estar dispuestos a castigar y perseguir siempre a los perpetradores, enfatizó Doyle.

Apuntó además que México “está viviendo con su propio escándalo congelado” porque tanto el citado informe de la FMOSPP como el informe del Relator Relator Especial de la ONU sobre tortura, (Juan Méndez, quien visitó México entre abril y mayo de 2014 y aseguró que la tortura en el país “es generalizada”) han revelado la práctica de la misma, “hay presión para hacer algo… pero todavía no hay una comisión de la verdad en México ni procedimientos judiciales para abusos del pasado y del presente”.

“El único remedio para la tortura que tenemos es hablar de la tortura e insistir en ser escuchados”, sentenció.

Por su parte José Sotelo mencionó que cuando Doyle publicó partes del informe de la FEMOSPP “el Estado mexicano minimizó el contenido de la información y lo trató como nota roja”; 11 meses después la Procuraduría General de la República “subió una versión censurada” que quitó a los pocos días y después, cuando se le pidió a través del IFAI que diera a conocer el informe, la PGR dijo no contar con la información; “no hay voluntad política para conocer la verdad de lo sucedido.

En el informe se consignaban, con fuentes documentales del ejército y la policía la práctica de la tortura, cientos de casos de desaparición forzada, crímenes de guerra, pero “el Estado mexicano ha decidido proteger a los asesinos y torturadores sin hacer nada para castigar a los perpetradores”.

Sotelo aseveró que en lugar de eso el Estado optó por castigar a los que revelaron los crímenes, a él lo inhabilitaron 10 años, se expulsó a todo el equipo de la FMOSPP, “prefirió callar y guardar el informe, ser cómplice que hacer justicia” y a pesar de que ha habido esfuerzos colectivos para hacer propuestas para una ley que castigue la tortura, el Estado no los está tomando en cuenta “la iniciativa presidencial permite la impunidad en la cadena de mando”, sostuvo.

Mencionó que de acuerdo a cifras de la PGR, de diciembre de 2006 a 2014, hubo 4 mil 404 denuncias por tortura, aunque la cifra negra puede ser de cinco veces más, de las cuales sólo 11 fueron presentadas ante un juez y ha habido cinco sentencias. “La impunidad es absoluta” reiteró.

Añadió Sotelo que la tortura y la desaparición forzada son crímenes predatorios del Estado de derecho y que la desaparición forzada es la peor forma de tortura que existe porque la otra, por muy dura que sea dura instantes, en cambio la desaparición es una tortura permanente.

Mencionó además que los mexicanos no podemos permitir que el Estado de derecho sea una simple simulación; es necesario que el pueblo conozca los crímenes que el Estado encubre, que en México haya una justicia transicional, que se restituya el daño, aunque pareciera ser que esto signifique una reconstrucción del Estado.

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San Dionisio del Mar, Oaxaca, festejará el triunfo contra parque eólico que afectaría a pescadores

Rosa Rojas

Para conmemorar el cuarto aniversario de creación de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar (APSDM) en defensa de su territorio contra la empresa eólica Mareña Renovables, que pretendía construir un parque eólico que habría afectado la actividad pesquera de los pueblos ikjoots (huaves) y zapotecas de esa región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se llevará a cabo este viernes 29 un festejo que se iniciará con la misa que oficiará en dicho pueblo el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo lona Reyes.

Así lo informó don Pedro Orozco,  uno de los dirigentes de la APSDM, precisando que ya confirmaron su participación en el evento representantes de los pueblos de Alvaro Obregón, San Mateo del Mar, Santa María Chimalapa y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y se espera que haga lo propio la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ), quienes compartirán con quienes asistan las acciones de defensa de sus territorios que en este momento están realizando en sus regiones.

“Hacemos este festejo para que a la gente no se le olvide lo que ha representado nuestra lucha que triunfó pese a la represión sufrida por parte del gobierno estatal y porque la defensa territorial es algo que no tiene tregua, más cuando se habla de por lo menos seis proyectos mineros en la zona. Hemos oído de una mina de sal y de que quieren explotar oro y cobre pero no sabemos a quiénes se les concesionaron”, señaló.

“El 29 enero vamos a celebrar porque ganamos parar el parque eólico de Mareñas. El logro de esta resistencia fue que la opinión pública pudo separar que no era un conflicto político del PRI y PRD sino de resistencia contra el despojo del territorio; que éramos una asamblea de ciudadanos campesinos pescadores que estaban defendiendo sus tierras. Logramos romper el cerco mediático”, subrayó.

Mencionó que fue en el poblado de Álvaro Obregón donde la gente se dio cuenta de que no iban a poder pescar todos los pueblos mareños si se construía el citado parque eólico. “La lucha empezó en 2011 de manera muy incipiente con algunos pescadores de San Dionisio del Mar. La empresa ya había firmado un convenio en 1994 con autoridades comunales para la entrega de  mil 643 hectáreas  a finales de 2011”.

“La resistencia se inició primero por Pueblo Viejo de San Dionisio del Mar y luego se van sumando más comuneros y más pescadores. Todo se complica cuando los comuneros se enteran de que el presidente municipal, Miguel Castellanos López, había recibido varios millones de pesos por eso. El 29 de enero de 2012 el presidente municipal niega haber recibido 20.5 millones de pesos y hace como que rompe el contrato con la empresa pero entonces se toma del palacio municipal, que sigue tomado”, recordó don Pedro, señalando que ahora hay un administrador municipal.

Agregó que fue después de la toma del palacio “que el gobierno estatal llama a los compañeros y amenaza a los que iban en la comisión de que les va a pasar lo que en San José del Progreso con la minera canadiense (Cuzcatlán filial de la canadiense Fortuna Silver Mines) -donde matan a Bernardo Vázquez y meten a la cárcel a otro compañero-. Eso enoja más a la población y empieza la represión selectiva contra los comisionados; unos se van retirando y entramos  a la lucha Saúl Celaya y yo”.

Recordó que las movilizaciones y recursos legales incluyeron la interposición de un amparo y denuncias al Banco Interamericano de Desarrollo y a las embajadas de dónde vienen esas empresas. Después le pidieron apoyo a Andrés Manuel López obrador, “luego nos dieron un espacio en la Cámara de Diputados y hace una nota el Proceso y se hace el documental Somos viento (https://www.youtube.com/watch?v=JaV56DYy1NU), apoyado por el Colectivo Colibrí, se conjuntaron muchos factores, incluyendo el apoyo de la sección 22 del SNTE que criticó mucho al gobernador Gabino Cue”, afirmó.

Subrayó que gobierno del Estado intentó en dos ocasiones, el 2 noviembre de 2012 y el 2 de febrero de 2013, “romper por la vía militar el cerco nuestro y eso que ya existía la suspensión provisional del amparo (interpuesto contra el proyecto de Mareña). La suspensión del amparo se concedió unos días antes de esos enfrentamientos.” Después se les concedió en 2015 la suspensión definitiva, por lo que Mareña se lleva el proyecto a Juchitán y El Espinal, pero ahora se llama Eólica del Sur.

Denunció don Pedro que algunos campesinos están destruyendo el manglar  que protege a la zona de la barra de Santa Teresa, el cual están usando “para hacer carbón de manera extensiva, son las personas que fueron coptadas por las empresas para que le entraran al parque y en venganza están destruyendo el manglar. Nosotros como defensores del mar estamos preparando una denuncia”.

Mencionó también que en el Istmo las empresas eólicas “avanzaron por mucho tiempo sin resistencia, la gente no sabía que había eso de la consulta -que debe ser previa-, por eso las empresas pudieron comprar derechos agrarios pero a partir de lo de San Dionisio del Mar la gente se da cuenta de que debe haber consulta y más cuando el presidente municipal da su aval a la empresa”.

Agregó que “en la zona de sorgo de Tehuantepec y en Ixtepec ya no existen los pájaros; entre las consecuencias ambientales (de los parques eólicos instalados en el Istmo) nosotros pensamos que por eso este año no hubo lluvias, fue un desastre, en el Istmo no hubo cosecha. Hace muchos años se había vivido alguna sequía pero no de manera generalizada y la gente piensa que puede ser por estos parques” comentó don Pedro.

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Desalojar invasiones a tierras comunales de San Francisco La Paz, Oaxaca, demanda la Caravana de Observación Civil y Solidaridad por los Chimalapas

Rosa Rojas

La Caravana de Observación Civil y Solidaridad por los Chimalapas, organizada por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec (CDHTIT) y Maderas del Pueblo del Sureste (MPS), en la que participaron una decena de organizaciones de derechos humanos, no gubernamentales y estudiantiles solicitó a los gobiernos federal y de los estados de Oaxaca y Chiapas, el desalojo pacífico de tres invasiones que existen en tierras comunales de la comunidad zoque de San Francisco La Paz; castigo al dirigente de los invasores, David Vega Guerrero y vigilancia federal permanente para evitar nuevas invasiones y agresiones contra comunidades Chimalapas.

Al finalizar la caravana, realizada los días 10 y 11 de los corrientes, en la que participaron, entre otros el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, presidente de  coordinado por Miguel Angel García, se emitió un documento dirigido al presidente de la república, Enrique Peña Nieto y a los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cue y de Chiapas, Manuel Velasco, entre otros funcionarios en el se asevera que constataron «directa y personalmente las reiteradas y provocadoras re-invasiones de territorio comunal Chimalapa, especialmente en el predio recuperado comunalmente de San Isidro La Gringa».

Informan que constataron también la voluntad del pueblo y las familias indígenas de San Francisco La Paz de convivir  pacíficamente con sus vecinos y con la madre naturaleza. «pero  a la vez su clamor de justicia y de respeto a sus derechos humanos, individuales y colectivos como pueblo indígena».

Afirman que las cuatro personas «invasoras» retenidas desde el 24 de diciembre pasado «se encuentran bien tratados, atendidos médicamente y en estable estado de salud, incluyendo al líder invasor y señalado como pistolero y homicida, David Vega Guerrero, quien se avecindó en el Poblado 14 `Río Uxpanapa´ desde donde organizaba una nueva re-invasión».

Se recuerda que Vega Guerrero es señalado desde 1990 por las autoridades comunales y organismos de la sociedad civil como autor material e intelectual del secuestro y desaparición del comunero chimalapa Pablo Escobedo Méndez, al tiempo que se pide una investigación a fondo que de con el paradero de sus restos.

Se pide, además del desalojo pacífico de los tres parajes actualmente re-invadidos: Reforma-Pescaditos, Arroyo La Gringa-Emmanuel y Arroyo Zapote-Emmanuel II,  supervisión y vigilancia permanente para prevenir y evitar nuevas invasiones y actos de saqueo y de territorio comunal, así como hostigamiento, provocación o violencia en contra de comunidades y familias Chimalapas.

Manifiestan públicamente su respaldo al pueblo Chimalapa «en su clamor de justicia y su rechazo al intento de los gobiernos de acallar este movimiento a cambio de obras y proyectos sociales» y piden a los pueblos de México y el mundo se sumen al reclamo de defender el territorio más biodiverso de México y Mesoamérica.

En la caravana participaron, además el Comisariado de Bienes comunales de Santa María Chimalapa; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; SERDUCA; CEPROCOM; Defensores del Mar de San Dionisio del Mar; Bachillerato Comunitario Ikoos, de San Mateo del Mar y Preparatoria Comunitaria «José Martí» de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca.

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El Centro de Derechos Humanos “Tepeyac” y Maderas del Pueblo del Sureste convocan una “Caravana de Observación Civil y Solidaridad por los Chimalapas” ante la tensión social que vive esa región oaxaqueña

Rosa Rojas

Ante la «delicada situación» que se vive en se vive en la Congregación Comunal de San Francisco la Paz, Santa María Chimalapa, Oaxaca, el Centro de Derechos Humanos “Tepeyac” del Istmo de Tehuantepec, que preside el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona y la asociación civil Maderas del pueblo del Sureste, coordinada por Miguel Ángel García Aguirre, convocaron a instituciones y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y medios de comunicación a una “Caravana de Observación Civil y Solidaridad por los Chimalapas”.

En San Francisco La Paz los comuneros zoques mantiene retenidos, desde el pasado 24 de diciembre, a cuatro personas que encabezaban a un grupo de campesinos chiapanecos que estaba invadiendo sus tierras comunales. Uno de los retenidos, David Vega, resultó herido en el enfrentamiento que se dio en esa fecha entre los comuneros zoques y los invasores chiapanecos. Los primeros afirman que no se permitirá la salida de esas personas hasta que los invasores de sus tierras sean desalojados por las autoridades estatales y federales.

La convocatoria a la caravana, signada por Lona y García Aguirre menciona su «profunda preocupación» por «la tensión social en ese territorio mixe zoque ancestral, causado por ilegítimas e ilegales reinvasiones» que han venido ocurriendo en esa región.

La caravana partirá este domingo 10 de Tehuantepec, pasará por las ciudades de Juchitán y Matías Romero «para llegar a San Francisco La Paz, con el propósito de solidarizarnos con los habitantes y autoridades comunales de esta y de todas las congregaciones de Los Chimalapas», y volverá al punto de partida la noche del lunes 11.

El texto de la convocatoria señala: «después de esperar pacientemente que las acciones del Estado abonaran a la resolución definitiva de los problemas en la región y constatar que no es así, de nueva cuenta volvemos a hacer un llamado urgente a: autoridades de los distintos niveles de gobierno, a escuchar la voz de mujeres y hombres: abuelos, adultos, jóvenes y niños que claman, exigen y se manifiestan de diversas maneras por detener la amenaza latente que pone en peligro su territorio y su integridad física. Asimismo, la urgente intervención para frenar y revertir las citadas reinvasiones, garantizando la seguridad y la paz de los habitantes de toda la región de Los Chimalapas».

«De la misma manera -agrega- hacemos un llamamiento de solidaridad a: organizaciones sociales y civiles, instituciones educativas, centros de investigación, artistas conscientes, entre otros, a la defensa de los derechos indígenas, de la vida y de la madre naturaleza».

Por su parte el gobierno de Oaxaca informó, el pasado 4 de enero, que el Secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, se reunió con el presidente municipal y el síndico de Santa María Chimalapa, Silaín Hernández González y Edel González Lázaro, respectivamente, con el fin de establecer las posibles vías para lograr la entrega de las cuatro personas retenidas en la congregación de San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa, a las autoridades ministeriales.

Mencionó que aún cuando el 1 de enero funcionarios estatales acudieron a la citada congregación para buscar trasladar al herido, «sin embargo, los habitantes solamente permitieron su valoración médica y no así su salida de la comunidad, argumentado que liberarían a los retenidos hasta que el grupo invasor desaloje sus tierras».

Agregó la Secretaría de Gobierno de Oaxaca que desde el 26 de diciembre se giraron oficios al presidente municipal de Santa María Chimalapa y al presidente del comisariado de bienes comunales, notificándoles las reuniones que se tienen programadas, una para el día viernes 8 de enero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la participación de representantes de los gobiernos de ambas entidades, así como autoridades municipales y agrarias de la zona, y el 11 de enero en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, para continuar atendiendo la problemática.

Asimismo, que el 29 de diciembre, el Fiscal de Matías Romero, un perito médico y agentes ministeriales acudieron a San Francisco La Paz, con el fin de que les fueran entregados los tres retenidos y el herido, «objetivo que no se logró debido a que los habitantes del lugar se opusieron a que la comitiva entrara al pueblo, bajo el argumento de que primero fueran desalojadas sus tierras por parte de los invasores y se les garantizara que éstos no volverían a invadirles».

 

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