Archivo diario: 9 diciembre, 2015

Urge que el Estado mexicano se adhiera a la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: Adriana Luna Parra

Caminata adultos mayores 30jun15. Foto Rosa RojasRosa Rojas

Un exhorto al Ejecutivo federal y al Senado para que el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CISPDHPM) hizo la psicóloga especialista en envejecimiento, Adriana Luna Parra.

Integrante del Comité Intersectorial México (CIM) por la citada convención representando a la organización civil Canas Dignas, pidió además a los Estados de la república que tomen este instrumento -adoptado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 15 de junio- como guía para sus políticas públicas.

Luna Parra subrayó en entrevista que hay una creciente inversión en la edad de la población en el mundo e indicó que en México, para 2050 el 21.5 por ciento de la población, 32 millones, tendrá 60 años y más, por lo que  es inaplazable que el mundo replantee la visión hacia la vejez  para que haya una justa y armónica convivencia social, dado que actualmente en muchos lugares no se reconocen los plenos derechos de las personas  mayores, que son víctimas de diferentes formas de discriminación y maltrato, muchas veces dentro de la propia familia, realidad poco visible.

«Quienes enfocamos a este tema nuestros esfuerzos, vemos que las distintas formas de violencia por razones de edad son una realidad dentro de las familias, sobre todo en los ámbitos urbanos donde la cultura neoliberal ha llevado a la perdida de humanidad resaltando el valor de la productividad economica.  El valor de las personas está condicionado por los estereotipos culturales generados del papel social que se impone por el ser hombres o mujeres, lo que determina desde el nacimiento a una discriminacion por genero que se multiplica en el envejecimiento, causa de que el abuso y la violencia  hacia la mujer sea tan creciente como no visible, pues se asume como parte de su rol, se naturaliza y se tolera como intercambio de compañía de sus hijos y nietos», apuntó.

Esta realidad, ya antes reconocida por la recomendación 27 de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas) sobre las mujeres de edad,  la aborda la CISPDHPM al enfatizar la necesidad de atención con perspectiva de género, añadió.

Comentó que esta Convención hace la descripcion de los distintos tipos de violencia y la integralidad de derechos, mencionando la autorealización, autonomía, dignidad,  participacion y justicia, entre otros, que conllevan una concepcion holística de la vejez con derechos plenos, cuestionando las usuales políticas públicas de ubicar en el entretenimiento su responsabilidad, sin visualizar que el deterioro natural del organismo y la cultura discriminatoria requieren reconstruir fortalezas tenidas e impulsar al sujeto a verse con derechos plenos para, desde si mismo, combatir el usual menosprecio de que es víctima sin haberlo percibido.

La Convención combate esta doble discriminación que  abre la puerta a una situación tan grave como inhumana que se cubre sobre valores supuestos de amor familiar, enfatizó.

Mencionó entre los principios generales de la Convención: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de su papel en la sociedad y contribución al desarrollo;  la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad de la persona mayor.

Asimismo, el bienestar y cuidado; la seguridad física, económica y social; la autorrealización;  la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria; el buen trato y la atención preferencial y el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

Además, el respeto y valorización de la diversidad cultural; la protección judicial efectiva y la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Indicó que estos principios se reiteran en la Convención como derechos de las personas mayores a la igualdad y no discriminación por razones de edad; a la vida; a la participación e integración comunitaria,  y a la dignidad en la vejez; derecho a la independencia y a la autonomía, a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, mencionando la necesidad de capacitación de funcionarios con esta vision y la promoción activa de la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.

Apuntó también el derecho a ser informada sobre su salud, tema que suele ser oculto por “razones de cuidado” y el derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.

Cuestionó Luna Parra «¿Qué sería de una sociedad sin la vejez? Somos quienes hemos dado sustento a la adultez de hoy, quienes levantamos los andamios del hoy que construirá el mañana, quienes transmitimos la historia, los cuentos y los sueños, quienes les dimos la mano para aprender a caminar. Las mujeres somos transmisoras de la crianza, de nuestra mano han dado los primeros pasos y escuchado las canciones de cuna».

«Poco se ha visibilizado la trascendencia en este tema, lo que ha abierto el camino para que la frecuencia del abuso con diferentes formas y lenguajes aumente bajo el manto de estereotipos generados por una cultura que incorpora formas de respuesta a roles en nuestro actuar cotidiano y establece formas de relaciones inequitativas y ocultan realidades discriminatorias y violentas  que despojan a las personas mayores de la capacidad de decidir, del tiempo, espacio, patrimonio muchas veces, bajo el velo de cuidados o compañía  entendidos inequitativamente».

Informó que desde 2011 varias organizaciones de la sociedad civil y academia, conformaron  el Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, formado por varias organizaciones que recibieron en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la noticia de la aprobación en el seno de la OEA, de dicha Convención, que fue firmada por  cinco países -Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay- de los 35 países de la región.

Ante esto, dijo, reiteraron su compromiso de seguir trabajando conjuntamente por la firma por parte de México de este instrumento, y se fijaron tres vías para ellos: que las mismas sujetas de este instrumento lo sintieran suyo reconociéndose en él como protagonistas del cambio; realizar cabildeo en el Senado y hacer una difusión permanente para abrir nuevos y valiosos apoyos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realizó un primer foro sobre la Convención los primeros días de diciembre en la capital michoacana.

Detalló que. como primer paso para demostrar y difundir la relevancia de la adopción de la Convención, demandar al Gobierno de México su firma y ratificación y hacer público su compromiso,  el 30 de Junio realizaron una caminata del Hemiciclo a Juárez al Zócalo, logrando que las mismas personas mayores con poca cultura de participación sintieran propia esta demanda.

En el Senado se hicieron diversas gestiones y el 8 de Septiembre de 2015,  el senador Marco Antonio Blázquez Salinas sometió con carácter de urgente un punto de acuerdo con la solicitud al Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el país se adhiera a esta Convención y la envíe al Senado para su aprobación.  El dictamen lleva también la firma de la Senadora  Laura Angélica Rojas Hernández y del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, detalló Luna Parra.

 

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Denuncian comunidades indígenas que en el Estado de México hay una «sistemática» violación de sus derechos humanos para despojarlos de su tierra y agua

Rosa Rojas

En el Estado de México existe una «práctica sistemática» de violación de derechos humanos contra comunidades indígenas y pueblos a los que se pretende despojar de sus recursos naturales: tierra y agua y derechos como el acceso a la educación, a la salud y la energía eléctrica, mediante la construcción de autopistas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y siete «Ciudades del Bicentenario» que incluyen la construcción de un millón de casas y otros megaproyectos, denunciaron hoy mujeres integrantes de pueblos indígenas y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),  seis mujeres de organizaciones populares y comunales desgranaron los agravios contra sus comunidades que el CDHZL sistematizó en su informe de labores 2014-2015 (http://cdhzl.org/2015/12/08/informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-estado-de-mexico/), algunas que detallaron Itzia Miravete y Janet Ramírez, coordinadoras de Documentación y de Educación en derechos humanos, respectivamente, del citado centro, como que en los últimos dos años 50 personas de distintas comunidades han sido amenazadas y 56 personas han sido detenidas por su labor de defensa de sus recursos naturales y su acompañamiento al magisterio mexiquense.

Hay además un preso político: el profesor Oscar Hernández Flores, encarcelado por un delito que no cometió, agregaron. «Hay un panorama adverso a los derechos humanos en el Estado de México pero se han iniciado procesos importantes de articulación … que puede frenar la crisis humanitaria que se vive no sólo en el Estado de México sino en todo el país», aseveró Miravete. Citó como ejemplo el movimiento Fuego de la Digna Resistencia. En este participan organizaciones de diversos municipios y pueblos mexiquenses como Coyotepec, Apaxco, San Francisco Magu, Nezahualcóyotl, San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan, Tecamac, Chalco, Tlanixco… además del magisterio mexiquense.

En la rueda de prensa participaron además, Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco;  Vanesa Segundo, del pueblo originario (PO) San Francisco Magu; Irma Luna, de Coyotepec; Felipa Gutiérrez del PO otomí de San Francisco Xochicuautla; Aurora Allende del PO otomí San Lorenzo Huitzizilapan y Rosalía Castañeda, de la Coordinadora de Pueblos de Nezahualcóyotl.  Informaron que este jueves 10 de diciembre, que se conmemoran los derechos humanos, habrá movilizaciones regionales para protestar contra los despojos que pretenden hacerles y las violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales.

Todas hicieron un reconocimiento al CDHZL por el acompañamiento y asesoría legal que les está dando en sus respectivas luchas. En la rueda de prensa estuvieron presentes dos enviados de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Tom Hank  y Daniel Zapico.

Ramírez recordó que en Atenco se ha luchado contra un proyecto de aeropuerto en sus tierras desde el 2002. «Sí queremos el progreso pero no a base del despojo de nuestras tierras porque esos proyectos como el que quieren hacer  jamás benefician a las comunidades… nuestra lucha es legítima», afirmó.

Subrayó que aunque el gobierno dice que no está tocando la tierra de Atenco, «sí lo está haciendo… ahora tampoco preguntó si queríamos vender la tierra, ahora ofreció dinero para comprarla. En febrero de 2014 hubo una asamblea ilegítima para cambio del régimen de la tierra… hubo una suspensión definitiva, hemos aportado pruebas de que somos pueblos originarios pero ahora el gobierno dice que no somos originarios ni ejidatarios… vamos a seguir el juicio porque en aquella asamblea no firmaron ejidatarios y hay firmas de algunos que ya estaban muertos… desde el Registro Agrario Nacional todas las autoridades están coludidas en este engaño», aseveró Ramírez.

Mencionó que incluso se ha incrementado la inseguridad y han estado secuestrando a la misma gente que vendió su tierra y recién enterraron a un joven, hijo de un ejidatario que vendió la tierra, que había sido secuestrado ¿quiénes sabían qué cantidad de dinero recibió por su tierra?, cuestionó. Añadió que el gobierno -federal y estatal- rompió el tejido social «pero vamos a luchar por la recomposición; existe mucha miseria pero hay una lucha digna, clara, convencida de que no vamos a dejar nuestra tierra aunque se nos esté matando, torturando, desapareciendo».

Irma Luna, de Coyotepec, refirió que el presidente municipal les quiere quitar el agua de sus tres pozos. Desde el 2 de junio hizo una asamblea y dijo que ya estaba municipalizada. El paro que hicieron en la autopista México-Querétaro para exigir que un representante oficial bajara a darles una solución fue gaseado con helicópteros, los golpearon, hubo dos muertos, aún así se han organizado para defender su agua y la tierra del ejido. En junio de 2013 se formó un grupo para la defensa de sus recursos naturales porque al agua la quieren para la Coca-cola y Walmart y el pueblo lleva casi un año sin agua porque la CFE les cortó la energía eléctrica.

Gutiérrez, de San Francisco Xochicuautla, dijo que están defendiendo su tierra contra la construcción de una autopista y por eso hace dos años se la llevaron a encerrar a Toluca a ella y a su hija, además de que el gobierno está tumbando todos los árboles por donde pasará la vía.

Allende, de Huitzizilapan, indicó que junto con Xochicuautla tampoco están de acuerdo con la autopista, además de que «por arriba de ella vienen los megaproyectos». «Han sobornado a nuestras autoridades» e incluso cancelaron una asamblea este lunes y pretenden hacerla en diciembre o enero «para quedarse con el comisariado para vender las tierras». Ha habido choques y enfrentamiento dentro del mismo pueblo por ello, indicó, señalando que con el movimiento del Fuego de la Digna Resistencia «hemos demostrado que podemos lograr atención porque lo que nos sucede está pasando en todo el Estado».

Las denunciantes coincidieron en que todos los partidos -PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano- están involucrados en esos intentos de despojo a comunidades y pueblos. Ramírez subrayó que por eso en Atenco insisten en que no quieren partidos políticos «porque en las cámaras de Diputados y Senadores están aprobando reformas que van contra el pueblo».

 

 

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