Archivo mensual: diciembre 2015

El indígena ecologista preso Pablo López Alaves y el CIPO-RFM hacen un «receso» en el ayuno por su liberación ante compromisos del gobierno oaxaqueño

cipo frente penal Etla12dic15Rosa Rojas

El indígena ecologista Pablo López Alaves -preso desde hace cinco años en el penal de Etla, Oaxaca- y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca- Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), determinaron la madrugada de este sábado 12 de diciembre, «hacer un receso» en la huelga de hambre que se inició el pasado día 9 en demanda de su liberación, ante el compromiso de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) de esa entidad de respetar la Recomendación 11/2015 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que señaló irregularidades en este caso que deberán ser tomadas en cuenta «y de ser procedente pueda obtener su libertad (el acusado) por las violaciones al debido proceso».

Miguel Cruz, dirigente del CIPO-RFM, informó vía telefónica que los 11 indígenas que participaban en esta huelga de hambre y los otros 29 que entrarían al ayuno paulatinamente, regresarán a sus comunidades a informar del citado compromiso, asumido por la asesora de la SEGEGO, Gabriela Cueto. «Ellos dijeron que van a respetar la recomendación de la DDHPO y que les permitan hacer el análisis (que propone el documento) para informarle (el resultado) a la DDHPO», indicó Cruz. Si no es así se reanudaría la huelga de hambre pero en forma masiva, como lo decidan las comunidades, explicó.

La DDHPO emitió dicha recomendación el pasado 2 de octubre y aunque las autoridades de la Fiscalía General de Oaxaca y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Oaxaca admitieron la recomendación a mediados de noviembre «no habían hecho nada para cumplirla. Por eso se decidió hacer la huelga de hambre» añadió.

Mencionó que además, como al iniciar el ayuno se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), «desde anoche personal de la nacional está en Oaxaca y hoy hablaron con la esposa, Yolanda Pérez Cruz, y el hijo de Pablo para entrevistarse con ellos». Además se va a pedir que una comisión de la CNDH pueda entrar a la cárcel de Etla a entrevistarse con López Alaves, «acusado de un homicidio que no cometió».

Cruz comentó que el gobierno oaxaqueño tiene 15 días para informar a la DDHPO de lo que estén haciendo (para activar el proceso) y eso tiene que reflejarse en lo que se haga en el juzgado».

López Alaves ha sido uno de los principales defensores de los bosques  de San Isidro Aloapan y la Sierra Juárez frente a la tala inmoderada  que realizan sus vecinos de San Miguel Aloapan, en una lucha colectiva que provocó el encarcelamiento de varios de los indígenas ecologistas, Pablo entre ellos y órdenes de aprehensión y amenazas en contra de unas 20 personas, informó el CIPO-RFM.

La organización indígena hizo un llamado a los organismos de derechos humanos a estar pendientes de la seguridad de sus integrantes, «pues los malos gobiernos en lugar dar justicia, persiguen, intimidan, golpean, secuestran, encarcelan y asesinan a quienes se atreven a protestar por las graves violaciones a nuestros derechos constitucionales».

 

 

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Once indígenas de CIPO-RFM en huelga de hambre en Oaxaca en demanda de libertad para el ecologista Pablo López Alaves

 

Rosa Rojas

El Consejo Indígena Popular de Oaxaca- Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) demandó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervenga en el caso del defensor indígena ecologista Pablo Lopez Alaves, quien inició el día 9 de diciembre una huelga de hambre por tiempo indefinido para exigir su liberación del penal de Etla, donde está preso desde hace cinco años, «acusado de un homicidio que no cometió».

La esposa de López Alaves, la defensora de los derechos indígenas Yolanda Pérez Cruz, inició también una huelga de hambre el mismo día frente al palacio de gobierno de Oaxaca y este viernes -11 de diciembre- «ante la falta de respuesta del gobierno», se sumaron al ayuno  otras cinco personas, con lo que ya son 10 los indígenas zapotecas, triquis, chinantecos, mixes y mixtecos, quienes participan en esta acción de protesta.

López Alaves ha sido uno de los principales defensores de los bosques  de San Isidro Aloapan y la Sierra Juárez frente a la tala inmoderada  que realizan sus vecinos de San Miguel Aloapan, en una lucha colectiva que provocó el encarcelamiento de varios de los indígenas ecologistas, Pablo entre ellos y órdenes de aprehensión y amenazas en contra de unas 20 personas, informó el CIPO-RFM.

Dicha organización exige que el Fiscal General del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Oaxaca cumplan con la  Recomendación 11/2015 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) el pasado 2 de octubre. Al Fiscal le recomienda que se realice «un estudio técnico-jurídico de las constancias que obran en el expediente penal 102/2007, y atendiendo a las observaciones realizadas en la presente recomendación, haga valer dicha circunstancia en la causa penal y pueda ser tomado en cuenta por el juez que conoce la causa penal que se instruye en contra de A (López Alavez) y de ser procedente pueda obtener su libertad por las violaciones al debido proceso».

Al presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura la DDHPO recomienda que «por las violaciones al debido proceso… tome en consideración las diversas irregularidades cometidas durante la averiguación previa,  a la luz de los principios y formalidades que debe reunir todo medio probatorio para satisfacer las exigencias del debido proceso legal, el principio de equidad procesal como exigencia judicial para efectos de la valoración de la prueba y la prueba ilícita y las consecuencias de su ofrecimiento en el proceso penal, debiendo atender de manera integral todos los argumentos que vertió la defensa del procesado».

En un comunicado el CIPO-RFM acusó de «insensibilidad» al gobierno de Oaxaca ante las diversas movilizaciones que se han realizado y la actual huelga de hambre para obtener la libertad de Pablo, lo que, aseveró, «da prueba que los intereses que estamos tocando son de los poderosos quienes se enriquecen de la tala y explotación de nuestros bosques. Y no dejando fuera los intereses mezclados del crimen organizado y el poder político que opera en San Miguel Aloapam (Partido Revolucionario Institucional- PRI)».

«El gobierno (SEGEGO) nos pregunta descaradamente que le demos información de Pablo, es decir le informemos nosotros en qué penal se encuentra y su nombre completo. Para nosotros esto significa un insulto pues no es la primera vez que demandamos una mesa para este caso. Cabe mencionar las burlas que nuestro compañero defensor Pablo está recibiendo dentro del penal de Etla, durante su huelga de hambre, como es el ofrecimiento de comida por parte del Director del penal, la administración de pastillas ante la falta de alimento, lo que puede perjudicar su salud y la falta de sueros orales para mantenerlo en buena hidratación».

Agregó que «el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, con el respaldo del Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, sin argumento alguno y de manera déspota y altanera, corrió al personal de derechos humanos que acompañaba la instalada del ayuno de Pablo. Con el mismo talante, impidió la visita de periodistas, amigos y hermanos de Pablo López Alavez, pese a que jurídicamente no existe impedimento para que periodistas escuchen la palabra de un preso político dentro de un penal».

La organización indígena hizo un llamado a los organismos de derechos humanos a estar pendientes de la seguridad de sus integrantes, «pues los malos gobiernos en lugar dar justicia, persiguen, intimidan, golpean, secuestran, encarcelan y asesinan a quienes se atreven a protestar por las graves violaciones a nuestros derechos constitucionales».

 

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Urge que el Estado mexicano se adhiera a la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: Adriana Luna Parra

Caminata adultos mayores 30jun15. Foto Rosa RojasRosa Rojas

Un exhorto al Ejecutivo federal y al Senado para que el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CISPDHPM) hizo la psicóloga especialista en envejecimiento, Adriana Luna Parra.

Integrante del Comité Intersectorial México (CIM) por la citada convención representando a la organización civil Canas Dignas, pidió además a los Estados de la república que tomen este instrumento -adoptado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 15 de junio- como guía para sus políticas públicas.

Luna Parra subrayó en entrevista que hay una creciente inversión en la edad de la población en el mundo e indicó que en México, para 2050 el 21.5 por ciento de la población, 32 millones, tendrá 60 años y más, por lo que  es inaplazable que el mundo replantee la visión hacia la vejez  para que haya una justa y armónica convivencia social, dado que actualmente en muchos lugares no se reconocen los plenos derechos de las personas  mayores, que son víctimas de diferentes formas de discriminación y maltrato, muchas veces dentro de la propia familia, realidad poco visible.

«Quienes enfocamos a este tema nuestros esfuerzos, vemos que las distintas formas de violencia por razones de edad son una realidad dentro de las familias, sobre todo en los ámbitos urbanos donde la cultura neoliberal ha llevado a la perdida de humanidad resaltando el valor de la productividad economica.  El valor de las personas está condicionado por los estereotipos culturales generados del papel social que se impone por el ser hombres o mujeres, lo que determina desde el nacimiento a una discriminacion por genero que se multiplica en el envejecimiento, causa de que el abuso y la violencia  hacia la mujer sea tan creciente como no visible, pues se asume como parte de su rol, se naturaliza y se tolera como intercambio de compañía de sus hijos y nietos», apuntó.

Esta realidad, ya antes reconocida por la recomendación 27 de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas) sobre las mujeres de edad,  la aborda la CISPDHPM al enfatizar la necesidad de atención con perspectiva de género, añadió.

Comentó que esta Convención hace la descripcion de los distintos tipos de violencia y la integralidad de derechos, mencionando la autorealización, autonomía, dignidad,  participacion y justicia, entre otros, que conllevan una concepcion holística de la vejez con derechos plenos, cuestionando las usuales políticas públicas de ubicar en el entretenimiento su responsabilidad, sin visualizar que el deterioro natural del organismo y la cultura discriminatoria requieren reconstruir fortalezas tenidas e impulsar al sujeto a verse con derechos plenos para, desde si mismo, combatir el usual menosprecio de que es víctima sin haberlo percibido.

La Convención combate esta doble discriminación que  abre la puerta a una situación tan grave como inhumana que se cubre sobre valores supuestos de amor familiar, enfatizó.

Mencionó entre los principios generales de la Convención: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de su papel en la sociedad y contribución al desarrollo;  la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad de la persona mayor.

Asimismo, el bienestar y cuidado; la seguridad física, económica y social; la autorrealización;  la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria; el buen trato y la atención preferencial y el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

Además, el respeto y valorización de la diversidad cultural; la protección judicial efectiva y la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Indicó que estos principios se reiteran en la Convención como derechos de las personas mayores a la igualdad y no discriminación por razones de edad; a la vida; a la participación e integración comunitaria,  y a la dignidad en la vejez; derecho a la independencia y a la autonomía, a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, mencionando la necesidad de capacitación de funcionarios con esta vision y la promoción activa de la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.

Apuntó también el derecho a ser informada sobre su salud, tema que suele ser oculto por “razones de cuidado” y el derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.

Cuestionó Luna Parra «¿Qué sería de una sociedad sin la vejez? Somos quienes hemos dado sustento a la adultez de hoy, quienes levantamos los andamios del hoy que construirá el mañana, quienes transmitimos la historia, los cuentos y los sueños, quienes les dimos la mano para aprender a caminar. Las mujeres somos transmisoras de la crianza, de nuestra mano han dado los primeros pasos y escuchado las canciones de cuna».

«Poco se ha visibilizado la trascendencia en este tema, lo que ha abierto el camino para que la frecuencia del abuso con diferentes formas y lenguajes aumente bajo el manto de estereotipos generados por una cultura que incorpora formas de respuesta a roles en nuestro actuar cotidiano y establece formas de relaciones inequitativas y ocultan realidades discriminatorias y violentas  que despojan a las personas mayores de la capacidad de decidir, del tiempo, espacio, patrimonio muchas veces, bajo el velo de cuidados o compañía  entendidos inequitativamente».

Informó que desde 2011 varias organizaciones de la sociedad civil y academia, conformaron  el Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, formado por varias organizaciones que recibieron en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la noticia de la aprobación en el seno de la OEA, de dicha Convención, que fue firmada por  cinco países -Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay- de los 35 países de la región.

Ante esto, dijo, reiteraron su compromiso de seguir trabajando conjuntamente por la firma por parte de México de este instrumento, y se fijaron tres vías para ellos: que las mismas sujetas de este instrumento lo sintieran suyo reconociéndose en él como protagonistas del cambio; realizar cabildeo en el Senado y hacer una difusión permanente para abrir nuevos y valiosos apoyos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realizó un primer foro sobre la Convención los primeros días de diciembre en la capital michoacana.

Detalló que. como primer paso para demostrar y difundir la relevancia de la adopción de la Convención, demandar al Gobierno de México su firma y ratificación y hacer público su compromiso,  el 30 de Junio realizaron una caminata del Hemiciclo a Juárez al Zócalo, logrando que las mismas personas mayores con poca cultura de participación sintieran propia esta demanda.

En el Senado se hicieron diversas gestiones y el 8 de Septiembre de 2015,  el senador Marco Antonio Blázquez Salinas sometió con carácter de urgente un punto de acuerdo con la solicitud al Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el país se adhiera a esta Convención y la envíe al Senado para su aprobación.  El dictamen lleva también la firma de la Senadora  Laura Angélica Rojas Hernández y del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, detalló Luna Parra.

 

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Denuncian comunidades indígenas que en el Estado de México hay una «sistemática» violación de sus derechos humanos para despojarlos de su tierra y agua

Rosa Rojas

En el Estado de México existe una «práctica sistemática» de violación de derechos humanos contra comunidades indígenas y pueblos a los que se pretende despojar de sus recursos naturales: tierra y agua y derechos como el acceso a la educación, a la salud y la energía eléctrica, mediante la construcción de autopistas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y siete «Ciudades del Bicentenario» que incluyen la construcción de un millón de casas y otros megaproyectos, denunciaron hoy mujeres integrantes de pueblos indígenas y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),  seis mujeres de organizaciones populares y comunales desgranaron los agravios contra sus comunidades que el CDHZL sistematizó en su informe de labores 2014-2015 (http://cdhzl.org/2015/12/08/informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-estado-de-mexico/), algunas que detallaron Itzia Miravete y Janet Ramírez, coordinadoras de Documentación y de Educación en derechos humanos, respectivamente, del citado centro, como que en los últimos dos años 50 personas de distintas comunidades han sido amenazadas y 56 personas han sido detenidas por su labor de defensa de sus recursos naturales y su acompañamiento al magisterio mexiquense.

Hay además un preso político: el profesor Oscar Hernández Flores, encarcelado por un delito que no cometió, agregaron. «Hay un panorama adverso a los derechos humanos en el Estado de México pero se han iniciado procesos importantes de articulación … que puede frenar la crisis humanitaria que se vive no sólo en el Estado de México sino en todo el país», aseveró Miravete. Citó como ejemplo el movimiento Fuego de la Digna Resistencia. En este participan organizaciones de diversos municipios y pueblos mexiquenses como Coyotepec, Apaxco, San Francisco Magu, Nezahualcóyotl, San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan, Tecamac, Chalco, Tlanixco… además del magisterio mexiquense.

En la rueda de prensa participaron además, Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco;  Vanesa Segundo, del pueblo originario (PO) San Francisco Magu; Irma Luna, de Coyotepec; Felipa Gutiérrez del PO otomí de San Francisco Xochicuautla; Aurora Allende del PO otomí San Lorenzo Huitzizilapan y Rosalía Castañeda, de la Coordinadora de Pueblos de Nezahualcóyotl.  Informaron que este jueves 10 de diciembre, que se conmemoran los derechos humanos, habrá movilizaciones regionales para protestar contra los despojos que pretenden hacerles y las violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales.

Todas hicieron un reconocimiento al CDHZL por el acompañamiento y asesoría legal que les está dando en sus respectivas luchas. En la rueda de prensa estuvieron presentes dos enviados de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Tom Hank  y Daniel Zapico.

Ramírez recordó que en Atenco se ha luchado contra un proyecto de aeropuerto en sus tierras desde el 2002. «Sí queremos el progreso pero no a base del despojo de nuestras tierras porque esos proyectos como el que quieren hacer  jamás benefician a las comunidades… nuestra lucha es legítima», afirmó.

Subrayó que aunque el gobierno dice que no está tocando la tierra de Atenco, «sí lo está haciendo… ahora tampoco preguntó si queríamos vender la tierra, ahora ofreció dinero para comprarla. En febrero de 2014 hubo una asamblea ilegítima para cambio del régimen de la tierra… hubo una suspensión definitiva, hemos aportado pruebas de que somos pueblos originarios pero ahora el gobierno dice que no somos originarios ni ejidatarios… vamos a seguir el juicio porque en aquella asamblea no firmaron ejidatarios y hay firmas de algunos que ya estaban muertos… desde el Registro Agrario Nacional todas las autoridades están coludidas en este engaño», aseveró Ramírez.

Mencionó que incluso se ha incrementado la inseguridad y han estado secuestrando a la misma gente que vendió su tierra y recién enterraron a un joven, hijo de un ejidatario que vendió la tierra, que había sido secuestrado ¿quiénes sabían qué cantidad de dinero recibió por su tierra?, cuestionó. Añadió que el gobierno -federal y estatal- rompió el tejido social «pero vamos a luchar por la recomposición; existe mucha miseria pero hay una lucha digna, clara, convencida de que no vamos a dejar nuestra tierra aunque se nos esté matando, torturando, desapareciendo».

Irma Luna, de Coyotepec, refirió que el presidente municipal les quiere quitar el agua de sus tres pozos. Desde el 2 de junio hizo una asamblea y dijo que ya estaba municipalizada. El paro que hicieron en la autopista México-Querétaro para exigir que un representante oficial bajara a darles una solución fue gaseado con helicópteros, los golpearon, hubo dos muertos, aún así se han organizado para defender su agua y la tierra del ejido. En junio de 2013 se formó un grupo para la defensa de sus recursos naturales porque al agua la quieren para la Coca-cola y Walmart y el pueblo lleva casi un año sin agua porque la CFE les cortó la energía eléctrica.

Gutiérrez, de San Francisco Xochicuautla, dijo que están defendiendo su tierra contra la construcción de una autopista y por eso hace dos años se la llevaron a encerrar a Toluca a ella y a su hija, además de que el gobierno está tumbando todos los árboles por donde pasará la vía.

Allende, de Huitzizilapan, indicó que junto con Xochicuautla tampoco están de acuerdo con la autopista, además de que «por arriba de ella vienen los megaproyectos». «Han sobornado a nuestras autoridades» e incluso cancelaron una asamblea este lunes y pretenden hacerla en diciembre o enero «para quedarse con el comisariado para vender las tierras». Ha habido choques y enfrentamiento dentro del mismo pueblo por ello, indicó, señalando que con el movimiento del Fuego de la Digna Resistencia «hemos demostrado que podemos lograr atención porque lo que nos sucede está pasando en todo el Estado».

Las denunciantes coincidieron en que todos los partidos -PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano- están involucrados en esos intentos de despojo a comunidades y pueblos. Ramírez subrayó que por eso en Atenco insisten en que no quieren partidos políticos «porque en las cámaras de Diputados y Senadores están aprobando reformas que van contra el pueblo».

 

 

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