Archivo mensual: octubre 2015

» Hay que temer una deriva autoritaria y de monopolio del poder» en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, advierte la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui

Rosa Rojas

El gran proyecto del movimiento popular que en 2003 echó al presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada del poder para recuperar la riqueza del país para los bolivianos e instaurar en Estado pluricultural, que reconociera las autonomías indígenas, «quedó absolutamente destruido y negado en los hechos y lo peor, encubierto por una retórica progresista» durante los gobiernos del presidente Evo Morales, afirmó la socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui.

Entrevistada en el marco del Primer Congreso Internacional de Comunalidad que se llevó a cabo del 26 al 29 de octubre pasado en Puebla, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),  indicó que el grupo del presidente Morales «se están aferrando con uñas y dientes al Estado porque ya hay intereses económicos muy fuertes vinculados tanto a capitales extranjeros, especialmente chinos -ya no tanto brasileños por la crisis- y sobre todo capitales locales».

Se ha creado en Bolivia, desde el Estado «una nueva oligarquía, una nueva burguesía» que bajo el lema del desarrollo busca imponer proyectos que benefician a transnacionales «ya sin consultar a nadie sobre nada; se ha eliminado la consulta previa, la Constitución Política se viola a cada rato, e incluso ahora se la reforma mediante la mayoría parlamentaria para que sea posible modificar un artículo que, claro, se someterá a referéndum, pero como el ejecutivo controla el órgano electoral, el Poder Judicial, y todo, entonces ya hay que temer una deriva autoritaria y una deriva de monopolio del poder, de partido único de terror».

Autora de más de una decena de libros, entre ellos «Mito y desarrollo en Bolivia, el giro colonial del gobierno del MAS», publicado en marzo de este año, Rivera señaló que en el país sudamericano se ha creado entre los liderazgos de algunas organizaciones sociales «una sociedad de cómplices que silencian cualquier denuncia y además silencian a sus propias bases. Entonces la gente de base ha sido fragmentada y desarticulada de un modo bastante brutal y el que se atreve a protestar recibe un palo muy fuerte», como fue la represión contra los guaraníes de Takovo Mora, que se oponen a proyectos petroleros en sus tierras comunales (http://www.boliviarural.org/noticias/noticias-2015/4093-violento-asalto-policial-a-comunidad-guarani-que-se-opone-a-obras-petroleras.html).

En seguida la entrevista a Rivera Cusicanqui:

RR–¿Qué está pasando en el gobierno de Evo Morales en Bolivia?

SRC–Está pasando que cada vez en forma más desembozada y cínica está mostrando su verdadera cara, que la mostró muy poco a poco pero después de las últimas elecciones y pese a que en las sub nacionales hubo una baja de sus triunfos, ahora ya tiene asegurados cuatro años, están haciendo todo lo posible, creo que incluso hasta fraude, para garantizar la reelección indefinida, se están aferrando con uñas y dientes al Estado porque ya hay intereses económicos muy fuertes vinculados tanto a capitales extranjeros, especialmente chinos -ya no tanto brasileños por la crisis- y sobre todo capitales locales. Es decir, desde el Estado se ha creado una nueva burguesía, una nueva oligarquía, que está comprando mucho, por ejemplo los ferrocarriles, y no es nacional, o sea el personaje que ha hecho estas compras es un señor (Carlos) Gil venezolano, primero compró (el diario) La Razón, (la televisora) PAT, luego Gravetal (la principal aceitera y comercializadora de soya del país) y finalmente ferrocarriles y están en plan de hacer el tren bioceánico, ya está totalmente articulado con el proyecto del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que apoya el Banco Interamericano de Desarrollo) y bajo el lema del desarrollo… no se puede combatir, es una idea tan asumida por la gente que el desarrollo es lo más importante, es estar metiéndole con todo, ya sin consultar a nadie sobre nada; se ha eliminado la consulta previa, la Constitución Política se viola a cada rato, e incluso ahora se la reforma mediante la mayoría parlamentaria para que sea posible modificar un artículo que, claro, se someterá a referéndum, pero como el ejecutivo controla el órgano electoral, el Poder Judicial, y todo, entonces ya hay que temer una deriva autoritaria y una deriva de monopolio del poder, de partido único de terror.

RR–¿Pero qué pasa entonces con los movimientos sociales?

SRC –Mira, los movimientos llamados movimientos sociales se han transformado en organizaciones cuya principal finalidad, o sea estoy hablando del liderazgo, es neutralizar las demandas y desmovilizar. Entonces Evo creo dos mecanismos por lo menos, uno que es la redistribución directa a través de bonos que son pequeños montos, muy insignificantes, pero que de algún modo convoca la lealtad de mucha gente: tercera edad, niños, madres, etcétera, que son además bastante condicionados en el sentido por ejemplo que las madres sólo pueden recibir el SUMI (Seguro Universal Materno Infantil) si se someten a partos en hospitales o sea, se niega absolutamente toda posibilidad de una medicina alternativa, pero aparte de eso hay el otro elemento que es mucho más delicado y además mucho más difícil de sacar a la luz y de crítica y es que hay una permisividad hacia lo ilegal, entonces si no hay suficientes pegas (plazas) en el Estado, también ese es un mecanismo de redistribución: se ha triplicado la burocracia a cambio de lealtades políticas. El otro, que es la distribución de bonos y un tercer elemento que es mucho más delicado y peligroso, que es la corrupción del liderazgo, ahí el líder que recibe fondos como en el caso del Fondo Indígena, son fondos millonarios que van a cuentas privadas o «Evo cumple»; no sé de los cuantos proyectos de «Evo cumple», muy pocos, se han realizado, todos los demás son proyectos fantasmas, pero entonces estamos hablando de un montón de personas que han formado prácticamente, yo creo, una sociedad de cómplices que silencian cualquier denuncia y además silencian a sus propias bases. Entonces la gente de base ha sido fragmentada y desarticulada de un modo bastante brutal y el que se atreve a protestar recibe un palo muy fuerte. Eso pasó en  Mallku Qota
(donde había un proyecto de la transnacional South American Silver) la judicialización, el encarcelamiento o el inicio de procesos judiciales contra personas que han resistido, por ejemplo el caso de una empresa minera, en Mallku Qota había una gran inversión minera, a la cual se opusieron las comunidades y esto era antes de la promulgación de la Ley Minera y desde entonces están sometidos a juicio los dirigentes como Cancio Rojas.

El otro caso está la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Takovo Mora, (donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco, alianza de la petrolera estatal YPFB con capitales transnacionales), que era una oposición guaraní a una petrolera en demanda de la consulta previa y no hubo tal consulta previa pero si se mandó con todo la represión (el pasado 18 de agosto). Tú puedes ver en el internet videos y hay testimonios directos de personas que han estado ahí y que ha sido brutal y además con un gesto muy racista, o sea «indios de mierda» (decían) los militares entrando a las casas, casa por casa, aterrorizando niños, una cosa brutal lo que no hizo el Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente depuesto en 2003 por una insurrección popular) lo está haciendo el Evo.

RR–¿Entonces se impuso finalmente el proyecto petrolero?

SRC –Está como todo, digamos, tiene su tiempo, lo mismo que la carretera del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure, a la que se opone buena parte de los indígenas amazónicos pero apoyada por los cocaleros que van invadiendo la zona con sus cultivos de coca), está parada, pero está la espada de Damocles ahí, se o sea, al menor descuido o a la menor fisura que se vea, o se compran algún dirigente o lo que sea, hay varios dirigentes guaraníes mujeres y hombres que han sido prácticamente comprados, y bueno ahí ya se van a meter porque además no se ha suspendido el proyecto, simplemente hay un alegato de que este proyecto está en tierras privadas, cuando en realidad es una TCO, tierra comunitaria de origen… o sea es una cosa ya consolidada como modalidad y dentro de la TCO hay el reconocimiento de un margen de autonomía.

Ahora todo eso de las autonomías indígenas se ha ido al tacho, directamente les ponen todas las trabas imaginables; hay una sola autonomía funcionando… ese es un hecho muy preocupante porque es haber desmantelado poco a poco todas las demandas que llevaron a Eva el gobierno, es decir la idea de que había una agenda social de los movimientos que tenía varias cosas y una de ellas era la de auto representarse sin mediación partidaria y con la mamada de que el MAS (Movimiento al Socialismo, partido en el gobierno) no es un partido sino «una articulación de movimientos sociales», y que es el gobierno del movimiento, es peor que un partido, porque en los partidos hay cierta normativa de democracia, de centralismo democrático o lo que tú quieras, de elecciones internas, aquí no hay nada de eso, es una cúpula de mestizos, incluido el Evo que tienen el poder discrecional sin ningún tipo de mecanismo de consulta. Hay un CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio) que es lo que ha sido la destrucción del Pacto de Unidad para formar una entidad que es totalmente fiel y obsecuente al gobierno. La fidelidad es tan grande que cuando hubo el gasolinazo en 2010, hubo organizaciones que contra todo criterio de sus propias bases apoyaron al gobierno. Entonces estoy hablando de mecanismos autoritarios de control de los dirigentes por parte de un grupo de intelectuales del partido que son los que mandan y que organizan todo, y claro la fachada populista es el Evo repartiendo ambulancias y haciendo canchitas de fútbol, obras por todos lados que es evidente que desde la época de (René) Barrientos ningún presidente ha llegado a tantos lugares y esto en lugares donde ha habido tanto abandono, genera lealtad. Entonces eso, hay un proceso de fragmentación, hay un descontento solapado, escondido y una sensación de impotencia. Lo que pasa por ejemplo en Chuquisaca, el que era candidato a gobernador ha perdido por maniobras, él que tenía el chance de ganar en la segunda vuelta ha sido derrotado por maniobras de la Corte Electoral, lo mismo en Beni; en todos lados es un concejal menos, o sea los pequeños fraudes locales han ido sumando de tal manera que es un triunfo arrollador en apariencia, pero hay malestar. Ahora es un malestar que no se está expresando, yo pienso que se viene una crisis económica y crisis ambiental, o sea cada año hay problemas más serios: inundaciones, sequías, problemas climáticos más fuertes y también el tema económico.

Ahorita el tema económico está en un estatu quo porque ha habido una política de ahorrar reservas para justamente enfrentar la crisis y ahora, por ejemplo, se va a pagar el doble aguinaldo pese a que la mayoría de entidades han hecho un análisis de que el crecimiento económico está por debajo del 4 por ciento, o sea debajo del 4.5 por ciento fijado en el decreto del doble aguinaldo; entonces hay un montón de pequeñas microempresas, emprendimientos productivos populares, que van a quebrar con eso. Entonces hay una concentración de la riqueza, saqueo, porque la minería no aporta mayor ingreso al Estado, pero sí vía cooperativismo genera una gran cantidad de apoyos, pero además se encubren formas nuevas de explotación laboral de parte de los propios cooperativistas, por ejemplo, que ante la perspectiva de emigrar o quedar sometidos a condiciones laborales totalmente desastrosas impuestas por otros cooperativistas, la gente a veces prefiere quedarse porque son familias donde todos trabajan en pequeñas cosas y juntan apenas un presupuesto de sobrevivencia. Eso es lo que está pasando, está para llorar.

RR–O sea que el gran proyecto del movimiento que sacó al Goni, que trataba de recuperar la riqueza de Bolivia para los bolivianos…

SRC –Quedó absolutamente destruido y negado en los hechos y lo peor, encubierto por una retórica progresista, ese es el detalle más importante porque hay cosas como las represas, la represa del Bala era un proyecto de la dictadura que era una megalomanía total para destruir un espacio de biodiversidad y además destruye muchas comunidades indígenas, para vender energía a Brasil, esa es toda la perspectiva, todos los planes de hidroeléctricas no son para abastecer el mercado interno sino para venderle al Brasil. Entonces de todas maneras es un mercado ultra dependiente.

RR–¿Y ha habido un desarrollo de las empresas nacionales? Estaba lo del salar de Uyuni y las grandes empresas nacionales que creó Morales…

SRC –Ha habido fracaso tras fracaso, son empresas la mayoría deficitarias, Huanuni está en la quiebra, la empresa minera nacionalizada porque tiene un exceso de trabajadores, se triplicó el número de trabajadores y ahora no tienen cómo sostenerla y como estamos de elección en elección, la demagogia del asunto es que no se puede despedir gente, se sigue produciendo con déficit, estamos igual que en las postrimerías del ciclo del 52, con enormes empresas deficitarias y corruptas y además con proyectos que no se realizan, algunos para bien: por ejemplo había el proyecto de una gran fábrica de papel en el  Chapare que está parada por corrupción pero si estuviera funcionando ¿con que van a alimentarla? con el desmonte de la Amazonia. Entonces El Mutún fracasó con esta empresa Jindall de la India, ahora están trayendo empresas chinas, en el salar de Uyuni hace tiempo que están en licitación, que no, que se retiran las empresas… al final están con unas empresas chinas donde además familiares del vicepresidente, según dicen, tienen concesiones, entonces hay un deterioro moral profundo y un desarme colectivo, un desarme de la capacidad de resistencia, eso es lo más tremendo y dentro de la fragmentación la resistencia está asentada en pequeños núcleos, yo diría que es una política de subsistencia…

RR–¿Y no hay perspectivas con los partidos de oposición?

SRC –No, es que ya de antes venía una deslegitimación de la mediación partidaria, ya venía desde los 2000 el descreimiento absoluto, entonces hay muy poca posibilidad y además muy instrumental en la relación de dirigentes indígenas como Félix Patzi (líder del Movimiento Tercer Sistema, actual gobernador del departamento de La Paz), que se arriman a un partido de la clase media como es Sol.bo (agrupación Soberanía y Libertad) pero con un sentido absolutamente instrumental, como que se siente el próximo presidente, están utilizando el trampolín del gobierno local o departamental para poder hacer crecer su figura nacional y formar algún otro partido, entonces no hay realmente opciones desde la izquierda y está creciendo la derecha ¿feo, no?

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Indígenas de Zapotitlán, Puebla, demandan a la SEGOB un Programa Emergente de Empleo y acción federal contra la delincuencia

Rosa Rojas

Indígenas nahuas y totonacas de Zapotitlán de Méndez, solicitaron el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, la intervención de la dependencia a su cargo «con objeto de terminar con el clima de inseguridad pública prevaleciente»  en ese municipio de la Sierra Norte de Puebla (SNP), particularmente en la cabecera municipal «prácticamente sitiada por la delincuencia».

En el oficio suri/0025/15, cuyo texto fue aprobado en asamblea de la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) en Zapotitlán – según informó el dirigente de ésta, Raymundo García López- se afirma que ya no es sólo este poblado el que está inmerso en ese «problema grave, sino también otras comunidades indígenas de la SNP. A diario nos enteramos de hechos delictivos que reportan nuestros hermanos indígenas y escuchamos de eventos en otras regiones del Estado de Puebla. Una nueva arista de ingobernabilidad asoma en nuestro territorio».

El oficio, firmado por los también dirigentes Conrado Sosa Baltazar, María de la Luz Fernández Salazar e Higinio Vázquez Luis, se asevera que en Zapotitlán «impera un ambiente de impunidad alentada por el presidente municipal (Adelaido Vega Mendoza del Partido del Trabajo) al violar las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública y otros temas de gobierno y administración».

Se afirma que ante la «parálisis» de la autoridad constitucional, la asamblea comunitaria del 21 de octubre, en ejercicio de sus derechos constitucionales, los que les concede el  Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, se acordó solicitar al Gobierno Federal el diseño y ejecución de un Programa Emergente de Empleo 2016 en las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla con mayores índices delictivos, demandando acciones inmediatas en materia de salud y educación.

Asimismo la implementación de una Estrategia de combate a la farmacodependencia, ejecutando una estrategia y metodología diseñada entre la comunidad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, con la incorporación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

«Combatir las causas que provocan la aparición de la delincuencia requiere de un enfoque social y productivo reorientando políticas y acciones institucionales con participación comunitaria», subrayan.

Solicitan asimismo la formación del cuerpo de seguridad Guardianes Comunitarios «mediante la selección, formación y capacitación, entrenados para proteger a la comunidad y combatir a la delincuencia. Su naturaleza es comunitaria, de acuerdo a nuestra opinión deben ser reconocidos por el Estado para atender la crisis de seguridad pública» y la renovación de los integrantes del aparato de justicia «mediante una selección apegada a la experiencia y compromiso con la ley».

Piden además la instalación de un puesto de Policía Federal, compuesta de hombres y mujeres, para que emprenda acciones de protección en coordinación con la Guardia Comunitaria.

Finalmente piden que el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, gestione una reunión de trabajo con las Subsecretarías de Derechos Humanos y Previsión y Participación Ciudadana, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobierno el Estado y Ayuntamientos de la Sierra Norte de Puebla, para «abordar las demandas y firmar los acuerdos necesarios».

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Por «actos ilegales y abuso de autoridad» organizaciones sociales nacionales e internacionales piden la remoción de la Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima

Rosa Rojas
Redes nacionales e internacionales y diecinueve organizaciones de derechos humanos de ambientalistas, indígenas, de activistas contra la minería entregaron un documento dirigido a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga y al titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, en el que denunciaron «actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad» contra la comunidad indígena de Zacualpan, por parte de la Delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Colima, María Elena Díaz Rivera, demandando que se le investigue «para considerar su remoción y deslinde penal» por ello.
En el mismo le exponen a los citados funcionarios su preocupación «por el ambiente de violencia» en dicha comunidad «promovido por el gobierno del estado y la delegada de la PA derivado de la intención de imponer actividades mineras en el territorio indígena».

En particular, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y las y los integrantes de Bios Iguana A.C. «han vivido dos años de amenazas y hostigamiento permanente», tal como la Misión Internacional y Nacional de Observación para el caso Zacualpan documentó el pasado mes de marzo, y tal como se ha documentado y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, además de otras instancias nacionales e internacionales. «El ambiente de violencia ha sido promovido y apoyado por las autoridades estatales y federales, usando en diversas ocasiones, la fuerza pública en contra de la comunidad indígena», detallan.

Afirman que Díaz Rivera, ha mostrado permanentemente «su parcialidad y su interés en mantener en el poder al grupo promotor de la minería. No es casual que cuando un grupo de comuneros le solicitó convocar a elecciones en el mes de enero de 2014, para remover al entonces comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, quien pretendía imponer el proyecto minero, ella negó esta posibilidad. Esto, a pesar de que le fue entregada una solicitud con la firma de más de 160 comuneros y respaldada con sus certificados de derechos de uso común».
Los comuneros quisieron remover a Guzmán por no haber registrado las actas pertinentes en el Registro Agrario Nacional en las cuales asentaron «su ‘no’ contundente en contra de la minería en repetidas asambleas comunitarias desde junio de 2013».

«Finalmente los comuneros que se negaban a aceptar la mina, llevaron a cabo la Asamblea en el mes de febrero del 2014, respetando la Ley Agraria y con la presencia de un notario público, en donde destituyeron a Carlos Guzmán, nombrando a un nuevo Comisariado y declarando su Territorio Libre de Minería». El acta de esta asamblea fue ratificada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Antonio Luis Betancourt Sánchez, que reconoció al nuevo comisariado. Sin embargo, le otorgó a la nueva autoridad el tiempo que le quedaba a Carlos Guzmán para terminar su periodo. Después de un proceso de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Colima, se resolvió que efectivamente se tenían que hacer nuevas elecciones, por lo que la propia delegada organizó la nueva elección. «Dicho sea de paso, el Lic. Betancourt fue removido de su cargo por haber dado su resolución a favor de la Comunidad Indígena», anotan.

Explican que cuando la delegada de la PA convocó las elecciones del nuevo comisariado el 30 de Noviembre de 2014, «ella llevó a la policía estatal y no permitió observadores, ni a la prensa, ni la presencia de un abogado del Consejo Indígena. A pesar de ello, Taurino Rincón, el candidato del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, ganó las elecciones. La elección del comisariado ha restituido la gobernanza desde los propios comuneros, de manera periódica se han llevado a cabo asambleas comunales, se manejaron de manera transparente los recursos comunales, incluso se presentó un amparo contra las concesiones mineras impuestas en su territorio indígena, lo cual resultó en su suspensión de plano hasta que el amparo sea resuelto».

«Estas acciones para la defensa territorial de los comuneros resultaron contrarias a los intereses de la señora Díaz Rivera, el gobierno del estado y quienes tienen intereses en la imposición de la minería», por lo que la funcionaria volvió a convocar elecciones el pasado 11 de octubre, tratando de remover al Comisariado Rincón. «Esta acción ha generado un ambiente de tensión y nuevamente increpa a la división comunitaria, caso totalmente contrario a lo que supone es una de las funciones de la Procuraduría Agraria».

Así, el 11 de octubre, unos cien habitantes de Zacualpan bloquearon la carretera hacia su comunidad para evitar que se realizara la asamblea convocada por la delegada, «por considerar que es producto de la intervención ilegal de la dependencia federal. En la presencia de policía federal y la Procuraduría General de Justicia, la delegada llegó al bloqueo en donde expresó que según ella estaba respondiendo a la petición de un grupo de pobladores. Cuando los habitantes le impidieron su paso hacia la comunidad, abordó un helicóptero de la Policía Estatal para sobrevolar el bloqueo y llegar a la asamblea. Al final, resulta que no hubo quórum para realizar la Asambea, sin embargo la Delegada llevó a cabo la Asamblea e hizo la remoción de Taurino Rincón y nombró a nuevo comisariado como lo mostró ella misma en un video en su página de facebook, esto con los votos de personas que no eran comuneros y sin que el voto fuera secreto, entre otras irregularidades. Afortunadamente, no hubo mayor confrontación ese día, sin embargo, sigue un escenario de zozobra en el pueblo y la alta posibilidad de más agresiones».

Subrayan que además, la delegada Díaz también ha difamado a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, «contribuyendo a la estigmatización y la criminalización de estas personas, poniendo en riesgo su seguridad física, psicológica y la posibilidad de seguir haciendo su trabajo. En particular, la delegada ha calumniado a la organización ambientalista Bios Iguana (BI), hasta atribuirle a dicha organización la formación de grupos terroristas, la siembra de estupefacientes, y según ella, el despojo al intentar apoderarse de sus terrenos».
Denuncian asimismo que «debido al clima de violencia y hostigamiento, esta organización (BI) se ha visto imposibilitada para realizar su trabajo dentro de la comunidad, ya que las veces que han intentado ingresar han recibido agresiones físicas y amenazas, todo esto con el beneplácito de la policía estatal. Varios integrantes de Bios Iguana han tenido que abandonar el estado y otros más se han retirado. Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan también han sido amenazados de muerte, permanentemente vigilados por la policía, y han sido sujetos de diversas agresiones a ellas y ellos y sus familias».

Entre las y los firmantes están la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Sí a la Vida, No a la Minería (Red global) / Yes to Life, No to Mining (Global).
Asimismo organizaciones como Acción Colectiva SOCIOAMBIENTAL, A.C.; Asamblea de pueblos indígenas del istmo en defensa de la tierra y el territorio, Oaxaca;
Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C.; MiningWatch Canada;
Coalición de Solidaridad Zapatista, Sacramento, California EEUU; Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Québec; Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina; FIAN México, A.C.; Alianza Cívica Coahuila; Fronteras Comunes A.C.; Greenpeace Mexico, A.C. ; Salva la Selva/Rainforest Rescue, entre otras.

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En defensa de territorio binni’zaa, juez ordena detener megaproyecto Eólica del Sur en Juchitán, Oaxaca

Rosa Rojas

Como una primera «victoria contundente» en la lucha por el respeto al territorio y a los derechos de los pueblos indígenas calificaron representantes de la comunidad indígena binni’zaa (zapoteca) de Juchitán, Oaxaca y organizaciones no gubernamentales (ongs) defensoras de derechos humanos, que el Séptimo Juez de Distrito de Salina Cruz, Isaías Corona Coronado,  admitiera el amparo contra la construcción y operación del megaproyecto de Energía Eólica del Sur (EES) en su territorio y dictara  una orden de suspensión de todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios del uso de suelo otorgados por autoridades federales y locales.

«En sintonía con la conmemoración del día de la resistencia indígena y popular en nuestro continente», Bettina Cruz Velázquez, Raymundo Regalado Jimenez y Alejandro Regalado, en representación del pueblo indígena zapoteco juchiteco, el abogado, Ricardo Lagunes Gasca  y representantes de ongs informaron que la demanda de amparo fue presentada por mil 166 indígenas binni’zaa en forma personal, independientemente de cualquier organización. Hicieron un llamado «a todos los paisanos zapotecos, estén en Juchitán o donde estén en el mundo a que se incorporen a este amparo en defensa del territorio».

Indicaron que Juez Séptimo dictó la citada suspensión el 30 de septiembre, para proteger los derechos de los indígenas juchitecos que fueron violados por las autoridades federales, estatales y municipales al aprobar la construcción del parque de EES antes de realizar una consulta previa, libre e informada, como lo establecen la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y efectuar en cambio «una consulta amañada».

Dicho parque ocuparía una superficie de más de 5 mil hectáreas de las tierras ejidales de la comunidad zapoteca de Juchitán -que abarcan 68 mil hectáreas-. El proyecto incluye la instalación de 132 aerogeneradores para producir 396 megawatts para abastecer a 18 socios de EES, entre los que están Oxxo, la Cervecería Cuauhtémoc y otras empresas, «es un proyecto de interés privado y para beneficio privado, ningún sector de la población se va a beneficiar», aseveró Lagunes. Este proyecto inicialmente se construiría en la región ikoots, pero la resistencia del pueblo huave en defensa de su territorio lo impidió.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Cruz Velázquez subrayó que la «consulta», se llevó a cabo después de que ya se habían dado por parte de autoridades federales y locales permisos y autorizaciones de cambio de uso de suelo, lo que muestra la decisión del gobierno federal de despojar a los binni’zaa de su territorio para beneficio de empresas extranjeras. Además, ella y Alejandro Regalado denunciaron que se han incrementado las amenazas, agresiones y hostigamiento contra quienes interpusieron el amparo.

Explicó  Cruz que además durante la «consulta» se demandó al Comité Técnico  la realización de un estudio de los impactos ambientales acumulados por 21 parques eólicos que ya están operando en la región del Istmo de Tehuantepec en una superficie de más de 30 mil hectáreas – «y está por abrirse una segunda convocatoria», apuntó-  porque «tenemos que ver qué límites tiene la naturaleza» y dar espacio para el crecimiento de las ciudades en la región «pero el gobierno hizo caso omiso» a esa petición.

Alejandro Regalado explicó que incluso ya con las lluvias ha empezado a haber contaminación del agua en la zona lagunaria y marítima por efecto del aceite de los aerogeneradores -son 400 litros por cada torre-  que se drena a las playas. El año pasado ya hubo mortandad de peces y camarones y «ahora está habiendo problemas», remarcó.

Por su parte Fernando Córdova, integrante del Grupo Asesor para la Consulta Indígena en Juchitán, conformado por especialistas de la UNAM, UAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Posgraduados y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, leyó parte de las conclusiones del estudio que realizaron, en el que mencionan que detectaron «una serie de inconsistencias en la autorización de impacto ambiental», como la existencia de un «conflicto de interés en su autorización y elaboración».

Ello, detallaron, «debido a que el Socio Fundador de la empresa que elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) es actualmente el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales», Rodolfo Lacy Tamayo. Apuntó Córdova que esa empresa es la que hizo también la MIA del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

En el estudio citado se afirma que el grupo asesor «no contó con la disposición de la Secretaría de Energía para la entrega de la información que solicitamos reiteradamente para la realización de una evaluación científica en los aspectos social y ambiental con el detalle necesario».

«Nuestros análisis muestran que existe falsedad de información y que el promovente pretende talar el 100 por ciento de la superficie selvática  sin proponer ninguna medida de compensación. La omisión deliberada de información presentada por la empresa hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas a nivel regional. Se menosprecia la importancia biológica de esta zona, que es un sitio fundamental para el Corredor Biológico Mesoamericano», añade.

Asimismo, subraya que «los muestreos de fauna son insuficientes y tienden a subestimar los impactos reales del proyecto. De acuerdo con la MIA, de los 147 impactos que se generarán, el 82 por ciento corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18 por ciento de reconoce como positivo»… «Concluimos que la autorización de la SEMARNAT para el proyecto Eólica del Sur es inaceptable debido a su magnitud y a los impactos ambientales y sociales que generará a mediano y largo plazo». (la liga para descargar el estudio es: http://www.uccs.mx/observatorio_socioambiental/gamia/publicaciones).

En la rueda de prensa participaron también representantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac , de la organización JASS Asociadas por lo Justo, Fundar y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe proteger derechos de apicultores mayas contra la siembra de soya transgénica que autorizó SAGARPA a Monsanto

apic_mayasRosa Rojas

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debe ratificar el criterio que emitió la Primera Sala sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier decisión oficial sobre asuntos que les afectan, señalaron indígenas mayas y representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (ongs) al informar que este miércoles 7, los magistrados iniciarán la discusión sobre tres amparos contra el permiso que dio la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) a la transnacional Monsanto, para la siembra de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica (ST).

En conferencia de prensa, Leydi Pech y Angélica María Ek Canche, apicultoras mayas de Campeche, así como miembros de diferentes ongs, explicaron que en Campeche se han desforestado 38 mil hectáreas de selva  tan sólo en 2013 para la siembra de dicho cultivo, que afectará la fuente de ingresos de 15 mil familias indígenas de la península de Yucatán que producen miel de abeja, producto que exportan a Europa, pues al contaminarse de polen transgénico perderán el mercado europeo, además de que se está afectando el patrimonio biocultural del pueblo maya con la desforestación y el uso masivo de insecticidas como el Glifosfato.

En Campeche, en el municipio de Hopelchen, «hay superficies compactas de hasta 15 mil hectáreas de soya transgénica, se está fumigando (desde avionetas) a pueblos enteros… se están contaminando las fuentes de agua… se está acabando la biodiversidad de la selva maya, muchas plantas están desapareciendo, cientos de colmenas han muerto… hemos cuidado tanto tiempo nuestro bosque y llegan empresarios del norte, menonitas y los están acabando», manifestaron las mujeres.

Pech aseveró que «de hecho los apoyos de la SAGARPA para la siembra de soya transgénica son para los menonitas y los empresarios… los campesinos no sabemos sembrar soya, no comemos soya…». Mencionó que los menonitas han comprado tierra, no a las comunidades mayas sino terrenos nacionales -selva- que el gobierno federal afectó.

Luis Miguel Cano, de LITIGA-OLE, explicó que los tres amparos en revisión que discutirán los magistrados de la Segunda Sala de la SCJN  -241/2015, 270/2015 y 410/2015-  los presentaron apicultoras/es mayas en 2012 por considerar que el citado permiso otorgado por SAGARPA a Monsanto vulneraba sus derechos a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y al medio ambiente sano, además de hacer caso omiso del principio precautorio. Argumentos reconocidos por jueces federales que en 2014 les concedieron amparo y ordenaron suspender dicha siembra.

Tales decisiones fueron impugnadas por la SAGARPA y la empresa mediante recursos de revisión, por lo que dada la trascendencia del caso llegaron a la SCJN, con lo que la Segunda Sala tiene la oportunidad de defender a la población de las violaciones a sus derechos humanos.

Se verá «si vamos a poder defender los derechos humanos ahí donde hay megaempresas involucradas. Lo peor sería que la Segunda Sala determinara que… como no se está en un tema de programas de desarrollo no procede la consulta…» con lo que de hecho se estarían desconociendo los derechos de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución «sería la peor de las catástrofes jurídicas en materia de derechos humanos… el caso es sencillo pero es fundamental para el futuro de este país», subrayó Cano.

Jorge Fernández, de la ong Indignación, mencionó que los citados  amparos tienen componentes fundamentales: la violación a la consulta previa, libre e informada que tiene que entenderse como un proceso de diálogo democrático horizontal porque incluye el derecho de los pueblos a la autodeterminación; además van más allá del derecho de los pueblos y tiene que ver con el medio ambiente: la Corte, dijo, debe emitir criterios sólidos en materia del principio precautorio ante la afectación por la desforestación, la contaminación de los pozos y el derecho a la salud.

Apuntó que el expediente «es robusto» y que la SEMARNAT hizo caso omiso de tres dictámenes vinculantes de la CONABIO, la CONANP (Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas) y el Instituto Nacional de Ecología que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada.

«La Corte tiene elementos para emitir estándares altos de protección a los pueblos indígenas y campesinos frente a megaproyectos, es relevante la sentencia que pueda emitir la Segunda Sala… porque la apuesta del gobierno federal es a favor de los megaproyectos», afirmó Fernández.

Remy Vandame, de la Unión de Científicos Comprometidos, comentó a su vez que en México la situación de siembra de transgénicos no está tan crítica como por ejemplo en Estados Unidos o Argentina, «pero estamos juntado las condiciones». El debate sobre la soya transgénica es parte de un debate más amplio sobre el modelo de agricultura, entre uno que busca la acumulación de riqueza en contra del ambiente y la población y otro que privilegia a éstos.

María Colin, de Greenpeace, informó que en 2013 las comunidades interpusieron un amparo en el cual se demanda la creación de zonas libres de transgénicos.  Llamó a firmar vía internet (https://www.change.org/p/ministros-de-la-segunda-sala-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-naci%C3%B3n-detengan-el-avance-de-la-siembra-de-soya-transg%C3%A9nica-enm%C3%A9xico?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink) una petición para presionar a los ministros de la Segunda Sala un fallo a favor de los apicultores mayas.

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