Archivo mensual: septiembre 2015

Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños se amparan contra disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Rosa Rojas

Autoridades comunitarias y comunicadores indígenas oaxaqueños interpusieron un amparo en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (IFT) por haber realizado una consulta que no estuvo de conformidad con sus costumbres y tradiciones y a través de sus instituciones representativas, para establecer los procedimientos y requisitos para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

El recurso de amparo indirecto se presentó el pasado 4 de septiembre ante el Juez de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en turno en el Distrito Federal, y fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en telecomunicaciones.

El amparo es contra los lineamientos generales emitidos por el  IFT el pasado 13 de julio, para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión «desde el momento en que nunca se convocó a nuestros correspondientes representantes; no se efectuó mediante procedimientos adecuados al no realizarse de conformidad con nuestras costumbres y tradiciones, antes de llevar a cabo actividades que puedan afectar adversamente nuestros intereses o derechos a la propiedad de nuestras tierras, territorios o recursos naturales», informaron en un comunicado integrantes del Grupo de Trabajo de Comunicación Indígena (GTCI) del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca.

En el mismo señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) declara que la consulta implica que sea de acuerdo a las costumbres y tradiciones, con un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades o pueblos y que el Estado asegure que los pueblos o comunidades tengan conocimiento de los riesgos del plan, proyecto o medidas legislativas; teniendo en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones.

Igualmente, afirman, «la consulta no se realizó de buena fe, de una manera apropiada y mucho menos con la finalidad de llegar a un acuerdo, porque nunca existió la decisión del IFT de tomar en consideración los resultados de la consulta en el diseño final de los lineamientos».

Esa afirmación «se desprende de dos hechos, principalmente: 1) se previó que los comentarios, opiniones y propuestas no eran vinculantes; y 2) el IFT aprobó los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a las que se refiere el titulo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) -el 10 de julio de 2015- antes de celebrar el Foro Nacional de Devolución y Difusión de los resultados de la Consulta Indígena -16 de julio de 2015-, eliminando la posibilidad de incidencia en esta fase, es decir, de diálogo efectivo. Así, el IFT vulneró el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 1 constitucional» argumentan.

Por lo tanto, subrayan, «no impugnar los lineamientos es legitimar todos los vicios del Estado, los cuales se produjeron tanto en el proceso de la reforma constitucional, como en la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ambos procesos no se nos consultó», a pesar de que diversas disposiciones les afectan y restringen sus derechos.

Mencionan entre los derechos violados por el IFT el derecho a la consulta –artículo 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT y artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-; el derecho a la creación de medios de comunicación en situaciones favorables –artículo 2 constitucional-; el derecho a la audiencia –artículo 2 constitucional-; el derecho a la participación libre –art. 35 constitucional-; o el derecho a recibir información plural y veraz –art.6 constitucional, entre otros.

«Aceptar los Lineamientos del IFT implica continuar tolerando una práctica del Estado que no reconoce ni respeta plenamente los derechos que tenemos los pueblos y comunidades indígenas. Esto es así porque en este caso, el Estado (IFT) pretende que con la incorporación de opiniones sobre cuestiones formales e irrelevantes en los Lineamientos Generales, mismas que no atienden sustancialmente aspectos como el financiamiento o fines de los medios, se validen disposiciones que en el fondo nos son desventajosas y que estuvieron viciadas desde su origen».

Enfatizan que «en tanto que se trata de la defensa de nuestros derechos reconocidos constitucionalmente y de ninguna manera de dádivas del Estado»  demandan que el IFT lleve a cabo una consulta en forma, cumpliendo las condiciones mínimas establecidas por la jurisprudencia de la COIDH, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, que se realicen mesas de diálogo con el IFT para que se garantice a los pueblos indígenas el derecho a crear medios de comunicación en condiciones más favorables, ampliando sus fines, flexibilizando los requisitos para obtener una concesión que no sean mayores a aquellos de los medios de comunicación de uso público y comercial.

Además que se incluyan fuentes de financiamiento más equitativas, entre las que podrían estar las subvenciones públicas y que no tengan que pagar por el análisis de la solicitud.

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Amenaza la minería la integridad de Wirikuta, el más importante sitio sagrado de los wixárricas

Rosa Rojas

Real de Catorce, San Luis Potosí, En defensa de uno de los sitios sagrados más importantes para los indígenas de México y el mundo, Wirikuta, lugar donde para los wixárikas (huicholes) de Jalisco, Nayarit y Durango «nació el sol por primera vez», se realizó aquí el foro El agua en el desierto Catorce hacia el 2030, una revisión «a partir de la ciencia y los saberes locales sobre la situación actual y futura del agua» en este municipio, sobre todo a la luz de la batalla contra 78 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sobre las 140 mil hectáreas que abarca este espacio ritual.

El evento -realizado el 28 de agosto- reunió a unos 150 indígenas wixáricas, campesinos mestizos ejidatarios de la sierra, ecologistas, especialistas en diversas disciplinas científicas y a integrantes de organizaciones sociales, que en una maratónica sesión escucharon una veintena de exposiciones analizando los retos para la conservación de Wirikuta, los proyectos extractivos de agua -no sólo mineros sino también agroindustriales-, el impacto de los contaminantes mineros en las cuencas hidrológicas regionales, el uso de plaguicidas…

Asimismo una revisión de la situación de especies como el águila real, que está en peligro de extinción; de la flora en la sierra  del Catorce, una de las más ricas del mundo en cactáceas; la importancia del peyote o jícuri, que se da en esta región y tiene un uso ritual entre los wixárricas, como medicina patrimonio de la humanida; los efectos del cambio climático y sus efectos en Wirikuta y la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis climática, además de la violación a los derechos humanos en los campos agrícolas del altiplano de San Luis Potosí, que afecta a decenas de miles de migrantes nacionales, sobre todo indígenas, muchos menores de edad.

Wirikuta fue incorporada en 1988 por la UNESCO a la red de Sitios Mundial de Sitios Sagrados Naturales, lo cual no fue obstáculo para el otorgamiento de las mencionadas concesiones mineras, entre los principales el Proyecto Universo en la zona del altiplano, en la sierra La Luz, Tierras Negras en Coronados y más al sur La Maroma, de Frisco, empresa del magnate Carlos Slim. A raíz de la fuerte movilización social, tanto nacional como internacional que esto produjo, la Secretaría de Energía «informó que Wirikuta no se vende» y estableció una Reserva Minera Nacional.

Sin embargo, indicó Christian Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), en la reunión donde se informó eso se excluyó a los wixárikas de Wirikuta y la sorpresa, cuando se analizan los límites de la dicha reserva, es que «las cinco concesiones mineras se dejaron intactas». Explicó que el Proyecto Universo -megaproyecto de la empresa canadiense Revolution Resources que abarcaría 59 mil 678 hectáreas- planea hacer una red de túneles en la sierra y en el altiplano potosino explotación a cielo abierto en hoyos más grandes que una cancha de futbol.

Eso destruiría los ciclos hidrológicos, los manantiales sagrados de donde depende la totalidad del pueblo Wirrárika, «en su momento se denunció la falacia de la Reserva Minera Nacional», apuntó, subrayando que en todo caso son los propios pueblos indígenas los que en su momento puedan tomar la decisión sobre si aceptan los proyectos mineros mediante consultas previas, libres e informadas.

Añadió que en todo el altiplano de Wirikuta se cancelaron las concesiones mineras, las 78 están bajo suspensión temporal «pero sin ninguna garantía» porque sigue vigente por ejemplo el de La Luz, que  hace dos años empezó a producir división en El Catorce, y sigue La Maroma para extracción de oro y plata del grupo Frisco.

Comentó que además se supo que «se bombardearon las nubes con yoduro de plata para que no lloviera» y de esa forma facilitar que las mineras compraran la tierra improductiva a los campesinos. Aseveró que ha habido «estrategias de imposición y cooptación de líderes comunitarios, intimidación y amenazas… mentiras descaradas a los pueblos del desierto y al pueblo wixárica para crear división… para hacer parecer la diversidad como distancias irreconciliables… en la radio le dicen a la gente que todo el pueblo (de El Catorce) quiere la minería y sólo unos huicholes locos no la quieren».

Mencionó que la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el amparo que se interpuso respondió cuestionando quiénes son las autoridades wixárikas para defender la tierra en Wirikuta. Añadió Chávez que se «manipula la información y las consultas» sobre el proyecto La Maroma de Slim, por lo que es necesaria la acción unitaria del pueblo wixárrika y la sociedad civil organizada para garantizar la integridad de Wirikuta.

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