Acuerdos de San Andrés deben traducirse en leyes y políticas públicas: Encuentro Nacional Agenda Indígena

Rosa Rojas

Representantes de organizaciones y comunidades indígenas de 18 estados del país reunidos en el Encuentro Nacional Agenda Indígena: Evaluación y Desafíos reivindicaron los Acuerdos de San Andrés -firmados entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996- como un “patrimonio político de los pueblos indígenas de México, que recoge su experiencia y sabiduría, como la plataforma mínima de derechos que deben traducirse en leyes, instituciones y políticas públicas porque se construyeron democráticamente, al amparo de las instituciones” estatales.

Reconocieron asimismo que “el Diálogo de San Andrés fue posible gracias al levantamiento armado de los hermanos mayas del EZLN. Este diálogo hizo visible la lucha histórica de los pueblos indígenas de México y colocó el tema indígena en el debate de los grandes problemas nacionales que México deberá resolver”.

En la Declaración Indígena resultante de este encuentro subrayaron que la relación histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas “ha sido hasta el presente de opresión política, de coloniaje, de segregación racial, etnocida y de pillaje de nuestros territorios, recursos naturales, saberes ancestrales en ciencias y artes y de nuestro patrimonio cultural intangible”.

Añaden que el proceso civilizatorio de los pueblos, tribus y naciones originarias de México “fue coartado violentamente por la invasión europea. El Estado mexicano reservó esa política etnocida al ignorar la existencia de nuestras sociedades originarias y excluir las del nuevo modelo de nación única y su estado correspondiente. Por eso, la lucha autonómica de los pueblos, tribus y naciones indígenas del presente en la defensa de nuestro derecho a existir -en el marco de la nación mexicana- como sociedades estructural plural e históricamente diferentes”.

“La demanda política común de los diversos movimientos indígenas de México es el reconocimiento pleno de nuestros derechos colectivos como sujetos de derecho público., Como sujetos políticos colectivos integrantes del pacto federal los tres poderes, con identidad propia, con capacidad de gobernarse autónomamente conforme a nuestros sistemas normativos internos; con personalidad jurídica, territorio y patrimonio propio”.

Apuntan que la unidad política nacional indígena es la prioridad de las organizaciones, pueblos y liderazgos indígenas presentes en esa asamblea pues “después de mucho andar hemos comprendido que el poder dialoga con el poder. La voluntad política no surge espontáneamente en el poder establecido y es producto de la correlación de fuerzas reales”.

Por ello, indican que para concretar la unidad nacional indígena habrán de propiciar un proceso dialogante con todos los pueblos indígenas y sus personalidades y liderazgos que les sea posible a lo largo y ancho del país el cual, en una primera fase podrá culminar en congresos o asambleas regionales y o estatales y en una segunda fase en un congreso nacional el cual no deberá excluir a nadie y se colocarán “los intereses de los pueblos como el eje central de la unidad”.

El encuentro fue convocado por el diputado federal Carlos de Jesús, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas; el diputado local de Hidalgo, Héctor Pedraza Olguín y la Secretaria de asuntos Indígenas del gobierno del Estado de Guerrero, Martha Sánchez y reunió a 72 dirigentes, hombres y mujeres de los pueblos Náhuatl, Mixtecos, Zapotecos, P’urhépechas, Ñhañhu, Mayas, Tojolabales, Zotziles, Tzeltales, Mam, Mixes, Mazahuas, Kiliwa, Yaquis, Mayos, Raramuris, Tepehuanos, Zoques, Seris, Triquis, Chontales, Chichimecas, Tenek, Tlapanecos, Mazatecos, Amuzgos, Chinantecos, Choles, Mazatecos, Triquis, Chichimeca y Cucapás.

Durante los días 14 y 15 de julio, los asistentes -entre ellos algunos dirigentes de organizaciones que fundaron la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía en 1995-  discutieron sobre temas como “El EZLN y los Acuerdos de San Andrés 20 años después”; “Defensa del territorio y los recursos naturales”; situación de las mujeres indígenas en México y los retos por venir” y “La agenda internacional y la armonización legislativa”.

Aunque estaban invitados funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para hablar sobre temas relacionados con sus actividades y los pueblos indígenas, no asistieron. Sí asistió el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz quien dictó una conferencia sobre la armonización de la Constitución con los tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

En la declaración del encuentro se señala que el método para fomentar la unidad será diálogo -conciliación -reconciliación -perdón -acuerdos -unidad. Los principios básicos de dicha unidad serán reconocer que el movimiento indígena tiene dos grandes componentes: los pueblos históricos y sus autoridades tradicionales y o constitucionales que los representan y las organizaciones, grupos, personalidades y liderazgos indígenas reconocidos por los propios pueblos. “Estos dos componentes deberán caminar en paralelo y retroalimentándose, consultándose y apoyarse como un solo cuerpo”.

Se agrega que lo que le dará sustento a esta unidad nacional indígena será la concertación de un proyecto común de nación y Estado desde la perspectiva indígena que le de proyección y trascendencia histórica a la lucha de liberación indígena y que abone a la construcción de un proyecto de refundación del Estado, en alianza con la sociedad nacional no indígena, que instaure una verdadera democracia social con equidad, por lo cual proponen que el nuevo estado sea de naturaleza plurinacional y democrática.

Asimismo, que la agenda nacional de esta nueva etapa del movimiento indígena plantea temas de urgente solución para cuyo seguimiento en el mediano y largo plazo, en los ámbitos político, económico, social, cultural y medio ambiental se identifican los siguientes ejes temáticos:

Demandar la armonización del marco jurídico nacional en materia indígena con el marco jurídico internacional; el cumplimiento inmediato del decreto presidencial suscrito el pasado 22 mayo del año en curso “que reconoce el derecho indígena de representación política en los órganos del poder ejecutivo y legislativo mediante el sistema de elección propio de los pueblos indígenas” y exigir al titular del poder ejecutivo, Enrique Peña Nieto, que “cumpla perentoria y cabalmente con los compromisos asumidos para respetar los derechos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México”.

Además, la creación de la sexta circunscripción propia de los pueblos indígenas para garantizar sus derechos electorales, así como el respeto irrestricto a los territorios ancestrales de los pueblos, tribus y naciones indígenas y sus recursos naturales.

Manifiesta que “el Estado mexicano debe reconocer al territorio indígena como el espacio geográfico donde los pueblos originarios ejercen jurisdiccionalidad (gobierno, administración y justicia) y en donde se recrea y reproduce nuestra identidad y proceso civilizatorio”. Exige que el Estado mexicano derogue las reformas privatizadoras como la energética “porque son agresivas a los derechos de los pueblos indígenas”.

Se pronuncia por un rechazo “enérgico y categórico a la privatización del agua. La constitución Federal debe reconocer el acceso al agua como un derecho humano”, subraya, manifestando el apoyo incondicional de los asistentes a “la lucha ancestral de la tribu Yaqui en contra de la construcción del acueducto independencia y (por) la restitución de las 40,000 ha que les han despojado”, al mismo tiempo demanda la liberación de los presos políticos yaquis Mario luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez.

Denuncia que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pretende publicar en el diario oficial que ya se hizo la consulta a los pueblos indígenas sobre el uso de la radio; llama a organizar y fomentar el alzamiento de los pueblos indígenas a partir de actividades en las que se expresen las demandas ancestrales; fortalecer la participación armónica de las mujeres y jóvenes indígenas en la lucha de los pueblos indios; demanda respeto a sus centros ceremoniales y sitios sagrados y su acceso a ellos.

Asimismo subraya que tan importante como la unidad nacional indígena es la unidad con todos los sectores, organizaciones y movimientos progresistas y populares.

Manifiesta también su respaldo a las policías comunitarias que “a diferencia de las autodefensas han abierto el camino en sus pueblos y comunidades a la seguridad”, han demostrado eficiencia pero están fuera de la ley porque la ley no contempla esta figura de organización para la seguridad de las comunidades indígenas.

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