Archivo mensual: julio 2015

Declaran «Territorio libre de minería y de reservas de la biósfera» las regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero

Rosa RojasGrolibre22jul15

Autoridades comunales y comisarios municipales de 13 municipios de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero informaron los pueblos de esa región la declararon «Territorio libre de minería» para evitar que empresas transnacionales exploten, contaminen y destruyan sus recursos naturales y su agua.
En conferencia de prensa, en el marco del Día Mundial contra la minería a cielo abierto, una veintena de dichas autoridades, mujeres y hombres, dieron a conocer el Manifiesto del Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en contra de la minería en la que se rechaza también la creación de una reserva de la biósfera en La Montaña y Costa Chica de Guerrero.
En el documento se exige «la cancelación inmediata de todas las concesiones mineras que han sido entregadas» en 13 municipios -con más de 240 mil habitantes- de las regiones mencionadas, que abarcan unas 700 mil hectáreas, de las cuales la tercera parte está concesionada a las mineras, justo en la zona más alta, con mayor presencia de pueblos y mayores recursos boscosos y acuíferos, señalaron.
En el manifiesto se afirma que «hoy como hace más de 500 años, nuevamente nuestra soberanía está sujeta a la confrontación y el embate colonialista y extractivista de mineras, reserva de la biosfera, privatización del agua, hidroeléctricas, biocombustibles, gas/fracking, petróleo y otros bienes que históricamente han pertenecido a nuestros antepasados y a la nación, mismos que ustedes, señor Presidente y señoras y señores Senadores, han puesto en bandeja de plata al mejor postor»…
Se agrega que «pasando totalmente por alto su responsabilidad para con sus gobernados, puesto que ni siquiera se han tomado la molestia de, en sus leyes -porque no son nuestras-, nos consulten para que sepan si estamos dispuestos o no a convivir con estos megaproyectos de muerte y menos aún si queremos ceder nuestra soberanía y nuestros bienes naturales para qué los siempre poderosos ricos privados, sean quienes ahora gobiernan al mundo, incluso por encima de ustedes mismos que acaban siendo no sólo copartícipes de este saqueo, sino serviles a los empresarios.»
Se plantea asimismo que con fundamento en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la ley 701 del estado de Guerrero, «en la región Montaña/Costa Chica nos oponemos totalmente al saqueo que sus reformas estructurales y la ley minera pretenden legalizar. Nos oponemos a que sean los de siempre quienes, enfermos de su insaciable acumulación de riqueza, sigan siendo más y más poderosos, a quienes les importa poco o nada lo que nos suceda a nuestras familias y la naturaleza.»
En el manifiesto, leído por Marciana Rojas Arriaga, comisaria municipal de Vista Hermosa, se exige el «respeto absoluto a las formas de organización interna, los usos y costumbres de los pueblos originarios» y se plantea el «rechazo total al parcelamiento de las tierras (FANAR)».
Denuncian que el Registro Agrario Nacional (RAN) «quien siendo leguleyo que las empresas mineras, está violentando nuestros propios procesos de consentimiento previo, libre e informado, además de violentar la ley agraria, al negarse a inscribir nuestras actas de asamblea en donde una y otra vez hemos ratificado el no a la minería en nuestras tierras. El RAN no puede negarse a reconocer nuestro derecho consuetudinario ni el derecho agrario», afirman.
«Resistiremos los embates por querer imponernos una reserva de la biosfera que ni solicitamos ni queremos, con la cual pretende justificar su mentiroso y falso discurso verde, para que sean las trasnacionales de la farmacéutica, del agua y de los transgénicos quienes serán los beneficiarios económicos de lo que la naturaleza nos ha dado para nuestra vida, nuestra cultura y nuestras tradiciones. No necesitamos que el gobierno cuide o administren nuestra naturaleza. Nosotros la hemos cuidado por más de 500 años y la seguiremos protegiendo con nuestros propios saberes y conocimientos», añaden.
Señalan que se niegan a participar «en su cada vez más instaladas simulaciones que a nivel nacional promueven como procesos de consultas comunitarias, toda vez que ustedes, ni entienden ni quieren entender que los procesos de consentimiento tienen como principal virtud el principio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos y mientras ello no se respete, no seremos rehenes de sus simulaciones».
Subrayan la consigna «agua para todos, no para las empresas. No a la privatización del agua».
La rueda de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Pro, estuvo encabezada por Taurino Carrasco Castro, comisariado de bienes comunales de Malinaltepec, Presidente también del Consejo de Autoridades Agrarias, quien informó que en la región de La Montaña se originan los ríos Balsas y El Papagayo, advirtiendo que si éstos se contaminan con el cianuro y otras sustancias venenosas que utilizan las mineras, eso va a perjudicar a decenas de miles de personas por donde cruzan esos cauces.
Tomando la palabra al alimón para explicar la problemática que están enfrentando, los representantes del Consejo explicaron que en este momento no hay explotación pero sí exploración minera en el territorio de los 13 municipios. «La exploración no es gratuita y cuando un pueblo se niega ahí está el Ejército y la Marina» para apoyar a las empresas, señalaron.
Mencionaron que son varias las empresas involucradas pero las dos más grandes son la canadiense Vendome Resources, que tiene una concesión de 27 mil hectáreas y la Hochschild con 47 mil hectáreas.
Carrasco informó que ésta no es la primera vez que se manifiestan en contra de la minería y la reserva de la biosfera. El primer manifiesto se entregó el 29 abril 2014 en los Pinos en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Indico que se exige que el RAN certifique las actas de los pueblos en las que se rechaza tajantemente la minería y la reserva de la biosfera porque sólo las registró en los casos de Zapotitlán Tablas, Citlaltepec y San Miguel del Progreso y las demás que se han llevado a la dependencia no las aceptan porque dicen «que hace falta forma y fondo y eso es algo que nosotros no aceptamos porque tienen los mismos conceptos que las ya registradas».
Es claro que se busca proteger a las empresas, subrayó porque además en donde se hizo la declaratoria de reserva de la biosfera como en Santa Cruz del rincón en 2011, se incluye un cuadro de actividades prohibidas para los comuneros pero no para las empresas.
«Nos quitan la mayor parte de nuestras áreas de cultivo, no nos dejan entrar ni sacar leña y el comisariado debe acompañar a los científicos a hacer estudios pero la gente tiene en esa zona su café, su ganado, por eso la asamblea de comuneros ordenó al comisariado el rechazo de ese proyecto y que se lleve al RAN, pero éste contestó que carece de fondo y forma porque ya se dio cuenta que en la mayoría de las poblaciones no pasa». Santa Cruz del rincón lleva tres actas rechazadas en el RAN de Guerrero, en total son de 18 a 20 núcleos agrarios los que han enviado actas al RAN, indicó.
Los autoridades integrantes del Consejo provienen de municipios como Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Iliatenco, San Luis Acatlán, Metlatonoc, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Tlacoapa, Tlapa, Acatepec y parte del de Ayutla de los Libres.

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Denuncian que agresión del Ejército contra nahuas de Ostula fue arbitraria. Exigen la libertad del comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía.

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Ciudad de México, 21 de julio de 2015. Los elementos del ejército que dispararon este domingo contra habitantes de la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, asesinando a un niño e hiriendo a cinco personas más, no fueron provocados por los comuneros. “Ellos mismos actuaron de manera arbitraria”, confirmó hoy en conferencia de prensa Agustín Vera, vocero y Jefe de Tenencia del lugar.

La autoridad comunitaria señaló también que la detención de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila), que sucedió horas antes de la agresión armada de los militares, fue una “traición” a la policía comunitaria, que ha trabajado coordinada con el gobierno estatal; los comuneros entregaron fotocopias de los acuerdos que dan cuenta de ello.

Agustín Vera detalló que Verdía Zepeda fue citado por autoridades gubernamentales para una reunión en el poblado de La Placita, municipio de Aquila, en la que fue detenido para ser posteriormente trasladado a Morelia y después al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado del presunto delito de portación de arma de uso reservado al Ejército, aun cuando su subametralladora cuenta con permiso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En la lectura de un comunicado enviado por la comunidad, fechado el día de ayer, el vocero precisó que cerca de las 10 de la mañana y en movimientos simultáneos, soldados del Batallón 86 hostigaron a la comunidad –que estableció retenes en la carretera federal 200, dentro de los cuales quedaron tres pelotones de soldados del Batallón 86-, se detuvo a Cemeí Verdía y la Policía Federal detuvo temporalmente a policías comunitarios, quitándoles sus armas y radios. El presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales fue, horas después, despojado de su radio, sello e identificaciones.

Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la Marina y policías estatales y federales, a quienes se incorporaron los soldados del Batallón 86, atacaron con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos los retenes instalados por los comuneros. A su paso por la encargatura de Ixtapilla, dispararon contra las casas y la población civil, hechos en los que resultó muerto el niño Edilberto Reyes García, de 12 años. En la conferencia de prensa se exhibió un video que da cuenta del inicio del tiroteo contra los pobladores.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), externó su preocupación por este “acto de agresión contra la sociedad civil”, al que calificó de extremadamente grave. Resaltó que la comunidad de Ostula sigue en situación de vulnerabilidad tras el ataque, y lamentó que el Ejército esté involucrado en la disuasión de protestas y la criminalización de defensores comunitarios. Con estos términos coincidió Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien destacó que las comunidades tienen derecho a garantizar su seguridad frente al crimen organizado vinculado con distintos niveles de gobierno.

La lucha de Ostula en defensa de sus recursos naturales le ha costado (desde el año 2009, cuando recuperó su territorio despojado por caciques locales y criminales) 34 habitantes muertos y cinco desaparecidos, la mayoría líderes comunitarios. Muchos pobladores tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas, pero en febrero de 2014 regresaron a su territorio, en pleno auge de las autodefensas, y expulsaron a los criminales. Cemeí Verdía ha sido reiteradamente amenazado por miembros de cartel “Los Caballeros Templarios” y sobrevivió a dos atentados, el último de ellos el 25 de mayo. Los comuneros han señalado a Federico González Medina y Mario Álvarez López (dirigente del PRI en la región) como las cabezas del crimen organizado, y a la minería como uno de los intereses detrás del despojo de tierras.

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Urge que en México prevalezca el debate de las problemáticas en territorios indígenas

17 de julio.  Reconocieron asimismo que “el Diálogo de San Andrés fue posible gracias al levantamiento armado de los hermanos mayas del EZLN. Este diálogo hizo visible la lucha histórica de los pueblos indígenas de México y colocó el tema indígena en el debate de los grandes problemas nacionales que México deberá resolver”.

ROSA ROJAS
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Representantes de organizaciones y comunidades indígenas de 18 estados del país reunidos en el Encuentro Nacional Agenda Indígena: Evaluación y Desafíos reivindicaron los Acuerdos de San Andrés -firmados entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996- como un “patrimonio político de los pueblos indígenas de México, que recoge su experiencia y sabiduría, como la plataforma mínima de derechos que deben traducirse en leyes, instituciones y políticas públicas porque se construyeron democráticamente, al amparo de las instituciones” estatales.

Reconocieron asimismo que “el Diálogo de San Andrés fue posible gracias al levantamiento armado de los hermanos mayas del EZLN. Este diálogo hizo visible la lucha histórica de los pueblos indígenas de México y colocó el tema indígena en el debate de los grandes problemas nacionales que México deberá resolver”.

En la Declaración Indígena resultante de este encuentro subrayaron que la relación histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas “ha sido hasta el presente de opresión política, de coloniaje, de segregación racial, etnocida y de pillaje de nuestros territorios, recursos naturales, saberes ancestrales en ciencias y artes y de nuestro patrimonio cultural intangible”.

Añaden que el proceso civilizatorio de los pueblos, tribus y naciones originarias de México “fue coartado violentamente por la invasión europea. El Estado mexicano reservó esa política etnocida al ignorar la existencia de nuestras sociedades originarias y excluir las del nuevo modelo de nación única y su estado correspondiente. Por eso, la lucha autonómica de los pueblos, tribus y naciones indígenas del presente en la defensa de nuestro derecho a existir -en el marco de la nación mexicana- como sociedades estructural plural e históricamente diferentes”.

“La demanda política común de los diversos movimientos indígenas de México es el reconocimiento pleno de nuestros derechos colectivos como sujetos de derecho público., Como sujetos políticos colectivos integrantes del pacto federal los tres poderes, con identidad propia, con capacidad de gobernarse autónomamente conforme a nuestros sistemas normativos internos; con personalidad jurídica, territorio y patrimonio propio”.

Apuntan que la unidad política nacional indígena es la prioridad de las organizaciones, pueblos y liderazgos indígenas presentes en esa asamblea pues “después de mucho andar hemos comprendido que el poder dialoga con el poder. La voluntad política no surge espontáneamente en el poder establecido y es producto de la correlación de fuerzas reales”.

Por ello, indican que para concretar la unidad nacional indígena habrán de propiciar un proceso dialogante con todos los pueblos indígenas y sus personalidades y liderazgos que les sea posible a lo largo y ancho del país el cual, en una primera fase podrá culminar en congresos o asambleas regionales y o estatales y en una segunda fase en un congreso nacional el cual no deberá excluir a nadie y se colocarán “los intereses de los pueblos como el eje central de la unidad”.

El encuentro fue convocado por el diputado federal Carlos de Jesús, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas; el diputado local de Hidalgo, Héctor Pedraza Olguín y la Secretaria de asuntos Indígenas del gobierno del Estado de Guerrero, Martha Sánchez y reunió a 72 dirigentes, hombres y mujeres de los pueblos Náhuatl, Mixtecos, Zapotecos, P’urhépechas, Ñhañhu, Mayas, Tojolabales, Zotziles, Tzeltales, Mam, Mixes, Mazahuas, Kiliwa, Yaquis, Mayos, Raramuris, Tepehuanos, Zoques, Seris, Triquis, Chontales, Chichimecas, Tenek, Tlapanecos, Mazatecos, Amuzgos, Chinantecos, Choles, Mazatecos, Triquis, Chichimeca y Cucapás.

Durante los días 14 y 15 de julio, los asistentes -entre ellos algunos dirigentes de organizaciones que fundaron la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía en 1995-  discutieron sobre temas como “El EZLN y los Acuerdos de San Andrés 20 años después”; “Defensa del territorio y los recursos naturales”; situación de las mujeres indígenas en México y los retos por venir” y “La agenda internacional y la armonización legislativa”.

Aunque estaban invitados funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para hablar sobre temas relacionados con sus actividades y los pueblos indígenas, no asistieron. Sí asistió el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz quien dictó una conferencia sobre la armonización de la Constitución con los tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

En la declaración del encuentro se señala que el método para fomentar la unidad será diálogo -conciliación -reconciliación -perdón -acuerdos -unidad. Los principios básicos de dicha unidad serán reconocer que el movimiento indígena tiene dos grandes componentes: los pueblos históricos y sus autoridades tradicionales y o constitucionales que los representan y las organizaciones, grupos, personalidades y liderazgos indígenas reconocidos por los propios pueblos. “Estos dos componentes deberán caminar en paralelo y retroalimentándose, consultándose y apoyarse como un solo cuerpo”.

Se agrega que lo que le dará sustento a esta unidad nacional indígena será la concertación de un proyecto común de nación y Estado desde la perspectiva indígena que le de proyección y trascendencia histórica a la lucha de liberación indígena y que abone a la construcción de un proyecto de refundación del Estado, en alianza con la sociedad nacional no indígena, que instaure una verdadera democracia social con equidad, por lo cual proponen que el nuevo estado sea de naturaleza plurinacional y democrática.

Asimismo, que la agenda nacional de esta nueva etapa del movimiento indígena plantea temas de urgente solución para cuyo seguimiento en el mediano y largo plazo, en los ámbitos político, económico, social, cultural y medio ambiental se identifican los siguientes ejes temáticos:

Demandar la armonización del marco jurídico nacional en materia indígena con el marco jurídico internacional; el cumplimiento inmediato del decreto presidencial suscrito el pasado 22 mayo del año en curso “que reconoce el derecho indígena de representación política en los órganos del poder ejecutivo y legislativo mediante el sistema de elección propio de los pueblos indígenas” y exigir al titular del poder ejecutivo, Enrique Peña Nieto, que “cumpla perentoria y cabalmente con los compromisos asumidos para respetar los derechos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México”.

Además, la creación de la sexta circunscripción propia de los pueblos indígenas para garantizar sus derechos electorales, así como el respeto irrestricto a los territorios ancestrales de los pueblos, tribus y naciones indígenas y sus recursos naturales.

Manifiesta que “el Estado mexicano debe reconocer al territorio indígena como el espacio geográfico donde los pueblos originarios ejercen jurisdiccionalidad (gobierno, administración y justicia) y en donde se recrea y reproduce nuestra identidad y proceso civilizatorio”. Exige que el Estado mexicano derogue las reformas privatizadoras como la energética “porque son agresivas a los derechos de los pueblos indígenas”.

Se pronuncia por un rechazo “enérgico y categórico a la privatización del agua. La constitución Federal debe reconocer el acceso al agua como un derecho humano”, subraya, manifestando el apoyo incondicional de los asistentes a “la lucha ancestral de la tribu Yaqui en contra de la construcción del acueducto independencia y (por) la restitución de las 40,000 ha que les han despojado”, al mismo tiempo demanda la liberación de los presos políticos yaquis Mario luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez.

Denuncia que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pretende publicar en el diario oficial que ya se hizo la consulta a los pueblos indígenas sobre el uso de la radio; llama a organizar y fomentar el alzamiento de los pueblos indígenas a partir de actividades en las que se expresen las demandas ancestrales; fortalecer la participación armónica de las mujeres y jóvenes indígenas en la lucha de los pueblos indios; demanda respeto a sus centros ceremoniales y sitios sagrados y su acceso a ellos.

Asimismo subraya que tan importante como la unidad nacional indígena es la unidad con todos los sectores, organizaciones y movimientos progresistas y populares.

Manifiesta también su respaldo a las policías comunitarias que “a diferencia de las autodefensas han abierto el camino en sus pueblos y comunidades a la seguridad”, han demostrado eficiencia pero están fuera de la ley porque la ley no contempla esta figura de organización para la seguridad de las comunidades indígenas.

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Acuerdos de San Andrés deben traducirse en leyes y políticas públicas: Encuentro Nacional Agenda Indígena

Rosa Rojas

Representantes de organizaciones y comunidades indígenas de 18 estados del país reunidos en el Encuentro Nacional Agenda Indígena: Evaluación y Desafíos reivindicaron los Acuerdos de San Andrés -firmados entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996- como un «patrimonio político de los pueblos indígenas de México, que recoge su experiencia y sabiduría, como la plataforma mínima de derechos que deben traducirse en leyes, instituciones y políticas públicas porque se construyeron democráticamente, al amparo de las instituciones» estatales.

Reconocieron asimismo que «el Diálogo de San Andrés fue posible gracias al levantamiento armado de los hermanos mayas del EZLN. Este diálogo hizo visible la lucha histórica de los pueblos indígenas de México y colocó el tema indígena en el debate de los grandes problemas nacionales que México deberá resolver».

En la Declaración Indígena resultante de este encuentro subrayaron que la relación histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas «ha sido hasta el presente de opresión política, de coloniaje, de segregación racial, etnocida y de pillaje de nuestros territorios, recursos naturales, saberes ancestrales en ciencias y artes y de nuestro patrimonio cultural intangible».

Añaden que el proceso civilizatorio de los pueblos, tribus y naciones originarias de México «fue coartado violentamente por la invasión europea. El Estado mexicano reservó esa política etnocida al ignorar la existencia de nuestras sociedades originarias y excluir las del nuevo modelo de nación única y su estado correspondiente. Por eso, la lucha autonómica de los pueblos, tribus y naciones indígenas del presente en la defensa de nuestro derecho a existir -en el marco de la nación mexicana- como sociedades estructural plural e históricamente diferentes».

«La demanda política común de los diversos movimientos indígenas de México es el reconocimiento pleno de nuestros derechos colectivos como sujetos de derecho público., Como sujetos políticos colectivos integrantes del pacto federal los tres poderes, con identidad propia, con capacidad de gobernarse autónomamente conforme a nuestros sistemas normativos internos; con personalidad jurídica, territorio y patrimonio propio».

Apuntan que la unidad política nacional indígena es la prioridad de las organizaciones, pueblos y liderazgos indígenas presentes en esa asamblea pues «después de mucho andar hemos comprendido que el poder dialoga con el poder. La voluntad política no surge espontáneamente en el poder establecido y es producto de la correlación de fuerzas reales».

Por ello, indican que para concretar la unidad nacional indígena habrán de propiciar un proceso dialogante con todos los pueblos indígenas y sus personalidades y liderazgos que les sea posible a lo largo y ancho del país el cual, en una primera fase podrá culminar en congresos o asambleas regionales y o estatales y en una segunda fase en un congreso nacional el cual no deberá excluir a nadie y se colocarán «los intereses de los pueblos como el eje central de la unidad».

El encuentro fue convocado por el diputado federal Carlos de Jesús, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas; el diputado local de Hidalgo, Héctor Pedraza Olguín y la Secretaria de asuntos Indígenas del gobierno del Estado de Guerrero, Martha Sánchez y reunió a 72 dirigentes, hombres y mujeres de los pueblos Náhuatl, Mixtecos, Zapotecos, P’urhépechas, Ñhañhu, Mayas, Tojolabales, Zotziles, Tzeltales, Mam, Mixes, Mazahuas, Kiliwa, Yaquis, Mayos, Raramuris, Tepehuanos, Zoques, Seris, Triquis, Chontales, Chichimecas, Tenek, Tlapanecos, Mazatecos, Amuzgos, Chinantecos, Choles, Mazatecos, Triquis, Chichimeca y Cucapás.

Durante los días 14 y 15 de julio, los asistentes -entre ellos algunos dirigentes de organizaciones que fundaron la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía en 1995-  discutieron sobre temas como «El EZLN y los Acuerdos de San Andrés 20 años después»; «Defensa del territorio y los recursos naturales»; situación de las mujeres indígenas en México y los retos por venir» y «La agenda internacional y la armonización legislativa».

Aunque estaban invitados funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para hablar sobre temas relacionados con sus actividades y los pueblos indígenas, no asistieron. Sí asistió el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz quien dictó una conferencia sobre la armonización de la Constitución con los tratados internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

En la declaración del encuentro se señala que el método para fomentar la unidad será diálogo -conciliación -reconciliación -perdón -acuerdos -unidad. Los principios básicos de dicha unidad serán reconocer que el movimiento indígena tiene dos grandes componentes: los pueblos históricos y sus autoridades tradicionales y o constitucionales que los representan y las organizaciones, grupos, personalidades y liderazgos indígenas reconocidos por los propios pueblos. «Estos dos componentes deberán caminar en paralelo y retroalimentándose, consultándose y apoyarse como un solo cuerpo».

Se agrega que lo que le dará sustento a esta unidad nacional indígena será la concertación de un proyecto común de nación y Estado desde la perspectiva indígena que le de proyección y trascendencia histórica a la lucha de liberación indígena y que abone a la construcción de un proyecto de refundación del Estado, en alianza con la sociedad nacional no indígena, que instaure una verdadera democracia social con equidad, por lo cual proponen que el nuevo estado sea de naturaleza plurinacional y democrática.

Asimismo, que la agenda nacional de esta nueva etapa del movimiento indígena plantea temas de urgente solución para cuyo seguimiento en el mediano y largo plazo, en los ámbitos político, económico, social, cultural y medio ambiental se identifican los siguientes ejes temáticos:

Demandar la armonización del marco jurídico nacional en materia indígena con el marco jurídico internacional; el cumplimiento inmediato del decreto presidencial suscrito el pasado 22 mayo del año en curso «que reconoce el derecho indígena de representación política en los órganos del poder ejecutivo y legislativo mediante el sistema de elección propio de los pueblos indígenas» y exigir al titular del poder ejecutivo, Enrique Peña Nieto, que «cumpla perentoria y cabalmente con los compromisos asumidos para respetar los derechos consagrados en los tratados internacionales suscritos por México».

Además, la creación de la sexta circunscripción propia de los pueblos indígenas para garantizar sus derechos electorales, así como el respeto irrestricto a los territorios ancestrales de los pueblos, tribus y naciones indígenas y sus recursos naturales.

Manifiesta que «el Estado mexicano debe reconocer al territorio indígena como el espacio geográfico donde los pueblos originarios ejercen jurisdiccionalidad (gobierno, administración y justicia) y en donde se recrea y reproduce nuestra identidad y proceso civilizatorio». Exige que el Estado mexicano derogue las reformas privatizadoras como la energética «porque son agresivas a los derechos de los pueblos indígenas».

Se pronuncia por un rechazo «enérgico y categórico a la privatización del agua. La constitución Federal debe reconocer el acceso al agua como un derecho humano», subraya, manifestando el apoyo incondicional de los asistentes a «la lucha ancestral de la tribu Yaqui en contra de la construcción del acueducto independencia y (por) la restitución de las 40,000 ha que les han despojado», al mismo tiempo demanda la liberación de los presos políticos yaquis Mario luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez.

Denuncia que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pretende publicar en el diario oficial que ya se hizo la consulta a los pueblos indígenas sobre el uso de la radio; llama a organizar y fomentar el alzamiento de los pueblos indígenas a partir de actividades en las que se expresen las demandas ancestrales; fortalecer la participación armónica de las mujeres y jóvenes indígenas en la lucha de los pueblos indios; demanda respeto a sus centros ceremoniales y sitios sagrados y su acceso a ellos.

Asimismo subraya que tan importante como la unidad nacional indígena es la unidad con todos los sectores, organizaciones y movimientos progresistas y populares.

Manifiesta también su respaldo a las policías comunitarias que «a diferencia de las autodefensas han abierto el camino en sus pueblos y comunidades a la seguridad», han demostrado eficiencia pero están fuera de la ley porque la ley no contempla esta figura de organización para la seguridad de las comunidades indígenas.

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