Archivo diario: 16 abril, 2014

Los zapotecas de Alvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca en la batalla por construir su autonomía

 

Agresión contra policía comunitario en Oaxaca
 
Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de abril de 2014, p. 16

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció otro ataque, el tercero en abril, que sufre la policía comunitaria de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, Oaxaca. El pasado domingo, Nibardo Toledo Vicente fue agredido por siete individuos procedentes del ejido Zapata, uno de ellos identificado como Severiano Vázquez Regalado, quien intentó cortarlo a la altura del cuello con una botella de vidrio rota. El policía logró protegerse y pedir ayuda. La organización afirmó que esos actos buscan amedrentar a sus compañeros que se encuentran en el proceso de la construcción de su autonomía y autodeterminación, con ataques que atentan contra su vida, la quema de las casas de algunos compañeros integrantes del cabildo comunitario y del consejo de ancianos e intentos de secuestro de familiares cercanos. Demandó al presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente, que respete la decisión soberana comunitaria de formar su policía y su cabildo comunitarios.

 
 

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Aquí es donde se ve el abismo que existe entre la ley y la justicia

Gobiernos y CFE violan sus derechos, dicen ONG; exigen liberar presos y cesar represión

Opositores a termoeléctricas y gasoducto en Morelos acudirán a instancias internacionales
 
Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de abril de 2014, p. 31

El gobierno federal y los estatales de Morelos y Puebla; el Poder Judicial de Puebla, las comisiones estatales de Derechos Humanos de esos dos estados y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violan los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y comunidades que se oponen a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Lo anterior los obliga a acudir a instancias internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), para defender su vida e integridad física, sobre todo de tres detenidos en Puebla, afirmaron hoy representantes de organizaciones sociales regionales y nacionales.

El PIM implica la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto, proyecto que abarca 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala 60 de los cuales están en la ruta de peligro de erupción por el volcán Popocatépetl. Las comunidades recuerdan que en San Juanico la explosión de gas arrasó con todo a un kilómetro del epicentro de la explosión de gas, indicaron.

Verónica Munier, de la Red Nacional de Resistencia Civil; Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Miriam Vargas y Samantha César, del Frente por la Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; Carlos Beas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni); Francisco Jiménez, del Frente Indígena Campesino de México y Omar Esparza, de Maíz, plantearon esto en rueda de prensa en la que demandaron la liberación de los presos, el cese de la escalada de represión y criminalización de la protesta, así como la renuncia del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

Informaron que en las últimas dos semanas se ha agudizado el proceso de persecución, hostigamiento y represión por el gobierno federal y los estatales de Puebla y Morelos, este último encabezado por Graco Ramírez, con el resultado de que en Puebla fueron detenidos los defensores Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Abraham Cordero y Avelino Velázquez, en tanto que hay rumores de que en el gobierno estatal hay otras 250 órdenes de aprehensión.

Ataques sin precedentes a pueblos

Hay agresiones sin precedente contra pueblos enteros, la mayoría indígenas, y todo para imponer un megaproyecto que aun las mismas autoridades consideran peligroso. Está en México el titular de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y es cínico que el gobierno mexicano diga que ha mejorado el respeto a los derechos humanos, afirmó Beas.

A Flores y Rosas les dictaron el lunes formal prisión. Al primero acusado de delito contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión, por lo que podría alcanzar hasta 32 años de prisión, indicó Lara Duque, quien subrayó que esas acusaciones se derivan de hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, durante una protesta en la cual, según varios testigos, no participó Flores Solís. A Rosas la acusan de obstrucción de la justicia y robo agravado, lo que imposibilita que alcance salir con fianza, informó.

Los informantes mencionaron que el 13 de abril un grupo de seis habitantes de Amilcingo, Morelos, fueron reprimidos con violencia, incluso con disparos y gases lacrimógenos mientras hacían un rondín de guardia en su territorio y encarcelados, pues se oponen al paso del gasoducto. Cinco fueron liberados el día 14 al mediodía y hasta las 10 de la noche el ayudante municipal Aarón Rosales, quien sufrió fractura en una mano y una lesión en la columna vertebral que le dificulta caminar.

Por otra parte 21 ex presos políticos como Alberto Patishtan e Ignacio del Valle, intelectuales y artistas como monseñor Raúl Vera y una veintena de organizaciones sociales, en carta a Peña Nieto exigieron la libertad de los detenidos en Puebla, subrayando que con este proyecto sólo se beneficiará a las empresas transnacionales involucradas y sus cómplices en los gobiernos federal y estatal.

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/16/estados/031n1est

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Un análisis de por qué peligra el más importante sistema de justicia indígena de México

Hay autoridades que se alejaron de los intereses comunitarios

Crisis de la CRAC-PC, por causas internas e influencia del Estado

Con una agenda oficial se le quiso domesticar: Centro Tlachinollan

Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de abril de 2014, p. 14

El modelo del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero –que está por cumplir 19 años– sufre una implosión porque algunas de sus autoridades se han alejado de los intereses de las comunidades y de los mandatos de las asambleas.

Así lo afirmó en entrevista el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien dijo que el Estado no es ajeno a esa crisis porque ha tratado dedomesticar a la organización y con dinero imponerle una agenda para que se empiece a deslindar de los temas más espinosos, que tienen que ver con la construcción de la autonomía, la disputa contra las mineras y otros asuntos de defensa del territorio, así como de sus integrantes detenidos.

El antropólogo urgió a retomar un proceso de negociación entre las diferentes fracciones de la CRAC-PC –que se ve difícil, porque están muy polarizados– para rescatar el proyecto histórico de este sistema de justicia indígena que opera en 147 comunidades, donde redujo hasta en 90 por ciento la comisión de delitos.

La confrontación tiene consecuencias, como ya pasó hace días, que entre el Ejército a poner orden y entonces se desmantele el sistema de justicia comunitaria… algo que desde su nacimiento han buscado las autoridades civiles y militares, alertó.

Barrera mencionó que la agenda de Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (CJSLA), ha acabado siendo muy pragmática y muy empatada con los intereses del Estado. Villar fue destituido el 30 de marzo en una asamblea a la cual él no da validez, afirmando que fueminoritaria.

Dicha agenda es apoyo a proyectos productivos, aumentar el recurso económico (un millón de pesos al mes) que les daba el gobierno estatal, el dinero para la construcción de las casas de justicia, armamento, uniformes y quedó desdibujado el tema más político de cómo fortalecer un modelo de seguridad de los pueblos desde la propia cosmovisión y autonomía. Villar empezó a manejar ese recurso sin transparencia ni rendición de cuentas, indicó.

Barrera mencionó que ahora la policía comunitaria se ha vuelto más elitista dentro de los mismos pueblos, pero no para defender los intereses de la comunidad, sino los intereses del grupo que está coordinando la CRAC.

Estimó que la fracción de la CRAC que recuperó la CJSLA el pasado 30 de marzo, que aglutina a consejeros, coordinadores, comisarios, ex comisarios –líderes históricos de la región de la Costa-Montaña–, tiene mayor claridad sobre el sentido original del proyecto, de que los coordinadores estén realmente supeditados a la decisión de las asambleas, de que son las comunidades las que nombran a sus policías, que hay un reglamento interno que debe cumplirse, un proceso de reeducación para quienes delinquen.

Explicó que la crisis detonó por diferencias internas entre las comunidades indígenas y sus dirigentes sobre lo que debe ser un sistema integral de justicia indígena con control de la comunidad, contra el actuar de las autodefensas, más policiaco, como el de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), creada por los hermanos Bruno y Cirino Plácido –que estuvieron entre los fundadores de la CRAC– y trataron de tomar el control de la CJSLA.

La fracción CRAC se defendió poniendo al frente al sector duro, como Eliseo Villar, que era parte del grupo de guardias especiales que fundó el anterior coordinador, Pablo Guzmán.

Cuando el Ejército y la Marina empiezan a detener y desarmar a los grupos comunitarios diciéndoles que ellos son CRAC en su propia comunidad, que no pueden trasladarse a otra comunidad, que tienen que pedir permiso, se da un acuerdo con el gobierno federal para que la Policía Comunitaria registre sus armas, registre quiénes son y que el gobierno les va a dar una credencial de policías comunitarios.

Frente a esto hay dos visiones: por un lado hay críticos que dicen que la CRAC ya cedió parte de su lucha autonómica al Estado, que hay una actitud entreguista, pero también otros dicen que más bien ha ganado terreno en términos de su movimiento y está ahora siendo reconocida por las autoridades, explicó Barrera.

Señaló que Villar además creó la Casa de Justicia de Cochoapa, con los grupos afromestizos en Ometepec, sin consultar a la asamblea, y su gente busca formar grupos de policía comunitaria paralelos que respondan más a los intereses de los coordinadores. Eso es lo más peligroso, porque están generando más clientelas en comunidades donde hay cierta influencia para que hagan contrapeso a los grupos de San Luis Acatlán, que son más críticos y donde no tienen consenso, afirmó.

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Chiapas ¿Y las mujeres qué?

 Chiapas ¿Y las mujeres qué?

Ya pueden adquirirlo en la librería de La Jornada, en Av. Cuauhtémoc 1236, a media cuadra de Emiliano Zapata, en el DF, los dos tomos en un sólo volumen. La primera edición la publicamos en el CICAM en diciembre de 1994 y esta tercera edición en 1999. En ella cometimos una herejía: criticar algunos artículos de la Ampliación de la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN, lo que nos costó algunas amistades. La documentación y el debate son riquísimos. Chequen que no exagero. Y por sólo 50 pesitos. El libro lo tenían en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en El Mono de Papel pero la librería cerró.

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16 abril, 2014 · 18:02